Volvió a salir muy tieso y muy majo, bien vestido, corbata de moda, peinado con extremo cuidado y una afeitada limpia, impecable, Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de Presidencia de la República, e hizo lo que en retórica politiquera se llama “tiros al aire” con la palabra.
A una semana de las elecciones salió a decir que 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales podrían estar inhabilitados por haber contratado con el Estado, en el último año, es decir un año antes de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
Aunque tarde y sin ninguna contundencia, esta información da cuenta del estado de postración de nuestra llamada democracia.
Se trata de 526 candidatos a concejos municipales y 27 a alcaldías municipales que celebraron contratos por una suma de al de $62.000 millones de pesos.
Desde dicha Secretaría se analizaron los datos de aspirantes a cargos de elección popular desde la plataforma Secop 2 que arrojó tal información sobre contratación pública.
El hecho de haber mantenido contratos con cualquier entidad del Estado, los 12 meses anteriores a las elecciones es causal de inhabilidad.
Idarraga reveló que se detectaron 769 contratos celebrados por 526 candidatos a concejos por una suma total de $50.170 millones de pesos.
Señaló que la lista la encabezan candidatos a concejos, avalados por el Partido Centro Democrático, que 19 de ellos firmaron 33 contratos por un valor de $17.181 millones de pesos que agrupa el 34 por de lo hallado en materia de contratación.
Le sigue el partido ASI con 27 candidatos que registraron 34 contratos que suman más de $6.814 millones de pesos, que representa un 13.58 de la contratación. El Partido Liberal colombiano con 56 candidatos a los concejos y 75 contratos por un valor de más de $4.625 millones de pesos que corresponde al 9.22 y finalmente aparecen los movimientos Colombia Renaciente y Alianza Verde con 14 y 31 candidatos respectivamente, con 37 y 40 contratos respectivamente, por valores que superan los $2.476 millones y $1.746 millones respectivamente.
Idarraga destacó a un candidato del Centro Democrático para el Concejo de Medellín, que en el último año particularmente desde el mes de febrero contrató más de $16.759 millones de pesos.
Sin embargo, no se atrevió a dar el nombre, algo muy común en las denuncia sobre corrupción.
«Situación que nos pone en verdad a pensar qué tanta relación hay entre la política y la contratación estatal otra cosa será indagar efectivamente si esos recursos públicos llegaron o no a las campañas políticas pero por ahora podrían estar en curso en una inhabilidad en tanto está prohibido para todos los candidatos al consejo y alcaldías contratar el año antes de la elección Y en segundo lugar contratar con el mismo ente territorial al cual se está en candidato», indicó.
En cuanto a las entidades territoriales, Antioquia encabeza con 92 candidatos presuntamente inhabilitados, seguido de Santander con 91, Cundinamarca con 50, Quindío con 36 y Valle del Cauca con 35.
Mientras que en las ciudades de Armenia, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto, son las ciudades donde más se inscribieron candidatos a concejos, habiendo contratado con el Estado en el último año.
La Ley 617 de 2000 en sus artículos 37 y 40 determina la prohibición e inhabilidad de contratar los 12 meses anteriores a las elecciones a candidatos a cargos de elección popular.
Sobre los 27 candidatos a las alcaldías que podrían estar incursos en esta posible inhabilidad mencionó a Rodrigo Hernández candidato a la alcaldía de Melgar, avalado por una alianza entre el Partido Conservador, Cambio Radical y AICO. Según Idarraga este candidato reporta nueve contratos por más de $5.000 millones de pesos, con la Alcaldía de Melgar y con el Comando Aéreo de Combate Número Cuatro, suscritos entre el 13 de enero y el 23 de junio de este año.
«En principio, presumimos la legalidad de dichas contrataciones. La autoridad electoral determinará si hay algún tipo de inhabilidad porque son contrataciones que se dan un año antes de las elecciones», dijo el funcionario.
Finalmente el funcionario recalcó que «Hablé con el presidente de Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que iniciará las investigaciones buscando probar si efectivamente los candidatos que están mencionados están o no en esta causal de inhabilidad. De lograrse probar, estaríamos hablando que esta misma semana se podrían tomar decisiones de fondo», concluyó.
En cuanto a las críticas que recibió el informa, fue enfático al afirmar que «las denuncias de corrupción y la lucha por la transparencia siempre serán un debate inaplazable. No es admisible que algunas candidatos reciban recursos públicos por vía contratación estatal en los tiempos que prohíbe la norma».
Son las autoridades correspondientes de establecer si el candidato puede seguir, o no, con su campaña política y apostarle a las elecciones.
