Bien lo dijo recientemente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, que Colombia agoniza en un mar de impunidad frente a los delitos de corrupción. Y muestra de ello es que una gran cantidad de aspirantes a cargos de elección popular para el próximo mes de octubre, mantienen investigaciones y hasta condenas por delitos contra la administración pública.
Aún así, se presentarán sin ningún asomo de vergüenza, y lo que es peor, resultarán elegidos, pues como dijo Idarraga “la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”. En otras palabras, ellos saben que pueden seguir esquilmando el erario, que nada les pasará.
Para hacer un balance de cuántos de esos cuestionados personajes serán candidatos en octubre, la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido haciendo un seguimiento a las precandidaturas, los partidos políticos, los clanes y los cuestionamientos que acompañan estas aspiraciones.
Pares dio prioridad a los 32 departamentos del país y 60 municipios, documentando un total de 294 precandidaturas de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC) que están en la búsqueda de obtener un aval para gobernaciones y alcaldías.
La investigación afirma que se registraron 88 precandidatos y precandidatas cuestionados que buscarían un aval mediante partidos, GSC y/o coaliciones, de los cuales, 53 buscarían el aval en 14 partidos políticos; 21 lo harían por GSC; 8 por coaliciones y 6 estarían por definirse.
De esos, los partidos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: el Partido Liberal, con el 17% (15 precandidatos); Partido Conservador: 14% (12); Cambio Radical: 8% (8) y Partido de La U: 5% (4). Los partidos Cambio Radical, La U, Liberal y Conservador repiten en esta lista de acuerdo a investigaciones previas. Pares advierte que, si bien estos precandidatos no cuentan aún con el aval definido, es una constante que estos partidos sean los que avalan la mayor cantidad de cuestionados en cada elección.
“El 48% de los precandidatos cuestionados (42) aspiran a lanzarse a las gobernaciones, siendo los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados Magdalena, que concentra el 12% (5); Antioquia, 10% (4); Caquetá, 10% (4) y Bolívar, 7% (3).
Y en cuanto a los que aspiran a las alcaldías, las de mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Sincelejo, Sucre, con 5 precandidatos cuestionados; Ibagué, Tolima: 4; Medellín, Antioquia: 3; y Cartagena, Bolívar: 3.
En cuanto al tipo de investigaciones que enfrentan, la investigación arrojó que el 36% (32) cuenta con investigaciones disciplinarias; el 34% (30) con investigaciones judiciales; 22% (19) tiene relaciones con presuntos hechos de corrupción; 16% (14) con presuntos nexos con grupos armados ilegales; el 10% (9) son herederos de parapolítica y el 9% (8) tiene investigación fiscal. Finalmente, solo el 1% (1) tiene presuntos nexos con economías ilegales; el 1% (1) investigación por parapolítica y el 1% (1) es heredero de Odebrecht.
Esta situación podría interpretarse como que ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, y menos la Contraloría por lo visto, logran frenar el apetito de los corruptos. ¿o, quizás algunos de sus funcionarios participan en la repartición del pastel? Queda ahí la pregunta.
Entre esos precandidatos vale mencionar a algunos que ya ni les importa ser identificados como corruptos.
En Barranquilla, prácticamente hay un solo candidato y seguro que será alcalde, y sin siquiera hacer campaña: Alejandro Char. La excongresista Aida Merlano lo involucró con el esquema de corrupción electoral en la Costa Caribe por el que ella fue condenada, conocido como el caso Casa Blanca, una empresa criminal dedicada a la compra de votos. En el marco de esta investigación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar a Char en febrero de 2022 (Radicación N° 00030). La Procuraduría le abrió una indagación preliminar a Char en 2020 por las presuntas coimas que habría pagado el empresario Luis Enrique Guzmán Chams para quedarse con un contrato millonario para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, que queda en el sur de Barranquilla, cuando Char era alcalde”. Incluso hasta se la ha acusado por participación en política, siendo alcalde, pero ninguna de sus investigaciones prosperan.
El excandidato a la presidencia Rodolfo Hernández, ahora aspirará a la gobernación de Santander, sin importarle que enfrenta un juicio penal por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco en el caso Vitalogic, una empresa dedicada a la disposición de residuos sólidos urbanos. La Fiscalía acusa a Hernández de haber intervenido para dirigir el contrato de consultoría que se suscribió entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el ingeniero Jorge Alarcón Ayala, quien estaría relacionado con Vitalogic. Para que Alarcón se quedara con el contrato habría sido clave la intermediación del hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández. El juicio está avanzando, aunque la última vez la audiencia se suspendió porque por solicitud del abogado de Hernández el juez se declaró impedido, pues había conocido pruebas y testimonios antes de que Hernández fuera senador y su expediente pasara a la Corte Suprema de Justicia .
Por ese mismo caso la Procuraduría el 31 de mayo de 2023 lo sancionó en primera instancia con inhabilidad general para ocupar cargos públicos por catorce años. De acuerdo con el ente de control, se probó su interés indebido en el proceso de selección para el contrato que sería adjudicado a Vitalogic, y que le daría beneficios económicos a su hijo. Hernández apelará la decisión y esta tendrá que confirmarse en segunda instancia para que la inhabilidad quede en firme, lo que significaría la muerte política de Hernández. Este caso podría entrar en la discusión planteada desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que un organismo disciplinario no puede anular derechos políticos hasta que no medie una sanción penal.
Dumek Turbay Martínez fue gobernador de Bolívar del 2012 al 2018 y ahora aspira a la alcaldía de Cartagena. Para su campaña para la Gobernación, la Silla Vacía reveló que Turbay logró aglutinar a diferentes fuerzas políticas, muchas de ellas cuestionadas por la parapolítica. Entre los involucrados se puede mencionar al Clan García (donde se encuentra el condenado por corrupción Juan José García y la investigada por parapolítica Piedad Zuccardi), el clan Blel (donde se encuentra el parapolítico Vicente Blel), el exsenador William Montes (también condenado por parapolítica) y la congresista Karen Cure (cercana a alias “La Gata”), entre otros.
Durante su periodo como gobernador, Turbay enfrentó un escándalo por presunta corrupción en la empresa de servicios públicos “Aguas de Bolívar”. De acuerdo con unos audios revelados en la prensa, el gerente de Aguas de Bolívar Miguel Torres Scaff (sobrino de Vicente Blel Saad yprimo de Vicente Blel) afirmaba que en Cartagena el negocio político se movía alrededor del pago de comisiones de aproximadamente el 15% para la adjudicación de contratos. Por esta razón, Turbay tuvo que pedir la renuncia de Torres Scaff, enfrentar señalamientos por este posible caso de cartel en la contratación y otros señalamientos que los audios sugieren acerca de las campañas políticas en Bolívar y el supuesto modelo de financiación y compra de elecciones donde el mismo Turbay estaría involucrado.
Ante la revelación de los audios, la Fiscalía aseguró que estaba en proceso de indagación por los contratos del acueducto de los municipios de El Carmen de Bolívar, El Peñón, San Juan y San Jacinto, además de investigar la hechos de posible corrupción en las obras de los Juegos Nacionales y eventuales irregularidades en la violación de los topes electorales por la posible entrada de 20.000 millones de pesos a la campaña de Vicente Blel Scaff (predecesor de Turbay). De acuerdo con El Tiempo, dentro de este entramado, tal vez el caso más dramático es el que tiene que ver con el acueducto del municipio de El Carmen, donde no solo hubo denuncias por corrupción, sino que también hubo retrasos y ausencia de operadores, por lo que no fue claro quién lo iba a administrar una vez la obra estuviera terminada e incluso la obra llegó a catalogarse como un “elefante blanco”. Lo anterior salpica a Turbay y a su primo Lidio García porque, de acuerdo con las denuncias de William Dau (actual Alcalde de Cartagena) y lo revelado por La Contratopedia, García habría recibido financiación con dinero pública para su campaña al Congreso con la complicidad de su primo gobernador Dumek Turbay.
Supuestamente, este dinero habría sido descontado del contrato del alcantarillado de El Carmen. A 2023, la obra ha solicitado varias prórrogas y el municipio de El Carmen sigue sin alcantarillado. Por esta razón, el fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Juan David Huepe Suaza solicitó a la Corte Suprema una investigación contra Dumek Turbay y su primo Lidio García por presunto lavado de activos. Por su parte, Lidio García a lo largo de su carrera política ha sido cuestionado por presuntamente estar vinculado con el paramilitar Jorge 40 y el bloque norte de las AUC; el supuesto apoyo recibido por parte de Enilse López alias “La Gata”; por estar involucrado en el “cartel de la toga”; por su aparente relación con la edil liberal capturada por tráfico de cocaína Gloria Estrada; por las supuestas amenazas que hizo en contra del edil Pedro Aponte y por los supuestos hechos de corrupción en la financiación de campañas electorales para él y para su primo Turbay.
Para las elecciones regionales de 2023 Turbay fue seleccionado como el candidato del partido Fuerza de la Paz, recientemente inaugurado por Roy Barreras. Desde su candidatura ha criticado al actual Alcalde William Dau y ha propuesto avanzar sobre temas como la movilidad, la seguridad, la contaminación ambiental, entre otros. No obstante, segun Caracol Radio, la postulación de Dumek ha dividido al Pacto Histórico en Bolívar: por un lado, un sector del Pacto Histórico cuestiona a Dumek por el apoyo que recibió de parapolíticos y corruptos para la Gobernación y el cogobierno que hizo con estos apoyos entregando la educación al clan Montes y la salud al clan Blel; pero, por otro lado, hay quienes consideran que Turbay es un político experimentado, capaz de sacar adelante proyectos de infraestructura a pesar de suscuestionamientos.
Pese a todos estos escándalos Turbay sin siquiera sonrojarse, aspirará a la Alcaldía de Cartagena.
El que es “caballero repite”; eso dirán los adeptos de Willian Villamizar Laguado que aspira por tercera ocasión a la Gobernación de Norte de Santander, pese a la serie de investigaciones por corrupción.
Mientras era concejal, Villamizar fue cercano al político cuestionado Ramiro Suárez Corzo, condenado por el asesinato del exasesor jurídico de la administración municipal, Alfredo Enrique Flórez Ramírez. Suárez Corzo lo apoyó en el despegue de su carrera política.
Para las elecciones regionales de 2007, Villamizar ganó la gobernación de Norte de Santander, según La Silla Vacía, con el apoyo de distintos políticos como Jorge García Herreros, los representantes Eduardo Benítez y Carlos Augusto Celis del Partido de la U, el senador del PartidoLiberalJuan Fernando Cristoy de los excongresistas RamiroLuna y Albino García .
Villamizar no logró culminar su primer periodo como gobernador, 10 días antes del fin de su mandato, la Contraloría General de la Nación decidió suspenderlo por el presunto manejo irregular de recursos del Fondo Nacional de Calamidades en proyectos viales . Concretamente, la suspensión se presentó por el proyecto “reconstrucción del acceso y protección de estructura del puente Puerto León” por la idoneidad del contratista y la no correspondencia con los convenios de asociación. A lo anterior se le añadieron sospechas sobre los proyectos “rehabilitación de la vía Malpaso, Cáchira-El Diamante” y “Mantenimiento y mejoramiento por emergencia de la ola invernal en la vía Primavera-Cáchira”.
En las elecciones de 2014, Villamizar logró convertirse en un cacique político de la región y, para las elecciones de 2015, logró nuevamente ser gobernador de Norte de Santander, al obtener 233.539 votos. En esa ocasión tuvo el apoyo del Partido de la U, de sus amigos políticos y hastadel empresario de medios, VíctorCarrillo.
Para el momento de su segunda elección como gobernador, según El Espectador, Villamizar era investigado por 12 casos de delitos contra la administración pública que incluían los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en celebración de contratos,prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
No obstante, pese a sus investigaciones y desde su primera gobernación, Villamizar se ha mantenido en la movida política regional gracias a sus herederos políticos, como la Fundación Pares ha relacionado en investigaciones previas. El primero fue Édgar Díaz (2012 – 2015), quien ganó la gobernación y logró sucederlo en el cargo; asimismo, con el actual Gobernador, Silvano Serrano (2020- 2023).
Durante su segundo mandato, Villamizar fue suspendido nuevamente por la Procuraduría, esta vez por irregularidades en un contrato de $11.000 millones y que buscaba promover el bilingüismo en el departamento. Este contrato se celebró con la empresa de economía mixta Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco S.A.S) en la que Villamizar era presidente de la junta directiva. De acuerdo con la Procuraduría, la suspensión buscaba determinar si se respetaron los principios de responsabilidad, transparencia, economía, el deber de selección objetiva y el régimen de recursos de regalías o si, por el contrario, se trató de la selección subjetiva del contratista. Luego, la Procuraduría decidió ampliar la suspensión preventiva que inicialmente era de tres meses por un mes más por lo que nuevamente Villamizar salió desu cargo de forma anticipada y en mediode una investigación.
En 2022, la Corte Suprema de Justicia decidió reactivar un proceso en contra de Villamizar por presuntas irregularidades en la celebración del contrato para “el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundaria” y en el que se habrían vulnerado los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad, además de haber delegado toda la responsabilidad de contratación al secretario de infraestructura, el que presuntamente habría beneficiado con el contrato a un financiador de campaña de Villamizar para su segunda elección.
Ahora para las elecciones de 2023, Villamizar vuelve a presentar su candidatura para un tercer periodo en la gobernación, esta vez por firmas que obtuvo en un tiemporécord y con las que aspira a volver al Palacio de la CúpulaChata.
Yahír Acuña Cardales aspira a la alcaldía de Sincelejo, muy a pesar de los 15 procesos en los que aparece demandado ante la Corte Sumpresa de Justicia. Y es que desde que arrancó su vida política fue con cuestionamientos importantes. Fuentes de prensa afirman que Acuña creciógracias al auspicio económico del exgobernador de Sucre Salvador Arana, condenado por el asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y por paramilitares como alias “Diego Vecino”, quien declaró que Acuña fue el enlace entre los paramilitares y la Universidad de Sucre .
Investigaciones de la Fundación Pares en el libro “Los herederos del mal” revelaron que en 2010, Acuña fue apoyado por el clan de Enilce López alías “La Gata”, condenada por nexos con paramilitares, y por su hijo, Héctor Julio Alfonso, también en la cárcel por parapolítica,quienpresentó a Acuñacomo su fórmulaa la Cámara de Representantes .
Ahora bien, para las elecciones regionales de 2016, Acuña renunció al Congreso para postularse a la Gobernación de Sucre, sin embargo, a quien postuló finalmente fue a su esposa, que perdió y es actual Representante a la Cámara (2022-2026), Milene Jarava. En esa ocasión,Acuñafue detenidoen la carretera que conducede Corozal a Sincelejo con $480.000.000, a menos de 48 horas de efectuarse la elección departamental.
Pese a que se levantaron sospechas sobre la destinación del dinero, Acuña logró quedar en libertad, justificando que los recursos correspondían a la venta de unas tierras de su familia, aunque siguió vinculado a un proceso judicial. Lo último que se conoce de este caso es que el juez que en su momento decidió favorecer a Acuña y reintegrarle los $480.000.000 fue sancionado, ya que existía una petición de la Fiscalía de mantener retenido el dinero bajo la necesidad e indagación por unos presuntos delitos.
A finales de enero de 2023, Acuña fue citado por la Corte Suprema debido a que se inició una investigación formal en su contra por concierto para delinquir y presuntos nexos con el grupo delincuencial Los Rastrojos, quienes posiblemente influyeron para que éste lograra curul en laCámara en el Congreso(2010-2014) .
En esta indagación, la Corte busca averiguar si, en efecto, Acuña no solo fue financiado por grupos paramilitares, sino que también fue financiador de los mismos. Años atrás, según reseña El Espectador, la Corte Suprema llamó a Acuña para investigarlo después de que alias “Diego Vecino” en las versiones libres de Justicia y Paz asegurara que él como concejal fue clave para el acercamiento entre los paramilitares y las universidades.
Otro asunto judicial que envuelve a Acuña es la sanción impuesta en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación, quien lo inhabilitó desde enero de 2023 y durante 4 meses. Esto responde a hechos de 2014, mientras ejercía como congresista, por extralimitarse en sus funciones al asumir ad hoc la presidencia de la Corporación. La sanción por ahora no aparece en la consultade antecedentes disciplinarios de Acuña.
Una reciente investigación de Laura Ardila, en El Espectador, reveló que Acuña ahora hace campaña repartiendo cantidades de dinero que individualmente parecen insignificantes, repartiendo litros de agua en las comunidades que no tienen acceso, pavimentando calles que jamás fueron vistas por la administración local, cascos para motociclistas -su antiguo gremio- y repartiendo tenis para los jóvenes que juegan fútbol. A eso se le suman los $20.000 que le está dando para el transporte a los asistentes a sus reuniones, cifra que en ocasiones sube a los $100.000 y $300.000, por lo que no sorprendería que en estas elecciones cayeraotra camioneta con cifras de efectivo cuestionables.
Miyerlandi Torres Agredo es precandidata a la alcaldía de Cali. En el 2020 y 2022 Torres fue mencionada en investigaciones periodísticas, por un presunto carrusel de contratistas de la salud en el departamento del Valle del Cauca, cuando se desempeñaba como secretaria de Salud deCali.
La red de la salud Cali está compuesta por cinco empresas sociales del Estado (ESE): Centro, Ladera, Norte, Oriente y Sur Oriente, que manejan todas las IPS públicas de la ciudad. Miyerlandi Torres fue la gerente de una de ellas (ESE Centro), durante una década (2009 a 2019). Según Cuestión Pública, entre 2013 y 2019 Torres determinó el destino de 10.963 millones, los cuales fueron adjudicados en 588 contratos a cinco empresas (ProtectarQ, Inver Retos SAS, Saluvi SAS, MG Group SAS, Proyectos MC SAS) las cuales se constituyeron durante la gerencia de Torres entre 2013 y 2017. Cuatro de estas empresas se relacionan financieramente entre sí y en tres de ellas figuran personasque trabajaron con Torres en la ESE Centro.
Según Cuestión Pública, se encontraron que en varios boletines de la Alcaldía de Cali figura el nombre de Fernando Escandón como coordinador general del pool ambulancias de la ESE Centro bajo el mando de Torres. Escandón trabajó hasta el 30 de abril del 2016 en la ESE Centro; sin embargo, el mismo Escandón figuró en la creación de la empresa Saluvi SAS, en febrero de 2016 cuandoaún era trabajador de la ESE Centro.
La empresa Saluvi SAS con tres meses de creación, obtuvoun contrato el 11 de mayo de 2016 con la ESE Centro por $56.492.000, según lo registrado en el portal de contratación pública Secop. Cabe recordar que para este caso, se llevó a cabo la Denuncia Fiscal No.189-2022 V.U. 100008962022, del 11 de mayo de 2022, remitida a través de correo electrónico por el señor Andrés Felipe Vásquez, donde manifiesta presuntas irregularidades por parte de Miyerlandi Torres durante los años 2013 al 2019 ante la Contraloría General de Santiago de Cali, la cual envió un equipo auditor para la investigación. Sin embargo, elinforme final del equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali, concluyó que no se encontraron irregularidades que generaran observación por los presuntos hechos denunciados por el peticionario.
Miyerlandi Torres no solo es familiarde Dilian Francisca Toro, sino que también es su herederapolítica para la alcaldía de Cali.
Cielo Redondo, ha sido “dueña y señora de Uribia”, fungiendo dos veces como alcaldesa. A estos cargos llegó en alianzas con el senador Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, condenado por el escándalo de Odebrecht y quien aceptó sentencia anticipada en el caso deFonade.
A Redondo también se le acusa por tener presuntos nexos con paramilitares del Bloque Nortede las AUC.
Cielo Redondo estuvo recluida en Uribia por investigaciones en su contra debido a presuntas irregularidades en la contratación durante su administración (2008-2011). En 2016, tras estar prófuga se entregó ante la Sijin. Era requerida por la Fiscalía por losdelitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado, pues supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuandofue alcaldesa en ese periodo.
Según El Espectador, su último cuestionamiento fue en 2021, cuando la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción la imputó como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Según la investigación, habría irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación del contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayúu afectada por la temporada de lluvias. El convenio era por $50.000.000 y tenía como objetivo mitigarlas necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vías terrestres.
Incluso, la investigación sostiene que se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió. Hasta la fecha, se desconocen los avances respecto de esa investigación.
Es decir, con todo y que estuvo detenida, poco le importa para volver a aspirar.
Samuel Santander Lopesierra, más reconocido como el Hombre Malboro, fue extraditado en 2003 bajo el gobierno de ÁlvaroUribe y acabó su condena el 16 de agosto de 2021.
Ahora aspirará a la alcaldía del municipio de Maicao en La Guajira.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos «fue culpable por introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos” y “desarrolló un millonario negocio de venta al por mayor de cigarrillos y licores”. Además, participó en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Cabe recordar que Salvatore Mancuso lo acusó de ser uno de los responsables de la creación de los primeros bloquesparamilitares en La Guajira.
El Hombre Malboro fue mencionado en el escándalo de Nicolás Petro, donde se le acusa presuntamente de haberle entregado más de $600.000.000 para la campañade Gustavo Petro.
Lopesierra fue mencionado en la entrevista que le hizo Semana a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Vásquez asegura que la conexión de Lopesierra y Nicolás Petro fue a través de la hija de Lopesierra, Mónica Lopesierra, quien el 21 de junio declaró ante la Procuraduría. Según lo dicho por Mónica Lopesierra, los dineros no habrían ingresado a dicha campaña.
Por otro lado, Santander Lopesierra aparece en una fotografía con el actual representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, quien está involucrado en el hallazgo de más de 175 cartuchos de munición en el vehículo que tiene asignado por la UNP. Gómez Soto es hijo de María Cristina ‘Tina’ Soto, exrepresentante a la Cámara para periodo 2018-2022, por el Partido Conservador, quien ha sido cuestionada por Pares porque en el pasado habría tenido una relación política con el exgobernador de La Guajira,condenado por homicidio Kiko Gómez.
‘Tina’ Soto está siendo investigada desde el 2022 por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en un caso de corrupción electoral, relacionado con la curul que obtuvo en 2018. Tanto Gómez como Soto hacen parte del clan Nueva Fuerza Guajira, que lidera el senador Alfredo Deluque,hijo del condenado exgobernador de La Guajira HernandoDeluque.
A Hernando Posso Parales, aspirante a la gobernación de Arauca, le cabe aquello de que “zorra pollera no pierde el vicio”. Estuvo detenido en 2002 por presuntos vínculos con las FARC-EP. En 2005 la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. Según la entidad, el funcionario cometió irregularidades en su período como diputado de la Asamblea Departamental (1998 y 2000), por cobrar de manera irregular honorarios por la asistencia a sesiones de comisión y plenarias.
En 2015 apareció una investigación en su contra por estafa agravada. Según el denunciante Óscar Evelio Durán, Posso Parales le pidió un préstamo de 500 millones de pesos, donde Evelio Durán solicitando una garantía lo hizo firmar un pacto de retroventa sobre uno de sus predios. Hernando Posso no cumplió cuando se le exigió el dinero argumentando que su predio habría entrado en medida cautelar proferida por la Fiscalía, por lo que se encontraba en un proceso de extinción de dominio. Según la defensa del demandante, el predio que pactó el hoy candidatotendría una cláusula por lo que no podíaponerse en venta.
Su última investigación se acredita el 29 de noviembre de 2022, debido a que la Procuraduría General de la Nación abrió una Investigación disciplinaria contra 10 diputados de la Asamblea de Arauca, entre esos se encuentra Posso, por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental 2022-2025. Al parecer, ante la renuncia de uno de los miembros de la terna, la corporación procedió a elegir contralor departamental con dos integrantes de la terna inicial. En consecuencia, la elección se habríallevado a cabo con solo dos candidatos de los tresque estipulala norma.
Patrocinio Sánchez Montes de Oca, aspira a la gobernación del Chocó, fue condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia a dieciocho meses de cárcel por el delito de peculado culposo, e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer funciones públicas, siendo en ese momento gobernador de Chocó. Y ahora quiere repetir en el cargo.
Patrocinio es además hermano del exrepresentante a la Cámara condenado por parapolítica, Odín Sánchez Montes de Oca, quien participó del proyecto paramilitar “Por el Darién Colombiano”. La condena contra Odín fue proferida en 2011 a 108 meses de cárcel por el delitode conciertopara delinquir agravadoen la modalidad de promovergrupos al margende la ley.
Su hermana, Astrid Sánchez Montes de Oca, es representante a la Cámara por el mismo partido y también busca la reelección. Los Sánchez Montes de Oca son considerados un clan familiar con mucha influencia en la región, pero también con cuestionamientos por presuntos vínculos con grupos armados ilegales
Eduardo de Jesús Pérez Díaz aspira a la gobernación del Magdalena, y se le identifica como del Clan Cotes. Para el 2016 la Fiscalía General de la Nación le abrió a Pérez Díaz una investigación por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Ciénaga(Magdalena), porque presuntamente siendo alcalde de esa población (2016 al 2019), se habríaquedado con $1.643 millones de pesos en contratos relacionados con el PAE.
Además, a Pérez Díaz se le habría otorgado una coima de $127 millones de pesos. Ya para el año 2018, la Fiscalía General de la Nación, desde la comisión de delitos contra la administración pública, le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sincumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento pública, y el juez quinto de control de garantías dictó orden de captura a Pérez Díaz por responsabilidades penales por el presunto adjudicación y supuesta ejecución de contratos millonarios en los que se sustrajeron recursos públicos y se incumplió o simuló la ejecución de estos contratos relacionados con el PAE; Pérez Díaz se entregó voluntariamente a la Fiscalía en agosto de 2018, pero luego fue cobijado con la casa por cárcel en septiembre del 2018, separándolo de su cargo, pero el Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías retiró esta medida de aseguramiento en casa ese mismo mes.
Casi al mismo tiempo, la Fiscalía le abrió otro proceso por tráfico de influencias, por presuntamente favorecer a una persona implicada en el caso de compra de votos en la candidatura para las elecciones de 2017 del exsenador FabiánCastillo, quien llegó al cargode la mano delpartidoCambio Radical, y quien hace parte tambiéndel grupo del exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes.
En el 2023 la Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a título de culpa grave por un supuesto detrimento patrimonial en la celebración de un contrato de prestación de servicios por $95 millones de pesos con la Fundación Social Visión Guajira para el apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tablade retención documental y la elaboración de instrumentos archivísticos.
