El Roble (Sucre): La gestión de Carlos Salgado Atencio califica REGULAR 5,2/10 🟡, con un mediocre examen del Estado

Apertura

Nos encontramos en el municipio de El Roble, en el occidente del departamento de Sucre, subregión de Sabanas, un pueblo de 10.437 habitantes según el diagnóstico de su propio Plan de Desarrollo, de vocación ganadera, de hamacas artesanales, de queso y de leche, y con una historia que pesa: hace dos décadas mataron aquí a un alcalde, Eudaldo Díaz Salgado, y en mayo de 2023 la Dijín capturó al alcalde en ejercicio, Serguey Alfredo Vergara Vergara, por un contrato de jagüeyes de $ 778 millones que, según la Fiscalía, nació sin estudios de suelos ni permisos. Vamos a auscultar la gestión municipal de El Roble, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Carlos Alberto Salgado Atencia (movimiento «De la Mano con el Pueblo»), posesionado el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 3.494 votos (44,50 %) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los formularios CUIPO y FUT del CHIP, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el SECOP, el Plan de Desarrollo «De la mano con el pueblo» y la prensa regional y nacional.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. El Roble llegó a 2024 con el alcalde anterior investigado por contratación y con un electorado que votó por cambio. Lo que encontramos es una administración que recauda más, que invierte el 90 % de lo que compromete y que paga casi todo lo que obliga, pero que saca 48,39 puntos sobre 100 en el examen institucional del Estado, que endeudó al municipio hasta $ 4.312,9 millones en 2025 con tasas de IBR más 8,37 y 9,26 puntos, que depende en un 87 % de la Nación y que, según la Defensoría del Pueblo, dejó a 67 familias desplazadas de Tierra Santa regresar sin apoyo institucional.

¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? Esa pregunta persigue a este análisis. Adelantamos el resultado: 5,25 sobre 10, Regular 🟡 VIGILAR. Hay orden en la caja, desorden en el examen del Estado y un vacío de evidencia en lo que más le duele a la gente: agua, salud y seguridad.

Cruzamos cinco fuentes independientes: CHIP-CUIPO, FUT y SGR (Contaduría General de la Nación), FURAG 2025 (Función Pública), el Plan de Desarrollo publicado en el portal de la Alcaldía, los resultados electorales de La República y la Registraduría, y la prensa (El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, El Meridiano) junto con la Defensoría del Pueblo. Cada cifra tiene fuente. Donde la fuente no alcanza, lo decimos.

El municipio y el plan «De la mano con el pueblo»

El Roble se segregó de Corozal y San Benito Abad en 1998, cumple funciones desde el año 2000 y es municipio de sexta categoría según la Ley 617 de 2000. Su territorio de 201 kilómetros cuadrados tiene 11 corregimientos y 2 veredas; el 58,4 % de la población vive en el campo. No figura entre los municipios PDET en las fuentes consultadas; la confirmación final corresponde a la Agencia de Renovación del Territorio.

El Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027, publicado en el portal de la Alcaldía el 2 de julio de 2024, organiza la promesa en tres ejes: equidad y justicia social (salud, educación, agua y saneamiento, deporte), productividad (comercio, cultura, desarrollo rural, ambiente) y un municipio eficiente, seguro y conectado (seguridad, gobierno efectivo, gestión del riesgo, transporte). El diagnóstico reconoce una afiliación al sistema de salud de 82,77 %, por debajo de los promedios departamental y nacional, una mortalidad infantil de 16,8 por mil nacidos vivos, una fecundidad adolescente de 86,65 por mil y un índice de detección de desnutrición de 58,05 %. Las mesas de participación pusieron sobre la mesa la falta de programas deportivos y de inclusión, el consumo de sustancias en los jóvenes, el desempleo y el déficit de infraestructura rural. La meta más concreta que encontramos: llevar la cobertura en salud de 82,7 % a 95 %, rehabilitar cuatro puestos de salud rurales y construir dos nuevos.

Sobre esa promesa escrita examinamos los hechos.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología de corrupcionaldia.com, la misma de Toluviejo, Agua de Dios y La Vega. Seis componentes, cada uno de 0 a 10, ponderados según su peso. La escala no es absoluta: un 7,0 en El Roble no equivale a un 7,0 en Bogotá, pero la transparencia y la legalidad se exigen igual en todas partes.

Tabla 1. Escala de calificación

Tabla 2. Componentes y pesos

Regla del Prevaricato por Omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, desarrollamos el análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, lo omitimos por lógica metodológica y lo decimos.

Componente 1 (25 %): FURAG, puesto 21 entre 26 alcaldías de Sucre

El Índice de Desempeño Institucional 2025, publicado por la Función Pública el 17 de junio de 2026, mide 1.102 alcaldías (1.099 con puntaje legible en el archivo oficial). La Alcaldía de El Roble obtuvo 48,39 puntos. Para dimensionarlo:

• Puesto 21 entre las 26 alcaldías de Sucre. Solo cinco puntúan peor: Galeras (49,69) queda apenas por encima; San Luis de Sincé (46,87), Sucre (44,86), San Pedro (42,10), Caimito (39,85) y Guaranda (37,07) quedan por debajo.
• A nivel nacional, 95 alcaldías puntúan peor que El Roble y 1.003 puntúan mejor. La mediana nacional es 71,27: El Roble está 22,9 puntos por debajo.
• En su grupo par (Grupo 4, 393 alcaldías), cuya mediana es 68,94, queda 20,6 puntos por debajo.
• Las mejores de Sucre: Coveñas (85,98), Santiago de Tolú (78,61), Ovejas (76,12) y Buenavista (76,07). Toluviejo, vecina y referencia de nuestra serie, saca 64,74. Solo 24 alcaldías del país superan 95; encabeza Funza con 98,90.

El FURAG no mide obras. Mide si la entidad tiene planeación, talento humano, gestión documental, control interno, transparencia, servicio al ciudadano y gestión presupuestal funcionando según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Un 48,39 significa que la Alcaldía responde al Estado con procesos a medias. Es la nota de un estudiante que asiste a clase, pero no entrega la mitad de las tareas. En un municipio que llegó a 2024 con el antecedente de contratación investigada por la Fiscalía, esa debilidad administrativa no es un detalle técnico: es la puerta por donde entran los contratos sin estudios.

Calificación componente 1: 4,84/10, Mediocre.

Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea

Los números, esos testigos mudos que nunca mienten, cuentan una historia de crecimiento con una letra menuda que hay que leer.

Tabla 3. Ingresos recaudados por fuente (millones de pesos)

Fuente: CHIP-CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y SGR Ejecución de Ingresos, DIC A DIC 2024 y 2025, según consolidado de ingresos aportado para esta investigación.

Tres lecturas forenses.

Primera: el esfuerzo propio casi se duplicó, pero nadie explica de dónde salió. Los tributarios pasaron de $ 2.155,2 millones a $ 4.132,2 millones y su peso en el recaudo subió de 6,7 % a 10,4 %. El predial, sumando casco urbano y rural, pasó de $ 50,1 millones a $ 101,4 millones (+102 %); la línea de industria y comercio comercial pasó de $ 181,1 millones a $ 198,7 millones (+9,7 %). Sumadas, esas dos líneas explican apenas $ 300 millones de los $ 4.132 millones tributarios de 2025. Quedan $ 3.832,1 millones (92,7 %) en rubros que los consolidados no detallan, frente a $ 1.924,0 millones (89,3 %) en 2024. Una de las cifras que circularon en el análisis previo atribuía al impuesto de industria y comercio un salto de 91,5 %; al rehacer la cuenta comprobamos que ese número es un residuo (tributarios menos predial), no una línea reportada. La pregunta queda abierta y es de la Secretaría de Hacienda: ¿qué impuesto, tasa o contribución explica $ 3,8 mil millones de recaudo en un municipio de 10.437 habitantes? Con un predial de $ 101 millones, que equivale al 0,25 % del recaudo total, el catastro rural sigue siendo la deuda pendiente.

Segunda: la dependencia de la Nación sube, no baja. Transferencias más regalías representaron el 85,6 % del recaudo en 2024 y el 87,0 % en 2025. Por cada $ 100 que entran a la caja, $ 87 llegan por decisión del Gobierno Nacional. Incluso restando el paso directo de ADRES, que entra y sale sin tocar la inversión local, la dependencia estimada es 79,6 % en 2024 y 82,9 % en 2025. Un segundo consolidado de ingresos aportado para esta investigación reporta recaudos totales distintos ($ 29.847,9 millones y $ 34.576,2 millones); con esas bases la dependencia oscila entre 80,1 % y 85,6 % en 2024 y entre 87,0 % y 87,3 % en 2025. Bajo cualquiera de las dos lecturas, la conclusión de 2025 se sostiene: el municipio vive de lo que gira Bogotá.

Tercera: el gasto.

Tabla 4. Ejecución de gastos (millones de pesos)

Fuente: CHIP-CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, Vigencia Actual, y SGR Ejecución de Gastos.

La inversión representa el 89,8 % del gasto comprometido en 2024 y el 91,5 % en 2025; el funcionamiento baja de 9,7 % a 8,2 %. En un municipio de sexta categoría, una inversión por encima del 60 % a 75 % es la norma, no un heroísmo, y aun depurando el paso directo de ADRES la inversión estimada sigue en 84,4 % y 88,7 %. El funcionamiento creció 19,7 % en 2025 (de $ 2.633,9 a $ 3.154,5 millones), un ritmo cinco veces menor que el del recaudo propio, una proporción razonable. La cifra de ingresos corrientes de libre destinación que trae el consolidado ($ 2.155,2 millones en 2024) coincide exactamente con los tributarios, lo que indica que no incorpora la parte de libre destinación del SGP de propósito general; por eso no calculamos con ella el límite de la Ley 617 y dejamos ese indicador para la certificación de la Contraloría.

El deterioro está en la segunda mitad de la cadena presupuestal.

Tabla 5. Lo comprometido que no se convirtió en pago (millones de pesos)

Al cierre de 2025 quedaron $ 5.116,5 millones comprometidos y sin pagar, más del doble que un año antes. Los formularios de reservas presupuestales y cuentas por pagar, que cuentan cómo se cerró esa brecha, no fueron aportados; sin ellos no podemos decir si esos $ 4.000 millones sin obligar son obras en marcha o compromisos sin respaldo. La Alcaldía arranca 2026 con esa deuda de caja a cuestas.

Puntaje: base 5,0; inversión superior al 75 % (+1,5); pagos sobre obligaciones superiores al 95 % (+1,0); deuda pública dentro de parámetros de la Ley 358 según nuestra aproximación por saldo frente a ingresos corrientes (+0,5); dependencia de transferencias superior al 85 % (-1,0); ajuste editorial -0,5 por el deterioro verificable de la ejecución (pagos sobre compromisos de 91,3 % a 86,7 %, compromisos sin obligar de 6,3 % a 10,4 %). Total: 6,5.

Calificación componente 2: 6,50/10, Regular.

Deuda pública, vigencias futuras y regalías: el crédito que no cuadra

Deuda. El Roble tiene dos créditos de infraestructura vial (sector Transporte), ambos garantizados con pignoración de recursos del SGP de propósito general:

Tabla 6. Créditos registrados en el FUT

El saldo de la deuda pública cerró 2024 en $ 2.787,0 millones. En 2025 el municipio recibió un desembolso de $ 4.072,6 millones y pagó $ 246,8 millones de intereses; el saldo cerró en $ 4.312,9 millones. Con esas cuatro cifras la aritmética no cierra: 2.787,0 más 4.072,6 menos 4.312,9 deja una reducción implícita de capital de $ 2.546,8 millones en 2025, mientras el servicio de la deuda obligado en el formulario de gastos fue de apenas $ 97,1 millones, una cifra menor que los intereses reportados en el FUT. O se pagó o refinanció capital por más de $ 2,5 mil millones sin que aparezca en el gasto, o el saldo reportado es incorrecto. Esa es la anomalía financiera más grave que encontramos y tiene una sola respuesta posible: que la Alcaldía publique el certificado de saldos de ambos créditos y el acuerdo del Concejo que autorizó cada operación.

Otros datos que el lector debe conocer. Los diferenciales de 9,26 y 8,37 puntos sobre el IBR son altos frente a lo que suele ofrecer la banca a entes territoriales con pignoración; no afirmamos sobreprecio, exigimos que se publiquen las ofertas comparadas. El saldo de $ 4.312,9 millones equivale al 12,8 % de los ingresos corrientes (tributarios más transferencias), muy lejos del techo de sostenibilidad de la Ley 358, pero al 104 % de los tributarios propios, lo que significa que el municipio debe más de lo que recauda con su propio esfuerzo. Y pignoró el 53 % del SGP de propósito general ($ 10.026,0 millones en 2025) para respaldar un servicio de la deuda que el formulario de gastos reporta en $ 97,1 millones: una garantía holgada que compromete margen de maniobra por cinco años.

Vigencias futuras. Los formularios FUT_VIGENCIAS_FUTURAS de 2024 y 2025 reportan $ 0. Lo leemos como disciplina, pero también como falta de planeación plurianual: el municipio comprometió $ 3.440,5 millones de regalías en obras de vías, alcantarillado y plantas de tratamiento que, por su naturaleza, cruzan vigencias, y aun así no autorizó una sola vigencia futura.

Regalías. El Sistema General de Regalías giró a El Roble $ 4.710,0 millones en 2024 (asignaciones directas $ 758,7 millones, asignación para la inversión local $ 2.058,5 millones, asignación para la paz $ 1.892,8 millones) y $ 5.182,8 millones en 2025 (asignaciones directas $ 2.092,0 millones, inversión local $ 3.030,3 millones, funcionamiento de las secretarías técnicas $ 60,5 millones). Sumados, $ 9.892,7 millones en dos años. Comprometió $ 6.414,0 millones; quedan $ 3.478,7 millones (35,2 %) sin comprometer. En 2024 los recursos fueron a proyectos de minas y energía (unidades de generación fotovoltaica) y educación, con pagos del 100 % de lo comprometido. En 2025 los proyectos pasaron a transporte (vías urbanas) y vivienda, ciudad y territorio (alcantarillado y plantas de tratamiento).

Aquí hay un punto que exige verificación oficial antes de sacar conclusiones. Un consolidado registra pagos de regalías en 2025 por $ 3.139,2 millones (91,2 % de lo comprometido); otro reporta compromisos de $ 3.252,0 millones con pagos de solo $ 203,2 millones (6,2 %). Si se confirma la segunda lectura, el municipio habría comprometido $ 3,25 mil millones en obras que a diciembre de 2025 apenas habían movido el 6 % de la plata: el patrón clásico de la obra que existe en el papel y espera en el terreno. Nuestra regla forense pide separar siempre lo comprometido de lo pagado; aquí la diferencia entre 91 % y 6 % exige abrir el formulario de gastos SGR y leerlo línea por línea. El contexto también pesa: en 2020 la Contraloría encontró hallazgos fiscales por $ 18.407 millones en la vía Tablitas-San Marcos, que incluía a El Roble, por manejo irregular de anticipos y falta de licencias ambientales. Es una administración anterior y no se le atribuye a este alcalde, pero explica por qué cada peso de regalías en este municipio exige vigilancia.

Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo, cinco problemas y cinco veredictos

Identificamos cinco problemas que la comunidad puso sobre la mesa en el diagnóstico participativo y en el reporte de prensa, y que el plan se comprometió a resolver. A cada uno le contrastamos evidencia documental disponible. Una advertencia de método: no localizamos el Plan de Acción 2025 ni informes de avance por meta; la evidencia de ejecución proviene del CHIP, del SECOP (vía buscadores públicos) y de la prensa.

Tabla 7. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, avance y calificación

Agua: el problema más viejo, el más prometido, el menos medido. El Roble conoce la sed. La contratación de ocho jagüeyes de 2019 terminó en una investigación penal contra el entonces alcalde y su secretario de planeación. El plan de 2024 pone el agua en el eje 1, pero el extracto disponible no trae línea base de cobertura de acueducto ni meta de alcantarillado. Un compromiso sin indicador no se puede incumplir porque no se puede medir, y esa es justamente su utilidad política.

Vías: la plata sí está, la prueba física no. El municipio se endeudó por $ 7.572,6 millones en dos créditos de Transporte y dedicó regalías de 2025 a vías urbanas. El dato tangible que falta son los kilómetros. Hasta que la Alcaldía publique cuántos metros de pavimento o placa huella se entregaron, la inversión queda como gestión, no como logro.

Seguridad: el indicador que no cuadra con el resto. La Defensoría del Pueblo emitió el 30 de enero de 2026 la Alerta Temprana 002 sobre El Roble: presencia del Ejército Gaitanista de Colombia en zona rural y en el casco urbano, cuatro homicidios y un atentado contra una lideresa rural de El Sitio en tres meses, reclutamiento de menores, amenazas a comerciantes y servidores públicos. Sesenta y siete familias huyeron de Tierra Santa y, según la alerta, cerca del 90 % volvió sin apoyo institucional. El municipio es paso estratégico entre el sur y los puertos del Caribe, según el propio documento. La Defensoría dirigió quince recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales. No encontramos respuesta pública de la Alcaldía, consejo de seguridad documentado ni plan de contingencia publicado. Es la calificación más baja del componente.

Salud: un plan con una meta honesta y ningún contrato visible. Subir la afiliación de 82,7 % a 95 % es una meta que se mide y que se puede auditar. Pero los giros del SGP Salud bajaron 2,1 % en 2025 y no encontramos contratos de rehabilitación de los cuatro puestos rurales.

Empleo y desarrollo rural: la promesa sin número. La economía local es ganadería extensiva, leche, queso, yuca, ñame y hamacas. El plan incluye el sector de desarrollo rural, pero sin metas cuantificadas de empleo en el extracto revisado. La única inversión verificable es la de generación fotovoltaica con regalías de 2024.

Calificación componente 3: 4,40/10, Mediocre.

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP)

La Alcaldía de El Roble figura en los buscadores públicos de SECOP I y II con más de mil procesos históricos, entre ellos la ampliación de tubería de acueducto urbano, vías internas de acceso, el mantenimiento del tramo de la vía Apartada, la renovación de sectores urbanos y contratación de profesionales, además de procesos de alimentación escolar y obra de pavimentación. Esos buscadores permiten ver el objeto; el detalle por modalidad, valor adjudicado y número de proponentes exige acceso pago o la consulta directa de los conjuntos de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente. No pudimos completar esa auditoría contrato por contrato.

Por eso este componente queda como calificación provisional. Puntaje: base 6,0; sin evidencia verificable de licitaciones competitivas en los contratos mayores (0), sin evidencia verificable de publicación proactiva (0); ajuste editorial -0,5 por no poder auditar modalidades y concentración en los procesos financiados con crédito y regalías. Total: 5,5.

Le pedimos a la Alcaldía publicar, para cada contrato de infraestructura mayor a $ 500 millones de 2024 y 2025, la modalidad, el número de proponentes, el interventor y el porcentaje de avance físico. Un municipio que recibió contratos de jagüeyes sin estudios de suelos en 2019 tiene una obligación adicional de mostrar el papel.

Calificación componente 4: 5,50/10, Regular.

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Tabla 8. ODS priorizados y evidencia

El Roble cumple los ODS en la medida en que gira recursos y falla donde se exige resultado medido: paz e instituciones sólidas marcan el piso con 3,0.

Calificación componente 5: 4,40/10, Mediocre.

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

No encontramos, en los medios consultados, olas de protesta contra la administración en 2024 ni 2025. Tampoco encontramos titulares de crisis de servicios atribuidos directamente al alcalde. Sí encontramos la Alerta Temprana de la Defensoría, que titulares nacionales replicaron el 30 de enero de 2026 y que describe una comunidad que siente el abandono en seguridad. Y encontramos, en el lado positivo, la presentación pública de logros de la vigencia 2024 que registró El Meridiano el 30 de agosto de 2025, lo que indica ejercicio de rendición de cuentas.

Puntaje: base 7,0; titulares de crisis de seguridad y atención a víctimas con llamado de la Defensoría (-1,5); rendición de cuentas de la vigencia 2024 documentada en prensa regional (+0,5). Total: 6,0.

Calificación componente 6: 6,00/10, Regular.

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 9. Cálculo desarrollado

Veredicto: 5,25/10, Regular 🟡 VIGILAR. Sin redondeo editorial: el número queda donde cae. La caja aprueba; el Estado y la comunidad, no. El Roble recauda, invierte y paga, pero el examen institucional lo ubica entre los 100 peores del país, la deuda crece sin que el gasto la refleje, y el indicador de paz es el más frágil de todos.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 del Código Penal)

La calificación final es inferior a 6,9. Activamos el análisis del artículo 414 de la Ley 599 de 2000: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones» incurre en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13,33 a 75 salarios mínimos mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. La demostración del dolo excede lo periodístico y corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Tabla 10. Elementos del tipo penal frente a la evidencia

Omisión documentada 1: atención a la población desplazada. La Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 ponen en cabeza de las alcaldías la atención humanitaria inmediata y la prevención del desplazamiento. La Defensoría documentó el hecho (septiembre a diciembre de 2025), emitió la alerta el 30 de enero de 2026 y señaló que cerca del 90 % de las familias regresó sin apoyo institucional. No encontramos comunicado de la Alcaldía, consejo de seguridad o plan de contingencia publicado. Si existen, la Alcaldía tiene la carga de mostrarlos. Si no existen, el deber de actuar no se cumplió.

Omisión documentada 2: planeación presupuestal. Al cierre de 2025 había $ 3.996,7 millones comprometidos sin obligar y ninguna vigencia futura autorizada, aunque las obras de regalías y crédito cruzan vigencias. El Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003 exigen constituir reservas o autorizar vigencias futuras con respaldo. Sin los formularios de reservas y cuentas por pagar no podemos afirmar que se incumplió; lo señalamos como hallazgo a examinar.

Omisión documentada 3: transparencia de la deuda. Los saldos del FUT no concilian con el gasto del servicio de la deuda. La Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003 exigen autorización del Concejo y análisis de capacidad de pago antes de contratar crédito. No encontramos los acuerdos que autorizaron las operaciones con FINDETER y BBVA; pedimos su publicación.

Regalías. Si se confirma que en 2025 solo se pagó el 6,2 % de lo comprometido en proyectos SGR, el municipio queda expuesto a las alertas del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR, que puede suspender giros a entidades con proyectos rezagados. Esa exposición es un riesgo fiscal para la comunidad.

Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. No encontramos evidencia de contratos adjudicados con interés indebido ni de ventajas a particulares durante 2024 y 2025. El antecedente de 2019 pertenece a la administración anterior y se investiga en la justicia ordinaria. No lo atribuimos al alcalde actual.

Conclusión jurídica. Hay omisiones documentadas que merecen examen disciplinario por la Procuraduría y control fiscal por la Contraloría de Sucre: la atención al desplazamiento y la conciliación de la deuda. No hay, con la evidencia abierta, prueba de dolo. Eso le corresponde a la justicia.

Lo que hizo bien / Lo que falta

Lo que hizo bien. Aumentó el recaudo total 23,2 % y duplicó el tributario. Mantuvo la inversión por encima del 89 % del gasto comprometido. Pagó el 96,7 % de lo obligado en 2025. Cumplió con la ejecución de regalías de 2024 al 100 %. Redujo el peso de los gastos de funcionamiento. Rindió cuentas de 2024 en público. Y no encontramos, en las fuentes consultadas, escándalos de contratación propios de este período.

Lo que falta. Un certificado de saldos que cuadre con el servicio de la deuda. El acuerdo del Concejo que autorizó cada crédito. El desglose de los $ 3,8 mil millones de tributarios sin detalle. La lectura línea por línea del gasto de regalías de 2025. Un plan de atención para Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal. Indicadores de línea base en agua y alcantarillado. Y un FURAG que deje de ser el de los 100 peores del país.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

El Roble eligió en octubre de 2023 a un alcalde nuevo, meses después de la captura del anterior. La gente votó por un pueblo sin jagüeyes fantasma, sin contratos sin estudios y sin miedo. Dos años después, la caja es ordenada y la deuda crece; el examen del Estado se queda en 48,39; y 67 familias aprendieron que huir de Tierra Santa y volver sin ayuda pasó a ser parte del paisaje.

¿De qué sirve cuadrar el presupuesto si el pueblo al que sirve sigue sin agua medida, sin salud ampliada y sin un Estado que lo acompañe cuando tiene que salir corriendo?

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales y de prensa

• CHIP, Contaduría General de la Nación: CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (2024 y 2025); FUT_DEUDA_PUBLICA; FUT_VIGENCIAS_FUTURAS; SGR Ejecución de Ingresos y de Gastos, según los consolidados financieros aportados. https://www.chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano
• Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional 2025, territorio, 17 de junio de 2026.
• La República, resultados de las elecciones territoriales de 2023, El Roble (Sucre). https://www.larepublica.co/elecciones-territoriales-2023/resultados-alcaldia/sucre/el-roble
• Alcaldía de El Roble, Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «De la mano con el pueblo». https://www.elroble-sucre.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-territorial-el-roble-sucre-20242027
• Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 002 de 2026, El Roble (30 de enero de 2026). https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/el-roble-sucre-necesita-acciones-de-proteccion-urgentes-a-causa-de-la-agudizacion-de-hechos-violentos
• El Heraldo, «La Defensoría del Pueblo alerta sobre desplazamiento masivo en El Roble, Sucre», 30 de enero de 2026.
• El Espectador, «Capturan a alcalde de El Roble (Sucre) en redada contra la corrupción», 13 de mayo de 2023; El Tiempo, «Envían a la cárcel al alcalde de El Roble, en Sucre, por irregularidades en obras», 15 de junio de 2023.
• El Espectador, «Sucre: Contraloría detectó 14 hallazgos fiscales por 36.365 millones en proyectos de regalías», 14 de septiembre de 2020.
• El Meridiano, «Municipio de El Roble avanza en la administración de Carlos Salgado», 30 de agosto de 2025.
• Colombia Licita, procesos SECOP I y II de la Alcaldía de El Roble. https://colombialicita.com/search?entidadA=1266
• Wikipedia, El Roble (Sucre), datos generales del municipio.

Limitaciones

1. Las cifras financieras provienen de dos consolidados de análisis de los formularios CHIP; no se dispuso de los formularios crudos. Los consolidados difieren en el recaudo total (2024: $ 32.353,2 M y $ 29.847,9 M; 2025: $ 39.863,4 M y $ 34.576,2 M), en los compromisos de gasto ordinario y en los pagos de regalías 2025 ($ 3.139,2 M frente a $ 203,2 M). Este artículo usa el primer consolidado como base y señala la discrepancia donde altera una conclusión. Estas cuatro cifras están pendientes de verificación final contra los formularios oficiales del CHIP.
2. Los formularios RESERVAS y CUENTAS POR PAGAR de CUIPO no fueron aportados.
3. El ICLD certificado por la Contraloría no fue aportado; el indicador de la Ley 617 no se calculó.
4. El análisis de SECOP no incluye modalidades, valores adjudicados ni proponentes por contrato; la calificación del componente es provisional.
5. No se localizó el Plan de Acción 2025 ni el acuerdo de adopción del plan; el texto del plan se leyó en extracto.
6. La condición de no PDET se infiere de las fuentes consultadas y debe confirmarse con la ART.
7. La percepción ciudadana se construyó con prensa regional y nacional; no se aplicó encuesta ni se revisaron redes oficiales.
8. La pena del artículo 414 del Código Penal se cita según fuentes jurídicas abiertas y debe verificarse en el texto vigente.

«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia.