La semana pasada la cantante barranquillera Shakira inauguró un megacolegio en la zona deprimida del barrio El Bosque de su ciudad natal.
La estructura de esta obra que albergará a más de 1000 estudiantes, contará con unas instalaciones de lujo, con un total de 26 aulas, 4 de preescolar, 10 de básica primaria y 12 de bachillerato; 1 biblioteca, 2 laboratorios, 1 aula de tecnología, 1 aula de expresión artística, 1 comedor, 1 aula múltiple, cocina, baterías sanitarias, áreas administrativas, sala de profesores, oficina de la Fundación Pies Descalzos, 2 espacios para tiendas y zonas de juego.
El proyecto se hizo realidad por la alianza de empresas públicas y privadas, como la Alcaldía de Barranquilla, Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Fundación Fútbol Club Barcelona, LCI Education Foundation y la Secretaría de Educación de Barranquilla. por su parte la Alcaldía de Barranquilla gestionó la adquisición de 27 predios con un área total de 6.000 metros cuadrados y la inversión en su construcción fue de poco más de $16.000 millones.
Comparada con esta obra, la gobernación de Norte de Santander, a través de la empresa industrial y comercial del Estado EICE El Faro del Catatumbo, acaba de adjudicar al Consorcio Infraestructura Educativa 2023, representada legalmente por Marco César Leiva Takemiche, la licitación pública LP-FC-045-2023, por valor de 32.518 millones de pesos.
El objeto de esta obra, que costará el doble del megacolegio inaugurado por Shakira, es la construcción de una institución educativa en el municipio de Los Patios, prácticamente con las mismas características a la de Barranquilla, incluso, con una menor área construida, solo 22 salones y que beneficiará a 960 estudiantes.
Además, en el pliego de condiciones, se advierte que como se contrata la fase de diseño y estudios técnicos previos a la etapa de la construcción, “será en esa primera etapa donde se “determinará el valor real de las obras necesarias del objeto contractual”, y que será el contratista quien elabore “un presupuesto detallado de la alternativa seleccionada, cuyos precios unitarios deberán ser acordes a los precios normales del mercado debidamente sustentados”. En otras palabras, desde ya se advierte que la inversión podría ser más elevada.
Resaltando que en este monto no entra el predio donde será construido el megacolegio, pues es propiedad del municipio de Los Patios. Y cabe la pregunta ¿cómo se explica un costo con una diferencia tan abultada en dos obras prácticamente similares?
Como esta licitación, adjudicada en pleno período de restricciones de contratación por la Ley de Garantías, y en plena época preelectoral, esta empresa industrial y comercial El Faro del Catatumbo ha realizada otras tantas. La EICE ha seguido contratando y entre julio y agosto adjudicó 13 proyectos u obras por cerca de 155.000 millones de pesos. Y en total, en lo que va del 2023 ya son 39 contrataciones por un monto superior a los 300 mil millones de pesos.
Desde su creación en el 2021, esta entidad, conformada con un capital inicial de $1.000 millones, cien por ciento público, cargado al presupuesto general del departamento Norte de Santander, y cuya junta directiva preside el gobernador Silvano Serrano, entregó cuatro contratos por un monto cercano a los $26.000 millones, según la información que reposa en la misma página web de la EICE. En 2022 la cifra de contratos ascendió a 27.
El gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, sentado sobre una montaña de contratos y dinero. Imagen generada con AI.
Debido a esto desde junio pasado la Procuraduría General de la Nación le ha puesto la lupa, pues desde su misma creación la entidad ha despertado suspicacias.
La manguala para crear el Faro del Catatumbo
El 12 de diciembre de 2020, cuando se libraba la batalla contra el Covid 19, y en medio del encierro, en la Asamblea de Norte de Santander, durante una sesión virtual transmitida en vivo y con apenas unos cuantos seguidores como testigos, los diputados le daban vida a la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo.
Ese día, algunos diputados alertaron sobre la posibilidad de que esta empresa se transformara en un Faro pero de corrupción, y fuera un escenario de burocracia y terminara absorbiendo las funciones de secretarías importantes como la de Infraestructura, y no se equivocaron.
Según el gobernador Silvano Serrano la entidad era una “gestora de proyectos estratégicos para generarle oportunidades de negocio al departamento”, como lo manifestó textualmente en el primer debate de la ordenanza 028 el entonces presidente de la corporación, el diputado Gregorio Correa, se ha traducido en sus tres primeros años en una millonaria contratación en obras de infraestructura vial, mejoramiento de escenarios deportivos, de salud, equipamiento social y comunitarios, entre otros.
Entre las contrataciones más cuantiosas y sospechosas figuran:
La LP-FC-038-2023, por $69.756 millones, adjudicado al Consorcio Vía Centro, cuyo representante legal es Germán Alberto Berbesí Barroso y donde hubo un único oferente.
La LP-FC-039-2023, por $18.710 millones, adjudicado al Consorcio Chinácota-Mejué, de quien es representante legal Jaime Hernando Tenjo Contreras, también con un únio oferente.
La LP-FC-042-2023, por $27.978 millones, adjudicado a la Unión Temporal Construcciones La Salle, cuyo representante legal es Fabio Alberto Sánchez Garavito, con un único oferente.
Y la LP-FC-045-2023, por $32.518 millones, otorgado al Consorcio Infraestructura Educativa 2023, representado legalmente por Marco César Leiva Takemiche, por supuesto con un único oferente.
De hecho, en las convocatorias de las licitaciones hechas por el Faro del Catatumbo, son escasos los proponentes que participan. El periódico local La Opinión, verificó que de los 39 contratos adjudicados en 2023 en 25 de ellos se presentaron tan solo dos proponentes, en 7 tres oferentes y en los otros 7 tan solo uno.
En consecuencia, los participantes repiten una y otra vez como ganadores de los proyectos a nombre de una unión temporal o consorcio, luego aparecen a nombre de otro; en ocasiones lo hacen en representación propia y en otras como empresas, dejando en evidencia unas claras conexiones.
Los contratistas que se han quedado con las contrataciones más altas y en mayor número de veces son: Fabio Alberto Sánchez Garavito, Germán Ricardo Vásquez Chinchilla, Edwin Vladimir Peña Quintero, Renzo Adriano Ortega Torres, José Oswaldo Rincón Ramírez, Jaime Hernando Tenjo Contreras, al igual empresas como Norte Ingenieros Consultores & Asociados SAS., Constructora CCC SAS, Edificaciones y Vías S. Constructora Maticces P&B Ltda.
Frente a este tema el gobernador Serrano ha explicado que este tipo de entidades de régimen especial están obligadas a hacer publicación en el Secop II, es decir, garantizar el principio de transparencia, para que todos en el ámbito regional local y nacional puedan presentar propuestas o en el proceso de selección del contratista.
Sin embargo, tanto el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional y la misma Procuraduría han advertido en varias sentencias y alertas, que el hecho de que estas entidades puedan contar con su propio reglamento de contratación y regirse por el derecho privado, para nada las exime de cumplir con las normas de contratación de la Ley 80, pues se trata de inversiones de recursos públicos.
En particular la Procuraduría investiga una presunta irregularidad derivada de la naturaleza jurídica del Faro del Catatumbo, presuntas falencias en el régimen jurídico aplicable en materia contractual y la no aplicación de los pliegos tipo.
La entidad disciplinaria indaga las actuaciones de los integrantes de la Asamblea de Norte de Santander que le dieron la categoría de Empresa Industrial y Comercial del Estado a Faro del Catatumbo, sin que en su objeto se efectúe alguna actividad comercial o industrial, y por dotarla de un régimen privado que no le aplicaría.
Esto debido a que prácticamente no vende ningún servicio que pueda tener un origen comercial, y por el contrario, ha pasado a reemplazar a despachos y funciones exclusivas de la Gobernación.
También investiga al gobernador Silvano Serrano, por de manera descarada y corrupta, establecer los estatutos de Faro, bajo un régimen privado, pese a su presunta inaplicabilidad. También por la formulación del proyecto, con aparentes deficiencias técnicas.
A la exgerenta de la EICE Lucy Elena Urón Rincón, quien suscribió el Manual de Contratación de la empresa, estableciendo un régimen privado, pese a que no era posible su aplicación.
A Edgar Villegas Pallares y Cristian Alberto Agudelo, responsables de los estudios de proyectos de infraestructura.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General del Departamento y a la Coordinación de Procuradores Judiciales en lo Penal. En el mismo auto de indagación previa, el despacho compulsó cuatro procesos adicionales para investigar las actuaciones de Faro del Catatumbo.
Un apéndice de la Gobernación para entregar puestos a los amigos
Otro de los aspectos que ya tienen en la mira las entidades de control y fiscalización tiene que ver con quienes hacen parte de la junta directiva del Faro del Catatumbo.
Resulta que, si bien la Ordenanza 021 mediante la cual se creó la EICE establece que el gobernador es la cabeza visible de la empresa, como presidente de la junta directiva, y que los cuatro miembros restantes de este órgano de dirección también serán designados por él, el Faro terminó literalmente convertida en una extensión de la Gobernación, pues allí han aterrizado varios ex secretarios de despacho o exfuncionarios de los últimos dos gobernadores, es decir, de William Villamizar y de Edgar Díaz, que junto con Serrano han sido socios políticos desde hace años.
Una de ellas es Lucy Elena Urón Rincón, quien se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad en el arranque de la administración de Silvano Serrano y se convirtió en la gerente de Faro el 31 de enero de 2022.
Urón también hizo parte del gabinete de Díaz, como alta consejera para Planes, Programas y Proyectos Especiales de la Gobernación y es, además, la cuñada del exgobernador William Villamizar.
Tras la renuncia de Urón, asumió como gerente el exsecretario de Planeación, Víctor Peña, quien es otro de los viejos conocidos de la administración departamental, y muy cercano al exgobernador William Villamizar, incluso fue su secretario privado. También estuvo vinculado en la administración de Edgar Díaz y, más recientemente, en la de Silvano Serrano.
Finalmente no en vano ya lo ha advertido la propia Cámara Colombiana de Infraestructura, en el sentido de que los entes territoriales, están acudiendo a convenios con empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, para que sean ellas las que contraten las obras no solo de infraestructura de transporte, sino de agua potable y saneamiento, educación, salud y deportiva, para sencillamente eludir la Ley 2022 de 2020 y la directiva presidencial 01 del 3 de marzo de 2021, que instruye a dichas entidades para que adopten y hagan uso de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente (CCE), o Agencia de Contratación Pública del país. Es decir en palabras cortas, poder violar la ley.
“Por la vía de las empresas con régimen de contratación privado, los procesos de selección incorporan requisitos habilitantes exorbitantes y particulares, así como criterios de evaluación (puntuables) subjetivos, que conducen a la indeseada situación de únicos oferentes, incumpliendo los principios de transparencia y selección objetiva que impiden la sana competencia”, advirtió el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo.
