Ocho años, tres presidentes, más de un billón de pesos invertidos y 909 familias sin casa. Bienvenidos al paraíso de los contratistas donde la desgracia ajena es oportunidad de enriquecimiento.
La metadata no miente. Dos propuestas supuestamente competidoras, creadas por el mismo autor, el mismo día, con apenas seis horas de diferencia. Apex LLC Architectural Projects elaboró ambas ofertas para el Centro Administrativo Municipal de Mocoa: una a las 10:31 de la mañana del 10 de noviembre, la otra a las 4:47 de la tarde. La trampa es tan descarada que resulta casi pedagógica. Así funciona la colusión cuando ya no se molestan ni en disimular.
Carlos Arturo Cedeño Cuéllar, arquitecto dueño de Apex LLC, no es un empresario cualquiera. Es el yerno de Arnulfo Gasca Trujillo, el ganadero que protagonizó el narcocorrido «El Patrón de Patrones» rodeado de hombres armados, que estuvo detenido 90 días por narcotráfico en 1999 (aunque nunca fue condenado), y que gobernó Caquetá hasta diciembre de 2023. Un hombre cuyo hermano sí fue condenado por narcotráfico, pero que la justicia nunca pudo tocar. Porque en Colombia el poder no necesita inocencia: le basta con recursos para blindarse.
El caso de Mocoa es la radiografía perfecta de cómo opera la corrupción estructural en Colombia. No hablamos de funcionarios deshonestos que se aprovechan del sistema. Hablamos del sistema mismo diseñado para convertir cada catástrofe en una oportunidad de negocios, cada tragedia en un festín para contratistas conectados, cada vida perdida en un renglón presupuestal susceptible de ser saqueado.
El negocio de las cenizas
La madrugada del 1 de abril de 2017, los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa se desbordaron arrastrando todo a su paso. La avalancha dejó 327 muertos, 7.982 víctimas, 87 barrios destruidos y 1.461 viviendas arrasadas. El Estado declaró calamidad pública y prometió reconstrucción. Pero Mocoa no sabía que su verdadera tragedia apenas comenzaba.
Desde 2017 hasta hoy, tres gobiernos han prometido reconstruir Mocoa. La UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) ha invertido supuestamente más de un billón de pesos. Y sin embargo, ocho años después, 909 familias del proyecto Sauces II siguen esperando las viviendas que les prometieron. El avance de obra en 2021 era del 0.63%. Sí, leyó bien: cero punto sesenta y tres por ciento. Para 2023, apenas se había ejecutado el 5% del proyecto.
El Convenio Interadministrativo n.º 9677 PPAL001-217-2017, por valor de $53.646 millones de pesos, fue suscrito entre la UNGRD y el Consorcio Mocoa 2019 para construir viviendas. Pero las casas nunca llegaron. Lo que sí llegó fue el descarado cobro de subsidios de arriendo adicionales que ya suman $5.748 millones de pesos en daño fiscal, según la Contraloría. Porque claro, si no construyes las casas pero sigues cobrando por alojar temporalmente a los damnificados, el negocio se vuelve perpetuo.
Es la estrategia perfecta: retrasar las obras, justificar los atrasos con la pandemia, solicitar recursos adicionales, modificar contratos, aumentar presupuestos. Y mientras tanto, las familias siguen pagando arriendo con plata del Estado, los contratistas siguen facturando, y Mocoa sigue esperando.
La red: nombres, rostros y conexiones
Carlos Arturo Cedeño no es un empresario improvisado. Su compañía Apex LLC ya se había quedado con otra millonaria licitación en 2019 dentro del Plan de Acción Específico para Mocoa. El Consorcio Mitigación Mocoa, del cual es representante legal, consiguió el contrato para obras de mitigación en la cuenca de la quebrada Taruca. Seis años después, apenas en mayo de 2024 presentó ante Corpoamazonía los documentos para la licencia ambiental. Seis años para iniciar los trámites ambientales. Pero eso sí, cobrando cada día.
Durante la gobernación de su suegro Arnulfo Gasca en Caquetá, Cedeño participó en el contrato de dragado del río Hacha en el aeropuerto de Florencia. El costo inicial: $11.200 millones. El costo final: $23.000 millones. Más del doble. Porque cuando tienes conexiones políticas, los sobrecostos no son irregularidades: son el negocio.
Pero la red en Mocoa es más amplia y compleja. La Procuraduría investiga irregularidades por más de $185 mil millones de pesos en contratos de reconstrucción. Entre los investigados aparecen Olmedo López y Eduardo José González, exdirectores de la UNGRD, junto con Alethia Carolina Arango, quien fue subdirectora de Reducción del Riesgo y firmó contratos por medio billón de pesos.
El exasesor jurídico Pedro Rodríguez, condenado por apropiación de recursos, aceptó un principio de oportunidad y se convirtió en testigo clave. Su testimonio revela el mecanismo: contratos direccionados, modificaciones irregulares, contratistas previamente seleccionados, sobrecostos planeados, obras a dedo. Rodríguez señala directamente a Olmedo López, Alethia Arango y al exgobernador de Nariño Camilo Romero como conocedores y facilitadores del entramado.
En solo 2022 se adjudicaron contratos por $380 mil millones de pesos destinados a obras en Mocoa. La Contraloría encontró hallazgos fiscales por $125.710 millones de pesos. Eso sin contar los procesos por $21.000 millones por irregularidades en el acueducto y $1.575 millones en obras del río Sangoyaco.
El sistema que protege al corrupto
Lo fascinante de Mocoa no son los montos robados. Es la impunidad sistémica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación en 2024 porque la tragedia había sido advertida en 2015 y 2016. Es decir, el Estado sabía que iba a pasar, no hizo nada, murieron 327 personas, y ahora los mismos funcionarios que debieron prevenir la catástrofe administran los recursos para reconstruir lo que su negligencia destruyó.
Los contratos iniciaron en 2017 pero arrancaron hasta 2018. Luego fueron suspendidos por la pandemia en 2020. Pero esa suspensión no detuvo los pagos: la utilizaron para justificar recursos adicionales, nuevas contrataciones, prórrogas infinitas. El Consorcio Mocoa 2019 se comprometió a entregar 390 viviendas para finales de 2021. Entregó cero. Prometió 48 para finales de ese año. Entregó cero. En 2022 el ministro de Vivienda Jonathan Malagón prometió 909 casas para julio. Entregó cero.
Y nadie va preso. Nadie devuelve la plata. Nadie pierde el contrato. Porque el sistema no está diseñado para castigar la corrupción: está diseñado para facilitarla, protegerla y perpetuarla.
Mientras tanto, las víctimas de Sauces I, las 300 viviendas que sí se entregaron en 2018, viven en casas en obra negra, sin pisos terminados, con fallas estructurales. El obispo de Mocoa, Luis Albeiro Maldonado, tuvo que invertir entre $14 y $16 millones de pesos por cada una de 50 casas para hacerlas habitables. «Algunas no estaban razonablemente para vivir«, dijo. Pero para el contratista sí estaban razonablemente para cobrar.
La colusión como método
Volvamos a Carlos Arturo Cedeño y su obra maestra: la licitación del Centro Administrativo Municipal. Dos proponentes. Un solo autor. La metadata lo delata. En términos jurídicos esto se llama colusión y tiene consecuencias penales. Pero en Colombia esto se llama martes.
Porque la colusión no es la excepción: es el método. La metadata de Mocoa no es solo un archivo digital: es la confesión involuntaria de un sistema corrupto que ya ni siquiera se esfuerza en ocultar sus trampas. Cuando sabes que la impunidad está garantizada, para qué molestarse en disimular.
El alcalde Carlos Hugo Piedrahita anunció el 2 de diciembre que el ganador era el Consorcio CAM Mocoa, del cual Apex LLC es miembro. Nadie investigó la metadata. Nadie cuestionó que las dos ofertas salieran del mismo computador. La legalidad de la licitación está en entredicho pero la obra probablemente ya comenzó. Porque en este país los procesos judiciales tardan años, pero los contratos se ejecutan en meses.
El yerno, el suegro y el patrón de patrones
Arnulfo Gasca Trujillo no es un político más. Es un personaje que condensa todo lo grotesco del poder regional colombiano. El narcocorrido «El Patrón de Patrones» le costó el aval del Partido Conservador en 2011, pero lo recuperó en 2019 y ganó la Gobernación de Caquetá con el 42% de los votos. Las denuncias de vínculos con narcotráfico nunca prosperaron. La detención de 1999 terminó en absolución. Su hermano sí fue condenado, pero él siempre salió limpio.
Durante su gobernación fue investigado por la Procuraduría por irregularidades en un proyecto de $14.133 millones de pesos de regalías. En 2022 sufrió un atentado de disidencias de las FARC que dejó dos policías muertos. Pero Gasca siguió gobernando hasta el último día de 2023.
Y su yerno Carlos Arturo Cedeño siguió consiguiendo contratos. Porque en Colombia el nepotismo no es delito: es política pública. Las conexiones familiares no son conflicto de interés: son garantía de adjudicación. Y los vínculos con poder político no generan investigaciones: generan contratos.
La historia de Gasca es la historia de Colombia: un hombre con denuncias nunca comprobadas, vínculos sospechosos nunca investigados, y poder político siempre renovado. Porque la impunidad no es falla del sistema. Es el sistema.
La UNGRD: el botín perpetuo
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no es una institución: es una caja menor para políticos conectados. El escándalo de los carrotanques de La Guajira ya había destapado parte de la red. Pero Mocoa demuestra que el problema es estructural, no episódico.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, está siendo investigado por múltiples irregularidades. Su exasesor Pedro Rodríguez testifica que López y Alethia Arango modificaron convenios interadministrativos «para agilizar obras» cuando en realidad lo que agilizaron fue el direccionamiento de contratos hacia empresas previamente elegidas.
El actual director Carlos Carrillo ha pedido investigar los contratos que firmó Arango por medio billón de pesos. Pero las investigaciones en Colombia son como las obras de Mocoa: se anuncian con bombos y platillos, avanzan lentamente, y nunca se terminan.
Porque investigar es una cosa. Condenar es otra. Y recuperar lo robado es ciencia ficción.
Mocoa y el ciclo secreto de la corrupción
Este no es un caso aislado de funcionarios deshonestos. Es la demostración empírica de cómo funciona la corrupción estructural en Colombia:
Paso 1: La tragedia como oportunidad. Una catástrofe natural genera recursos extraordinarios, agilidad en la contratación, y opinión pública complaciente porque «hay que ayudar a las víctimas«.
Paso 2: La captura del presupuesto. Políticos regionales recomiendan funcionarios clave en las entidades nacionales. Esos funcionarios direccionan contratos hacia empresas conectadas con los políticos.
Paso 3: El diseño de la trampa. Licitaciones con pliegos hechos a la medida, requisitos imposibles para los competidores reales, colusión entre proponentes, y evaluaciones amañadas.
Paso 4: La ejecución deficiente. Obras que no avanzan, calidad deficiente, retrasos justificados, modificaciones constantes, y recursos adicionales.
Paso 5: La impunidad garantizada. Contraloría que encuentra hallazgos, Procuraduría que abre investigaciones, Fiscalía que no imputa, y políticos que se reelijen.
El ciclo se repite cada vez que hay una emergencia. San Andrés tras el huracán Iota. La Mojana con sus inundaciones. Armero en su momento. Cada desastre es una oportunidad de enriquecimiento para la misma red de contratistas y políticos.
La factura que nunca se paga
Hoy, 909 familias siguen esperando las casas que el Estado les prometió hace ocho años. Los subsidios de arriendo temporal que debían durar 15 meses llevan casi 100 meses. El presunto daño fiscal ya supera los $5.748 millones solo en este concepto. Las obras de mitigación del río Sangoyaco presentan daño estructural por $1.575 millones. El acueducto tiene irregularidades por $21.000 millones.
Pero Carlos Arturo Cedeño sigue ganando licitaciones. Arnulfo Gasca terminó su periodo como gobernador sin condenas. Olmedo López negocia principios de oportunidad. Alethia Arango firmó contratos por medio billón de pesos y nadie la ha imputado. El Consorcio Mocoa 2019 incumplió todos sus plazos pero mantiene el contrato.
Y mientras tanto, Mocoa sigue sin reconstruirse. Porque para el sistema, Mocoa nunca fue un municipio que reconstruir. Fue siempre un presupuesto que saquear.
La verdad que nunca te contaron
Los titulares dijeron: «Gobierno invierte más de un billón en Mocoa". Pero no te contaron que el 12.5% de ese billón ya está en hallazgos fiscales. No te contaron que las viviendas tienen un avance del 5% después de ocho años. No te contaron que el yerno del exgobernador se quedó con múltiples contratos. No te contaron que la metadata delató la colusión. No te contaron que el mismo sistema que debió prevenir la tragedia ahora lucra con la reconstrucción.
Porque la corrupción no se limita a robar dinero. La corrupción es convertir el dolor de 909 familias en oportunidad de negocios. Es transformar 327 muertos en renglones presupuestales. Es hacer de la tragedia un botín político.
Y lo más perverso es que el sistema no falla: el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Para proteger al corrupto. Para facilitar el saqueo. Para garantizar la impunidad.
Mocoa no es la víctima de la corrupción. Mocoa es la evidencia de que la corrupción ES el sistema. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos esperando que «esta vez sí» habrá justicia, que «ahora sí» habrá condenas, que «por fin» alguien irá preso.
Pero Mocoa ya nos enseñó la verdad: en Colombia, el corrupto siempre gana. Porque nosotros, con nuestra resignación, con nuestra indiferencia, con nuestro «todos son iguales«, decidimos cada día que siga ganando.
La pregunta ya no es quién robó en Mocoa. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir dejando que nos roben?
