El descaro institucionalizado: cuando los salpicados por la corrupción buscan repetir curul como si nada hubiera pasado
La imagen es obscena. Mientras la Fiscalía desentraña una de las tramas de corrupción más grotescas del gobierno Petro, los mismos congresistas salpicados en el escándalo de la UNGRD no solo caminan libres por los pasillos del Capitolio, sino que se pavonean con sus inscripciones para repetir curul en 2026. Y sus partidos —de todas las ideologías, para que no quede duda de que la corrupción es transversal— les extienden los avales como si el país tuviera amnesia colectiva.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, lo dijo sin rodeos: es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa?, preguntó el funcionario. La respuesta es simple: porque pueden. Porque el sistema está diseñado para que puedan.
En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales, esto es un insulto al país.
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 9, 2025
¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro.
Los rostros del descaro
Martha Peralta, la senadora del Pacto Histórico convertida en pieza clave del entramado según la Fiscalía, busca conservar su curul ahora bajo el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La Fiscalía señala que en septiembre de 2023, Peralta sostuvo una reunión con Olmedo López y contratistas de Inversiones IRL SAS para direccionar un contrato de mantenimiento de jagüelles en La Guajira. Su papel, según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fue el de enlace estratégica para repartir contratos a cambio del sí a las reformas del gobierno.
Pero Peralta no está sola en esta danza macabra. Wadith Manzur, el joven representante conservador que investiga a Petro en la Comisión de Acusaciones, ahora quiere dar el salto al Senado. Olmedo López lo señaló directamente: Wadith Manzur se vendió, dijo el exdirector de la UNGRD en entrevista con la revista Semana. La ironía es brutal: el hombre que investiga al presidente por presunta corrupción electoral está él mismo salpicado en un esquema de compra de votos con recursos de emergencias.
Julio Elías Chagüi, del Partido de La U, también figura en la lista de los descarados. La Fiscalía sostiene que el exministro Luis Fernando Velasco habría solicitado a Olmedo López favorecer a Chagüi con un contrato de $35.000 millones de pesos. Berenice Bedoya, de ASI, resulta mencionada en las imputaciones contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco como una de las beneficiarias del reparto.
Vean a la joyita: pic.twitter.com/vIMoJCxxe8
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 9, 2025
El mecanismo invisible: cómo funciona la máquina
Este no es un caso de corrupción individual. Es un sistema. Un engranaje perfectamente aceitado donde cada pieza cumple su función con precisión quirúrgica. Ministros que presionan, directores que ejecutan, asesores que coordinan, contratistas que inflan, y congresistas que cobran. Todo disfrazado de gestión pública, de atención a emergencias, de obras necesarias.
La Fiscalía reveló que se buscó direccionar más de 70 proyectos en el Invías, no solo para congresistas de la Comisión de Crédito Público, sino para quienes dieran su voto a favor de las reformas pensional y de salud. Hablamos de $612.237 millones de pesos que se intentaron convertir en sobornos. Dinero que debía atender emergencias, desastres, comunidades vulnerables.
El mecanismo es tan invisible como efectivo: se crea una necesidad legítima —agua para La Guajira, obras de drenaje en Córdoba—, se inflan los costos, se direccionan los contratos a empresas pantalla conectadas con los políticos, y todos ganan. Todos menos el país, claro. Todos menos las comunidades que siguen sin agua, sin carreteras, sin esperanza.
El ciclo secreto: por qué se perpetúa
¿Por qué este esquema sobrevive década tras década, gobierno tras gobierno? Porque los incentivos están diseñados al revés. El corrupto que roba pero «hace obra» se vuelve más popular que el honesto que propone con decencia. La ciudadanía, condicionada por años de clientelismo, prefiere el subsidio inmediato que exigir transparencia estructural.
Alexander Ángulo, señalado por Carrillo como la mano derecha de Olmedo López y Sneyder Pinilla, también busca llegar al Senado con el aval de Fuerza Ciudadana. Carrillo lo describió como «el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder«, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro pero se atrincheró en la UNGRD.
Los partidos políticos —conservadores, liberales, alternativos, del pacto histórico— se convierten en cómplices estructurales al otorgar avales sin verificar mínimos estándares éticos. ¿Para qué arriesgarse con candidatos limpios cuando los corruptos tienen maquinarias aceitadas, recursos desviados y clientelas garantizadas?
El señor Angulo es el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache. pic.twitter.com/mkUTEHFII5
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 9, 2025
La radiografía profunda: conexiones de poder
Las investigaciones de la Fiscalía han revelado una red que trasciende el caso puntual de la UNGRD. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ratificó las versiones que la señalaban como delegada del ministro Ricardo Bonilla para direccionar $92 mil millones de pesos en contratos. Los nombres se repiten: Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo.
Estos son los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la célula que aprueba o rechaza operaciones de endeudamiento del país. Se les acusa de haber aceptado emitir conceptos favorables respecto de operaciones de crédito público a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.
Es la corrupción perfecta: controlan el grifo de la deuda pública y cobran peaje en contratos de emergencia. Mientras tanto, el país se endeuda más y las emergencias siguen sin atenderse adecuadamente.
El impacto oculto: las víctimas reales
Detrás de cada contrato inflado, de cada soborno disfrazado de convenio, hay comunidades reales con necesidades reales. Los 40 carrotanques comprados con sobrecostos millonarios para llevar agua a La Guajira no cumplían su función. Mientras los congresistas negociaban sus tajadas, los niños wayúu seguían muriendo de sed.
Los $28.146 millones de pesos del convenio para atender inundaciones en Sahagún terminaron en los bolsillos de contratistas conectados con Martha Peralta. Los $92.000 millones gestionados con urgencia por Ricardo Bonilla en diciembre de 2023 no eran para atender emergencias reales, sino para comprar votos en el Congreso.
Cada peso desviado es una escuela sin construir, un hospital sin equipar, una carretera sin pavimentar. Pero también es algo más intangible y más perverso: es la muerte de la confianza ciudadana en las instituciones, la normalización de la corrupción como forma de hacer política, la resignación colectiva ante el abuso sistemático.
La conexión perdida: el quiebre de lo público
Lo más grave de este escándalo no son los montos, por escandalosos que sean. Lo más grave es el mensaje que envía: que el poder público es un botín privado, que los cargos de representación son franquicias para el enriquecimiento personal, que las emergencias nacionales son oportunidades de negocio.
Carrillo denunció que esto ocurre en partidos de todas las tendencias ideológicas, y es un insulto al país. Tiene razón. Cuando conservadores, liberales, alternativos y pacto histórico coinciden en algo, es en proteger el sistema que les permite saquear con impunidad.
La desconexión entre lo público y lo ciudadano es absoluta. Los congresistas ya no se sienten representantes del pueblo sino comerciantes de su investidura. Las instituciones ya no existen para servir sino para servirse. Y la ciudadanía, exhausta y resignada, mira el espectáculo con una mezcla de indignación y cinismo.
El sistema silencioso: por qué no hay consecuencias
Las investigaciones han salpicado a más de 28 congresistas adicionales por un esquema similar en el Invías. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿cuántos terminarán realmente en la cárcel? ¿Cuántos devolverán lo robado? ¿Cuántos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos?
La experiencia nos dice que muy pocos. El aforamiento protege a los congresistas de ser juzgados como cualquier ciudadano. La Corte Suprema abrió indagaciones preliminares contra Peralta y tiene bajo investigación formal a seis congresistas más por cohecho impropio, pero los procesos en esa instancia suelen tardar años, cuando no décadas.
Mientras tanto, los partidos siguen otorgando avales, los electores siguen votando por caras conocidas, y el ciclo se perpetúa. Algunos congresistas salpicados —Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo— decidieron no aspirar esta vez, pero no por vergüenza o autocrítica, sino por cálculo político: esperarán que pase la tormenta mediática para volver en próximas elecciones.
La verdad oculta: lo que no se dice
Hay una dimensión del escándalo que no se menciona lo suficiente: la naturalización de estas prácticas en la cultura política colombiana. La frase «roba pero hace obra» no es una excepción sino una filosofía de gobierno interiorizada por amplios sectores del electorado.
Olmedo López señaló que uno de los contratos gestionados por Bonilla beneficiaría al ELN en Saravena, Arauca, conectando el entramado de corrupción con grupos armados ilegales. La corrupción, entonces, no solo empobrece sino que financia la violencia, perpetúa el conflicto, mantiene zonas enteras del país bajo control de estructuras criminales.
Este es el verdadero rostro de la corrupción: no es solo el robo de recursos públicos, es el sabotaje sistemático de cualquier posibilidad de construir un país funcional, justo, en paz.
¿Qué hacer? La puerta transparente
La pregunta no es retórica. ¿Qué puede hacer una ciudadanía que ve a los corruptos pasearse con descaro buscando repetir curul? Primero, reconocer que este sistema no se sostiene solo por la maldad de unos pocos sino por la complicidad silenciosa de muchos.
Segundo, entender que el voto es poder, pero solo si se ejerce con conciencia crítica. Votar por el que «da mercados» o «asfalta una cuadra» es perpetuar el clientelismo que alimenta la corrupción. Tercero, exigir a los partidos que sus criterios de aval incluyan verificaciones éticas mínimas, no solo cálculos electorales.
Y cuarto, romper con la resignación. La frase «todos son iguales» es la coartada perfecta para que los corruptos sigan ganando. No todos son iguales. Hay diferencias, y esas diferencias importan.
Conclusión: el espejo roto
Cuando Martha Peralta, Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Berenice Bedoya y Alexander Ángulo buscan reelegirse pese a estar salpicados en un escándalo que desangró recursos de emergencia, no solo insultan a las instituciones. Insultan a cada colombiano que paga impuestos, que espera un servicio público decente, que todavía cree que la política puede ser un instrumento de transformación y no una empresa criminal.
La pregunta de Carlos Carrillo resuena: ¿por qué no se dedican a su defensa en lugar de buscar prolongar su estancia en el poder? La respuesta es demoledora: porque saben que el sistema los protegerá, que la ciudadanía olvidará, que en unos meses esto será solo un titular más en el archivo infinito de la impunidad colombiana.
Este es el espejo roto de nuestra democracia: una clase política que ve los cargos públicos como patrimonio personal, unos partidos que actúan como franquicias de enriquecimiento ilícito, y una ciudadanía que oscila entre la indignación efímera y la resignación permanente.
La corrupción no se combate solo con fiscales valientes o jueces incorruptibles. Se combate con una ciudadanía que decide, de una vez por todas, que su voto no está en venta, que su dignidad no es negociable, y que prefiere un representante honesto que propone con decencia a un corrupto que roba pero reparte migajas.
¿Estaremos a la altura? El 2026 nos dará la respuesta.
Este artículo forma parte de la serie «Verdad Oculta» de corrupcionaldia.com, que expone los mecanismos invisibles que alimentan la corrupción y perpetúan la injusticia en Colombia. Porque la verdad no solo se lee, se siente.
