01 · LA ENTRADA: AUSCULTAR AL ALCALDE DE LA CAPITAL PETROLERA

Nos encontramos en el municipio de Barrancabermeja, Distrito Especial Portuario, Industrial, Ecoturístico y Logístico, segunda ciudad de Santander y capital económica del Magdalena Medio colombiano. Vamos a auscultar la gestión municipal de Barrancabermeja, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez, elegido en octubre de 2023 con 72.593 votos para el periodo 2024-2027. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno —2024 y 2025—, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CUIPO del Chip Financiero, el SECOP, el FURAG de Función Pública, el Sistema General de Regalías y el propio Plan de Desarrollo que él mismo escribió.

Y lo que revelan esas herramientas es escalofriante. En el municipio que paga la factura petrolera del país, donde los camiones cisterna, el ICA y las sobretasas producen uno de los mayores presupuestos municipales de Colombia —$972.000 millones en 2025, más de $1,09 billones en 2026—, la caja de la Alcaldía se llenó hasta los $182.227 millones al cierre de 2025. ¿Y la ciudad? Con 23,8% de desempleo en julio de 2025 —tres veces la media nacional—, con el Programa de Alimentación Escolar reducido un 23,1%, con $83.000 millones sin ejecutar al terminar la vigencia, con 88 metas de su propio Plan de Desarrollo en estado crítico y con $24.817 millones de regalías congeladas por el DNP por proyectos parados. Esta es la radiografía completa. Compare los números. Juzgue usted.

02 · EL MECANISMO EXPUESTO: LA MÁQUINA DE ENDEUDAR SIN CONSTRUIR

Para entender cómo se empobrece una ciudad rica hay que mirar tres piezas que encajan con precisión de relojería: pignorar la renta, desembolsar el crédito y no ejecutar el presupuesto. Barrancabermeja las domina todas.

1.1 La renta pignorada: el ICA empeñado hasta el 150%

La deuda pública de Barrancabermeja está respaldada por la pignoración del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) entre el 120% y el 150%: cada peso que recaudan los comercios de la ciudad petrolera ya tiene dueño durante años. El municipio maneja 16 créditos activos con tasas indexadas al IBR a tres meses más márgenes que oscilan entre -1,75% y +3,26%, plazos de hasta 144 meses (¡doce años!) y períodos de gracia de 24 a 36 meses. Entre los mayores figuran el crédito 611514916 (Transporte) por $49.937 millones, el 611516036 (Comercio, Industria y Turismo) por $42.951 millones y el 611516046 por $24.867 millones. En 2025, cuando ya gobernaba Vásquez, entraron tres créditos nuevos que no existían en 2024: el 611519836 (Minas y Energía, para las controvertidas granjas solares), el 611519825 y el 611519907 (Transporte).

1.2 Los números que el alcalde no pone en los pendones

Los formularios del CUIPO (B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS, Dic-Dic 2024 y 2025) no mienten:

El saldo de la deuda creció 25,8% en dos años (de $191.542 millones a $240.939 millones), y eso que todavía faltaba por desembolsar el empréstito de $202.288 millones que el Concejo aprobó en diciembre de 2024 con 15 votos y que, según la advertencia del exalcalde y hoy concejal Elkin Bueno Altahona —quien votó en contra—, deja la deuda total del distrito “por cerca de $400.000 millones” y “la ciudad hipotecada al máximo nivel… sin maniobra fiscal en las futuras décadas”, tras un debate que él denunció como inexistente: “se aprobó a pupitrazo”.

1.3 La torta que da vergüenza: más intereses que capital

En 2025 el distrito pagó $44.158 millones por su deuda. De ese monto, $22.721 millones (51,46%) fueron intereses y solo $21.437 millones (48,54%) fueron abono a capital. Traducido: de cada peso que Barrancabermeja destinó a su deuda en 2025, más de la mitad se lo llevó el sistema financiero sin construir ni un metro de acera. Los intereses de solo dos años ($47.830 millones) equivalen a 5,8 veces el PAE completo de un año ($8.200 millones). ¿Se imagina ese debate en el Concejo? Nosotros tampoco. No hubo debate.

1.4 La caja engordada y las deudas ocultas

Aquí está la joya forense de estos dos años. Las disponibilidades de caja pasaron de $134.957 millones (2024) a $182.227 millones (2025): la alcaldía presume de liquidez. Pero las exigibilidades y reservas —el dinero comprometido que no se paga— pasaron de $38.624 millones a $122.532 millones: un salto de +217%. Las cuentas por pagar de la vigencia 2025 alcanzaron $18.788 millones, a las que se suman $12.731 millones de vigencias anteriores arrastradas. La propia administración reconoció reservas presupuestales por $49.053 millones de compromisos adquiridos en 2025. En paralelo, el distrito dejó $83.000 millones sin ejecutar al cierre de 2025 —equivalentes a diez PAE anuales completos—, que debieron reincorporarse al presupuesto de 2026. Y para rematar, tiene autorizadas vigencias futuras por $295.869 millones (¡30,4% de todo el presupuesto anual!), incluida una aprobación excepcional de $57.663 millones para educación firmada el 4 de noviembre de 2024. Caja llena, ciudad vacía: el dinero existe, pero no llega a las obras ni a los niños.

⚠️ Hallazgo forense N.º 1 — La paradoja de la caja

Un municipio no enriquece a su pueblo atesorando plata en cuenta. Cuando la caja crece 35% en un año mientras las exigibilidades crecen 217%, el servicio de deuda consume 51% de cada peso pagado y quedan $83.000 millones sin ejecutar, lo que hay es un presupuesto que no se administra: se administra su imagen.

03 · LOS ACTORES Y SUS ROLES: EL ALCALDE, EL “CONTRATADERO” Y EL “BACHILLER”

Ninguna deuda se hace sola y ningún contrato se adjudica a sí mismo. El periodismo regional —Metropolitano, En Línea Barranca, Telepetróleo, Vanguardia, Mi Gente— ha desmenuzado durante dos años un ecosistema que merece ser descrito sin eufemismos, siempre con la salvedad de rigor: los procesos penales y disciplinarios están en curso y el alcalde goza de presunción de inocencia. Lo que sigue es lo que está documentado en fuentes oficiales y en investigación periodística publicada.

3.1 Jonathan Vásquez: el procesado que firma los créditos

El 17 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación contra el alcalde Jonathan Vásquez por presuntamente liderar una “estructura criminal” de compra de votos en las elecciones de 2023 que lo llevaron al poder. Según el escrito de la Fiscalía (fiscal Joseph Berdugo Jaramillo, jueza Tercera Penal de Barrancabermeja), la organización pagó hasta $100.000 por voto, operó un “call center falso”, usó al menos 17 “casas amigas” para entregar el dinero con “fichos” de control y un grupo de WhatsApp llamado “Campaña Elecciones 2023”, y prometió a los habitantes del asentamiento Villa María no desalojarlos a cambio de votos. Coacusados: aspirantes al Concejo como Ariel Zambrano y Carlos Guevara. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió al alcalde por tres meses (23 de octubre de 2025, confirmada el 13 de noviembre) por presunta participación indebida en política: el mandatario aparecía en actos de campaña de precandidatos al Senado 2026-2030, entre ellos el de su propia esposa, Laura Cristina Ahumada García. El Consejo de Estado le negó la tutela en marzo de 2026. El mismo hombre que viene firmando los créditos, las delegaciones y los empréstitos de esta radiografía.

3.2 Foncolombia: el “contratadero” que recibe lo que SECOP no ve

Mediante la Resolución 5693 del 30 de diciembre de 2025 —víspera de Año Nuevo—, el alcalde delegó en el Fondo Mixto Foncolombia la ejecución de proyectos de inversión por más de $50.000 millones, en su mayoría con recursos de regalías. Foncolombia, un fondo mixto señalado por el periodismo regional como “contratadero” recurrente, convocó el 3 y 4 de febrero de 2026 —a días de entrar en rigor la Ley de Garantías— dos licitaciones: la OBR-SLC-001-2026 (granjas solares, $28.004 millones) y la OBR-SLC-002-2026 (mantenimiento vial). Según Metropolitano, ninguno de los dos procesos fue cargado en el SECOP, pese a que la ley lo exige como mecanismo de transparencia. Ambas terminaron con un único oferente.

3.3 Jorge Argüello, el “Bachiller”: un solo oferente para dos licitaciones

El ganador solitario fue la Unión Temporal Solar Barranca 2026, integrada por Conyser SAS (99%, constituida en 1995 por Jorge Humberto Argüello Beltrán y su esposa) y ST&P Ing SAS (1%, del megacontratista regional Odilio Marín). Argüello, conocido como el “Bachiller”, ya había recibido en septiembre de 2025, según Metropolitano, adjudicaciones “a dedo” por más de $44.000 millones mediante el mismo mecanismo de fondos mixtos. Curiosidad estadística: en las dos licitaciones de 2026, con invitaciones a todo un banco de proponentes, compitió contra nadie. Zero oferentes rivales. En un distrito con miles de empresas registradas en la Cámara de Comercio, la competencia perdió 2 a 0.

3.4 El matrimonio de intereses: contrato y campaña en la misma casa

El propio informe de Metropolitano (“El hijo del Bachiller, la esposa del alcalde y un impulso de $50 mil millones”, marzo de 2026) documenta la simultaneidad: los megacontratos se adjudicaban a días de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, con el hijo del “Bachiller”, Cristian Argüello, candidato a la Cámara por el Partido Liberal de la mano de Richard Aguilar, y la esposa del alcalde, Laura Ahumada, candidata al Senado por el Pacto Histórico. El periodismo local también reveló la “telaraña de los $81.796 millones” de conexiones empresariales tras contratos públicos (En Línea Barranca), el Convenio Interadministrativo 1732-24 de 2024 con Piscícola San Silvestre, y hallazgos de la Contraloría Municipal como el fiscal de $33 millones en un contrato de motocicletas (se compraron 10, llegaron 6) y $652 millones en un contrato de pesca (23 hallazgos administrativos, 6 disciplinarios, 5 sancionatorios y 4 fiscales). Si esto no es un sistema, es un casualismo prodigioso.

04 · EL IMPACTO REAL: CINCO INDICADORES QUE MIDE LA VIDA, NO EL DISCURSO

El Plan de Desarrollo Distrital “Barranca un nuevo capítulo: seguridad, empleo e inclusión” (Acuerdo 003 de 2024) prometió tres palabras que la gente sí entiende. Cruzamos el “sentir de la gente” —visible en los conflictos que ocupa al periodismo local y a las juntas de acción comunal— con la evaluación oficial del propio gobierno: según documentos oficiales citados por el periodismo de Barrancabermeja, la administración identificó 88 metas del Plan de Desarrollo en estado crítico, con la Secretaría de Infraestructura a la cabeza (26 de sus 51 metas en rojo), y el DNP ubicó al distrito en el octavo lugar en ejecución de Planes de Desarrollo. Para 2026 la alcaldía ya radicó un proyecto de acuerdo para modificar el propio Plan. Estos son los cinco indicadores de gestión que resumen la vida de los barranqueños en 2024-2025:

05 · FURAG 2025: LA NOTA INSTITUCIONAL QUE NADIE QUISO LEER EN VOZ ALTA

El Índice de Desempeño Institucional (IDI) que calcula el Departamento Administrativo de la Función Pública con base en el FURAG es el termómetro más objetivo de la calidad de la gestión pública. En la vigencia 2025, la Alcaldía de Barrancabermeja obtuvo 73,49 puntos sobre 100. La cifra, leída en frío, parece decente. Ahora póngala en contexto:

Barrancabermeja quedó en la posición 21 de 85 desde abajo dentro de su propio grupo —el 24% más débil de las ciudades medianas colombianas— y en el puesto 35 de 87 entre los municipios santandereanos, empatada en puntaje con Fresno (Tolima) e Imués (Nariño), municipios rurales de cuarta categoría. Que una “capital petrolera” con más de $1 billón de presupuesto rinda como un pueblo de montaña, y que sus propios descentralizados (EDUBA 80,10; Tránsito 78,25; Aguas 76,09) la superen sin despeinarse, tiene un nombre: la debilidad no está en el territorio, está en el timón.

Para la calificación ponderada convertimos el IDI a escala 0-10 (7,35) y aplicamos el ajuste de contexto que exige la metodología —“la escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles”—: un distrito de esta capacidad fiscal que cae 8,2 puntos por debajo del promedio de su grupo merece una nota corregida de 5,5/10.

06 · ODS: LA AGENDA 2030 QUE SE QUEDÓ EN 2015

Siete compromisos revisados: tres incumplidos, dos en riesgo, dos cuestionados. El cumplimiento de los ODS recibe 4,0/10.

07 · LA CALIFICACIÓN: 4,30 / 10 — MEDIOCRE (PREOCUPANTE)

Escala interpretativa: 3,0-4,9 = MEDIOCRE 🟠 PREOCUPANTE (“gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa”). Barrancabermeja, con 4,30, no solo cae en ese rango: se acerca al borde del rango crítico. Y como la calificación final es inferior a 6,9, la metodología exige —como cuestión de lógica metodológica— el análisis jurídico del Prevaricato por Omisión.

08 · ANÁLISIS JURÍDICO: ¿GESTIÓN DEFICIENTE O CONDUCTA DELICTUOSA? (ART. 414 C.P.)

El prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal colombiano sanciona al servidor público que “omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal) exige tres elementos: (i) un deber funcional concreto y exigible, (ii) la omisión dolosa de ejecutarlo —no basta la negligencia—, y (iii) la afectación o riesgo para bienes jurídicos o para el correcto funcionamiento de la administración. Aplicado a lo documentado en esta investigación, el cuadro es el siguiente:

Hipótesis típica. Si en los procesos que adelantan Fiscalía y Procuraduría se acreditara que estas omisiones fueron conscientes y dirigidas —no fallas de gestión—, podrían configurarse, además del prevaricato por omisión, los tipos penales conexos que el caso sugiere: contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.), prevaricato por acción (art. 413), peculado por uso (art. 397) por el destino de recursos de regalías suspendidos, interés indebido en la celebración de contratos (art. 420) y, en el plano electoral ya imputado por la Fiscalía, delitos contra los mecanismos de participación democrática (art. 386 y ss.). En el plano no penal, la responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000) es autónoma: los $24.817 millones de regalías congeladas, los $83.000 millones sin ejecutar y los hallazgos de Contraloría son daños al patrimonio público que no requieren dolo para generar obligación de restitución. Y el daño al patrimonio económico nacional, que la Corte Constitucional ha declarado “elevado” en las regiones productoras de hidrocarburos, agrava cualquier valoración.

Salvaguardas de rigor. Este análisis es metodológico, no sentencial. El alcalde Vásquez es inocente mientras no exista condena ejecutoriada; las imputaciones electorales y las suspensiones disciplinarias citadas son actuaciones en curso. Pero la metodología es igual de clara en el otro sentido: cuando los indicadores objetivos (FURAG, DNP, Contraloría, MinEducación) se caen en cascada y las mismas conductas omisivas se repiten durante dos vigencias completas, la pregunta deja de ser si hay ineficiencia y pasa a ser quién respondió por cuánto. Esa pregunta, hoy, no tiene respuesta pública. Y esa ausencia también es un hallazgo.

09 · METODOLOGÍA: TRANSPARENTE Y REPLICABLE

Fuentes cruzadas (5 canales independientes):

1. CUIPO-Chip Financiero (chip.gov.co): formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (Dic-Dic 2024 y 2025, vigencia actual/entidades territoriales-administración central, reservas y cuentas por pagar), FUT_DEUDA_PUBLICA (créditos, créditos por sector, renta pignorada, ENE-DIC 2024 y 2025), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (autorizaciones Oct-Dic 2024) y SGR (ejecución de ingresos y gastos Dic-Dic 2024 y 2025).
2. Función Pública: FURAG/IDI vigencia 2025 (corte 17 de junio de 2026) —Barrancabermeja 73,49; 1.096 alcaldías comparadas— y boletines de la Procuraduría.
3. Prensa regional y nacional verificada: Vanguardia, Metropolitano (Óscar Iván Rey), En Línea Barranca, Telepetróleo, El Tiempo, BLU Radio, Infobae, El Espectador, El Colombiano.
4. Documentos oficiales: Acuerdo 003 de 2024 (Plan de Desarrollo), Acuerdo 027 de 2024 (empréstito $202.288 MM), Resolución 5693 de 2025 (delegación Foncolombia), RSN 0230 de 2026 (MinEducación), Resoluciones 2460 y 2461 de 2024 (DNP), informes de la Contraloría Municipal.
5. Estadística social: DANE/GEIH (desempleo) y DNP (ranking de ejecución).

Regla de cálculo: calificación = Σ (nota componente × peso), con ajuste de contexto por capacidad fiscal. Los montos se presentan en pesos corrientes; “MM” = millones. Toda cita es verificable en las referencias. Descargo: este trabajo no afirma culpabilidad penal de persona alguna; documenta indicadores oficiales y actuaciones en curso.

Nota sobre PDET: Barrancabermeja no es municipio PDET; es la capital regional del Magdalena Medio, subregión rodeada de municipios PDET (Sur de Bolívar y sur de Santander), lo que intensifica la presión social y migratoria sobre sus servicios públicos —otra razón por la que su infraestructura social no puede estar en estado crítico.

10 · CIERRE: EL PRECIO DEL SILENCIO PETROLERO

Barrancabermeja no es un pueblo pobre: es una ciudad rica mal administrada. Sus habitantes pagan con el ICA cada crédito que se firma, con sus impuestos cada interés que se devenga —$22.721 millones en 2025, más que todo el abono a capital— y con sus hijos cada ración de comida que no llegó: siete meses sin PAE en 2025 y una cobertura que en 2026 quedó 2.544 niños por debajo del mínimo nacional. Mientras tanto, la caja creció a $182.227 millones, el endeudamiento apunta a $400.000 millones y las licitaciones más grandes del distrito se definieron con un solo oferente, lejos del SECOP, a las puertas de unas elecciones. Un 4,30 sobre 10 no es una nota: es una alerta roja sobre una gestión que la metodología califica de MEDIOCRE y que la ley colombiana reserva un capítulo específico —el artículo 414— para cuando la omisión se convierte en método. La pregunta no es si Barrancabermeja puede pagar su deuda: puede. La pregunta es por qué una ciudad que produce tanta riqueza produce tan poco bienestar, y por qué nadie en el distrito ha respondido públicamente por los $83.000 millones que no se ejecutaron ni por los $24.817 millones de regalías que siguen congeladas. Los barranqueños tienen derecho a esas respuestas. Y la ley tiene, en el papel, todos los instrumentos para exigirlas.

12 · REFERENCIAS Y RESPALDO DOCUMENTAL

— Investigación, análisis forense y calificación: equipo de datos de corrupcionaldia.com. Metodología ponderada de seis componentes replicable. Todas las cifras provienen de fuentes oficiales citadas; las apreciaciones sobre responsabilidad individual corresponden a actuaciones administrativas y penales en curso y respetan la presunción de inocencia.