El círculo perfecto de la corrupción: financian campañas, ganan contratos, repiten el ciclo
En Colombia no elegimos gobernantes. Ratificamos las decisiones de quienes realmente mandan: los mega contratistas que convirtieron la democracia en una inversión de altísima rentabilidad. Mientras los ciudadanos hacen fila bajo el sol para ejercer su «derecho al voto«, un puñado de empresarios ya decidió quién ganará y cuánto recuperarán de su «aporte democrático» vía contratos públicos.
El sistema es tan perfectamente corrupto que resulta elegante: financian campañas, sus candidatos ganan, recuperan la inversión multiplicada en contratos estatales y con esas ganancias financian las siguientes elecciones. Un círculo vicioso donde el pueblo cree elegir, pero solo valida decisiones ya tomadas en salones privados entre políticos hambrientos de poder y empresarios hambrientos de dinero público.
Las cifras desnudan la farsa: según Transparencia por Colombia, el 25.5% de los financiadores de campañas territoriales en 2019 —2,518 personas y empresas— se quedaron con contratos estatales por $5.3 billones de pesos. En las elecciones nacionales de 2018, el 31.6% de los financiadores —904 en total— recibieron contratos por $5.7 billones de pesos. En total, más de $10 billones de pesos fluyeron hacia quienes previamente habían «invertido» en la política.
¿Coincidencia? Solo si crees en los Reyes Magos y en la honestidad de los políticos colombianos.
El Club Privado de la Contratación Pública
La contratación estatal en Colombia no es un proceso transparente de selección del mejor oferente. Es un club privado donde la membresía se paga con aportes a campañas políticas y se renueva con comisiones, prebendas y silencios cómplices.
KMA Construcciones, del cartagenero Menzel Amín, ejemplifica magistralmente esta dinámica. Hoy es el socio mayoritario de la Unión Temporal Peajes Nacionales, concesionaria que desde 2021 recauda y administra 36 peajes nacionales bajo un contrato que le reportará mínimo $1 billón de pesos en 10 años. El mismo KMA que construye el aeropuerto de Tolú, que maneja la Autopista del Caribe, la Transversal del Sisga, la Autopista del Nordeste antioqueño y la Troncal Magdalena. El mismo cuyo presidente fue llamado a indagatoria por su posible participación en los sobornos de Odebrecht.
La firma KMA Construcciones, hoy aparece como parte del único consorcio (cuyo socio es el grupo Solarte) interesado en construir el Aeropuerto del Café.
¿Por qué seguimos contratando con empresas investigadas por corrupción? Porque el sistema no castiga a los corruptos, los premia. Porque la trayectoria judicial no es obstáculo cuando tienes las conexiones políticas correctas. Porque en Colombia, como bien lo señala corrupcionaldia.com, «los contratistas y sobre todo los mega contratistas son piezas o enlaces fundamentales para comprender el entramado de corrupción que reina en la contratación pública«.
El clan Solarte, otra dinastía empresarial que controla el 13% de las concesiones viales del país, aprendió bien la lección: asociarse con políticos, tejer redes de poder, operar en las sombras. Como documenta corrupcionaldia.com, estos «habilidosos personajes usando a políticos a su servicio, controlan los diversos trámites de las compras del estado pese a la legislación de contratación pública, los diversos Secops y las veedurías«.
Las veedurías. Qué chiste más cruel. Como si un sistema diseñado para ser opaco pudiera volverse transparente con «observadores ciudadanos» que no tienen acceso real a la información, ni poder para detener las adjudicaciones amañadas, ni protección cuando denuncian.
Cuestionada trayectoria
La trayectoria de KMA no ha estado exenta de investigaciones judiciales y disciplinarias, especialmente por el caso Odebrecht. En el presente, KMA enfrenta problemas sociales y ambientales derivados de sus concesiones. Las comunidades han protagonizado manifestaciones en peajes, denunciando tarifas abusivas y falta de inversión en vías alternas.
Ambientalistas han cuestionado el impacto de dobles calzadas en ecosistemas frágiles, mientras líderes sociales reclaman que las concesiones benefician a pocos y afectan a muchos. En el aeropuerto de Tolú, se presentaron problemas de suspensión de obra, ante los hallazgos arqueológicos, lo que evidencia los problemas de planeación y análisis integral de este tipo de proyectos. Además, la empresa ha demandado al Estado colombiano en busca de compensaciones económicas, mostrando su doble rol: contratista privilegiado y litigante frente al mismo gobierno que le otorga los negocios.
Los Amin no escaparon al escándalo de Odebrecht por la obra de la que fueron socios: la ruta del sol dos. El presidente de KMA, Menzel Amin Avendaño, primogénito del patriarca Amín Bajaire, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por su posible participación en la trama de sobornos de la filial en Colombia de la constructora brasileña. Esa indagación, anunciada en marzo de 2017, se dio como parte de una investigación para establecer el “destino de los recursos del soborno” o por su posible conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol Dos, informó la Fiscalía. Cuatro meses después, en julio de ese mismo año, la investigación se cerró con la condena de Enrique Ghisays Manzur –quien fuera socio de Amín Avendaño en la sociedad OIL& Gas Logistics– a 7 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Además, la megacontratista KMA fue señalada en 2018 por la Contraloría de planificar mal, y de entregar fuera de tiempo, vías y canales pluviales que construyó en Valledupar en 2014. Esas obras las ejecutó como miembro del Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte asociada a Cicon SAS, la empresa de Menzel Amín padre. La conclusión de la contraloría fue un posible detrimento de $2.506 millones.
La matemática obscena del retorno político
Hagamos las cuentas, que al final todo se reduce a números y comisiones:
Un contratista aporta $50 millones de pesos a una campaña de alcalde (apenas el 5% del tope permitido). Su candidato gana. A los seis meses, su empresa recibe un contrato de $1,500 millones de pesos mediante licitación «transparente» donde curiosamente solo llegaron dos oferentes, y el otro presentaba precios «no competitivos«.
Retorno de inversión: 3,000%. En seis meses. Sin riesgos. Sin incertidumbre. Con la bendición de la legalidad.
El exgobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, firmó un contrato de $1,700 millones de pesos con un financiador de su campaña que aportó más del 2% del tope electoral, violando claramente la Ley 1474. ¿Consecuencias? Una condena que llegó años después, cuando el dinero ya estaba gastado, lavado, invertido en la siguiente campaña.
El exalcalde de Cantagallo, Bolívar, celebró contratos por $1,300 millones con un financiador que aportó $20 millones a su campaña, el 17% del tope. ¿Alguien fue preso? ¿Alguien devolvió el dinero? Por supuesto que no. El sistema no funciona así. El sistema está diseñado para que el robo sea legal, o al menos, impune.
Transparencia por Colombia ha documentado que el 85% de la contratación con financiadores de campañas se hace mediante modalidades «simplificadas»: Contratación Directa (39.4%), Régimen Especial (32.3%) y Selección Abreviada (14%). Apenas el 9.5% pasa por licitación pública.
«Simplificadas«. Qué eufemismo más cínico para decir «sin competencia real, sin transparencia, sin posibilidad de que alguien de afuera entre al negocio«.
El Sistema que se perpetúa a sí mismo
Lo más perverso de esta maquinaria no es que exista. Es que se autoperpetúa. Los contratistas no solo recuperan su inversión política, generan el capital para financiar el siguiente ciclo electoral, asegurando que solo lleguen al poder quienes están dispuestos a jugar el juego.
Como reveló el procurador Gregorio Eljach, hay denuncias de funcionarios que «citan contratistas a puerta cerrada y quitándole el celular para decirle que hay que votar en la consulta de tal colectividad por tal persona«. La maquinaria política regional hace que «el mayor empleador es el Estado y los contratistas muchas veces terminan viendo su participación política coartada por mantener sus empleos«.
El mensaje es claro: o juegas con nosotros, o te quedas sin contratos. Simple. Efectivo. Profundamente antidemocrático.
Los casos documentados por corrupcionaldia.com sobre fondos mixtos que adjudican obras sin competencia, enviando invitaciones a ofertar solo a sus «socios«, convirtiendo la contratación pública en un club privado donde la membresía se paga con complicidad, son apenas la punta del iceberg. Ingeniería y Proyectos Sostenibles (Inprosos S.A.S.) cobró $1.359 millones por 18 viviendas, entregó cuatro tan mal hechas que hubo que demolerlas, y se niega a devolver el anticipo.
¿Sanciones? ¿Cárcel? ¿Inhabilitación? Nada de eso. El contratista fantasma desaparece, la empresa cierra, los responsables abren otra y el ciclo continúa. Mientras, $133.000 millones de pesos en anticipos por obras suspendidas siguen en manos de contratistas que nunca terminarán lo que prometieron.
El mapa del Poder Real
Olvidemos el mapa político que nos enseñan en la escuela, ese donde Colombia se divide en departamentos con colores partidistas. El verdadero mapa del poder se traza con las rutas de los contratos, con las concesiones viales, con los aeropuertos, con los peajes, con los proyectos de vivienda.
KMA controla 16 peajes a través de sus concesiones viales. La Unión Temporal Peajes Nacionales, donde KMA es socio mayoritario, maneja otros 35 peajes en 14 departamentos. Cada peaje es un punto de control, un flujo de dinero, un nodo de poder.
El clan Solarte, con empresas «diseminadas por la geografía nacional ejecutando obras«, vinculado al caso Odebrecht a través de CASS Constructores & Cía., sigue operando, sigue contratando, sigue acumulando poder.
En el Fondo de Adaptación, como reveló El Espectador, la adjudicación de contratos millonarios ha beneficiado a figuras vinculadas a partidos como la Alianza Social Independiente (ASI) y La U. Russell Ramírez, Juan José Poveda Daza, Joaquín Emilio Zapata, Óscar Enrique Bedoya, todos con vínculos políticos y laborales con la senadora Berenice Bedoya, todos beneficiados con contratos que oscilan entre $43 y $160 millones de pesos.
La pregunta no es si hubo favorecimiento político. La pregunta es: ¿cuándo no lo hay?
La filosofía del saqueo institucionalizado
Alejandro Nieto, en su libro El desgobierno de lo público, describe cómo el Estado ha degenerado en «una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética«, secuestrado por «partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico«, generando «un aparato administrativo que no cumple con su función de servicio público, sino que se convierte en un obstáculo para la justicia, la eficacia y la equidad«.
Colombia ha perfeccionado este modelo. No es corrupción esporádica, es corrupción estructural. No son casos aislados de funcionarios deshonestos, es un sistema diseñado para que el robo sea la norma y la honestidad, la excepción suicida.
La politización de la administración hace que los altos cargos respondan más a intereses partidistas que a criterios de mérito. La falta de control y rendición de cuentas garantiza que la impunidad sea la norma. La inflación normativa y burocracia ineficiente genera confusión y arbitrariedad que beneficia a quienes conocen los atajos.
Como señala corrupcionaldia.com, «el corrupto sigue ganando no porque sea más inteligente ni porque el sistema lo proteja, es porque la sociedad se acostumbró a perder«. Hay políticos que se roban millones, reparten puestos, manipulan contratos, compran conciencias y aún así vuelven a ser elegidos. ¿Por qué? Porque han aprendido a disfrazar la corrupción de gestión.
El costo real de tener amos
Cada peso que un mega contratista recupera vía contrato público es un peso que no llegó a educación, a salud, a vías rurales, a programas sociales. Cada licitación amañada es una oportunidad perdida para empresas honestas que no pueden competir contra quienes tienen alcaldes, gobernadores y senadores en la nómina.
El caso de las 18 familias de Pueblo Rico, Risaralda, esperando un techo que se desplomó antes de ser habitado, es la metáfora perfecta de un país que se acostumbró a construir sobre cimientos de mentiras. Los $133.000 millones de pesos en anticipos por obras suspendidas representan más del doble de lo que gana Luis Díaz en el Bayern Munich, pero sin balones ni goles, solo promesas rotas y familias traicionadas.
La concentración de contratos en pocas manos no solo es antidemocrática, es económicamente ineficiente. Limita la competencia, reduce la innovación, perpetúa malas prácticas constructivas, infla costos. Pero a los mega contratistas no les interesa la eficiencia del sistema, les interesa mantener el monopolio.
El Carrusel de la Contratación en Bogotá, que costó $2.2 billones de pesos, el caso Odebrecht que pagó $32.5 millones de dólares en sobornos, el escándalo de Centros Poblados donde desaparecieron $70.000 millones de pesos, son apenas los casos que lograron visibilidad mediática. ¿Cuántos más operan en silencio, protegidos por la opacidad del sistema y la complicidad de los medios?
La Pregunta Incómoda
¿Por qué seguimos eligiendo a los mismos? ¿Por qué KMA sigue ganando contratos después de estar vinculado al caso Odebrecht? ¿Por qué el clan Solarte continúa controlando concesiones viales a pesar de los escándalos? ¿Por qué los financiadores de campañas siguen recuperando su inversión vía contratos sin que nadie les diga «hasta aquí«?
La respuesta es tan simple como devastadora: porque el sistema está diseñado así. Porque la ley tiene más lagunas que dientes. Porque los mecanismos de control son decorativos. Porque la impunidad no es una falla del sistema, es una característica.
La Ley 1474 prohíbe que quienes financien más del 2% del tope de campaña contraten con el Estado. ¿Cuántos han sido sancionados? Casi ninguno. La ley existe, pero su aplicación es tan excepcional que resulta anecdótica.
Los financiadores reportan aportes, sí, pero como documenta Transparencia por Colombia, hay 1,272 casos donde la información registrada del financiador no corresponde con su número de identidad o nombre, suplantando identidades o usando datos inexistentes. Estos registros irregulares impiden conocer el origen real de los ingresos.
Se hallaron 12 financiadores con inhabilidades vigentes en el momento de realizar su aporte. ¿Consecuencias? Ninguna. El dinero ilegal entra en efectivo, no se reporta, y no hay controles efectivos sobre los gastos de campaña. Se reporta la impresión de 100 volantes mientras se imprimen 1,000, sin que nadie verifique la veracidad de la información.
La Democracia como fachada
La democracia colombiana se ha convertido en un espectáculo bien montado donde el pueblo actúa como comparsa. Votamos, sí. Hacemos filas, nos toman la huella, escuchamos discursos grandilocuentes sobre el «sagrado deber cívico«. Pero el resultado ya está decidido en los salones donde se negocian los contratos futuros.
Como bien señala corrupcionaldia.com: «Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas. La corrupción no nace sola, necesita silencios cómplices, miradas indiferentes, y multitudes que aplaudan aunque sepan la verdad«.
El «todos roban, pero este me ayuda» se volvió el lema nacional. La resignación ciudadana, combinada con la impunidad gubernamental, crea el círculo perfecto: los gobernantes no tienen incentivos para cambiar porque el pueblo no exige cambio real, y el pueblo no exige cambio porque cree que todos son iguales.
«Quien controla el miedo de la gente se acaba adueñando de su alma«, advierte Alejandro Nieto. Y los mega contratistas han aprendido a controlar el miedo perfectamente: miedo a perder el empleo, miedo a quedarse sin contratos, miedo a denunciar y quedar marcado, miedo a enfrentarse a un sistema que perciben como imposible de cambiar.
El futuro que nos espera
Si no rompemos este círculo vicioso, el futuro es predecible: los mismos contratistas financiarán las siguientes campañas, elegirán a los siguientes gobernantes, acapararán los siguientes contratos, y perpetuarán la misma dinámica corrupta que nos ha mantenido pobres mientras ellos acumulan fortunas con dinero público.
La infraestructura seguirá siendo deficiente porque no les interesa la calidad, solo el volumen de contratos. Las obras seguirán entregándose tarde, mal y nunca, porque las sanciones son excepcionales. Los anticipos seguirán desapareciendo en cuentas offshore mientras las comunidades esperan décadas por lo prometido.
Como concluye corrupcionaldia.com: «El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros«. Reducir la impunidad requiere una combinación de reformas legales, fortalecimiento institucional y participación activa de la ciudadanía.
La Verdad desnuda
Los mega contratistas no son villanos de película. Son empresarios racionales maximizando ganancias en un sistema que premia la corrupción y castiga la honestidad. No son más inteligentes ni más trabajadores que otros empresarios, simplemente entendieron mejor las reglas del juego: en Colombia, la política es el negocio más rentable que existe.
Cada elección es una subasta donde los candidatos se venden al mejor postor. Cada licitación es una farsa donde el ganador se conoce antes de publicar el pliego. Cada contrato es un intercambio de favores donde el perdedor siempre es el ciudadano que pagó impuestos creyendo que financiaba el desarrollo, no el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
La pregunta no es si vamos a seguir permitiendo que nos roben. Es si estamos dispuestos a despertar de la resignación que nos convirtió en cómplices de nuestro propio saqueo.
Porque mientras sigamos creyendo que «todos son iguales» y que «así es Colombia», los contratistas seguirán eligiendo a sus propios jefes, y nosotros seguiremos pagando la fiesta con nuestros impuestos.
La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y hoy la anatomía del poder muestra una verdad incómoda: en Colombia, el Estado no pertenece al pueblo. Pertenece a quien pueda pagarlo.
