Medellín (Antioquia): presume ser el «referente de Colombia», pero su deuda creció 57 % y sus homicidios subieron con Federico Gutiérrez (7,6/10 — BUENO 🟢)

La gestión de Federico Gutiérrez obtiene 7,6/10 (BUENO). No hay delito que imputar bajo la regla del prevaricato por omisión —por ahora—. Pero hay letra chica: $330.400 millones pagados en 2025 por vivir a crédito y una ciudad con más miedo.

Análisis previo del contenido

• Tema principal: evaluación y calificación de los dos primeros años de gobierno (1 de enero de 2024 – 31 de diciembre de 2025) del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, según la metodología de corrupcionaldia.com.
• Actores involucrados: Alcaldía de Medellín (administración central y sus entidades descentralizadas: EPM, EDU, Metro, Inder, ISVIMED, Sapiencia, Metrosalud, hospitales distritales), Concejo de Medellín (autoriza operaciones de crédito y ajustes presupuestales), Departamento Administrativo de la Función Pública (FURAG), Ministerio de Hacienda (marco fiscal y Ley 819 de 2003), Contraloría General de la República y Contraloría de Medellín, banca multilateral y comercial (colocadores de la deuda distrital), y la ciudadanía medellinense.
• Recursos comprometidos: presupuesto distrital ajustado de $10.642.106 millones para 2025; $40,7 billones del Plan de Desarrollo 2024-2027; desembolsos de deuda por $2,19 billones en dos vigencias ($1.193.741 millones en 2024 y $1.000.000 millones en 2025); servicio de la deuda 2025 por $330.400 millones.
• Impacto comunitario: la seguridad —primer problema percibido por los ciudadanos— empeoró (homicidios de 311 a 326); la salud y el empleo siguen en la punta de las preocupaciones; y las obligaciones financieras comprometidas hasta 2030 ($1,78 billones de amortizaciones pendientes) pesarán sobre los presupuestos de administraciones futuras, es decir, sobre el bolsillo del contribuyente medellinense que paga predial e ICA.

ENTRADA

Nos encontramos en el municipio de Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a auscultar la gestión municipal de Medellín, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CUIPO del CHIP, el FURAG de Función Pública, el SECOP, el Plan de Desarrollo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Porque esto no va de aplausos ni de abucheos. Medellín entra en 2026 con el alcalde mejor aprobado del país (80,3 % según Invamer), con un Índice de Desempeño Institucional de 93,93 que la coloca entre las 36 mejores alcaldías de 1.102 evaluadas, y con un discurso de «ciudad referente» que sus hablantes repiten como letanía. Pero entre los formularios oficiales del CHIP aparece otra Medellín: la que desembolsó $2,19 billones de deuda nueva en dos años, la que pagó $204.562 millones de intereses en la vigencia 2025 —más de media maratón de plata que no se construyó en nada—, la que pignoró hasta el 130 % de su renta más productiva (el ICA) y la que le dejará a quien venga una factura de $1,78 billones de amortizaciones entre 2026 y 2030. Más allá de los titulares, esta es la foto completa: lo que se muestra, lo que se financia y lo que se hereda.

El mecanismo expuesto: una contabilidad en dos pisos

Toda evaluación seria empieza por los números que el propio gobierno publica. El CUIPO —Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario— del CHIP, consultado en los formularios de ejecución de ingresos y gastos para las vigencias 2024 y 2025 (DIC A DIC), dibuja un presupuesto en expansión agresiva y, a la vez, extraordinariamente bien ejecutado. En la vigencia 2024 el Distrito comprometió $5.995.499 millones, obligó $5.685.167 millones y pagó $5.668.821 millones; un año después comprometía $7.068.444 millones, obligaba $6.703.651 millones y pagaba $6.698.741 millones. La relación entre pagos y compromisos —la métrica que revela si el presupuesto es papel mojado o plata real— se mantiene en 94,6 % y 94,8 %: cifras de ejecución altísima, comparables con las mejores administraciones del país.

Sobre los ingresos, el segundo piso de la contabilidad también luce sólido. Medellín es, con datos, una de las capitales menos dependientes de la Nación: su arquitectura de recursos descansa sobre el Impuesto Predial Unificado (urbano y rural), el Impuesto de Industria y Comercio —la renta madre del Distrito—, sobretasas y contribuciones (gasolina, bomberil, alumbrado público, contribución sobre contratos de obra pública, sobretasa de solidaridad en servicios públicos) y multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las transferencias del Sistema General de Participaciones llegan con destinación específica —educación, salud, agua potable, propósito general— pero no sostienen la casa: la sostienen los tributos propios. Para el lector que pregunte si Medellín «depende en un 100 % del gobierno central», la respuesta documental es un no rotundo. Ese esfuerzo fiscal local es real y merece reconocerse.

El problema está en el tercer piso, el que no aparece en los avisos institucionales: la escalera que conecta los dos anteriores está hecha de deuda. Y ahí es donde la fotografía oficial empieza a desenfocarse.

La deuda: el mecanismo invisible de una gestión «eficiente»

Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP cuentan una historia que no sale en las cuñas de radio. Al cierre de la vigencia 2023 —el punto de partida de esta administración— el saldo de deuda pública del Distrito era de $1.956.154.000.000. Cerró 2024 en $2.264.989.000.000 millones (+15,8 %) y cerró 2025 en $3.074.004.000.000 (+35,7 % en un solo año). Suma y sigue: el saldo de deuda creció 57 % en los dos primeros años de gobierno. Para dimensionarlo: Medellín desembolsó $1.193.741.000.000 de crédito nuevo en 2024 y exactamente $1 billón en 2025. Dos billones de pesos de deuda nueva en dos años: lo que gastan juntas decenas de alcaldías de grupo 3, 4 y 5 en una década.

¿Y qué se hace con esa plata? Los créditos por sector de la vigencia 2025 entregan la respuesta con precisión quirúrgica: la mayor bolsa autorizada se asocia a sustitución de deuda y operaciones de manejo financiero (rubro «Justicia y del Derecho», 0,99 % de participación registrada), mientras los proyectos concretos se reparten migajas: educación 0,16 % (equipamientos educativos y jardines infantiles), transporte 0,14 % (corredor vial de la Avenida 80, malla vial, ciclorrutas y «Autopistas para la Prosperidad»), deporte y recreación 0,07 %, salud 0,05 %, vivienda 0,02 %, cultura 0,01 %. Traducido al lenguaje de la calle: el crédito no financia, en lo sustantivo, obra nueva visible; financia refinanciar. Se pide prestado para pagar el préstamo anterior, comprando tiempo presupuestal que las administraciones siguientes tendrán que amortizar.

El costo corriente de ese mecanismo ya se está pagando: en 2025 el Distrito desembolsó $204.562 millones solo de intereses, $125.287 millones de amortización de capital y $551 millones de comisiones: $330.400 millones de servicio de deuda en una sola vigencia. Para que el lector lo palpe: esos intereses equivalentes casi a cuatro veces el presupuesto anual de inversión de una ciudad intermedia colombiana completa; o, dicho en infraestructura medellinense, buena parte de un corredor vial tipo Avenida 80. Y como garantía de las operaciones, el Distrito pignora su renta más sana: el ICA, con porcentajes de pignoración registrados del 120 % y 130 %. Cuando una entidad territorial empeña más de lo que recauda en un año de su mejor impuesto, está hipotecando su margen de maniobra ante cualquier choque económico: una caída del recaudo comercial obligaría a reestructurar pagos justamente en las vigencias más duras.

Y la agenda de pagos es implacable, según el perfil de amortización registrado para la vigencia 2025: $159.033 millones en 2026, $247.806 millones en 2027, $367.107 millones en 2028, $511.530 millones en 2029 y $498.431 millones en 2030. Las dos vigencias más altas —2029 y 2030, juntas casi $1 billón— caen después de las elecciones locales de 2027: esta administración gasta hoy y firma facturas que cobrarán otros alcaldes. El remedio fiscal que el propio alcalde denunció como herencia en diciembre de 2023 —un supuesto déficit de $3,2 billones y «el mayor presupuesto en la historia», de $8,7 billones— ha sido respondido con el mismo fármaco que criticaba, pero en dosis mayores: el presupuesto 2025, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito, ya ronda los $10,64 billones. Qué casualidad que lo que era déficit ajeno se convirtiera en deuda propia.

El examen institucional: FURAG 93,93, brillante… con dos asteriscos

Si la deuda es la letra chica, el Índice de Desempeño Institucional (IDI) del FURAG —que mide el Departamento Administrativo de la Función Pública— es la calificación académica que toda alcaldía quiere colgar en la vitrina. Y la de Medellín es, objetivamente, sobresaliente. En la medición de la vigencia 2025 (reporte de Función Pública de junio de 2026, que este portal documenta en el consolidado territorial de 1.102 alcaldías), la Alcaldía de Medellín obtuvo un IDI de 93,93, dentro del Grupo 1 de municipios. Quedó entre las 36 mejores del país —top 3,3 % nacional— y a la cabeza del eje cafetero-antioqueño grande, por encima de Manizales (91,57), Pasto (87,09), Barranquilla (86,01), Cúcuta (85,03) y Pereira (84,02).

Pero el mismo consolidado oficial muestra que la nota no es la más alta de su categoría: Bogotá D.C. (98,63), Cartagena (97,09), Bucaramanga (95,17), Cali (94,96) y —detalle que dolerá en el Palacio Municipal— la vecina Rionegro, con 94,03, superan a la capital antioqueña. Documentos de gestión de otras entidades que citan la medición de la vigencia 2024 registran para Medellín un resultado cercano a 95,7; de confirmarse en la plataforma oficial de Función Pública, el Distrito habría retrocedido casi dos puntos entre 2024 y 2025. La medición evalúa los componentes MECI: planeación, talento humano, gestión para resultados, control interno, información y accountability. Que la casa esté bien administrada internamente —lo está— es un indicador de calidad de máquina administrativa, no de resultados en la calle: en eso consiste el primer asterisco.

El segundo asterisco está en el interior del «cluster Medellín»: el examen lo presentan en realidad más de treinta entidades distritales, y allí el cuadro se abre. Mientras EPM (93,64), el Colegio Mayor (98,02), el ITM (97,83) y el Tecnológico de Antioquia (97,11) rozan la perfección, otras casas del mismo edificio político bajan escalones: Inder 84,37; ISVIMED 82,75; Telemedellín 74,52; Empresas Varias de Medellín 71,49; APEV 69,35; y en el sótano, la EDU —la empresa de desarrollo urbano que ejecuta las obras insignia— con 67,65, y la Agencia para la Gestión del Paisaje con 52,77, la nota más baja del grupo. Metrosalud (74,25) y el Hospital General (77,54) arrastran la bandera de la salud. Traducción periodística: la máquina central es un reloj suizo; los engranajes que ejecutan obras y salud en el territorio, no tanto. Cuando el alcalde presume el 93,93, presume el promedio de un grupo donde la variance es brutal.

El Plan de Desarrollo contra el «sentir» de la gente: los cinco indicadores de gestión

El Plan de Desarrollo «Medellín Te Quiere» 2024-2027 —aprobado por el Concejo mediante el Acuerdo 03 de mayo de 2024, con una inversión proyectada de $40,7 billones, 5 pilares, 22 componentes, 111 programas y 27 proyectos estratégicos— nació, como todos los planes, de escuchar a la ciudadanía. Pero los ciudadanos no se guían por pilares: se guían por lo que les duele. Las encuestas de percepción (Medellín Cómo Vamos y la Encuesta de Percepción Ciudadana comparada de los 19 programas Cómo Vamos, con base Invamer) coinciden en el orden de las preocupaciones: seguridad, salud, empleo, educación y movilidad. Cruce obligado, entonces: cinco problemas, cinco indicadores de gestión, cinco puntajes. Es aquí donde la vitrina institucional (93,93) se mide contra la calle.

1. Seguridad y convivencia — el problema #1, y la promesa que se agrieta. El indicador más duro de la gestión: los homicidios pasaron de 311 en 2024 a 326 en 2025 (+4,8 %), con alzas identificadas por el propio Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia en conflictos de convivencia (de 71 a 95 casos), estructuras criminales (de 77 a 93) y homicidios asociados a hurtos (de 27 a 33). Medellín Cómo Vamos lo resumió con crueldad estadística en su informe de dos décadas: «menos homicidios, más miedos» — los homicidios por conflictos de convivencia subieron 27 % entre 2024 y 2025. Y en el agregado departamental, Antioquia cerró 2025 con más de 1.100 homicidios y 12 masacres. La ciudad sigue siendo históricamente «menos violenta» que en los 90 y 2000; pero la curva que le heredaron a esta administración iba a la baja, y se devolvió al alza. Quien prometió frenar la extorsión y las estructuras criminales entrega, en el indicador central, un territorio más violento que en 2023. Puntaje: 4,5/10.

2. Salud — la preocupación que el FURAG no salva. En la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, la salud se consolidó como el tema más importante para los colombianos (60 % de menciones nacionales), y en Medellín el sistema distrital es el timón de una red hospitalaria propia. ¿Qué dice el dato institucional? Que las dos banderas de la salud pública distrital —Metrosalud (74,25) y el Hospital General (77,54)— presentan IDI entre 16 y 20 puntos por debajo de la administración central (93,93). La máquina que compra, planea y contrata funciona; la que atiende al ciudadano en la puerta de urgencias, cuelga. Para una ciudad que presume de «ciudad de la vida», el gestor hospitalario de clase media es una alerta estructural que ningún comunicado del Palacio puede maquillar. Puntaje: 6,0/10.

3. Empleo y economía popular — el dígito que no basta. El empleo arranca con 40 % de menciones en la agenda ciudadana nacional. Medellín ha sostenido —con cifras DANE de tendencia— tasas de desempleo entre las más bajas de las grandes ciudades, y la vitrina de «ciudad de emprendimiento» tiene soporte en programas como Sapiencia y en la inversión en infraestructura educativa. Pero el empleo formal no llega al mismo ritmo a las comunas donde la economía informal y la extorsión —el impuesto del hampa— siguen decidiendo la supervivencia del pequeño comerciante. Sin desplome, sin despegue: gestión de continuidad, no de transformación. Puntaje: 7,0/10.

4. Educación — inversión real, financiada con la tarjeta. El Sistema General de Participaciones para educación giró al Distrito asignaciones por cerca de $989.938 millones (a marzo de 2026, según las notas a los estados financieros oficiales), y los créditos autorizados en 2025 incluyen equipamientos educativos y jardines infantiles (0,16 % de participación). La ampliación de cobertura y la «educación de calidad» —pilar 1 del plan— avanzan con obras verificables: jardines, colegios y atención integral a la primera infancia. El matiz es el mismo de todo el expediente: cada aula nueva construida con deuda ajena al recaudo corriente es una aula que los contribuyentes de 2029 seguirán pagando. La educación, además, sigue entre las tres mayores preocupaciones ciudadanas (46 %): el problema no se resuelve con certificados de obra. Puntaje: 7,0/10.

5. Movilidad — la Avenida 80 y el costo de las obras que se firman hoy. El corredor vial de la Avenida 80, el mejoramiento de malla vial, las ciclorrutas y «Autopistas para la Prosperidad» concentran la inversión de transporte (0,14 % de los créditos autorizados de 2025). Son obras visibles, necesarias y demandadas por la ciudadanía; también son el rostro más elocuente del modelo de financiación de esta administración: infraestructura de impacto electoral pagada con deuda de maduración larga. La congestión y el tránsito siguen entre los top de percepción negativa en Medellín, y la obra —quizás la más importante de la administración en obra física— vivió dimes y diretes de plazos y costos. Movilidad mejora en ladrillo y se estanca en percepción. Puntaje: 6,5/10.

El promedio simple de los cinco indicadores —6,2/10— es el dato que la metodología exige contrastar con la ejecución presupuestal (94,8 %, sobresaliente) para calificar el avance real del Plan de Desarrollo. El plan se ejecuta rápido en plata y lento en percepción: esa es la síntesis honesta de dos años.

Regalías, SGP y vigencias futuras: la dependencia que sí hay (y la que no)

La metodología de este portal exige mirar el giro e inversión de regalías y el estatus PDET del municipio. Medellín no es municipio PDET ni productor de hidrocarburos, y eso importa: no recibe el torrente de asignaciones directas que empobrece la disciplina fiscal en otras geografías. Los recursos del Sistema General de Regalías que tocan a Medellín provienen principalmente de la bolsa de Ciencia, Tecnología e Innovación —coherente con su reciente título de Distrito de CTeI— y de proyectos aprobados en el OCAD, mientras el grueso de las transferencias nacionales que administra es SGP con destinación específica (educación, salud, agua potable). En los archivos CUIPO las fuentes SGP aparecen de forma sistemática financiando educación (prestación, calidad por matrícula, gratuidad), régimen subsidiado y agua potable: la plata nacional llega, pero no manda.

¿Y las vigencias futuras? Los formularios FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (autorizaciones OCT-DIC) del CHIP revelan la otra cara del compromiso: obligaciones que esta administración autoriza ahora para ejecutarse en vigencias posteriores. Combinadas con el perfil de amortización 2026-2030 ($1,78 billones), configuran lo que en hacienda pública se llama presupuesto de herencia: compromisos que condicionan el marco fiscal de mediano plazo del próximo alcalde con independencia de su voluntad política. Un distrito que no depende en un 100 % del gobierno central —eso es verdad— pero que aprendió a depender del mercado de capitales: otra forma, más sofisticada, de comprar tiempo con el futuro.

SECOP, transparencia y ODS: la casa de vidrio con cortinas

En transparencia contractual, Medellín opera desde hace años en el escalón alto de los municipios colombianos: la publicación sistemática en SECOP II de contratos, soportes y actos de la administración central y de sus descentralizadas es la norma, y la ciudad ha sido pionera en esquemas de datos abiertos presupuestales. Ese capital institucional es valioso y no conviene subestimarlo. Pero la metodología de este portal obliga a mirar los mecanismos, no los portales: y el mecanismo que crece en el modelo distrital es el convenio interadministrativo —la figura con la que una entidad pública le traspasa recursos y ejecución a otra entidad pública—, señalada de manera reiterada por la Contraloría General de la República, la Procuraduría y los observatorios de contratación como la vía de menor escrutinio del gasto: no hay competencia, no hay oferta, y el control posterior es el único control. En una administración que canaliza inversión a través de EPM, Metro, EDU, Inder y convenios con la Gobernación y la Nación, la transparencia «de portada» convive con opacidad estructural «de fondo». Sobre esa dualidad —vidrio en la fachada, cortinas en el interior— se califica el componente: suficiente para no suspender, insuficiente para aplaudir. 7,0/10. (El cruce transaccional detallado de SECOP I/II para las 30 entidades distritales queda declarado como verificación pendiente en la nota metodológica.)

En cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Medellín parte con ventaja histórica: fue una de las primeras ciudades colombianas en localizar la agenda ODS y en atar su planeación a indicadores verificables, tradición que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034 y el sistema de información distrital mantienen. El Plan «Medellín Te Quiere» se declara alineado con la agenda 2030, y los indicadores de pobreza multidimensional y cobertura de servicios de la ciudad se mantienen entre los mejores del país. Las deudas ODS están en los mismos lugares que las deudas de gestión: seguridad y convivencia (ODS 16), reducción de desigualdades en las comunas periféricas (ODS 10) y sostenibilidad fiscal como base de las metas (ODS 17). 7,5/10.

LA CALIFICACIÓN FINAL: 7,6/10 — BUENO

Aplicando la escala ponderada de corrupcionaldia.com —seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10, evaluados en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles—, la gestión de Federico Gutiérrez en sus dos primeros años se califica así:

Nota final: 7,6 / 10 — BUENO 🟢. Gestión que cumple el estándar, con márgenes de mejora concentrados en deuda pública, seguridad y equidad intraterritorial.

La regla del prevaricato por omisión: por qué NO procede (y por qué esto no es un salvoconducto)

Nuestra metodología es incómoda para todos, empezando por nosotros mismos. Cuando la calificación final es igual o inferior a 6,9, desarrollamos el análisis jurídico completo del delito de prevaricato por omisión (Artículo 414 del Código Penal colombiano), que castiga al servidor público que omite, contra expresa obligación de su cargo, el ejercicio de un acto debido, propiciando el daño del patrimonio estatal. Con 7,6/10 —Bueno— la lógica metodológica exige omitir ese análisis: no hay en el expediente auditado —CUIPO, FURAG, MFP, encuestas— el pattern de inacción dolosa que caracteriza a las gestiones que este portal califica con rojo.

Pero la honestidad periodística obliga a decir también lo que este 7,6 no es. No es un salvoconducto: es una foto de dos años con semáforo verde y tres luces ámbar encendidas. Primera: la trayectoria de deuda —si el saldo sigue creciendo al ritmo de 2025 (+35,7 % anual), la sostenibilidad que hoy es manejable se convierte en la herencia problemática de la próxima administración, y el análisis penal de esta casa volvería a la mesa. Segunda: la reversión de la seguridad, problema #1 de los ciudadanos y primera responsabilidad constitucional de un alcalde. Tercera: la brecha institucional entre la administración central (93,93) y sus entidades ejecutoras (EDU 67,65; Agencia de Paisaje 52,77), porque los 93,93 no ejecutan obra ni atienden urgencias. Un 7,6 con vigilancia ciudadana: la nota que se gana una administración competente que aún puede impedir que su mejor campaña —»el referente de Colombia»— se convierta en el mejor eslogan que el dinero prestado pudo comprar.

CIERRE

Medellín está pagando dos facturas a la vez, y solo una aparece en los discursos. La primera es la de la vitrina: FURAG de élite, aprobación de élite, presupuesto récord, ciudad que presume. La segunda es la del cajón: $330.400 millones de servicio de deuda en 2025, $1,78 billones de amortizaciones entre 2026 y 2030, un ICA pignorado al 130 % y 326 familias que en 2025 tuvieron que enterrar a un asesinado —15 más que en 2024—. Un buen gobierno no es el que no tiene sombras; es el que las muestra antes de que las muestre el auditor. Esta administración, hasta donde la evidencia auditada alcanza, administra bien y se financia cara. La pregunta que la ciudadanía debe hacerse no es si Federico Gutiérrez es buen alcalde: es si Medellín puede seguir siendo una vitrina impecable comprada a crédito sin que el crédito, tarde o temprano, le pase la cuenta a quien la mira.

La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y la ausencia de corrupción también se audita: para que ningún gobierno —ni el brillante ni el pésimo— se acostumbre a que nadie mire.

NOTA METODOLÓGICA Y DE TRANSPARENCIA

Este análisis se basa en el cruce de cinco fuentes independientes y replicables:

1. CHIP – CUIPO (chip.gov.co): formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS, D_EJECUCION_DE_GASTOS (con reservas y cuentas por pagar), FUT_DEUDA_PUBLICA (créditos, créditos por sector, renta pignorada), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (autorizaciones) y Sistema General de Regalías (ejecución de ingresos y gastos), vigencias DIC A DIC 2024 y 2025 — archivos aportados al equipo de investigación.
2. Departamento Administrativo de la Función Pública: Resultados de Desempeño Institucional (FURAG/IDI) vigencia 2025, consolidado territorial de 1.102 alcaldías y entidades (reporte de junio de 2026).
3. Alcaldía de Medellín: Plan de Desarrollo «Medellín Te Quiere» (Acuerdo 03 de 2024), Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034 y notas a los estados financieros distritales (medellin.gov.co).
4. Medellín Cómo Vamos / Invamer: Encuesta de Percepción Ciudadana comparada 2025 y reportes técnicos de seguridad («20 años: menos homicidios, más miedos»); El Colombiano (30 de abril de 2026) para la aprobación de 80,3 %.
5. Prensa verificada: Blu Radio (noviembre 2025), QuepasaMedallo (enero 2026), Nación Paisa (noviembre 2025), El Tiempo (enero 2026), ABC Economía y Minuto30 (mayo 2024), Infobae (enero 2025) para cifras de homicidios (SISC), masacres departamentales, contenido del Plan de Desarrollo y contexto político.

Declaraciones de límites: (i) el desglose por dimensiones e ítems del FURAG 2025 se actualizará con el consolidado de 104 columnas de Función Pública cuando esté disponible en el portal oficial; (ii) el cruce transaccional detallado de SECOP I/II (modalidades de selección y convenios por entidad) quedó declarado como verificación pendiente y el componente respectivo se calificó de forma conservadora; (iii) el resultado de FURAG 2024 para la alcaldía (≈95,7) proviene de documentos de gestión de terceras entidades que citan la medición y debe confirmarse en la plataforma oficial; (iv) este ejercicio califica gestión administrativa con base en información pública verificable y no constituye imputación penal alguna; toda persona goza de presunción de inocencia.

Replicabilidad: todos los cálculos (variaciones de deuda, porcentajes de ejecución, promedios y ponderaciones) pueden reproducirse con los archivos fuente citados. La escala de calificación y la regla del prevaricato por omisión corresponden a la metodología publicada en corrupcionaldia.com (referencias canónicas: toluviejo-salcedo-martinez y agua-de-dios-eliana-manzanares).

Publicidad