El pasado 21 de abril el presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto por el cual “se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.
La nueva disposición da vía libre al uso del herbicida glifosato, que había sido suspendido por orden de la Corte Constitucional en el año 2017.
DECRETO-380-DEL-12-DE-ABRIL-DE-2021La medida fue de inmediato criticada por ambientalistas, comunidades donde hay cultivos ilícitos y representantes del sector salud. Y desde la orilla apuesta, respaldaron la decisión políticos abyectos al Gobierno tanto del Centro Democrático como de otros partidos.
Entre ellos figura la senadora del CD, Ruby Chaguí, quien en su cuenta de twitter expresó su beneplácito con el nuevo Decreto. Pero, a la senadora se le olvidó mencionar el pequeño detalle de que su esposo, Nicolás Saade, es representante legal de Bayer, la compañía propietaria de Monsanto y proveedora de glifosato.
De acuerdo con el portal de periodismo investigativo Cuestión Pública, la empresa Bayer ha firmado 27 contratos públicos con el Estado por $2.145.800.557, durante el tiempo que lleva Chaguí de Senadora.
Relata Cuestión Pública:
“El esposo de la senadora, Nicolás Saade, fue nombrado en 2019 como representante legal para efectos contractuales de Bayer S.A., empresa que se dedica a la fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario y el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador”.
“Desde que Saade es representante legal para efectos contractuales (casi el mismo periodo que su esposa ha estado en el Congreso), Bayer S.A ha tenido 27 contratos con entidades públicas. Los contratos se han suscrito con hospitales de Caldas, Quindío, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Huila y con el Instituto Nacional de Cancerología y suman $2.145.800.557, según los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP)”.
Bayer compró en 2019 a su rival Monsanto por $63.000 millones de dólares. Monsanto es uno de los proveedores de glifosato de talla mundial con su marca RoundUp, la fórmula química utilizada para las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el Plan Colombia.
Tras la publicación del decreto por Presidencia de la República, la senadora del Centro Democrático comenzó a trinar diariamente en sus redes sociales con numeral: #SíAFumigaciónResponsable.
El martes afirmó: “a los únicos que afecta la aspersión aérea con precisión es a los narcoterroristas”.
“¡Qué buena noticia! A los únicos que afecta la aspersión aérea con precisión es a los narcoterroristas que financian la violencia con las drogas ilícitas, destruyen selva y afectan la salud de miles de personas. Causan dolor. Hay que fumigar para reducir los cultivos de coca”.
Reactivar la aspersión aérea por precisión para reducir la coca en el país, es una decisión acertada del Gobierno Nacional, que cumple, además, con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional controlando el riesgo para la salud y el medio ambiente. @Diego_Molano pic.twitter.com/KfQfDVCtNm
— Ruby Chagüi (@Rubychagui) April 15, 2021
Y en ningún momento informó sobre el conflicto de intereses que pesa sobre ella por el cargo que desempeña su esposo en la compañía Bayer, y por los diferentes negocios de tipo agroindustrial que tiene su familia.
Adicionalmente, se encontró que lo anterior no es el único beneficio que ha recibido la familia Chagüi por parte de los recursos públicos de la Nación; “La empresa familiar Chagüi & Chagüi Ltda, (hoy Pro-Agros del Sinú) recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) en 2009 y fue beneficiaria de un incentivo de asistencia técnica AIS entre 2007 y 2010. Esta misma empresa fue beneficiaria del programa de apoyo a la siembra de algodón del Ministerio de Agricultura entre 2011 y 2015”, informó el medio citado.
La Corte Constitucional había ordenado la suspensión de las fumigaciones al amparar afectaciones al derecho a la salud, la consulta previa y el medio ambiente sano sufridas por comunidades de Chocó expuestas al programa de aspersión aérea.
Las respuestas de Bayer y de la Senadora
Una vez conocida la información la congresista emitió un comunicado en el que señala que “no está impedida para apoyar las medidas del Gobierno en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos”. Pero no negó el vínculo de su esposo con la compañía Bayer.
Por su parte, la mencionada firma también expidió un comunicado con los siguientes apartes:
“Como compañía que ha demostrado su compromiso con la salud y la producción de alimentos con los colombianos, por las de 100 años en el país, queremos manifestar que consideramos inaceptable que se cuestione nuestra ética empresarial por un tema donde no estamos involucrados y sobre el que nos hemos manifestado en varias oportunidades en los últimos años: no tenemos, ni tendremos ningún interés comercial en ser proveedores de glifosato para el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. En el país existen más de 80 registros y decenas de empresas que pueden proveerlo, además de cientos de empresas en el mundo.
“Bayer y el mundo cuentan con los estudios y respaldo técnico-científico para el uso seguro del glifosato en la agricultura sustentable, área donde se viene usando de manera segura por más de 40 años y donde se cuenta con la aprobación de más de 160 autoridades regulatorias alrededor del mundo.
“La aspersión aérea para erradicación de cultivos de uso ilícito es una decisión de estricta competencia del Estado colombiano y sus instituciones (…) Hacemos votos para que el Estado y sus autoridades encuentren las mejores acciones para erradicar esa actividad en todos los eslabones de su cadena. No obstante, es importante aclarar que Bayer desconoce cuál es el origen de la formulación de glifosaro que aplica, así como las condiciones técnicas de aspersión aérea, pues no participamos de los estudios que respaldan la aplicación y uso para estos cultivos”.
Sobre estas declaraciones, vale recordar que, en realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el glifosato. “Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato”, comentó Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, e investigador del Conicet.
De hecho, en junio del año pasado el gigante farmacéutico y agroquímico acordó pagar hasta $10.900 millones de dólares en un acuerdo masivo con demandantes estadounidenses que dicen que el herbicida Roundup, fabricado por la unidad Monsanto, es el causante del cáncer que padecen.
El acuerdo permitió cerrar aproximadamente el 75% de los casos de litigación relacionados con Roundup, que representa aproximadamente 125.000 demandas.
La disputa está relacionada con si el polémico herbicida Roundup, que contiene glifosato y que fue adquirido por Bayer en 2018, es cancerígeno.
Varios tribunales han considerado probada la correlación entre el uso de glifosato y los casos de cáncer, aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo considera seguro y sostiene que no constituye un riesgo para la salud pública.
Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo supone un “tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato”.
En otros países su uso ha empezado a ser negado.
Así las cosas, el portal Cuestión Pública se mantiene en las afirmaciones hechas en su investigación en el sentido de los intereses que han podido mover a la senadora del Centro Democrático para respaldar de manera jubilosa el regreso de la aspersión aérea con glifosato.
