Narcorrentismo: el expediente que Cepeda puso sobre la mesa y que el Gobierno respondió con un chiste

Red Subterránea · Control político · Tierras

Catorce nombramientos, diez fincas, un ron y una hacienda en Sucre: el debate de control político al ministro Indalecio Dangond dibujó un mapa de conexiones entre tierra, capital mafioso y Estado que ningún funcionario desmintió con documentos

Por Redacción Política · 31 de octubre de 2026 · corrupcionaldia.com

El martes 27 de octubre, en el Senado de la República, el ministro de Agricultura Indalecio Dangond escuchó durante horas una exposición respaldada en folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros, sentencias de restitución y un expediente de una corte federal de Tampa. Al terminar, su respuesta más citada por la prensa fue esta: «si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted, para que haga algo productivo en su vida». Esa frase resume el nivel de la controversia documental con que el Gobierno enfrentó la acusación más grave que ha recibido en sus meses de mandato. Más allá de los titulares sobre el rifirrafe, lo que el senador Iván Cepeda puso sobre la mesa fue un mapa: catorce funcionarios, diez fincas, una empresa de ron, una mina de oro y un patrón que él bautizó narcorrentismo, la cooptación de las instituciones por una alianza entre capital mafioso, propiedad de la tierra y violencia armada. Ningún ministro y ningún senador de la bancada de gobierno refutó un solo documento. Refutaron el tono.

Conviene fijar el marco antes de entrar en los nombres. Todo lo que sigue son afirmaciones de un senador en ejercicio del control político, sustentadas en documentos que él exhibió y que este medio contrastó con la prensa que los cubrió y con fuentes judiciales de acceso público. Ninguna de las personas mencionadas ha sido condenada por los hechos que aquí se relatan, y la presunción de inocencia cobija al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro Dangond y a cada uno de los funcionarios nombrados. Lo que sí existe, y pesa, es una pregunta que el debate dejó sin respuesta: por qué las entidades creadas para quitarle la tierra al narcotráfico y al paramilitarismo están dirigidas hoy, en buena parte, por quienes antes defendieron, representaron o hicieron negocios con esos mismos sectores.

Cepeda abrió con el suelo, en sentido literal. El índice de Gini de la propiedad rural en Colombia es 0,89, uno de los más altos del planeta. El 1 por ciento de los propietarios concentra el 50 por ciento de las mejores tierras. A 31 de diciembre de 2025, el país acumulaba 14 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza y más de 9 millones de víctimas de desplazamiento. Para dimensionar: 14 millones de hectáreas son cuarenta veces el departamento del Atlántico. Esa es la herida sobre la que opera cualquier política de tierras, y es la herida que el Gobierno decidió tratar congelando 1,4 billones de pesos destinados a comprar predios para campesinos, con el argumento de que «sobra tierra». El propio ministro, en su réplica, dio la cifra que permite medir el congelamiento: la Agencia Nacional de Tierras gastó 5,6 billones en compra de tierras durante el cuatrienio anterior. Lo congelado es la cuarta parte de todo eso. Sobra tierra, dicen, en un país donde nueve millones de personas la perdieron a punta de fusil.

El narcorrentismo, tal como Cepeda lo describió, no es un delito tipificado. Es un modelo. Funciona en tres pasos que cualquier lector de este portal reconoce de otros expedientes municipales. Primero, el capital de origen ilícito compra tierra, el activo más fácil de lavar porque sube de precio sin esfuerzo y nadie pregunta de dónde salió la plata. Segundo, la violencia garantiza que la compra sea barata: el vendedor sale desplazado, el precio se desploma, el intermediario aparece con el cheque. Tercero, el Estado valida el resultado con títulos, créditos de fomento, sentencias favorables o, en la versión más sofisticada, con funcionarios que administran los bienes incautados y deciden a quién devolvérselos. El tercer paso es el que convierte una mafia en una renta. Y el tercer paso es, exactamente, lo que el debate del 27 de octubre puso bajo la lupa.

Empecemos por el ron. Dominio De la Espriella es la comercializadora del Ron Defensor, fundada por el hoy presidente. Según los estados financieros que Cepeda exhibió, el 40,8 por ciento de los depósitos de capitalización de la empresa en 2022 y el 38,1 por ciento en 2023 provinieron de la familia y de la firma Monte Horeb Group de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias «Comandante Barbie». Rodríguez Fuentes no es un personaje ambiguo: tiene condena en firme a nueve años de prisión por concierto para delinquir como promotor de grupos armados ilegales y por falsedad en documento público, y enfrentó en Estados Unidos un proceso por narcotráfico en el que fue acusado junto a «Jorge 40» y Hernán Giraldo. Que un empresario del ron reciba casi la mitad de su capital de ese entorno es, en el mejor de los casos, un problema de debida diligencia. Que ese empresario sea el jefe del Estado que administra los bienes incautados al mismo entorno es otra cosa. Se llama conflicto de interés, y es el eje de la denuncia que Cepeda anunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por concierto para delinquir, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión, falsedad ideológica y, como línea de investigación, lavado de activos.

Sigamos con la finca. Nueva Jerusalén, en Becerril, Cesar, fue comprada en 2013 por De la Espriella a una hermana de alias «Barbie», por debajo del precio comercial según el senador. Colinda con tierras despojadas y está sobre títulos mineros de carbón. Luego la hacienda Polonia, en La Mojana sucreña: comprada en marzo de 2008 con su padre por 115 millones de pesos, pasó de 325 a 392 hectáreas sin soporte técnico que explique las 67 adicionales, y según el IGAC encierra 60,9 hectáreas de ciénagas y playones de uso público sobre el caño Rabón. Un particular que cerca una ciénaga ocupa un bien de la Nación. Un presidente que lo hace obliga a que la ANT, que depende de su Gobierno, abra el deslinde judicial contra su propio jefe. Cepeda lo pidió. Veremos quién lo tramita.

Y después, el socio. Daniel Peñarredonda, socio de De La Espriella Lawyers hasta julio de 2025, figura como «Coconspirador 1» en un expediente de la corte federal de Tampa, Florida, por lavado de activos junto a alias «Boliche». Peñarredonda aparece también, según Cepeda, como socio de Minecar Gold, la empresa a la que la Agencia Nacional de Minería otorgó el título de la mina Walter en el Alto Caribona, Bolívar, una zona donde las comunidades afrodescendientes fueron confinadas en 2004 por el Bloque Central Bolívar de las AUC. El bufete del presidente habría representado el pleito minero. Las comunidades denunciaron daño ambiental y lavado. Quien lea esto como una serie de coincidencias necesita una definición nueva de la palabra.

Ahora el ministro. Indalecio Dangond negó ante la Comisión Quinta del Senado cualquier vínculo con la Comercializadora El Tamaral, la empresa de Wilfredo Anaya que se opone a que la hacienda Simba, en Sucre, antiguo fortín de alias «Cadena», sea entregada a familias indígenas Zenú. Revista RAYA publicó un poder notarial y grabaciones de audio que, según Cepeda, prueban que Dangond actuó como apoderado de esa comercializadora y diseñó una propuesta para que la empresa conservara la tierra y le cobrara al Estado 43.000 millones de pesos por proyectos productivos y 800 millones más por daño emergente. Si el poder es auténtico, el ministro mintió al Congreso. Si la propuesta existe, el ministro diseñó un negocio contra la Nación que hoy dirige. Por eso la denuncia ante la Fiscalía incluye fraude a resolución judicial, falsedad ideológica en documento privado, interés indebido en contratos y, por la vía del artículo 134B del Código Penal, actos de discriminación y hostigamiento contra el campesinado.

La respuesta del ministro a todo esto fue que su familia «no le ha vendido tierras a nadie». Nadie lo acusó de vender. Lo acusaron de ocupar. La ANT estudió en junio de 2026 tres polígonos de Palmas Oleaginosas de Casacará, la palmera de la familia de su medio hermano Silvestre Dangond Lacouture, y concluyó que los predios Centenario 1 y Llerasca carecen de folio de matrícula y se presumen baldíos. Son 430 hectáreas de la Nación bajo palma africana. La misma empresa aportó siete veces a la campaña de Dangond al Congreso en 2022, por 108.879.741 pesos, según el anexo 6.2B del Consejo Nacional Electoral. El ministro que decide la política de baldíos tiene a la familia sembrando en baldíos y recibió plata de la empresa que los siembra. Eso, en cualquier manual de ética pública, se llama impedimento. Dangond no se declaró impedido. La Procuraduría recibirá la queja.

Los catorce. El senador identificó catorce funcionarios del sector agrario con vínculos profesionales o societarios previos con el bufete De La Espriella Lawyers o con Dangond. Cinco recibirán queja disciplinaria. Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE, exsocia del bufete y antigua defensora de Alex Saab, señalada de impulsar la devolución de bienes a la estructura de Rodríguez Fuentes. Jensy Johana Osorio Porras, directora de la Unidad para las Víctimas, exsocia. Manuel Alejandro Pretelt Patrón, secretario general del Ministerio de Agricultura, hijo del exmagistrado Jorge Pretelt, cuya familia perdió en 2020 la hacienda La Corona, en Turbo, por sentencia del Tribunal Superior de Medellín que ordenó restituirla a campesinos desplazados en la zona de influencia de la Casa Castaño. Yoly Beatriz Illidge Pimienta, superintendente delegada de Notariado y Registro, exesposa del presidente. Lina María Garrido, directora de la ANT, señalada por omisión frente a los baldíos y predios vinculados a «Barbie». Un dato cierra el círculo: el abogado defensor de Jorge Pretelt en el proceso que lo llevó a la cárcel por concusión fue Abelardo de la Espriella. El hijo del condenado maneja hoy la contratación del Ministerio que decide qué tierras se restituyen y cuáles no. Repítalo despacio.

Lo que está en juego no es la reputación de nadie. Es la tierra de familias con nombre y apellido. En las haciendas La Alquería y La América, en el Cesar, parte de los bienes embargados a la estructura de Rodríguez Fuentes, viven campesinos adjudicatarios de la reforma agraria. Cepeda denunció que mandaderos del exganadero los visitan con una advertencia: «el patrón va a recuperar esto sí o sí». La décima acción del debate fue una solicitud de protección para esas familias. En Sucre, las familias Zenú que esperan la hacienda Simba llevan años en una fila que, según los audios, el ministro intentó convertir en una cuenta de cobro de 43.800 millones contra el Estado. En Urabá, según el senador, 123 predios con 8.742 hectáreas en Antioquia y seis predios con 1.384 hectáreas en Chocó están paralizados en restitución. Y un juez de extinción de dominio ya ordenó devolverle a «Barbie» 61 bienes, entre ellos casi 10.000 hectáreas de haciendas en el Cesar, siete empresas y propiedades urbanas en Valledupar, Santa Marta y Bogotá, con el argumento de que la Fiscalía no probó que se enriqueció con el desplazamiento. Tres de esas fincas tienen sentencias de restitución que dicen lo contrario. La Fiscalía apeló. Quien administra esos bienes mientras se resuelve la apelación es la SAE. Quien preside la SAE es la exsocia del bufete del presidente.

Humanicemos la cifra que el Gobierno congeló. 1,4 billones de pesos son treinta y dos veces lo que El Tamaral pretendía cobrarle al Estado por quedarse con Simba. Son, según la cifra del propio ministro, la cuarta parte de todo lo que la ANT invirtió en compra de tierras entre 2022 y 2026. Ese dinero no desapareció: quedó congelado con el argumento de que sobra tierra, mientras la familia del ministro siembra palma en 430 hectáreas que son de la Nación. Sobrar, sobra. La pregunta es para quién.

Por qué esto no se detiene. Primero, porque la arquitectura de control del Estado colombiano descansa en entidades cuyos directores nombra el mismo poder al que deben vigilar. La SAE, la ANT, la Unidad para las Víctimas y la Superintendencia de Notariado son las cuatro llaves del patrimonio despojado: una incauta y administra, otra adjudica, otra repara y la cuarta registra. Las cuatro llaves están hoy en manos de personas con vínculo previo con el bufete del presidente, con su familia o con el ministro. No hace falta probar un delito para ver el diseño. Basta leer las hojas de vida.

Segundo, porque la respuesta oficial reveló el método. El ministro de Justicia encargado, Iván Cancino, dijo que «bienvenidas todas las denuncias» siempre que lleguen «con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio», y anunció que el Gobierno entregará «videos, fotografías, documentos, informes periciales, auditorías» contra la administración anterior. Es la Ley de Brandolini en versión ministerial: ante una exposición de horas con folios y sentencias, se responde pidiendo pruebas y prometiendo pruebas de otra cosa. Los senadores de gobierno aportaron el resto: «tusa política», «todo el mundo es paramilitar», «vive de la teta del Estado». Ninguno explicó el poder notarial de Simba, los baldíos de Casacará, el 40,8 por ciento del ron o el Coconspirador 1. Cuando un gobierno responde a documentos con adjetivos, el ciudadano aprende algo sobre los documentos.

Tercero, porque la justicia que debe resolverlo es lenta donde conviene que sea lenta. La Comisión de Acusación de la Cámara, única instancia competente para investigar al presidente, tiene una tasa de resultados que cualquier lector de este portal conoce de memoria. La Fiscalía archivó en 2009 el caso de la parcelación El Toco, donde 13 de 80 colonos fueron asesinados en tierras asociadas a «Barbie». Un juez de extinción de dominio consideró que una condena de nueve años por promover grupos paramilitares no bastaba para quitarle las fincas. Cada eslabón funciona según la ley. El resultado agregado es que la tierra vuelve al patrón. Eso es el narcorrentismo: no una conspiración, sino un sistema de incentivos en el que cada actor hace lo legalmente permitido y la suma es el despojo.

Este portal ha sostenido que la política anticorrupción del presidente De la Espriella, concentrada en trasladar condenados a cárceles ordinarias, castiga sin prevenir. El debate del 27 de octubre muestra el reverso: mientras se endurecen las penas para los condenados de ayer, los bienes de los condenados de ayer regresan, los abogados de los condenados de ayer administran las entidades y los hijos de los condenados de ayer firman la contratación. Hay simetría en esto. Cuando el gobierno anterior nombró funcionarios con conflictos de interés o dejó en el papel la compra de tierras, este portal lo escribió. La vara es la misma.

Lo que sigue depende de tres instituciones y de un público. La Comisión de Acusación decidirá si abre investigación formal contra el presidente. La Fiscalía decidirá si el poder notarial de Simba es auténtico y si la propuesta de los 43.000 millones existió. La Procuraduría decidirá si un ministro con la familia sembrando en baldíos debía declararse impedido. Y el público decidirá si acepta que la respuesta a un expediente sea un chiste sobre subsidios. Cepeda enviará todo a autoridades de Estados Unidos y a congresistas demócratas, porque el presidente es ciudadano estadounidense desde febrero de 2023; la jurisdicción que no responda aquí tendrá que responder allá. La pregunta no es si el senador tiene razón en cada punto. La pregunta es por qué, frente a catorce hojas de vida, diez fincas, dos balances y un poder notarial, el Gobierno eligió no contestar ninguno. Un Estado que devuelve la tierra al que la quitó no está haciendo reforma agraria. Está cobrando renta. Y la renta, como siempre, la paga quien menos tiene.

El presidente Abelardo de la Espriella, el ministro Indalecio Dangond, Diana Patricia Bravo Vélez, Jensy Johana Osorio Porras, Manuel Alejandro Pretelt Patrón, Yoly Beatriz Illidge Pimienta, Lina María Garrido, Daniel Peñarredonda, Wilfredo Anaya, Silvestre Dangond Lacouture, Carlos Arturo Vega Pineda, Olimpo Oliver Peñaranda y Soraya Obando Daes no han sido condenados por los hechos relatados y gozan de presunción de inocencia. Hugues Manuel Rodríguez Fuentes y Jorge Pretelt Chaljub tienen condenas en firme por los delitos específicos indicados en el texto, y únicamente por esos.