Arranco el motor a las cinco de la mañana, cuando la oscuridad todavía se pega a las esquinas de Soledad como una mancha de aceite. El sonido del motocarro es lo único que rompe el silencio de mi barrio. Antes, ese ruido me llenaba de esperanza: significaba que iba a trabajar, a llevar el sustento a mi casa. Ahora, cada vez que giro la llave, siento un nudo en el estómago. Porque salir a las calles de este municipio ya no es trabajar. Es apostar la vida.
Somos nueve mil motocarristas repartidos en 189 barrios. Nueve mil hombres que nos levantamos cada día sin saber si regresaremos. Y no lo digo por las calles rotas o el sol que raja la piel. Lo digo porque en Soledad ya no mandan las autoridades. Aquí la ley la escriben otros, con pistolas y mensajes de WhatsApp.
El día que nos mandaron a callar
Ese viernes parecía distinto. Por primera vez en mucho tiempo, algunos de nosotros nos atrevimos a hablar. A organizarnos. Habíamos perdido cinco compañeros en las últimas semanas —cinco conductores asesinados, así, sin más— y ya no aguantábamos más. La idea era simple: una marcha pacífica desde el centro comercial Puerta del Sol hasta la entrada del aeropuerto Ernesto Cortizzos. Queríamos que alguien nos escuchara, que el gobierno nos diera una estrategia de seguridad confiable. Nada más que eso. Poder trabajar sin que nos maten.
Gustavo Adolfo Araca, un joven de la fundación Jóvenes de Paz, nos acompañó. Lo recuerdo hablando frente a los periodistas, con esa valentía que a mí ya se me había gastado: «Somos los jóvenes las primeras víctimas que estamos padeciendo esta problemática. Necesitamos urgentemente tranquilidad y oportunidades». Tenía razón. Los muchachos que apenas empiezan en esto son los primeros en caer.
Pero entonces llegó el mensaje.
No hubo ningún líder con megáfono que nos dijera que paráramos. Simplemente, los teléfonos comenzaron a vibrar. WhatsApp. Un mensaje tras otro. Y todos decían lo mismo: si marchábamos, nos mataban. Así de claro. Así de sencillo.
Vi cómo mis compañeros guardaban los celulares despacio, con las manos temblorosas. Nadie dijo nada. No hizo falta. Uno a uno, empezamos a montarnos en nuestros motocarros y a irnos. Silenciosos. Derrotados. Con la rabia atorada en la garganta y el miedo bailándose en el pecho.
La extorsión que nos sangra
Aquí en Soledad, para trabajar con un motocarro hay que pagar. Y no me refiero al SOAT o a la revisión técnica. Hablo de «la organización», como se hacen llamar. Los Costeños. Alias Maldad, alias Ricostilla, alias Junior Guerra. Ellos son los que cobran. Cuarenta mil pesos diarios por motocarro. Cuarenta mil pesos que no van para arreglar las calles ni para pagarle a un policía. Van directo a los bolsillos de esos manes.
Y si no pagas, te quitan el motocarro. Así le pasó a un pensionado que conozco. El pobre hombre se había comprado dos motocarros de segunda, pensando en asegurar su vejez. Pero no pagó la «inscripción» —dos millones de pesos por ponerlos a trabajar— y se los robaron a punta de pistola. Lo obligaron a venderlos. ¿A quién le vas a reclamar? ¿A la policía? ¿A la alcaldía? Aquí nadie responde.
Recuerdo cuando hubo la tregua entre Los Costeños y Los Pepes. Esos días fueron un respiro. La extorsión bajó más del cincuenta por ciento. Pudimos trabajar tranquilos, sin estar mirando por el retrovisor cada cinco minutos. Pero la tregua se acabó y volvió la guerra. Y nosotros quedamos en medio del fuego cruzado.
El gobierno nacional intentó hacer una mesa de diálogos, querían trasladar a Barranquilla a los jefes de esas bandas: Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, y Digno José Palomino Rodríguez, de Los Pepes. La idea era buscar la paz. Pero el traslado se frustró y nosotros seguimos aquí, pagando el precio de una guerra que no es nuestra.
El logo de la muerte
Ahora nos obligan a poner un logo en el motocarro. Una calcomanía, una marca. Es para que ellos sepan quién paga y quién no. Si te ven sin el logo, asumen que no estás «inscrito». Y si no estás inscrito, eres un objetivo.
Pero apareció algo peor. Un nuevo grupo que se hace llamar «Comando Urbano» empezó a mandar mensajes amenazándonos por llevar ese logo. Dicen que van a quemar todo motocarro que lo tenga. Que nos van a dar de baja. ¿Qué hacemos? Si ponemos el logo, el Comando Urbano nos quema. Si no lo ponemos, Los Costeños nos matan. Estamos atrapados entre dos fuegos y nadie nos defiende.
El mensaje del Comando Urbano circuló por todo Soledad. Lo leyeron tenderos, obreros, educadores, vigilantes. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero nadie hace nada. Es como si Soledad se hubiera acostumbrado a vivir así, bajo el terror.
Los mensajes que nos controlan
Nos controlan por WhatsApp. Así de ridículo suena, pero es la verdad. Recibimos órdenes a toda hora. Un día nos llega un mensaje diciéndonos que tenemos que participar en una marcha «pacífica». Que todos debemos ir con globos blancos, banderas blancas, camisa blanca. Que la marcha será de dos horas y que después, los que tengan pico y placa deben guardar el motocarro. Que si no asistimos, nos multan. Que van a anotar quién fue y quién no.
«Motocarro que este trabajando y no esté en la marcha se lo van a quitar al chofer«, decía el mensaje. Y lo firmaban solo como «la organización«. Así nos tienen: obedeciendo órdenes de fantasmas.
¿Cómo es posible que unos delincuentes nos manejen así? ¿Que nos digan a qué hora trabajamos, a qué hora paramos, cuándo protestamos y cuándo nos callamos? En las calles, sus pistoleros nos paran, nos revisan, nos intimidan. Y nosotros bajamos la cabeza porque sabemos que ellos sí cumplen sus amenazas.
El silencio de las autoridades
La alcaldía de Soledad emitió un comunicado. El secretario de Gobierno, un coronel retirado, dijo que estaban «garantizando el derecho a la protesta» y que buscaban apoyo del gobierno nacional. Palabras bonitas. Promesas vacías.
«Estamos trabajando para proteger y garantizar su labor«, dijeron. Pero ¿dónde están cuando nos extorsionan? ¿Dónde están cuando matan a nuestros compañeros? ¿Dónde están cuando los mensajes de muerte nos obligan a disolvernos?
Soledad necesita ayuda urgente, eso es cierto. Pero mientras llega —si es que llega—, nosotros seguimos aquí, expuestos, vulnerables, solos.
El miedo que nos acompaña
Hoy salí otra vez a trabajar. No porque quiera. Porque tengo que comer. Porque tengo una familia que depende de estos cuarenta, cincuenta mil pesos que logre hacer en el día. Después de pagarle a «la organización«, claro.
Manejo despacio por las calles de Soledad, esquivando huecos y miradas. Cada esquina es una incógnita. Cada pasajero puede ser una trampa. Cada timbre del celular me sobresalta.
A veces pienso en los cinco compañeros que ya no están. En sus familias. En sus hijos preguntando por qué papá no volvió. Y me pregunto cuándo me tocará a mí. Si mañana seré yo el que no regrese.
Pero arranco de nuevo. Porque es lo único que sé hacer. Porque en Soledad, los motocarristas no tenemos más opción que seguir rodando, entre el miedo y la esperanza, sabiendo que aquí la ley no la escriben los jueces.
La escriben ellos.
Y nosotros solo somos sus víctimas silenciosas.
