La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara de Colombia Humana, Pedro José Suárez Vaca. Según el alto tribunal, el político habría incurrido en delitos relacionados con corrupción cuando fue juez en Tunja (Boyacá).

Según dijo la Corte, cuando Suárez Vaca fue juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, habría beneficiado injustamente a un condenado a cambio de dádivas.

Se trata de una denuncia anónima la que señalan que Suárez Vacca habría recibido coimas y dádivas a cambio de beneficios y toma de decisiones.

El hombre que habría sido beneficiado por el hoy congresista es Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, con la decisión del entonces juez Suárez Vaca, su detención pasó a ser domiciliaria.

La investigación contra el hoy congresista será por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir. Por otra parte, la Sala de Instrucción decidió no investigarlo por el delito de cohecho propio.

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El Pacto Histórico en Boyacá, que ya perdió la curul lograda por el senador César Pachón Achury, ahora enfrenta un nuevo riesgo por un investigación de la Corte Suprema de Justicia en contra del representante a la Cámara por el departamento Pedro José Suárez Vacca.

Perfil

Pedro José Suárez Vaca es abogado de la Universidad Católica de Colombia, Magister en Derecho Penal de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho Público, con énfasis en Administrativo; Derecho Penal y Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional de Colombia.

La denuncia fue elevada a la Corte Suprema de Justicia después de que en el 2011 lo denunciaran penalmente por supuestos hechos de corrupción mientras que ejercía su cargo como juez penal en la ciudad de Tunja, en Boyacá en el 2008.

La denuncia fue suscrita por una organización que se hace llamar ‘Colombia Cambia Transparente’, y le dirigió a la Corte Suprema de Justicia.

Sobre ese hecho, Suárez Vacca le dijo a Caracol Radio que “En primer lugar, ninguno de los hechos denunciados es cierto. Segundo, la fiscalía adelantó indagaciones, sin haber logrado hallar mérito en 14 años de instrucción, para siquiera abrir investigación formal en mi contra. En tercer lugar, con ocasión de lo anterior, solicitaré como es mi derecho, el archivo definitivo de estas diligencias, que la propia Fiscalía dejó en estado inactivo ante la carencia de fundamento probatorio para abrir investigación. En cuarto lugar, existen hoy razones jurídicas de improcedibilidad de la acción penal que se adelanta o que se pretende adelantar en mi contra, incluyendo la prescripción, por lo que en derecho lo que corresponde es el archivo definitivo de las diligencias”.

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