Megacárcel Renacer · Magdalena
La megacárcel de Sabanas de San Ángel pasó por tres gobiernos, de 183.630 a 289.401 millones de pesos, sin una sola multa, mientras el hacinamiento carcelario llega al 27,1 %.
Nos encontramos en Sabanas de San Ángel, Magdalena, frente a una megacárcel que el Estado adjudicó en diciembre de 2019 y todavía no puede abrir. Se llama Renacer, tendrá 1.974 cupos y, según la Unidad Investigativa de El Tiempo, acumula 49 meses de retraso frente a la entrega prevista para septiembre de 2022. En julio de 2023 escribimos en este portal que la megacárcel de Sabanas de San Ángel estaba a punto de fracasar. No fracasó del todo: la Gobernación del Magdalena reporta 86 % de avance físico y 75 % de ejecución financiera. Fracasó en otra cosa, más silenciosa y más cara. Nadie ha pagado un solo peso por haberla demorado.
Lo que dicen los contratos
Repasemos lo que hoy consta en documentos. La Uspec adjudicó el contrato de obra al Consorcio Fundación 2020 por 183.630 millones de pesos. El consorcio lo integran Construcción Con-Unión (50 %), Meyan (20 %), AMR Construcciones (15 %) y Constructora Amco (15 %). En octubre de 2025, la propia Uspec informó a la Corte Constitucional que el valor del proyecto había subido 57,6 % mediante tres adiciones sucesivas y llegaba a 289.401 millones. El oficio, citado por El Tiempo, agrega que esas adiciones se hicieron “sin documentar su especificación técnica y financiera”. Son 105.771 millones de diferencia. Además, la obra pide otros 43.000 millones para dotación, que a la fecha del auto de la Corte solo figuraban en el anteproyecto de 2026, sin apropiación efectiva.
La cuenta que casi nunca se hace
Ahora la cuenta completa, la que casi nunca se hace. Si a los 289.401 millones de la obra se suman la interventoría (16.096 millones, según la cifra de 2024) y la dotación pendiente, el total supera los 348.000 millones de pesos. Arrancó en cerca de 195.000 millones entre obra e interventoría. Es casi 80 % más. Y sobre los 1.974 cupos, cada plaza cuesta hoy unos 146 millones de pesos, que suben a 168 millones cuando se cuenta la dotación. Se trata de cifras aritméticas, sin acusación: lo que los documentos oficiales dicen que costó y costará.
Hay un número dentro de esa historia que merece una pregunta y no una sentencia. El sexto otrosí, firmado en 2021, añadió 91.770 millones a un contrato de 183.630 millones. Es el 49,97 %. La Ley 80 de 1993 (artículo 40, parágrafo) limita las adiciones al 50 % del valor inicial, expresado en salarios mínimos de la fecha de firma. Quedar a tres centésimas de punto del tope puede ser coincidencia, negociación al límite o planeación de la adición; el texto no lo dice y nosotros tampoco. Después vinieron adiciones que llevaron el total a 57,6 % en pesos. Como el tope se mide en salarios mínimos y el salario mínimo subió, la cifra en pesos puede superar el 50 % y seguir dentro de la ley. Una aproximación nuestra con los salarios mínimos oficiales deja la suma alrededor del 50 %, entre 49,9 % y 51,9 % según la fecha de cada adición, que no conocemos. No es concluyente. Por eso los cálculos hay que pedirlos, no suponerlos.
Un país con las cárceles llenas
Contra ese costo, ponga usted el contexto del país. En marzo de 2026 Colombia tenía 102.949 personas privadas de la libertad para 81.025 cupos: hacinamiento de 27,1 %, según datos de la Contraloría publicados por El Tiempo. Faltan 21.924 cupos. Renacer aportará 1.974, es decir, el 9 % de lo que falta. En los cuatro años anteriores el sistema sumó apenas 378 cupos mientras la población presa creció en 6.246 personas. Con esa aritmética, cada mes de retraso de una obra de esta escala no se pierde en un cronograma: se convierte en personas que duermen donde no cabe nadie más y en un déficit de unos 12.000 guardianes que tampoco se resuelve con cemento.
El ciclo de suspensiones y adiciones, con fechas
Reconstruyamos ahora el ciclo con fechas, porque las fechas son lo único que estos documentos no dejan negociar. La obra arrancó en febrero de 2020, con un plazo de 32 meses distribuido en tres fases. Ese año, integrantes del pueblo chimila Ette Ennaka denunciaron que se había firmado el acta de inicio sin consulta previa; en el predio de 185,7 hectáreas hay tres sitios que consideran sagrados. El propio contratista dice hoy que tuvo que gestionar esa consulta, los permisos ambientales, el agua y el reajuste de los estudios y diseños que le entregó la Uspec. En abril de 2021, la Contraloría auditó el contrato: 3,26 % de avance en la fase dos, documentos sin publicar en SECOP II y un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, trasladado a la Procuraduría. Ese mismo año llegó el sexto otrosí. Seis modificaciones a una obra que, un año después de empezar, apenas tenía 3,26 % de avance en su segunda fase.
El ciclo sigue. El 20 de diciembre de 2022 los trabajadores dejaron de ir a la obra, en lo que iban a ser 45 días de pausa por el orden público y el clima. En 2023, la Contraloría encontró que no se hicieron estudios previos para las comunicaciones ni diseños de factibilidad y expansión de la red eléctrica externa, y advirtió que una suspensión de más de cinco meses generaba “alta posibilidad” de mayores costos por el deterioro de materiales y equipos. El Tiempo registra una suspensión formal en septiembre de 2023, motivada, según un informe de la Defensoría remitido a la Corte, por un atentado atribuido al Clan del Golfo contra el personal de la obra y la interventoría. Las fuentes no concilian esas dos fechas, y esa diferencia es un dato que la Uspec debe aclarar con actas. El contratista afirma que la suspensión llegó cuando llevaban 28 % de la obra y duró unos 14 meses.
Las alertas de la Procuraduría y la Corte
En agosto de 2024 le tocó a la Procuraduría. Con un avance de 34,94 %, advirtió un “grave riesgo de detrimento al patrimonio del Estado” sobre 291.497 millones, entre obra e interventoría. El CONPES 4082 de 2022 había previsto que el establecimiento operara en 2024; la Uspec lo reprogramó para 2026. En 2025, una auditoría de cumplimiento de la Contraloría delegada para el sector Justicia encontró “debilidades sustanciales en la planeación integral del proyecto”, con cronogramas incumplidos y subestimación de costos. La Corte Constitucional fue más lejos: las entidades no previeron los riesgos de seguridad, de disponibilidad presupuestal ni de licencias ambientales, “todos los cuales se materializaron durante la ejecución del contrato”.
La Uspec constituyó el rezago de 2024 bajo la modalidad de “valor líquido cero” y omitió las actuaciones ante el Ministerio de Hacienda y el CONFIS. “Ningún correctivo ha sido acreditado ante esta Sala.”
Corte Constitucional, según documentos citados por El Tiempo
Traducción para quien no vive entre resoluciones. La obligación del contrato pasó de un año al siguiente sin dinero disponible detrás. El contrato seguía vivo. La plata para pagarlo, no. Y el contratista lo cuenta desde su orilla: que en el gobierno anterior “no había ni un peso para cárceles”, que empezaron a tener problemas de caja, que los desembolsos mensuales no entraban. Esa versión es suya y debe leerse como tal; lo que sí confirman los documentos de la Corte es que la desarticulación presupuestal entre la Uspec y Hacienda convirtió la falta de caja en un obstáculo constitucionalmente inadmisible.
La explicación del contratista
El contratista ofrece una explicación de las adiciones que también debe constar. Dice que el aumento de 183.000 a 289.000 millones se debió a que les pidieron construir dos espacios para talleres de resocialización que no estaban en el contrato, y que la adición de 43.000 millones responde a la dotación de los espacios del penal, que tampoco estaba contemplada al inicio. Dice además que prevé terminar en el primer semestre de 2027. Son explicaciones plausibles y verificables. Si dos talleres justifican 105.771 millones, el expediente debe mostrarlo con planos, presupuestos y aprobaciones. Si no los justifican, la Uspec debe explicar qué más se pagó. El oficio de la propia entidad dice que las adiciones no tenían documentada su especificación técnica y financiera. Entre una explicación oral y una ausencia documental, gana el documento.
Lo que cambió desde 2023
Aquí aparece el dato que la versión de 2023 no podía contar y que esta debe contar. Con 34,94 % en agosto de 2024, la obra llegó a 86 %, e incluso 88 % según otras fuentes oficiales, en unos dos años. El contratista atribuye el impulso a la Corte, que ayudó, dice, con los desembolsos. Es más de medio centenar de puntos porcentuales cuando por fin llegó la caja. Ese salto sugiere que el cuello de botella nunca fueron las excavadoras. Fue el flujo de dinero y la planeación previa. Lo primero se puede arreglar con una orden judicial. Lo segundo ya ocurrió y tuvo un costo que alguien debe explicar.
Conviene hacer balance de lo que dijimos en 2023. Acertamos en la alerta y fallamos en el pronóstico. Dijimos que la obra estaba en riesgo por planeación y por suspensión, y la Contraloría, la Procuraduría y la Corte lo confirmaron después. Dijimos que estaba a punto de fracasar, y hoy va en 86 %. Mezclamos además cifras que no debimos mezclar, como el costo de la cárcel salvadoreña, y lo corregimos al final de esta nota. Un medio que actualiza sus alertas con la misma dureza con que las lanzó gana algo que casi ningún contrato público tiene: cuentas que cuadran con el paso del tiempo.
Nadie ha pagado una multa
Pasemos a las multas de la megacárcel de Sabanas de San Ángel. La Ley 1474 de 2011 (artículo 86) faculta a las entidades a imponer multas por incumplimiento, previo debido proceso. El Tiempo estableció que, con 49 meses de retraso, no hay multas ni sanciones. El representante del consorcio, Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, explica por qué: los retrasos, afirma, no son atribuibles a ellos. Si tiene razón, y los documentos oficiales sobre planeación deficiente lo respaldan en buena parte, entonces el retraso es del Estado. Y ahí está el problema de fondo: un retraso del Estado sin ningún responsable identificado. En las fuentes públicas que revisamos no aparece ningún proceso de responsabilidad fiscal ni disciplinaria que responda por esos 49 meses.
El Mecanismo Invisible
Aquí opera el Mecanismo Invisible. Quien planea es una entidad, quien paga es otra, quien vigila es una tercera, y quien ejecuta cobra las adiciones. El costo del retraso se reparte entre todos los contribuyentes, y lo que se reparte entre todos no lo paga nadie. Cuando una obra pública como la megacárcel de Sabanas de San Ángel se demora por la planeación de la entidad contratante, el sistema no tiene un botón para cobrar esa falla: no se multa al contratista porque no es culpable, y no se sanciona al funcionario porque la falla es colectiva, difusa y con fecha de vencimiento en el siguiente gobierno. Nadie roba. Todos gastan. Y el ciclo continúa.
Tres gobiernos, una misma obra
Hablemos de gobiernos, con simetría. El contrato se adjudicó en el de Iván Duque. El contratista dice que en el de Gustavo Petro se cortó la caja. Hoy el presidente Abelardo De La Espriella ordena a la directora de la Uspec, Isadora Fernández, acelerar la obra, y su Gobierno prioriza la megacárcel de Sabanas de San Ángel dentro de su ofensiva contra estructuras criminales. Tres gobiernos, tres discursos y un mismo expediente. Hay además una contradicción que hoy nadie ha resuelto en público. Fuentes oficiales citadas por City TV dicen que el Gobierno aseguró los recursos; el contratista dice que la adición de 43.000 millones no ha sido aprobada y “está en trámite”. Ambas afirmaciones son difíciles de conciliar, y alguien debe aclararlas con documentos.
La megacárcel de Sabanas de San Ángel tampoco es un caso aislado. La Procuraduría reportó en 2024 que la cárcel de Riohacha iba en 48,14 % de ejecución y que entre Magdalena y La Guajira había más de 400.000 millones de pesos comprometidos. Nuestra nota de 2023 ya señalaba que el proyecto de El Pílamo, en Risaralda, iba en 21 % y que los de Pereira y Riohacha estaban en vilo. Ese patrón no acredita corrupción en ninguna de las obras. Acredita algo más incómodo: cuando el mismo síntoma aparece en tres departamentos, deja de parecer mala suerte y empieza a parecer método.
La comparación con El Salvador
La comparación con El Salvador, que abrió nuestra nota de 2023, exige cuidado y merece mantenerse. Según su gobierno, el Centro de Confinamiento del Terrorismo se levantó en unos siete meses para 40.000 personas. Son cifras autorreportadas, y organizaciones de derechos humanos cuestionan las condiciones de encierro y la densidad de ese modelo. Nuestra conclusión de entonces se mantiene solo como escala: por cupo, la obra salvadoreña costó una fracción de la colombiana, y Renacer lleva más de seis años y nueve meses desde su adjudicación. No proponemos copiar ese modelo. Proponemos preguntar por qué una obra de 1.974 cupos, en un país con marco legal, órganos de control y una Corte que vigila, tarda casi ocho años en lograr lo que otro gobierno promete en meses.
El costo humano y local
Ahora, el costo humano y local de la megacárcel de Sabanas de San Ángel, que es el que no sale en los oficios. Sabanas de San Ángel espera desde 2019 una obra que le prometieron para 2022. En 2023, personal de obra e interventoría fue amedrentado por el Clan del Golfo. La vía que conecta el lote con la Ruta del Sol resultó dañada por la ola invernal y aún requiere mejoras; el Departamento apenas comienza los estudios. Los materiales y equipos instalados y no instalados llevaron años a la intemperie, y la Contraloría advirtió desde 2023 que su deterioro exigiría más recursos. Según la denuncia de los chimilas, la consulta previa debió hacerse antes del acta de inicio, no durante la obra. El costo de un mal comienzo lo pagan siempre los mismos: los de la periferia.
Que una Corte tenga que imponer seguimiento mensual mientras se construye y trimestral cuando opere no es un elogio al sistema. Es su diagnóstico. Cuando la planeación ordinaria falla, la justicia constitucional termina haciendo de gerente de obra, con el costo institucional de que los jueces no tienen equipos de ingeniería ni de presupuesto. Y la dignidad de más de cien mil personas presas queda a merced de un cronograma que ninguna autoridad administrativa ha querido asumir como propio.
Las preguntas que hay que hacer hoy
Por eso, en lugar de acusar, corresponde ordenar las preguntas que un ciudadano, un concejal, un diputado o un periodista pueden hacer hoy, con nombre de oficio y fecha de respuesta. Primera: ¿cuál es la justificación técnica y financiera de cada una de las tres adiciones, que la propia Uspec reconoció como no documentada? Segunda: ¿cuál fue el cálculo en salarios mínimos que verificó el tope del 50 % del artículo 40 de la Ley 80? Tercera: ¿se abrió algún proceso de incumplimiento con base en el artículo 86 de la Ley 1474 y, si no, por qué? Cuarta: ¿qué pasó con el rezago de 2024 y quién gestionó la disponibilidad ante Hacienda y el CONFIS? Quinta: ¿están publicados en SECOP II todos los otrosíes y actas de suspensión, algo que la Contraloría echó de menos en 2021?
Lo que los documentos no prueban
Nada de lo publicado hasta hoy prueba un acto de corrupción por parte del consorcio ni de funcionarios de la Uspec. Lo que existe son documentos oficiales que describen falencias de planeación, adiciones sin sustento documentado, retrasos que se acumulan y ausencia de consecuencias. Eso es una hipótesis de investigación, y como tal se trata: con presunción de inocencia, con derecho de réplica y con datos. También lo es que la obra, después de años detenida, hoy avanza. Los dos hechos son verdad al mismo tiempo, y quien elija solo uno miente por omisión. Los ciudadanos merecen ambos, no solo el que conviene a un bando.
La trampa del final feliz
La cárcel se va a terminar. Muchas obras públicas se terminan, tarde y más caras. Esa es la trampa. El final feliz sirve de coartada para no cobrar el trayecto: cuando alguien corte la cinta, los 49 meses, los 105.771 millones y las cinco preguntas sin respuesta pasarán a llamarse anécdota. Los 1.974 cupos alcanzarán para el 9 % del déficit, y el 91 % restante seguirá esperando otra megacárcel con otro ciclo. La pregunta que le dejamos a usted no es si Renacer va a abrir. Es cuántas veces más el país va a pagar por planear mal y después celebrar que terminó.
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