Por: Hector Tordesilla
Le salió barata la condena a Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A de Barranquilla. De $27.000 millones que confesó ante un juez en la defraudación a la empresa y la ciudad –la cifra, sumando todos los vericuetos de ilegalidad es muchísimo mayor- resolvió devolver $3000 millones a la administración distrital – a volar los otros $24.000 millones!- mientras la justicia, “por la confesión”, resolvió aplicarle detención domiciliaria considerando “que no era un peligro para la sociedad”.
Digamos que su confesión no fue tal. Le tocó acogerse ante el acervo probatorio allegado por el ex directivo de Inassa Diego García y ante el cual no le quedaba otro camino que el reconocimiento del comportamiento ilegal reprochable, mientras caminaba siempre enhiesto, altivo, desafiando con gestos obscenos a los que lo tildaban de delincuente en las audiencias judiciales. Un engreído de sus hazañas y de su papel de héroe social, ensalzado con condecoraciones de la Asamblea Departamental, en informes de prensa como el perfecto gerente y convidado especial a los festines de la politiquería en Barranquilla.
Navarro estaba en todas. Conocía todos los movimientos de la empresa Triple A. Sus coimas a políticos. A la prensa, para mantenerlos cuidadosamente apaciguados con la consigna de manejar, tal como dicen los comunicados replicados en medios de comunicación, a “una de las mejores empresas de servicios públicos de América Latina”. No había tal. Solo una empresa que le robó la propiedad accionaria a los barranquilleros y que además les sigue robando en la facturación mensual manejada con un estricto control administrativo expoliador que le ha permitido recaudar fantásticas cantidades de dinero que ellos; Navarro, Rodríguez y otros, reparten “mafiosamente” en cajas, tulas, bolsas a sus amigos y favorecedores.
Según el juez este personaje nefasto no constituye “un peligro público”. Claro que lo es. En demasía por cierto, señores de la justicia. Un tipo que cohonesta robos a la inerme ciudadanía a través del cobro exagerado tarifario y que además maneja los recursos del agua como una empresa criminal es un peligro. Contrasta semejante despropósito judicial de aceptarle $3000 millones y darle casa por cárcel a la dilación exagerada del trámite de un proceso de Acción Popular que pretende retornarle a la ciudadanía barranquillera la composición accionaria de la empresa y que le devuelvan $18 billones de pesos cobrados de más a los usuarios desde mediados de la primera década del año 2000.
Es que la corrupción ha hecho metástasis en todas las capas de la ciudad. Los políticos, en parte principal, con su tropilla de asalto dispuesta a cobrarse el botín de la entidad que tienen a su cargo. El sector gremial con su largo silencio solo interrumpido cuando piden recursos al gobierno central para el puerto o alguna esfera de su inmediato interés, con una mano milagrosa en su gestión que donde la coloca sana el enfermo: durante la administración de Unión Fenosa al frente de ElectriCaribe todo era –todavía lo es- un autentico desastre técnico, administrativo y financiero. Desde que tomaron la dirección a raíz de la intervención por parte del estado colombiano, nadie dice nada. Como si hubiesen sucedido trascendentales cambios en beneficio de los usuarios de la región Caribe que siguen igual protestando, tomando las vías de hecho ante los desafueros de esta empresa, que oh casualidad, también es española.
La Cámara de Comercio de Barranquilla, una de las gestoras del engendro Triple A sigue en mutismo sobre el caso. Nada dice sobre los pésimos y caros servicios públicos de la ciudad que la convierten en poco competitiva a nivel nacional e internacional a la hora de escogerla como base de desarrollos empresariales e industriales. Articulada solo en procesos en donde pueda sacar el máximo beneficio con la mínima inversión, jugándole sucio a los mismos comerciantes pues esta actitud frena en seco a inversionistas para que activen sus negocios en la ciudad.
Hasta este momento la Administración Distrital de Barranquilla no ha emitido una declaración sobre el despojo accionario de la Triple A, ni cómo podría recuperarla con lo que ello significa en materia de la ganancia que da esta empresa y que podría ser reinvertida en una ciudad en donde su panorama económico no es propiamente holgado al debe e inmersa, quizás por largos años más, en la Ley 550. Un mutismo inquietante, un accionar estacionado en la inercia y mucho miedo que los ventiladores prendidos; pues así como hablaron en España ante la Fiscalía de ese país los directos de Canal Extensia y Canal Isabel II, lo mismo debería pasar con García y por supuesto con Ramón Navarro que aparte de la “confesión” inducida, en aras de la colaboración con la justicia, debe, como dicen los periodistas sonsos “prender el respectivo ventilador”. El Concejo de Barranquilla, vulnerado legalmente cuando decidieron volarse su competencia entregándole los activos accionarios en 1996 a la Triple A pese a su expresa prohibición, debería pronunciarse en su calidad de representante de la ciudadanía, en contra de Navarro Pereira declarándolo, a manera de sanción moral, persona no grata. No es para menos.
En cuanto a la prensa, es sospechoso que nadie haya mencionado esta extraña sentencia de la justicia que beneficia a Navarro, confeso delincuente, en la defraudación a la empresa de servicios públicos en su calidad de gerente, a la ciudad como propietaria de la infraestructura operativa y a los ciudadanos agobiados con cobros injustificados en sus tarifas. Callados, quizás con un poco de susto, merced a un papel en donde aparece una “nomina” de pagos de la Triple A, soltada no se sabe por quién, lo cual permite inferir que deben existir más facturas y nominas al respecto de pagos a los medios de comunicación locales.
Nadie entiende estas dosimetrías sospechosas penales de los jueces en Barranquilla. A Navarro, delincuente confeso y señalado de participar con cuentas secretas en paraísos fiscales en los Panamá Papers, con dinero sacado del bolsillo de los ciudadanos usuarios de la Triple A; le permiten que devuelva la módica suma-el vuelto- de $3000 millones de pesos y lo envían a casita, de donde seguramente saldrá a refrescarse en bares, ágapes, clubes y cenas en restaurantes ante la vista de todo el asombrado mundo que considerará un hecho absolutamente normal esta inmoralidad pública.
Quedará, para los ciudadanos que se forman, la consigna que el crimen en Barranquilla no solamente paga, sino que es una buena opción social de progreso económico, un ámbito ideal en donde escapó, no se sabe para donde, la noción de ética y transparencia administrativa.
