Ministerio de Educación denuncia penalmente al rector de la Universidad del Atlántico por presunta falsedad documental. La Fiscalía investiga certificados contradictorios que le permitieron acceder al cargo más codiciado del Caribe colombiano.
Por: Redacción Corrupción al Día
Barranquilla, 24 de noviembre de 2025
La designación de Leyton Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, lejos de marcar el inicio de una nueva era académica, ha desencadenado una de las crisis institucionales más graves en la historia de esta institución. El Ministerio de Educación Nacional anunció que trasladará el expediente a la Fiscalía General para que investigue una posible falsedad en documento público, un delito que en Colombia puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión.
La controversia gira en torno a certificaciones laborales contradictorias que Barrios presentó para acreditar su experiencia docente, un requisito fundamental e indispensable para aspirar a la rectoría de cualquier universidad pública en Colombia.
El laberinto de las certificaciones contradictorias
El escándalo tiene dos frentes principales que involucran a dos instituciones educativas: la Corporación Universitaria Americana y la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.
El caso de la Universidad Americana: tres versiones, una sola verdad
Según documentos a los que ha tenido acceso esta redacción, Leyton Barrios presentó inicialmente una certificación expedida por la Corporación Universitaria Americana en la que afirmaba haber ejercido labores docentes entre 2020 y 2023 bajo contratos de prestación de servicios.
Sin embargo, la historia cambió dramáticamente cuando el Comité de Credenciales de la Universidad del Atlántico solicitó verificación. El 27 de agosto de 2025, la coordinadora de Gestión Documental de la Universidad Americana emitió un documento en el que aseguraba que Barrios no había tenido ningún tipo de vinculación laboral con esa institución.
Días después, el 1 de septiembre, dos directivas de la misma universidad —Stella Gutiérrez Consuegra, secretaria general, y Rosa María Bracho Acocha, directora administrativa— firmaron una nueva certificación contradiciendo el documento anterior y afirmando que Barrios sí mantuvo un vínculo contractual ininterrumpido durante cuatro años.
La confesión final llegó el 5 de noviembre de 2025, cuando Alba Lucía Corredor Gómez, representante legal de la Corporación Universitaria Americana, presentó ante el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla una contestación judicial reveladora: el vínculo entre Barrios y la universidad fue de naturaleza «civil ad honorem», sin contraprestación económica, sin vínculo laboral y sin horas directas en aula.
La representante legal admitió que las actividades de Barrios se enmarcaron en «funciones sustantivas de la educación superior de extensión y proyección social«, es decir, no ejerció docencia universitaria en el sentido técnico y legal que exigen los estatutos de la Universidad del Atlántico.
El certificado fantasma de Unisalamanca
El segundo frente del escándalo involucra a la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. El 29 de julio de 2025, esta institución expidió un documento certificando que Barrios tuvo vínculo docente durante ocho períodos académicos entre 2013 y 2016, equivalentes a cuatro años en las cátedras de Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho Internacional Público.
El 20 de agosto de 2025, el Comité de Credenciales consultó a Unisalamanca para verificar la autenticidad del documento. Esa misma noche, Angie Melizza Aguilera Ramos, del área de Talento Humano, respondió confirmando «la legalidad de la certificación emitida«.
Pero en un giro dramático, la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca radicó posteriormente ante la Fiscalía una denuncia por presunta falsedad en documento, afirmando que no ha emitido certificación alguna que acredite vínculos laborales o académicos con Barrios. La institución advirtió que el documento presentado por el rector no corresponde a registros oficiales.
Melissa Oregón, representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, confirmó la gravedad de la situación calificándola como un hecho «complejo y delicado«.
Las implicaciones penales: entre 4 y 12 años de cárcel
El artículo 286 del Código Penal colombiano es contundente: cualquier servidor público que en ejercicio de sus funciones consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad en un documento público, incurre en prisión de 64 a 144 meses (entre 5 y 12 años) e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 180 meses.
Pero el caso de Barrios no se limita a una posible falsedad ideológica. También enfrenta acusaciones de fraude procesal, tipificado en el artículo 453 del Código Penal, que sanciona a quien «por cualquier medio fraudulento induzca en error a un funcionario público en actuación judicial o administrativa«. La pena para este delito oscila entre 48 y 144 meses de prisión.
Juristas consultados por Corrupción al Día coinciden en que, de comprobarse los hechos, Barrios habría inducido en error al Comité de Credenciales y al Consejo Superior Universitario al presentar documentos que certificaban una experiencia docente que, en el mejor de los casos, no cumplía con los requisitos legales establecidos en el estatuto de la Universidad del Atlántico.
El operativo político: cuando los plazos legales son opcionales
Lo más grave del caso no es solo la presunta falsedad documental, sino el engranaje institucional que permitió que un candidato con documentos cuestionados llegara a la rectoría.
El Acuerdo Superior 000023 del 28 de julio de 2025 estableció plazos claros: el Comité de Credenciales tenía hasta el 1 de septiembre de 2025 para validar las hojas de vida de los aspirantes. Sin embargo, según confesión del propio gobernador Eduardo Verano de la Rosa en entrevista radial, el Comité sesionó durante 10 horas el mismo día de la elección —27 de octubre— para validar la hoja de vida de Barrios.
Esta operación, realizada en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico y no en la universidad, violó todos los plazos establecidos en el cronograma electoral. El Ministerio de Educación había emitido medidas conminatorias el 2 y 26 de octubre ordenando la suspensión del proceso electoral hasta aclarar las irregularidades. El Consejo Superior, presidido por el gobernador Verano, decidió que las advertencias del Gobierno nacional eran meras sugerencias.
El respaldo Char y las sospechas de conflicto de intereses
Leyton Barrios no es un extraño para el clan Char, la familia política más poderosa del Atlántico. Fue concejal de Cambio Radical, secretario de Educación del departamento durante la administración de Eduardo Verano de la Rosa, y operador político en múltiples campañas.
Su candidatura contó con el respaldo explícito de Fuad Char, patriarca del clan, mientras que Arturo Char —exsenador investigado por delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción electoral— apoyó a otro candidato. En la consulta universitaria, Barrios quedó en tercer lugar con apenas 3,496 votos, muy por debajo de Danilo Hernández, quien obtuvo más de 6,000 votos.
Un dato que agrava las sospechas: durante su gestión como secretario de Educación del Atlántico, Barrios suscribió contratos por más de 7,000 millones de pesos con la misma Corporación Universitaria Americana que luego le expidió las certificaciones contradictorias sobre su experiencia docente.
La universidad en crisis: paro indefinido y violencia
Desde el 30 de octubre de 2025, la Universidad del Atlántico está paralizada. Ocho de las diez facultades se declararon en paro indefinido rechazando la designación de Barrios. La respuesta ha sido desconcertante.
El 11 de noviembre, durante una asamblea multiestamentaria, personas ajenas a la universidad ingresaron al campus portando bates, armas blancas y sustancias químicas. Estudiantes denunciaron ataques con gas pimienta, lanzamiento de sillas desde edificios, heridos con arma blanca y disparos en los alrededores de la institución.
El representante estudiantil José Marchena declaró: «Es un estilo de práctica que nos recuerda las prácticas paramilitares que la universidad tuvo hace muchos años y eso es una de las cosas que más nos atemoriza«.
El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, denunció públicamente la presencia de «personas que no tienen ningún vínculo con la universidad agrediendo a los estudiantes«, y anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional para proteger a la comunidad académica.
Un sistema que premia la mentira
El 12 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla emitió un fallo que dejó en firme la designación de Leyton Barrios como rector, declarando improcedente la acción de tutela interpuesta por tres excandidatos y anulando la resolución del Comité Electoral que había declarado nula la elección por irregularidades.
El Comité Electoral de la propia Universidad del Atlántico había determinado que las certificaciones presentadas por Barrios no acreditaban experiencia docente universitaria formal ni continua y encontró «irregularidades sustanciales y contradicciones» en los documentos. Sin embargo, un juez decidió que esa nulidad no valía.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación decretó vigilancia especial sobre la universidad y anunció una «investigación sancionatoria«, pero Barrios sigue siendo rector y administrando un presupuesto de más de $445,000 millones de pesos para 2025.
La denuncia penal: ¿justicia o impunidad?
El ministro Rojas Medellín confirmó que el expediente será trasladado a la Fiscalía General para que investigue la posible falsedad en documento público. También notificó a la Procuraduría General para que inicie investigaciones por presuntas faltas en el ejercicio de funciones públicas.
Por su parte, Barrios presentó ante la Fiscalía una contraofensiva: denunció a personas indeterminadas por la presunta falsificación de firmas asociadas a la certificación cuestionada de Unisalamanca. Su estrategia defensiva se ha enfocado en argumentar que, independientemente de las irregularidades en la certificación docente, cumplía requisitos por su experiencia como directivo al haber sido representante de los egresados durante seis años.
Sin embargo, el Comité Electoral fue contundente: esa representación «no configura un cargo de planta ni función directiva«.
El precedente peligroso
Este caso no es solo sobre Leyton Barrios. Es sobre un sistema completo que decidió que la legalidad es negociable:
- Un candidato que presentó documentos contradictorios y cambió su historia tres veces
- Un Comité de Credenciales que operó fuera de plazos legales para validar documentos cuestionados
- Un Consejo Superior Universitario que eligió a quien sabía que no cumplía requisitos
- Una Universidad Americana que emitió tres certificaciones contradictorias sobre la misma persona
- Una Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca que certificó y luego negó haber certificado
- Un Ministerio de Educación que denuncia pero no actúa con contundencia
- Un sistema judicial que valida lo que los órganos universitarios habían declarado nulo
Cada uno de estos actores tiene responsabilidad en esta cadena de irregularidades. Y mientras las investigaciones avanzan a paso lento, Leyton Barrios gobierna la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.
El costo de la impunidad
La pregunta que se hace la comunidad universitaria y la ciudadanía del Atlántico es simple y devastadora: ¿cuántos Leyton Barrios más habrá en cargos públicos de Colombia? ¿Cuántas hojas de vida falsificadas? ¿Cuántos documentos contradictorios validados por comités complacientes?
En Colombia, mentir en un proceso de selección pública no solo es fácil: es rentable. Especialmente cuando quienes deben verificar la verdad prefieren mirar hacia otro lado. El silencio institucional ante la falsedad documental no es incompetencia. Es complicidad.
La Universidad del Atlántico maneja un presupuesto superior a los 445,000 millones de pesos. Es la principal institución de educación superior pública de la región Caribe. Y hoy está en manos de un rector cuya experiencia docente es, en el mejor de los casos, cuestionable, y en el peor, inexistente o falsificada.
Mientras la Fiscalía investiga, miles de estudiantes siguen sin clases, cientos de profesores en asamblea permanente, y una comunidad académica completa exigiendo justicia. La pregunta no es si Leyton Barrios irá a la cárcel. La pregunta es si Colombia está dispuesta a dejar de premiar la mentira institucionalizada.
Cronología del escándalo
29 de julio de 2025: Unisalamanca expide certificado sobre experiencia docente de Barrios entre 2013 y 2016.
20 de agosto de 2025: Comité de Credenciales solicita verificación a Unisalamanca.
27 de agosto de 2025: Universidad Americana niega cualquier vínculo laboral con Barrios.
1 de septiembre de 2025: Universidad Americana contradice su certificación anterior y confirma vínculo de cuatro años.
23 de octubre de 2025: Ministerio de Educación exige aclaraciones sobre irregularidades en hoja de vida de Barrios.
27 de octubre de 2025: Consejo Superior elige a Barrios como rector en sesión de 10 horas. Cuatro consejeros se retiran denunciando irregularidades.
30 de octubre de 2025: Inicia paro indefinido en la Universidad del Atlántico.
5 de noviembre de 2025: Universidad Americana admite judicialmente que vínculo con Barrios fue «ad honorem» sin horas en aula.
7 de noviembre de 2025: Comité Electoral declara nula la elección de Barrios.
11 de noviembre de 2025: Personas armadas ingresan al campus y atacan a estudiantes.
12 de noviembre de 2025: Juzgado declara improcedente tutela y deja en firme designación de Barrios.
Noviembre de 2025: Unisalamanca denuncia ante Fiscalía falsedad en documento presentado por Barrios. Ministerio de Educación traslada caso a Fiscalía y Procuraduría.
Nota del editor: Corrupción al Día seguirá informando sobre los desarrollos de las investigaciones penales y disciplinarias contra Leyton Barrios y los funcionarios involucrados en su designación irregular. Si tiene información relacionada con este caso, puede contactarnos de forma segura a través de nuestros canales confidenciales.
