Ituango (Antioquia), donde la plata llega callada y los contratos no aparecen. Javier Parias Posso solo logra un 5,1/10 🟡 REGULAR con su gestión

AUDITORÍA CIUDADANA FORENSE

Ituango: la plata
llega callada

Auditoría ciudadana forense a los dos primeros años del alcalde Javier Parias Posso (2024-2025) — financias, SECOP, regalías, FURAG y ODS

Municipio: Ituango, subregión Norte de Antioquia (PDET, categoría 5)

Periodo auditado: vigencias 2024 y 2025

Metodología: corrupcionaldia.com — escala ponderada de seis componentes

Fuentes: CHIP/CUIPO · Función Pública (FURAG) · datos.gov.co (SECOP II, DNP-SGR) · prensa nacional

Unidad de Datos — corrupcionaldia.com

corrupcionaldia.com          Noviembre de 2026

Ituango, donde la plata llega callada y los contratos no aparecen

Nos encontramos en el municipio de Ituango, Antioquia. Vamos a auscultar la gestión municipal de Ituango, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Javier Parias Posso. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana… y lo que encontraremos es una radiografía que incomoda: un municipio que en 2024 no publicó un solo contrato en la plataforma SECOP II mientras movía miles de millones en regalías y transferencias; una caja de libre destinación en déficit de casi mil millones de pesos; una deuda pública congelada en 10.561 millones que ni amortizando 2.000 millones anuales logra bajar; y unos códigos de proyectos de regalías que cambian de dígitos entre un reporte y otro, como quien cambia de camisa para no ser reconocido.

Esta no es una acusación: es una auditoría ciudadana. Cada cifra que el lector verá en las próximas páginas proviene de fuentes oficiales verificables —los formularios CUIPO del CHIP, el Índice de Desempeño Institucional de Función Pública, los datos abiertos de SECOP II publicados en datos.gov.co, el registro de proyectos del Sistema General de Regalías del DNP y la prensa nacional—, cruzadas línea por línea bajo la metodología de corrupcionaldia.com, la misma que se aplicó en las referencias canónicas de Toluviejo y Agua de Dios. El resultado final: una calificación de 5,15 sobre 10, en zona amarilla de VIGILAR, que obliga —por mandato metodológico— a un examen jurídico riguroso del prevaricato por omisión.

Ituango no es un municipio cualquiera. Es un municipio PDET (Decreto 893 de 2017, subregión Norte de Antioquia), un territorio que la firma de paz señaló como prioritario para transformar el campo. Es, además, la casa de Hidroituango, la obra de ingeniería más grande del país, que ocupa su cañón del Cauca y promete convertir la represa en imán de turistas, en palabras del propio alcalde al diario El Colombiano (febrero de 2025). Que un municipio con esa condición especial —recursos de PDET, regalías, presencia de EPM, atención nacional garantizada— siga dependiendo en más del 98% del dinero de la Nación, sin publicar sus contratos y con 30 veredas incomunicadas, es la contradicción que este trabajo busca explicar, con datos y sin anestesia.

El territorio bajo la lupa

Tabla 1. Ficha técnica del municipio auditado

El mecanismo expuesto: un municipio que vive con plata ajena

Toda investigación forense empieza por seguir el dinero. Y en Ituango el dinero tiene un patrón brutal: no es de Ituango. Según los formularios de ejecución de ingresos del CUIPO (CHIP), las transferencias nacionales con destinación específica —Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y recursos de la ADRES para el régimen subsidiado— representan más del 98,5% del presupuesto ejecutado, mientras los recursos propios, lo que el municipio le cobra a su propia economía, apenas rozan el 1,5%. Ituango recauda menos de lo que gasta en una sola compra grande, y le transfiere al Estado central la tarea de mantenerlo vivo.

Tabla 2. Ingresos consolidados por fuente según CUIPO (vigencias 2024-2025)

Figura 1. Dependencia fiscal de Ituango: el 98,5% del dinero que mueve el municipio llega de la Nación (elaboración propia con datos CUIPO-CHIP).

Este nivel de dependencia no es una nota al pie: es el mecanismo. Cuando un municipio no tiene base tributaria propia, no negocia: recibe. Y quien recibe todo, rinde cuentas a quien envía todo. El problema es que el envío llega con candados. De los 8.474 millones de pesos que el municipio tiene en caja y bancos, apenas 146 millones —el 1,7%— son de libre destinación, y esos pocos pesos ya están comprometidos: contra ellos pesan exigibilidades y reservas por 1.138,6 millones, lo que arroja un déficit de libre destinación de 992,9 millones de pesos. En lenguaje llano: la caja discrecional de Ituango está en números rojos.

Figura 2. Composición de la caja municipal: casi todo el dinero está amarrado a proyectos específicos (elaboración propia con datos CUIPO-CHIP).

¿Y quién paga la brecha? El ciudadano, dos veces. Primero porque los recursos de destinación específica —estampillas del adulto mayor, procultura, SGP de salud— terminan sirviendo de colchón contable. Segundo, porque el déficit de libre destinación obliga a mantener pignorado el Impuesto de Industria y Comercio hasta en un 130%, es decir, el municipio se ha comprometido por anticipado con más de todo lo que espera recaudar. A esto se suman cuentas por pagar de vigencias anteriores por 2.155,3 millones y 20 millones en cheques que nadie ha cobrado, un archivo muerto que la Contraloría debería leer con lupa.

La deuda que no baja

El segundo capítulo del expediente es el crédito. Ituango debe, y debe mucho, pero sobre todo debe mal. Su deuda principal —un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) firmado el 13 de febrero de 2019 por 19.711,3 millones— financia vías, centros educativos, vivienda rural, un predio para la PTAR y un Centro de Integración Ciudadana. En teoría, infraestructura útil. En la práctica, una cadena que amarra las rentas del municipio a la banca por décadas.

Tabla 3. Comportamiento de la deuda pública 2024 vs. 2025 (CUIPO – FUT_DEUDA_PUBLICA)

Figura 3. El esfuerzo financiero del municipio comparado: amortiza e intereses pesan igual o más que en 2024, pero el saldo no se mueve (elaboración propia con datos CUIPO).

La anomalía salta a la vista: si el municipio amortizó casi 2.000 millones en cada vigencia, ¿por qué el saldo sigue siendo exactamente el mismo, peso por peso, 10.561.484.121? La respuesta del expediente financiero es incómoda: desembolsos nuevos de 160 millones en 2025, una estructura de refinanciación y un desglose de saldos reportados por duplicado en varios folios de control, exactamente con la misma cifra. La auditoría exige conciliar: o hay un error de reporte repetido por dos años, o hay saldos que no quieren ser contados por separado.

Al crédito del IDEA se suman una operación con BBVA —reestructurada, con tasa referida a la IBR a un mes más 2,26 puntos— y dos operaciones con el Banco Agrario (1.536,7 millones en 2021 y 1.230 millones en noviembre de 2023, ya en la recta final de la administración anterior). El costo anual del servicio de la deuda, más de 3.100 millones, equivale a 21 veces los ingresos corrientes de libre destinación que el municipio tiene efectivamente en caja. No es una metáfora: es aritmética.

Cada peso de interés es un peso que no llega a la vereda. El servicio de la deuda de Ituango costó en 2025 lo mismo que 5 veces el presupuesto anual de alimentación escolar del municipio.

El silencio de SECOP: el hallazgo que desbarata la narrativa

Aquí está el corazón de esta investigación. La Ley 1474 de 2011 (artículo 107) y la Ley 1712 de 2014 ordenan a toda entidad pública publicar sus contratos en el SECOP. No es un trámite administrativo: es la garantía constitucional de publicidad de la actividad estatal (artículo 209 de la Constitución). Entonces consultamos, en los datos abiertos oficiales de datos.gov.co (dataset SECOP II, contrato jbjy-vk9h), toda la contratación registrada por el Municipio de Ituango, NIT 890982278, y por su empresa municipal de maquinaria EMTSI, NIT 901482397. El resultado deja sin palabras a cualquier defensor de esta administración.

Figura 4. Contratos publicados en SECOP II por las entidades municipales de Ituango, 2021-2026 (elaboración propia con datos.gov.co, consulta de noviembre de 2026).

En todo 2024, el primer año de gobierno del alcalde Parias Posso, la Alcaldía de Ituango publicó cero contratos. Ni uno. Ni un contrato de obra, ni un servicio, ni un suministro, mientras los formularios CUIPO registran compromisos mensuales de miles de millones —en junio de 2026, un solo mes, los compromisos llegaron a 15.922 millones de pesos. En 2025 la situación apenas mejoró: tres contratos, por 343,97 millones en total, todos bajo la modalidad de contratación régimen especial con ofertas, y dos de ellos adjudicados a asociaciones sin ánimo de lucro locales. La EMTSI, el brazo maquinístico del municipio, tampoco se salva: dos contratos en 2025 y dos en 2026.

Tabla 4. Los únicos contratos publicados en SECOP II por el municipio y la EMTSI durante las vigencias 2024-2025

Hagamos la cuenta que el lector ya intuye. Solo el proyecto de pavimentación con tramos urbanos reportado en el CUIPO movió compromisos por 12.947 millones; la vigencia futura excepcional del PAE aprobada con cargo al SGP sumó 326,9 millones; los proyectos de regalías del DNP con ejecución en estas vigencias suman más de 15.000 millones. Contra ese universo, los 344 millones publicados en SECOP II en 2025 representan una fracción minúscula del gasto real. ¿Dónde están los demás contratos? ¿Quién construyó, dotó, mantuvo y sirvió? La pregunta no es retórica: la omisión de publicación impide el control social, oculta los proveedores y vacía de contenido la Ley de transparencia. En la escala de esta metodología, este es el componente más grave de toda la evaluación.

La justificación habitual —que los convenios interadministrativos y la contratación interna no se publican igual— no cubre la brecha. Convenios puede haberlos; pero la normativa exige publicar el CDP, el proceso y el contrato en cualquier modalidad. Y el patrón que emerge de los documentos internos del CHIP —compromisos que se duplican, folios con el mismo saldo de deuda, códigos de proyecto que mutan— solo puede auditarse con la huella completa en SECOP. Sin SECOP, no hay rastro. Sin rastro, no hay control.

Regalías: proyectos que ejecutan, códigos que mutan

Ituango es un municipio receptor importante de regalías: entre asignaciones directas e inversión local, el SGR le giró más de 13.700 millones en las vigencias auditadas, bajo la modalidad de giro directo sin situación de fondos. El cruce con el registro de proyectos del DNP muestra 29 proyectos con actividad, y en general, una ejecución financiera decente: la rehabilitación de vías terciarias de 2025 (851 millones) al 100%, el PAE al 98%, las viviendas VIP del sector Caramelo al 85% y los edificios públicos al 100%.

Figura 5. Ejecución financiera de proyectos SGR relevantes según el DNP (elaboración propia con DNP-ProyectosSGR, datos.gov.co).

Pero el forense no se queda en los promedios. Tres señales exigen explicación pública. Primera: la pista de patinaje de la unidad deportiva —3.438 millones de pesos— aparece con solo 34% de ejecución financiera, un elefante blanco a media congelación que ningún informe de gobierno ha explicado. Segunda: existen pares de proyectos con objeto y valor idénticos registrados por duplicado —la pavimentación de la calle 25A aparece dos veces por 328,75 millones cada una, y las vías por calamidad pública dos veces por 263,58 millones cada una—, un patrón de doble registro que puede ser simple desorden administrativo o la puerta de entrada a presupuestos duplicados. Tercera, y más grave: los reportes de ejecución de gastos del SGR muestran los mismos proyectos con códigos BPIN distintos entre marzo y junio de 2026 —las plantas de beneficio animal pasan de 2300593290 a 2395594290, la vía secundaria de 1591322310 a 1686323310, la reforestación de 1216322310 a 1311323310—. Alterar la numeración de un proyecto entre reportes es una alerta roja de manual: impide el rastreo histórico en la plataforma nacional y sugiere re-registros que necesitan justificación documental inmediata.

A esto se suma la vigencia futura excepcional por 326,9 millones aprobada con cargo al SGP de alimentación escolar para ejecutarse en 2025. Las vigencias futuras excepcionales son legalmente válidas, pero constitucionalmente sensibles: permiten comprometer dinero de una vigencia siguiente por fuera del ciclo presupuestal ordinario. La historia reciente del PAE en Colombia —con el caso del contrato de 256.470 millones en Sincelejo como referente nacional— obliga a que este proceso se audite convocatoria por convocatoria. ¿Hubo licitación? ¿Se aplicó excepción? ¿Quién sirvió los alimentos? En SECOP, el PAE de Ituango 2024 simplemente no existe.

El sentir de la gente: cinco problemas, cinco indicadores

La metodología exige bajar de las cifras al territorio. Un municipio PDET, rural en un 71%, asediado por grupos armados y cicatrizado por Hidroituango, tiene una agenda ciudadana clara, que emerge de la cobertura periodística nacional y regional de los dos últimos años: vías, seguridad, vivienda, agua y oportunidades para la juventud. Para cada problema, construimos un indicador de gestión con fuente verificable.

Tabla 5. Los cinco problemas de las comunidades frente a los resultados del alcalde

El patrón es reconocible en todo el país: el municipio ejecuta bien lo que la Nación le gira con manual (regalías, PAE, vivienda cofinanciada) y falla en lo que exige gestión propia, negociación política y presencia territorial permanente: mantener las vías abiertas, proteger a los líderes, terminar las obras que se comprometieron y defender la caja propia. La seguridad, se dirá, no es competencia municipal. Cierto. Pero el alcalde es el primera línea del Estado en el territorio, el presidente del comité municipal de gestión del riesgo y de seguridad, y quien denuncia, planifica y articula. Y en eso, entre denuncias válidas y visitas protocolarias, las veredas quedaron solas.

Los ODS: la agenda que el papel cumple y el territorio desmiente

Tabla 6. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ituango (evaluación del autor)

El balance ODS resume al municipio: obras que llegan cuando el recurso es nacional, instituciones que lucen bien en los índices, y brechas crónicas —agua, seguridad, conectividad— que dos años de gobierno no tocaron con la profundidad que exige un PDET. El ODS 16, el de instituciones sólidas, merece una mención aparte: es exactamente donde la paradoja de Ituango estalla, porque el municipio sabe construir sistemas de gestión (FURAG sobresaliente) pero no sabe —o no quiere— mostrar sus contratos.

La libreta de notas: 5,15 — Regular, en zona de VIGILAR

Aplicamos la escala ponderada de seis componentes de la referencia canónica de corrupcionaldia.com. El FURAG 2025 de Función Pública le da a Ituango un Índice de Desempeño Institucional de 80,84 sobre 100: mejor que el 74% de las 1.099 alcaldías del país, 14,7 puntos sobre el promedio de Antioquia y 13,4 sobre la media de su grupo. Es, objetivamente, la carta fuerte del alcalde. Pero la metodología no premia el papel: pondera también lo que el territorio y las bases de datos dicen.

Tabla 7. Calificación ponderada de los dos primeros años del alcalde Javier Parias Posso (2024-2025)

Figura 6. La libreta de notas del alcalde: el FURAG sostiene la nota; el silencio de SECOP la hunde (elaboración propia).

La nota final de 5,15 está a 1,85 puntos del umbral de gestión penalmente cuestionable y a 1,85 del aprobado honesto. Es la peor de las notas intermedias: suficiente para seguir gobernando, insuficiente para dormir tranquilo. Y como la metodología lo ordena, toda calificación igual o inferior a 6,9 activa el análisis jurídico completo.

El examen jurídico: la sombra del prevaricato por omisión

El artículo 414 del Código Penal colombiano sanciona al servidor público que omista, retarde o se niegue a dar cumplimiento a sus deberes funcionales. No exige robo ni corrupción activa: castiga el silencio del funcionario que, pudiendo cumplir, no cumple. La pregunta jurídica que esta auditoría debe formular —y responder con rigor, no con titulares— es si la ausencia total de publicación de contratación en 2024 y la opacidad sobre el Plan de Desarrollo configuran indicios de ese tipo penal.

Los deberes funcionales infringidos

• Deber de publicidad activa: Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública) y artículo 209 de la Constitución Política, que consagra la publicidad de la gestión como principio fundamental de la función administrativa.
• Deber de registro contractual: artículo 107 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que obliga a registrar en el SECOP los procesos contractuales en todas sus fases.
• Deber de publicación del Plan de Desarrollo y sus indicadores: Ley 152 de 1994 y el régimen municipal (Ley 136 de 1994, modificada por la 1801 de 2016), que exigen hacer seguimiento y rendición de cuentas sobre la ejecución del plan.
• Deber de rendición de cuentas: artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que impone a toda entidad pública informar sobre su gestión, uso de recursos y resultados.
• En materia de regalías, deberes de reporte y trazabilidad del Sistema General de Regalías (Ley 2056 de 2020), que presuponen integridad de los códigos de proyectos y de sus registros.

Los elementos del tipo penal frente a la evidencia

Tabla 8. Estructura del artículo 414 del Código Penal frente a la evidencia recolectada

El análisis debe detenerse aquí con honestidad profesional. Existe una salvedad irrenunciable: el artículo 29 de la Constitución consagra la presunción de inocencia, y este ejercicio metodológico —como el aplicado en Toluviejo y Agua de Dios— no sustituye la investigación penal ni declara culpabilidades. Lo que sí permite es formular la conclusión de riesgo: cuando un municipio PDET mueve más de 15.000 millones de pesos de regalías y compromisos mensuales por miles de millones, mientras su registro SECOP amanece vacío durante el primer año de gobierno, la omisión deja de ser ineficiencia administrativa y se convierte en el sustrato perfecto de impunidad: contratos sin trazabilidad, proveedores sin historia, obras sin responsable. Sobre esa base, el debate sobre prevaricato por omisión no es una exageración periodística: es una hipótesis seria que la Procuraduría y la Fiscalía tienen la obligación de examinar, así como las entidades de control examinaron y sancionaron a la administración anterior —suspendida provisionalmente en noviembre de 2023 por posible incumplimiento en el pago de obligaciones—. La historia de Ituango parece condenada a repetirse en cada alcaldía, y esa repetición es el verdadero síntoma de un sistema que no aprende.

El sistema que lo permite

Sería cómodo —y falso— reducir esta historia a un alcalde descuidado. El silencio de Ituango tiene arquitectura. Primero, un modelo de financiación que convierte a los municipios pequeños en satélites fiscales: con el 98,5% del presupuesto viniendo de afuera, la autoridad local administra plata que no controla y rinde cuentas a la Nación con formularios, no con obras vistas por su gente. Segundo, una estructura de control que confía en plataformas: el sistema asume que si el dato no está en SECOP, es porque no hubo contratos, y no investiga el vacío como la anomalía que es. Tercero, la geografía del miedo: en un municipio donde se ataca la estación de policía y se degüella a líderes, el periodismo local se apaga y la rendición de cuentas se vuelve un ejercicio de escritorio realizado desde Medellín o Bogotá. Cuarto, la economía del recurso: las asociaciones y fundaciones locales —legítimas en sí mismas— se convierten en el canal natural de una contratación que en otros municipios pasaría por licitación pública.

En ese tablero, el FURAG de 80,84 funciona como pasaporte de respetabilidad institucional. Los índices miden procesos documentales —que existan planes, manuales, comités—; no miden si el contrato apareció o desapareció del registro público. Ituango demuestra que se puede tener un sistema de gestión impecable en papel y un vacío de transparencia en la práctica, y que esa combinación es precisamente la más peligrosa: la institucionalidad como coartada.

Cierre: la represa y el silencio

Ituango tiene la represa más grande del país a la vuelta de la montaña, un alcalde que le explica a El Colombiano que la quiere convertir en atractor turístico, un FURAG que lo pone en el top nacional de desempeño institucional, y treinta veredas que en octubre de 2026 se quedaron sin camino. Tiene proyectos de regalías ejecutados al 100% y un registro de contratación que en 2024 no existió. Tiene 146 millones de pesos de libre destinación y 10.561 millones de deuda que no baja. Cada una de esas frases es verdadera, y juntas dibujan un municipio que aprendió a lucir bien en los formularios mientras el territorio se apaga.

La pregunta no es si hubo corrupción. La evidencia documentada no permite afirmarlo, y no es nuestro trabajo afirmarlo. La pregunta es por qué un pueblo PDET, marcado por la violencia y la promesa de la paz, no puede leer en una página pública quién hizo sus obras, a cuánto y con quién; por qué sus códigos de proyecto cambian de dígitos entre marzo y junio; por qué su caja discrecional está en rojo mientras las estampillas del adulto mayor sostienen la contabilidad; y por qué, en dos años, nadie del sistema de control le pidió a esta administración la cuenta completa. Esos porqués no son retórica: son la agenda exacta que Procuraduría, Contraloría y Fiscalía deberían abrir esta semana, y la lista de verificación que el ciudadano ituangueño puede llevar, con este artículo en la mano, a la próxima rendición de cuentas.

La plata llega callada a Ituango. Que no se vaya igual de callada depende de que alguien pregunte. Ese alguien somos nosotros.

Metodología transparente y replicable

Cualquier lector puede reproducir esta auditoría en unas horas siguiendo estos pasos, con las mismas fuentes y la misma escala. Así se evita que el análisis sea una opinión: es un procedimiento.

Tabla 9. Las cinco fuentes independientes cruzadas en esta investigación

La calificación final se calcula como promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10: FURAG/IDI (25%), ejecución presupuestal CUIPO (20%), avance del Plan de Desarrollo (20%), transparencia SECOP (15%), cumplimiento de ODS (10%) y percepción ciudadana (10%). Rangos: 0,0-2,9 pésimo; 3,0-4,9 mediocre; 5,0-6,9 regular (vigilar); 7,0-8,4 bueno; 8,5-10 excelente. Si la nota final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico del prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal), como cuestión de lógica metodológica. La escala no es absoluta: evalúa la gestión respecto al punto de partida y los recursos disponibles, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en todo el país. Advertencia final: este trabajo no constituye declaración de culpabilidad; respeta la presunción de inocencia (artículo 29 C.P.) y entrega la evidencia a las autoridades competentes para que actúen.

Referencias y fuentes citadas

• CHIP – Categorías Únicas de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), formularios de ejecución de ingresos y gastos, deuda pública, rentas pignoradas, vigencias futuras y SGR del municipio de Ituango, vigencias 2024-2026 (chip.gov.co).
• Departamento Administrativo de la Función Pública, resultados FURAG vigencia 2025, reporte del 17 de junio de 2026 (índice de Desempeño Institucional de 1.102 alcaldías).
• Datos Abiertos Colombia (datos.gov.co): dataset SECOP II – Contratos Electrónicos (jbjy-vk9h), consultas por NIT 890982278 y 901482397, noviembre de 2026; dataset DNP-ProyectosSGR (mzgh-shtp).
• Blu Radio (14 de marzo de 2024): Advierten presuntas irregularidades en entrega de viviendas de interés social en Ituango, Antioquia.
• El Colombiano (16 de febrero de 2025): La represa nos sirve para atraer turistas a Ituango: alcalde Parias.
• Análisis Urbano (5 de marzo de 2026): Ituango vive bajo el asedio de grupos armados: alcalde denuncia creciente violencia.
• Revista Semana (1 de mayo de 2025): Balacera en Ituango tras ataque a la estación de Policía del municipio.
• Infobae (12 de junio de 2024): Degollados en Ituango, Antioquia: identificaron uno de los cadáveres, era un líder social del municipio; y (5 de marzo de 2024) Hallaron el cuerpo de Juan José Tobón, secuestrado por las disidencias de las Farc.
• Caracol Radio (26 y 28 de octubre de 2026): cerca de 30 veredas incomunicadas por pérdida de banca; (22 de agosto de 2024) garrucha en mal estado afecta 10 veredas; (6 de abril de 2026) nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias; (29 de noviembre de 2023) Procuraduría suspendió provisionalmente al alcalde de Ituango por posible incumplimiento en el pago de obligaciones; (22 de diciembre de 2025) termina el arbitraje Hidroituango-EPM.
• La FM (25 de agosto de 2026): Personero de Ituango acusa a EPM de retrasar traslado de desplazados; Portal EPM (17 de mayo de 2024): alcaldes del área de interés de Hidroituango visitaron la central; (12 de diciembre de 2025): EPM entregó centro educativo rural en Puerto Valdivia.
• Infobae (27 de julio de 2026): INVÍAS adjudicó vía por $49.672 millones para conectar El Aro, Puerto Valdivia y Presa; Datos para la Paz (17 de junio de 2024): familias campesinas de El Aro se benefician con acciones reparadoras.
• Marco normativo: Constitución Política de Colombia (arts. 29 y 209); Código Penal, artículo 414 (prevaricato por omisión); Ley 1474 de 2011 (arts. 73 y 107); Ley 1712 de 2014; Ley 152 de 1994; Ley 2056 de 2020; Decreto 893 de 2017 (PDET).
• Información general del municipio: Wikipedia (Javier Parias Posso, alcalde 2024-2027; población proyectada DANE); portal institucional ituango-antioquia.gov.co (consulta de noviembre de 2026: sin publicación visible del Plan de Desarrollo 2024-2027 en el portal de transparencia).
• Verificación de datos de población y autoridades: infobox de Wikipedia (Ituango), con proyecciones municipales del DANE como referencia complementaria.

Anexo: tres guiones para reels informativos (45 segundos)

Según la metodología de la atención (cerebro primitivo: lo personal, lo contrastable, lo tangible, lo memorable, lo visual y lo novedoso), estos son los tres guiones para redes sociales derivados de esta investigación.

Guión 1 — El gancho emocional: la cuenta que nadie muestra

• Segundos 0-10: ¿Sabías que en todo 2024 la Alcaldía de Ituango no publicó ni UN contrato en SECOP? Ni uno. Cero. Mientras movía miles de millones de regalías y transferencias.
• Segundos 10-25: Así funciona el silencio: la ley exige publicar cada contrato. Sin publicación, no sabes quién construyó tu vía, a cuánto, ni con quién se lo ganó.
• Segundos 25-35: Mientras tanto, la caja discrecional del municipio quedó en déficit de 993 millones y 30 veredas siguen incomunicadas.
• Segundos 35-45: La plata llega callada a Ituango. No dejes que se vaya igual de callada. Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. ¡Te sorprenderás!

Guión 2 — La comparación impactante: el FURAG dorado y el SECOP vacío

• Segundos 0-10: Ituango es de los mejores del país en índices de gestión institucional: FURAG de 80,84. Top 26% nacional. Impecable.
• Segundos 10-25: Pero en el registro público de contratos… cero publicaciones en 2024 y solo tres en 2025: 344 millones. ¿Y los otros miles de millones? Ahí no aparecen.
• Segundos 25-35: Índices dorados, registros vacíos. Cuando el papel luce perfecto y la plataforma está en blanco, la coartada es institucional.
• Segundos 35-45: Exige que tu alcaldía publique cada contrato. Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. ¡Te sorprenderás!

Guión 3 — La historia personal: la vereda que se quedó sola

• Segundos 0-10: En octubre de 2026, 30 veredas de Ituango despertaron incomunicadas: se perdió la banca de la vía. Productores sin salida para su café y su ganado.
• Segundos 10-25: Los proyectos de vías de regalías muestran ejecución del 100% en los papeles del DNP. Pero la red vuelve a caer con cada invierno.
• Segundos 25-35: Ejecutar no es gastar: es dejar camino funcional. Y en Ituango el camino se rompe más rápido de lo que se pavimenta.
• Segundos 35-45: El territorio pregunta, la plataforma calla. Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. ¡Te sorprenderás!

Publicidad