Es inaudito que después de 6 años de haberse adjudicado los contratos para mejorar la infraestructura carcelaria en Colombia, con cifras superiores a los $300 mil millones de pesos, no se haya mejorado ni una pared en los centros penitenciarios.
En una auditoría de cumplimiento dirigida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sobre el contrato interadministrativo No. 216144 de 2016 que suscribió esta entidad con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade (hoy ENTerritorio), la Contraloría General de la República constituyó 83 hallazgos administrativos de los cuales 25 tienen incidencia fiscal por $24.140 millones.
O sea que este contrato viene desde la presidencia de Juan Manuel Santos, cuando el Fonade estaba en manos del Ñoño Elías, uno de los políticos corruptos que le salvó la reelección a Santos. De hecho terminó en la cárcel condenado por corrupción.
A través de este contrato, el entonces Fonade se comprometió a realizar la gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por la Uspec, así como la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presentó la entidad contratante, negocio jurídico realizado por un valor total de $384.039.894.636.
Además de los 25 hallazgos con presunta incidencia fiscal (por valor total de ($24.140.377.771), se constituyeron 34 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 10 con otras incidencias, así como 2 solicitudes de apertura de indagación preliminar.
Como resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el sector justicia se emitió concepto adverso respecto a la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 216144 de 2016.
Contrato interadministrativo USPEC- ENTERRITORIO
La Uspec acordó con ENTerritorio la suscripción del contrato interadministrativo, para adelantar los principales proyectos encaminados a generar cupos y el mantenimiento general de los establecimientos carcelarios y penitenciarios a nivel nacional.
Los recursos entregados por la USPEC a ENTerritorio ascienden a $25.822.880.079, por concepto de gerencia y administración
Según la Contraloría, existen 30 contratos por valor de $148.855.399.322 que representan el 45% del valor total contratado, que se encuentran en niveles de ejecución física menores al 60%, siendo el más crítico Eron Pereira.
Durante los 6 años de ejecución del contrato interadministrativo su efectividad ha sido mínima, trasgrediendo el principio de economía establecido en la Constitución Política, lo que ha generado que no se mitigue la crítica situación carcelaria del país, que era el objetivo en el uso de esos recursos.
Debilidades USPEC – ENTERRITORIO
La contratación realizada para los 16 proyectos priorizados por la Sentencia T-762 de 2015, a la fecha se encuentran en fases iniciales de ejecución, presentan problemas en su desarrollo, contratos sin entregar, suspendidos o sin dar al servicio por falta de dotación y obras complementarias.
Situación similar presentan los cinco proyectos priorizados por la Dirección de Infraestructura de la USPEC, como son: Eron Bellavista, que presenta el 98% de ejecución física, pero sin entrega definitiva por faltantes para entrada en operación; las obras de la Reclusión de Mujeres RM Manizales y la ampliación de Combita fueron retiradas del contrato interadministrativo. La construcción del Eron Pereira presenta un avance del 11,57% y retrasos en la programación.
Durante la ejecución de la auditoría la Contraloría evidenció que la Uspec no ha cumplido con la disposición y entrega de los insumos necesarios para el inicio de la ejecución de los diferentes proyectos, demostrando debilidades en la fase de planeación. Esta situación generó continuas modificaciones, adiciones, suspensiones, prórrogas y demoras en los diferentes proyectos y contratos derivados del contrato interadministrativo.
En el contrato se evidenciaron debilidades en materia presupuestal y contable. ENTerritorio no ha entregado soportes de los gastos de operación y la supervisión por parte de la Uspec no tramita lo pertinente ante la Dirección administrativa y financiera de la entidad.
Hallazgos con presunta connotación fiscal
En cuanto al proyecto del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, ENTerritorio no ha entregado el plan maestro, solamente suministró 80 diagnósticos de los 133 establecimientos existentes. Se observa que no hay claridad frente a la formulación definitiva del documento, situación que generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.704.175.374
Se evidenciaron hallazgos con presunta connotación fiscal por valor de $8.266.754.727 generados por obras inconclusas, sin entregar o incompletas en el componente de construcción de proyectos de ampliación de cupos y mejoramiento o construcción de la infraestructura física que definía el Contrato Interadministrativo.
Se encuentran obras como la construcción de los ranchos en EPAMSCAS Palmira y EPMSC Cartagena, que una vez ejecutadas y finalizadas por parte del contratista y recibidas por parte de Uspec e Inpec hace más de dos años, están sin uso por deficiencias en la planeación para el suministro e instalación de dotación de equipos para cocción de alimentos.
Hay también obras prioritarias para la seguridad y óptima operación de los establecimientos que no han sido finalizadas, entregadas a satisfacción o priorizadas, como los son: la construcción de garitas del EPMSC Bucaramanga, acciones postventa en el edificio administrativo del EPMSC de San Vicente de Chucurí, red de distribución de agua potable en la Estructura 1 del Cojam Jamundí, mantenimiento general en COCUC Cúcuta y mejoramiento del pabellón 9 del EPAMCAS Valledupar.
Se establecieron igualmente hallazgos con presunta connotación fiscal por deficiencias en la ejecución, por valor de $3.561.676.270, en el componente de mantenimiento a la infraestructura física de los establecimientos, por situaciones presentadas en las que las intervenciones realizadas se han deteriorado por falta de aplicación y ejecución del manual preventivo y correctivo que cada contratista e interventoría presenta o por carencia en la calidad de materiales instalados.
Este es el caso de las impermeabilizaciones en cubiertas en: CPMS Chiquinquirá, EPAMCAS Palmira, CPAMS La Dorada, CPMSM Bucaramanga, EPMSC ERE Valledupar, EPMSC Acacias, EPMSC Villavicencio, EPMSC Puerto Boyacá, EPMSC Florencia y EP Las Heliconias.
Igualmente, hay situaciones en las que equipos mecánicos y eléctricos han dejado de funcionar por la falta de mantenimiento preventivo, como se evidenció en las plantas eléctricas del EPMSC Cali, EPMSC Barranquilla El Bosque, EPMSC Bucaramanga, la campana extractora del rancho en EPAMCAS Valledupar y aires acondicionados en EPMSC Florencia.
En el componente para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual, se encontraron vertimientos a cuerpos de agua sin parámetros de calidad de agua mínimos y sin los correspondientes permisos o autorizaciones emitidos autoridades ambientales competentes, como se presenta en EPC La Esperanza de Guaduas, EPMSC Acacias y CAMIS Colonia Agrícola Acacias.
Planeación deficiente
La Uspec entregó a Fonade las fichas de revisión documental de los proyectos que integran el Contrato Interadministrativo, clasificadas por proyectos con el respectivo estudio previo, y en el año 2018 la Uspec solicitó retirar 12 proyectos (EPAMSCAS Cómbita, RM Manizales, EPC Tierralta, EC JP Barranquilla – La Modelo, EPMSC Acacías, COCUC Cúcuta, EPMSC Ramiriquí, EPMSC Caucasia, EPMSC El Banco – Magdalena, EPMSC Aguachica, EPMSC Tierralta y EPMSC Ibagué Picaleña – COIBA).
Lo anterior generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $6.053.200.162. Dado que hubo cancelación de proyectos, independientemente de la causa que ocasionó el retiro de estos, la totalidad de los recursos por concepto de gerencia y operación debieron ser devueltos, situación que no se dio
En resumen, los dineros públicos terminaron dilapidados por los corruptos en estructuras y obras que no han servido, en su mayoría, a mejorar las condiciones de vida de los prisioneros en las diferentes cárceles del país, que eran su objetivo.
