Iván Name, no te vistas que ya no vas más

Caso UNGRD · Consejo de Estado

Muerte política a Iván Name por tráfico de influencias

El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura de Iván Name por tráfico de influencias, con 3.000 millones de la UNGRD de por medio. El fallo no está en firme y el exsenador apelará.

Por Redacción · 30 de septiembre de 2026

Nos encontramos en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde Iván Leónidas Name Vásquez cumple desde mayo de 2025 una detención preventiva que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Desde allí siguió por pantalla el proceso en el que el Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura de Iván Name por tráfico de influencias. La decisión lleva fecha del 25 de septiembre de 2026 y los titulares la bautizaron muerte política. El apodo se adelanta a los hechos: el fallo no está en firme, Name anunció que apelará ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, niega los cargos y conserva la presunción de inocencia, tanto en este proceso como en el juicio penal que sigue abierto en la Corte Suprema. Esta nota cuenta lo que el tribunal dio por probado, lo que la Procuraduría dijo en sentido contrario y lo que todavía nadie ha decidido.

Según el Consejo de Estado, Name pactó con Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy prófugo de la justicia, favorecer el trámite de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, y recibió por ello 3.000 millones de pesos que salieron de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía reconstruyó el recorrido: Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, habría recibido el efectivo de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, y lo habría llevado al apartamento de Name en dos entregas de 1.500 millones, los días 12 y 13 de octubre de 2023. El viaje, según la prensa, empezó en el Hotel Tequendama y terminó en la puerta del edificio donde vivía el senador. El Colombiano cuenta que los investigadores cruzaron el GPS de las camionetas del esquema de seguridad de Ortiz con registros de telefonía celular y ubicaron los vehículos en el edificio Bassel I en esas fechas. Ortiz niega la entrega.

Conviene ponerle tamaño a la cifra. Con el salario mínimo de 2026, que es de 1.750.905 pesos mensuales, 3.000 millones equivalen a 1.713 salarios mínimos, es decir, a 143 años de trabajo de quien gane el mínimo sin gastar un peso. Si el efectivo hubiera viajado en billetes de 50.000, serían 60.000 billetes, treinta mil por entrega. Ese es el precio que el fallo le pone a una silla.

El mecanismo, según la sentencia, no exigió votar a favor de nada. Exigió ausentarse. Name presidió el Senado entre 2023 y 2024, después de llegar al cargo con 54 votos, y cedió la dirección de las sesiones a la vicepresidenta, María José Pizarro. El tribunal documentó con cuadros de fechas, horarios y soportes audiovisuales que Name se salió de 14 de las 16 plenarias en las que se discutió la reforma pensional, casi el 87 %, varias veces minutos después de empezar, incluso después del himno. No halló, según Infobae, una explicación constitucional ni legal para esas ausencias, y calificó la conducta de indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación. La tesis del fallo tiene una sencillez que ofende: un opositor de bancada no necesitó aplaudir la reforma del Gobierno; le bastó con no estorbar desde la silla que le correspondía ocupar.

«Conducta indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación».

Consejo de Estado, fallo de primera instancia del 25 de septiembre de 2026 (no está en firme)

Pizarro aparece 85 veces en la sentencia. Ella responde que el fallo no la señala, que la primera vicepresidencia existe para suplir al presidente cuando falta y que Name faltaba con frecuencia. El expresidente Petro la defendió y afirmó que Name nunca perteneció a la bancada de gobierno. Nadie ha imputado a Pizarro por estos hechos, según la información consultada para esta nota, y su nombre figura en el fallo por la función que ejerció.

La versión contraria pesa y merece su espacio. Name sostiene que los hechos que se le atribuyen no son ciertos, que la empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD lo inculpa con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá, y que su actuación fue clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior. Antes del fallo, el procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, José Darío Castro Uribe, pidió negar la demanda en un oficio del 23 de julio. Dijo que el proceso no probó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la influencia que Name habría ejercido sobre Ortiz, que López y Pinilla en ningún momento lo señalan como quien pidió el dinero, que tampoco quedó probado que lo recibiera y que Name fue un fuerte detractor de las iniciativas del Gobierno y votó en contra de ellas. Con ese cuadro, concluyó, la duda debía resolverse a favor del demandado. El Consejo de Estado decidió lo contrario. Un expediente, dos lecturas opuestas, y la segunda instancia todavía no habla.

Conviene separar tres procesos que la prensa mezcla. El primero, el de pérdida de investidura, es un juicio de naturaleza sancionatoria que mide si un congresista incurrió en una causal del artículo 183 de la Constitución, aquí la quinta: tráfico de influencias debidamente comprobado. No manda a nadie a la cárcel. El segundo es el penal: la Corte Suprema procesa a Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle por cohecho impropio y peculado por apropiación. La Sala de Instrucción los acusó en 2025 y la acusación quedó en firme en octubre de ese año. No hay condena. El tercero es la detención preventiva, una medida cautelar y no una pena. Un fallo de primera instancia en el primer proceso no decide ninguno de los otros dos.

Ahora, el reloj. El artículo 184 de la Constitución ordena al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura en un término no mayor de veinte días hábiles desde la solicitud. La demanda contra Name la presentó en 2024 Juan Carlos Calderón España. El magistrado Jorge Edison Portocarrero radicó la ponencia el 25 de agosto de 2026, tras dos años de audiencias y memoriales, y el fallo salió un mes después, más de dos meses tras terminar el periodo 2022-2026 para el que Name fue elegido. La norma fija veinte días; el trámite tomó dos años. Según La FM, la sentencia no tendría efectos prácticos porque Name ya no es senador, y su efecto político se reduce a cerrarle el regreso al Congreso, siempre que la Sala Plena confirme.

El sistema aparece con más nitidez cuando se sigue la plata. Según el relato de Pinilla, el dinero de las coimas salió de los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, y la Corte Suprema sostuvo en su decisión de mayo de 2025 que los sobornos, de 4.000 millones en total para Name y Calle, provenían de esa contratación. La Contraloría calculó que los 40 carrotanques costaron 39.327 millones de pesos antes de IVA cuando debieron costar cerca de 31.567 millones: una diferencia de 7.760 millones, 24,6 % sobre el precio justo. Cada carrotanque salió en cerca de 983 millones. La suma atribuida a Name equivale al precio de tres de ellos, y las coimas atribuidas a Name y Calle equivalen a la mitad del sobreprecio. La coincidencia de cifras no prueba el origen del dinero; lo prueban, o no, los jueces. Lo que sí consta es el contraste: La Guajira, donde el agua es una escasez vieja y conocida, aparece en el expediente como la caja de la que supuestamente se pagó el ritmo de una plenaria.

El expediente tampoco respeta la geografía política que el país se inventó. Name es de la Alianza Verde y se presentaba como opositor. González, también verde, dirigía el Dapre de Petro. Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría recibido 1.000 millones. La Fiscalía imputó a Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a González cohecho, peculado y lavado de activos, y calificó la trama de empresa criminal que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos responden a procesos penales y Velasco defiende su inocencia. La ideología, vista desde este expediente, sirve de disfraz; el efectivo, de pegamento. El mismo rasero vale para todos los nombrados: quien no tenga condena firme conserva su presunción de inocencia, del Gobierno o de la oposición, verde o liberal.

La justicia, entre tanto, corre a dos velocidades. Ortiz recuperó la libertad en mayo de 2026 por vencimiento de términos, como Bonilla. Name y Calle siguen presos porque la Corte decretó la declaración de un ciudadano que está en el extranjero: González, prófugo. Si la Corte decreta pruebas en el exterior, la detención se prolonga seis meses más. Un juicio contra dos expresidentes del Congreso depende de que aparezca un hombre que no quiere aparecer. La Corte Suprema le puso nombre a lo que investiga: mercantilización de la función legislativa. La reforma pensional define cuándo y con cuánto se jubilan millones de colombianos. Que el Congreso la tramite es su oficio. Que su ritmo se haya comprado con un maletín es lo que el país espera que los jueces confirmen o descarten, con pruebas y en orden.

El título de esta nota repite la frase que se le dice en Colombia a quien se alista para una fiesta a la que ya no lo dejan entrar. Falta ver si la Sala Plena cierra la puerta. Falta el juicio penal y falta un testigo que se esconde. Mientras esas tres cosas ocurren, queda una enseñanza que ningún recurso borra: una silla vacía en la plenaria se cuenta con un cronómetro y un video, y el país la contó después de dos años. La pregunta no es si Iván Name se viste o no se viste. Es cuántas plenarias más tienen que pasar sin que nadie cuente quién preside, quién vota y quién se va después del himno.