La Emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional a mediados de marzo, para tomar medidas urgentes frente a la llegada del coronavirus a Colombia, se convirtió en la excusa perfecta para que mandatarios locales y departamentales, a través de la figura de contratación directa y en tiempo récord, hayan esquilmado, en un abrir y cerrar de ojos, miles de millones de recursos públicos.
Tal es el caso del municipio de San Martín de Loba en el departamento de Bolívar, donde su alcalde Firus Aislant Gil, ejecutó varios contratos que en medio de la pandemia prácticamente son imposibles de realizar o sencillamente no se justifican.
Uno es el número CMC-007-2020 por valor de $23’160.000, pesos, para la “Prestación de servicios para la celebración del Día de la Niñez e implementación de una estrategia lúdica para el restablecimiento de los vínculos afectivo y una crianza amorosa, en los niños, niñas y adolescentes del municipio de San Martín de Loba, en época de aislamiento preventivo por pandemia de Covid-19”.
El negocio fue adjudicado a la Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de El Banco (FUNDESOEL), cuya representante legal es Francy Liseth Gómez Mejía, en el que se compromete a entregar una serie de materiales didácticos que supuestamente se utilizarán en la estrategia que se llevará a los hogares del municipio, pero no se establece ni la forma, ni cuál es el calendario planeado sobre qué sectores se visitarán, además de que solo requieren un profesional en psicología.
El contrato se firmó el 23 de abril con un mes de plazo para su ejecución.
En pleno confinamiento y suspensión de las actividades escolares, el alcalde contrató el servicio de “transporte escolar con base en el calendario escolar 2020, prestando el servicio desde y hacia las diferentes veredas del municipio, para el fortalecimiento de la calidad de la educación en el municipio, con el fin de garantizar la permanencia y acceso de los mismos en las instituciones educativas de San Martín de Loba”, con la Cooperativa Transportadora de Colombia Cotracol, cuyo representante legal es Jair Galán Rivera, por un valor de $290,683,820 pesos.
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El contrato fue firmado el 7 de abril para empezar a ser ejecutado el 27 de abril, cuando el Gobierno nacional ha mantenido el confinamiento de estudiantes hasta el 31 de mayo.
Otro llamativo y curioso contrato en un municipio que adolece de ingresos propios es el que se llevó a cabo para la “Impresión de folletos educativos y otros materiales para difusión de medidas de salud pública y protección del medio ambiente ante pandemia de covid-19”, por un valor de $8 millones de pesos, que le fue adjudicado a Ángela Teresa Camargo Vidales el 20 de marzo.
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Otra decisión contractual bastante curiosa es la número UM-004-2020 para la “Realización de una brigada de salud mental para evitar pánico colectivo y promoción del buen comportamiento social ante pandemia de Covid-19”.
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Este contrato le fue adjudicado a la Fundación Kadosh, cuyo representante legal es Jhonys Ortega Bonett, por $25 millones de pesos, el 20 de marzo de 2020.
Lo único que aparece en el contrato es la contratación de cinco profesionales de psicología.
También se contrató la “Realización de una campaña de educación ambiental orientada a prevenir la propagación del Covid-19”, por $15 millones de pesos que le fue adjudicado a la Fundación Sembrando Paz con representación legal de Luis Fernando Blanco.
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En el contrato lo único que se describe es la contratación de 2 trabajadores sociales, 2 auxiliares de enfermería y 2 bachilleres.
Por último está el contrato UM-007-2020 para el “Suministro de medicamentos e implementos necesarios para fortalecer la atención en la ESE ante la pandemia de Covid-19”.
El negocio le fue encomendado a Droguerías Bolívar IPS SAS, con domicilio en el municipio de El Banco (Magdalena), que solo figura como una pequeña droguería, cuyo representante legal es Abimelec Ríos Cabrales, y que por $80 millones de pesos, entregará 46 tipos de elementos que van desde guantes hasta medicamentos para la diabetesn distintas cantidades a la ESE, por un período de 2 meses.
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En estos contratos, por citar algunos de los celebrados por la primera autoridad de San Martín de Loba, suman la nada despreciable suma de $442 millones de pesos, que fueron adjudicados a dedo por ser contratación directa, amparados en la emergencia del coronavirus, en un municipio en casi total abandono por el Gobierno nacional para mitigar la multiplicación de la pobreza, la violencia, y la corrupción.
