Mientras la JEP condena a 20 años al coronel Mejía por 6.402 falsos positivos, la Procuraduría le construyó durante años un blindaje institucional que revela las entrañas de un sistema diseñado para proteger asesinos
La máquina de matar que el Estado decidió proteger
Veinte años de prisión. Esa es la condena que la Jurisdicción Especial para la Paz impuso al coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Seis mil cuatrocientos dos. Repite ese número en voz alta hasta que deje de ser una estadística y se convierta en lo que realmente es: una de las mayores masacres sistemáticas de la historia reciente de Colombia. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante: mientras la JEP hacía su trabajo, la Procuraduría General de la Nación se dedicó a construir, ladrillo a ladrillo, un muro de protección para que este hombre nunca enfrentara las consecuencias de convertir el asesinato en política de Estado.
Esto no es una denuncia sobre un militar corrupto. Es la radiografía de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado: protegiendo a quienes ejecutan la violencia institucional mientras mantiene la ilusión de que existe algo llamado justicia. Porque cuando el procurador Carlos Camargo (Eljach) movió sus fichas en 2024 para beneficiar a Mejía, no estaba cometiendo un error administrativo. Estaba cumpliendo con precisión milimétrica el manual de operaciones de la impunidad colombiana.
El arquitecto de la muerte con uniforme
El coronel Mejía no fue un soldado confundido ni un oficial que «siguió órdenes». Fue el arquitecto de una maquinaria industrial de muerte. Como comandante operativo de la Brigada Móvil No. 15, diseñó y ejecutó un sistema en el que jóvenes colombianos eran secuestrados, asesinados, disfrazados de guerrilleros y presentados como «bajas en combate» para inflar estadísticas militares y obtener permisos, ascensos y reconocimientos.
La JEP documentó su responsabilidad en 6.402 casos, pero los números solo cuentan una parte de la historia. Detrás de cada cifra hay un joven como Jaime Steven Vanegas Romero, de 17 años, uno de los casos de Soacha que rompió el silencio en 2008. Detrás de cada estadística hay una madre que todavía espera que su hijo vuelva a casa, sin saber que el Estado al que le pagaba impuestos financió el asesinato de su familia.
Mejía operaba con la eficiencia de quien sabe que cuenta con protección institucional. Y tenía razón. Mientras él ejecutaba su plan, la Procuraduría General de la Nación, bajo el mando de Margarita Cabello Blanco, iniciaba una investigación disciplinaria que parecía diseñada no para castigarlo, sino para absolverlo.
La Procuraduría: cuando investigar es encubrir
En 2019, cuando ya era imposible negar la masacre de Soacha, la Procuraduría abrió una investigación contra Mejía. Pero algo extraño sucedió: esa investigación se convirtió en un laberinto burocrático donde las pruebas desaparecían, los términos se extendían indefinidamente y las decisiones favorecían sistemáticamente al coronel.
Margarita Cabello, quien posteriormente sería nombrada ministra de Justicia como premio por su «gestión«, supervisó personalmente que la investigación disciplinaria contra Mejía siguiera un ritmo que haría parecer veloz a una tortuga sedada. Mientras las madres de Soacha exigían justicia en las calles, la Procuraduría se dedicaba a construir argumentos técnicos para explicar por qué un hombre responsable de miles de muertes merecía una sanción administrativa equivalente a la de un funcionario que llega tarde al trabajo.
Pero la verdadera obra maestra del encubrimiento llegó en 2024, cuando Carlos Camargo (Eljach), el nuevo procurador, decidió que era momento de acelerar el proceso. ¿Para condenarlo más rápido? No. Para absolverlo con elegancia. Según reveló corrupcionaldia.com, Eljach trasladó el expediente del coronel Mejía de la Procuraduría Regional Cundinamarca a la Procuraduría Segunda Delegada, una movida estratégica que garantizaba que el caso quedara en manos de funcionarios más «comprensivos» con la causa militar.
El manual operativo de la impunidad institucional
Lo que hizo Eljach no fue un error de procedimiento. Fue la aplicación perfecta de lo que podríamos llamar el «protocolo de blindaje para criminales de Estado«. Funciona así:
Paso 1: Abrir una investigación disciplinaria cuando ya es imposible no hacerlo, preferiblemente años después de que los crímenes se hicieron públicos.
Paso 2: Asignar el caso a funcionarios que entienden que su trabajo no es castigar, sino gestionar la apariencia de justicia.
Paso 3: Prolongar la investigación el tiempo suficiente para que la atención pública se disipe y las víctimas se cansen de esperar.
Paso 4: Cuando el caso está a punto de prescribir o cuando existe presión internacional, mover estratégicamente el expediente a una dependencia que garantice el resultado deseado.
Paso 5: Emitir una absolución técnicamente impecable, llena de considerandos jurídicos que explican por qué asesinar a 6.402 personas no constituye falta disciplinaria grave.
Eljach ejecutó este manual con la precisión de un relojero suizo. Mientras la JEP trabajaba en documentar cada uno de los crímenes de Mejía, mientras las organizaciones de derechos humanos presentaban pruebas irrefutables, mientras las madres de Soacha seguían buscando los restos de sus hijos, la Procuraduría construía silenciosamente un camino de salida para el coronel.
Cuando matar se convierte en política de Estado
Los falsos positivos no fueron crímenes aislados cometidos por militares descontrolados. Fueron política de Estado. Una política diseñada en los más altos niveles del poder, incentivada con ascensos y reconocimientos, ejecutada con la precisión de quien sabe que cuenta con impunidad institucional.
El coronel Mejía no actuó solo. Actuó en un sistema que recompensaba el asesinato con promociones, que celebraba las «bajas en combate» sin preguntar de dónde venían los cadáveres, que miraba hacia otro lado cuando los «guerrilleros muertos» resultaban ser campesinos con discapacidad mental o jóvenes desempleados de Ciudad Bolívar.
Y cuando ese sistema fue expuesto, cuando ya no se pudo negar lo innegable, el mismo Estado que incentivó los crímenes activó su maquinaria de protección. La Procuraduría de Margarita Cabello y luego la de Eljach se convirtieron en el escudo que protegería a quienes ejecutaron la política de exterminio.
El costo real de la impunidad institucional
Mientras publicamos esto, el coronel Mejía está condenado por la JEP, pero la Procuraduría sigue sin sancionarlo disciplinariamente. Es más, según las investigaciones de corrupcionaldia.com, el traslado del expediente realizado por Eljach prácticamente garantiza que Mejía termine su carrera militar con pensión completa y honores institucionales.
Esto significa que el Estado colombiano está dispuesto a pagar durante décadas una pensión a un hombre responsable de 6.402 asesinatos. Significa que el mismo Estado que les pide a los ciudadanos «respetar la ley» mantiene en su nómina a quienes convirtieron el asesinato sistemático en rutina administrativa.
Pero el costo va mucho más allá de lo económico. Cada día que Mejía pasa sin sanción disciplinaria, cada maniobra de la Procuraduría para protegerlo, cada traslado estratégico de expedientes, envía un mensaje cristalino a las Fuerzas Militares: pueden asesinar con impunidad porque el Estado los protegerá. No importa cuántas vidas destruyan, no importa cuántas familias destrocen, no importa cuántos jóvenes maten. El sistema los cuidará.
Y ese mensaje no solo lo reciben los militares. Lo reciben las madres de Soacha, que después de 16 años de lucha siguen esperando que alguien en el Estado admita que sus hijos no eran guerrilleros sino víctimas de un genocidio institucional. Lo reciben las organizaciones de derechos humanos, que documentan incansablemente los crímenes solo para ver cómo la Procuraduría convierte las pruebas en papel burocrático sin consecuencias.
La JEP versus la Procuraduría: cuando dos verdades no pueden coexistir
La condena de la JEP a Mejía y la protección de la Procuraduría exponen una contradicción que el Estado colombiano ya no puede ocultar: no se puede tener al mismo tiempo una jurisdicción que condena crímenes de lesa humanidad y una Procuraduría que protege a quienes los cometieron.
La JEP determinó que Mejía es responsable de 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que operó dentro de un patrón sistemático de violencia, que sus acciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Esa misma evidencia está en poder de la Procuraduría. Pero mientras la JEP condena, la Procuraduría absuelve. Mientras la JEP documenta, la Procuraduría encubre.
Esta no es una diferencia de interpretación jurídica. Es la evidencia de que existe un sector del Estado colombiano que considera que proteger a criminales de lesa humanidad es parte de sus funciones institucionales. Y ese sector no está conformado por funcionarios corruptos que actúan a escondidas. Está liderado por el procurador general de la Nación, quien mueve expedientes con la tranquilidad de quien sabe que no habrá consecuencias.
El sistema que funciona exactamente como fue diseñado
Aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta: el sistema no está fallando. Está funcionando exactamente como fue diseñado. La Procuraduría no está siendo infiltrada por la corrupción. La protección a criminales de Estado no es un bug del sistema, es su característica principal.
Cuando Eljach trasladó el expediente de Mejía, no estaba cometiendo un acto de corrupción. Estaba cumpliendo con su función: proteger la estructura de poder que permite que el Estado asesine cuando lo considera necesario y luego encubra esos asesinatos cuando se vuelven políticamente inconvenientes.
Margarita Cabello no fue una mala procuradora. Fue una procuradora perfecta para un sistema que necesita mantener la apariencia de justicia mientras garantiza que quienes ejecutan la violencia estatal nunca enfrenten consecuencias reales. Por eso fue recompensada con el Ministerio de Justicia. Porque hizo exactamente lo que se esperaba de ella.
Las madres que siguen esperando justicia
Mientras el Estado perfecciona sus mecanismos de protección para criminales, las madres de Soacha siguen esperando. Esperando que alguien les explique por qué el Estado que debía proteger a sus hijos financió su asesinato. Esperando que alguien les diga por qué los responsables siguen cobrando pensiones del erario público. Esperando que alguien en el poder admita que sus hijos no eran guerrilleros sino víctimas de una política de exterminio.
Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, uno de los jóvenes asesinados en Soacha, ha dicho: «Nosotras no vamos a parar hasta que todos los responsables paguen». Pero ¿cómo se hace justicia en un país donde el mismo Estado que debe impartirla se dedica a proteger a los asesinos?
La respuesta es incómoda: no se puede. No mientras la Procuraduría siga funcionando como un escudo institucional para criminales de Estado. No mientras funcionarios como Eljach puedan mover expedientes sin consecuencias. No mientras el sistema considere que proteger a militares asesinos es más importante que honrar la memoria de sus víctimas.
La pregunta que el país se niega a responder
Si el coronel Mejía, responsable de 6.402 asesinatos, cuenta con la protección de la Procuraduría General de la Nación, ¿quién más está siendo protegido? ¿Cuántos otros militares, cuántos otros funcionarios, cuántos otros responsables de crímenes de lesa humanidad están durmiendo tranquilos porque saben que el sistema los protegerá?
La condena de la JEP a Mejía es importante, pero es solo un fragmento de la verdad. La verdad completa es que Colombia tiene un sistema de impunidad perfectamente engrasado, donde instituciones como la Procuraduría funcionan como departamentos de recursos humanos para criminales de Estado, gestionando sus expedientes disciplinarios con el mismo cuidado con el que se gestiona la carrera de un empleado valioso.
Y lo más aterrador no es que esto exista. Es que funciona con total normalidad, a la luz del día, sin que nadie lo detenga. Eljach trasladó el expediente de Mejía y nadie lo cuestionó. Margarita Cabello lo protegió durante años y fue promovida. El sistema sigue operando porque todos entendemos, aunque no lo digamos, que así es como funcionan las cosas.
Cuando el Estado decide quién merece vivir
Los falsos positivos no fueron un error del sistema. Fueron el sistema funcionando con máxima eficiencia. Un sistema que decidió que la vida de jóvenes pobres, campesinos, personas con discapacidad, valía menos que una estadística militar. Un sistema que convirtió el asesinato en métrica de éxito y recompensó a quienes mejor ejecutaran la política de exterminio.
El coronel Mejía fue eficiente. Cumplió las metas. Entregó los resultados que sus superiores esperaban. Y ahora, el mismo Estado que lo incentivó a matar lo protege porque sabe que si Mejía cae, caerán con él todos los que diseñaron, supervisaron y celebraron su trabajo.
La protección a Mejía no es sobre un hombre. Es sobre mantener intacta la estructura de poder que permite que el Estado asesine cuando lo considera necesario y luego gestione la impunidad cuando esos asesinatos se vuelven inconvenientes.
La justicia que solo existe en el papel
Colombia tiene dos sistemas de justicia operando simultáneamente. Uno, la JEP, intenta documentar la verdad y condenar a los responsables. Otro, encabezado por la Procuraduría, se dedica metódicamente a proteger a esos mismos responsables y garantizar que nunca enfrenten consecuencias reales.
¿Cuál de los dos prevalecerá? Si la historia reciente sirve de guía, será el segundo. Porque el sistema de protección tiene décadas de experiencia, tiene el poder institucional, tiene la capacidad de mover expedientes, trasladar casos, diluir responsabilidades y convertir crímenes de lesa humanidad en procedimientos administrativos sin importancia.
La condena de la JEP a Mejía es un papel. Importante, simbólico, necesario, pero solo un papel. Mientras Mejía siga sin sanción disciplinaria, mientras siga cobrando su pensión militar, mientras funcionarios como Eljach puedan protegerlo sin consecuencias, ese papel es solo eso: papel.
La pregunta que nos define como sociedad
Una sociedad se define no por los crímenes que comete, sino por cómo responde a ellos. Colombia está en ese momento definitorio. ¿Somos un país que acepta que el Estado asesine sistemáticamente a sus ciudadanos y luego proteja a los asesinos? ¿O somos un país que exige que incluso los más poderosos enfrenten justicia?
La respuesta la estamos construyendo ahora, con cada día que permitimos que Mejía siga sin sanción disciplinaria, con cada silencio ante las maniobras de la Procuraduría, con cada vez que decidimos que es más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la verdad incómoda de que nuestro Estado protege asesinos.
Las madres de Soacha no han mirado hacia otro lado. Han luchado durante 16 años, han documentado, han denunciado, han resistido. Pero no pueden luchar solas contra un sistema diseñado específicamente para proteger a quienes asesinaron a sus hijos.
La pregunta es si el resto del país está dispuesto a acompañarlas. O si preferimos seguir creyendo que la justicia existe porque está escrita en papeles, mientras los criminales de Estado caminan libres, protegidos por la misma institución que debería castigarlos.
Porque al final, el caso del coronel Mejía no es sobre un militar corrupto. Es sobre quiénes somos como sociedad cuando decidimos qué crímenes merecen castigo y cuáles merecen protección institucional. Y hasta ahora, hemos decidido que asesinar a 6.402 personas merece una pensión vitalicia del Estado.
¿Eso es lo que queremos ser?
Este artículo es parte de la investigación continua de corrupcionaldia.com sobre cómo las instituciones colombianas operan como escudos de impunidad para criminales de Estado. Porque la verdad no solo se denuncia, se disecciona.
