Aída habló de todo en la entrevista con la periodista Vicky Dávila en su centro de reclusión en Caracas.

Aparte de señalar que las campañas que eligieron al ex senador Roberto Gerlein fueron de auténtico terror con intimidación física, verbal y económica de sus “electores”, de sus relaciones amorosas con Alex Char, que parece desencadenaron vía celos su actual viacrucis, de los intríngulis estratégicos de varios procesos electorales asociados con la familias Gerlein y Char (sacando sus últimos esbozos de ingenuidad al pretender, por ejemplo, darle lecciones de moral y entereza ciudadana a su amante y padrino político Julio Gerlein al referirse a asuntos de constreñimientos al elector), y de ofrecer la imagen de boba, asegurando que no sabía qué estaba pasando por andar “obnubilada” con tanta farnofelia de perfumes, joyas Bvlgari y trajes Carolina Herrera, y aparte del llanto y la crisis familiar de su vida, dijo absolutas verdades que en Corrupción al Día hemos venidos presentando en líneas de investigación en los últimos años.

Vamos por partes de algunos episodios mencionados que se han expuesto en este portal de informaciones.

  1. El caso Navelena:

Fue una operación de pago irregular de coimas en asocio con la empresa Odebrecht para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, montada por un aparato de contratación paraestatal, con detalles perfectamente definidos por otros socios y aliados de los brasileños en Colombia: Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento, conocidos por los escándalos de la Ruta del Sol II y III y el papel de Corficolombiana en la entrega de coimas, el “suicidio” de Alejandro Pizano quién se había percatado de los pagos irregulares y los había comunicado a sus jefes.

En esta misma operación electoral, esta vez en el tramo Ruta del Sol III, Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, fue condenado a 5 años de prisión por reconocer su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado en las obras del puente de Plato, en el río Magdalena.

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Néstor Humberto Martínez fue nombrado en agosto de 2014 con el curioso cargo de “súper ministro” supuestamente para coordinar aspectos intrincados y muchas veces confusos de las funciones interministeriales. En realidad llegó allí para posicionar a Santos con vista a su reelección, en perfecta armonía con su jefe político German Vargas Lleras que en consuno con Santos había retirado sus aspiraciones presidenciales a cambio de una importante porción del gobierno que le permitiera posicionarse para la elección presidencial del 2020.

Navelena fue la contraprestación de la entrega de recursos para la campaña presidencial de Santos –Premio Nobel de Paz, para que se vayan de espaldas, “incrédulos del mundo entero”, como escribió el otro Premio Nobel García Márquez– y poco importaban las voces desde universidades, ingenieros hidráulicos, prensa que alertaban sobre la inconveniencia de un negocio destinado al fracaso tal era, es, el encauzamiento de la navegabilidad en el curso del río Magdalena.

Después, como Fiscal General de la Nación, Martínez Neira en tiempo récord de un mes precluye la investigación sobre Navelena y sus socios y lentamente la empresa entra en un limbo de contradicciones con la banca que se negaba a financiar a una sociedad en donde el mayoritario Odebrecht se encontraba en medio de un huracán internacional de corrupción política.

Allí fue donde entró el famoso préstamo del Banco Agrario, al parecer gestionado por el socio menor Valorcon SA, de Julio Gerlein, combo político que en diversas coyunturas temporales controló este banco. Valga señalar que mientras la Procuraduría General de la Nación sancionó a 11 directivos del banco por este préstamo irregular, la fiscalía y los juzgados competentes absolvieron a los implicados.

Dentro de los procesos de Navelena mencionados por Aída Merlano en Caracas, se encuentra el episodio del apoyo a la campaña de Alfredo Varela a la gobernación quién después; no es coincidencia, llega a la dirección de Cormagdalena –entidad contratante de Navelena– y en un curioso acto administrativo cuestionado por la Contraloría, decide “devolverles” casi dos billones de pesos.

  1. El aeropuerto inconcluso

Dijo también Aída Merlano que los acuerdos de apoyo a la campaña presidencial de reelección de Juan Manuel Santos les dieron $15.000 millones de pesos y que parte de la contraprestación de esta generosa dádiva fue la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura de la concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a un pool de socios locales encabezados por Valorcon con el 42.5%, de Julio Gerlein; Equipos Universal con el 42.5% de Edgardo Navarro Vives e Inversiones Azcipo con el 17%, de Samuel Azout.

Esta concesión lleva 5 años de “obras”, en el aeropuerto dando vueltas en redondo sobre la terminación de la intervención sacando como excusas, ante la mirada yerta y perdida de los interventores, que una peluquería en un segundo piso había “impedido” las obras mientras la Agencia Nacional de Infraestructura, que sabe por dónde viene el cuento, se traga el anzuelo y es la ciudadanía barranquillera, aburrida del maltrato a su paso por este aeropuerto la que presiona al gobierno de Iván Duque para que le meta el acelerador con vista a la anunciada asamblea del BID.

El presidente del BID es Luis Alberto Moreno con intereses estratégicos en Barranquilla a través de su empresa constructora Amarilo con obras en Alameda del Río, a la que se le construyó la ampliación de la carrera 20 de julio y la isla La Loma al lado de los mismos socios de Alameda: Constructora Bolívar, Marval, Prodesa y Constructora Colpatria. No son coincidencias felices ni mucho menos. Es parte de un plan estratégico que incluye el cambio de suelos del territorio urbano de Barranquilla, la valorización y la avanzada financiera sobre posibles proyectos tal como fue planteado en la cesión para construcción del inmenso lote donde funciona un batallón del ejército en el barrio Paraíso.

  1. El negocio de contratación pública en Barranquilla

Se encuentra dominado en el sector de la construcción por Valorcon, de Julio Gerlein, Jacur de Faisal Cure Orfale, Beta y otras. A Valorcon y Jacur, de acuerdo a los preacuerdos políticos, se les entregaron las etapas III y IV del Malecón en consorcio.

A Valorcon también se les entregó, de forma abiertamente irregular, por parte de la gobernación de Eduardo Verano, pues esta empresa había acudido a las bondades jurídicas ofrecidas por la Ley 550, la construcción de la variante de vía desde la Circunvalar hasta La Virgencita en Soledad siguiendo el curso del arroyo El Salado.

Según manifestó Aída Merlano hay una proporción estipulada en el reparto de los capitales públicos involucrados en este tipo de obras, lo cual explicaría los problemas de deficiente calidad de la mayoría de ellas y el silencio cómplice, nugatorio, de los interventores.

Merlano describe todos los porcentajes que se repartían en coimas en la contratación del distrito de BArranquilla. Dentro de esta lógica de la contratación aparece la figura de Héctor Amaris, el hijo, no el padre enfermo, como figura de confianza del gobierno local, pues era quien reclamaba las coimas y las entregaba.

En tal sentido, Merlano indicó que la promesa de su silencio era un trato igual al de Amaris, conocido entre sus allegados como “El Oso Yogui”, convenientemente instalado a salvo en el exterior con los procesos penales perfectamente embolatados. Una fuente señala que el perdón llegó al punto que le dejaron “birlar” $50.000 millones sin mayores problemas.

  1. Las veleidades presidenciales de Vargas Lleras

Como una “sabandija” fue definido Vargas Lleras por Aída Merlano, enunciando su rol de corrupto en asuntos electorales con la compra de votos, coimas y el otorgamiento de contratos de obras públicas en el segundo periodo de Juan Manuel Santos que incluyen las misteriosas adicciones y retrasos de las obras del puente sobre el río Magdalena por parte de la constructora española SACYR.

Fue Vargas, ya abandonada estratégicamente la vicepresidencia quien alertó, en plena campaña presidencial, sobre un faltante de $100.000 millones que daría, meses después, el gobierno de Iván Duque por una suma mayor ($140.000 millones), y también, otra vez Vargas, fue el encargado de avisarnos en una columna del diario El Tiempo (cuyo propietario es Luis Carlos Sarmiento Angulo y estuvo en la junta directiva Néstor Humberto Martínez), que Sacyr, después de entregadas las obras había decidido conjuntamente con Invías a recurrir a un tribunal de arbitramento solicitando $200.000 millones de más, en un mecanismo jurídico que no se encontraba contemplado en los contratos originales.

La presencia de Vargas Lleras en Barranquilla se explica en la narrativa de Merlano merced a su condición de jefe político de Cambio Radical y del clan local Char en su manejo, usando esa condición para preparar las condiciones que le permitieran acceder con las finanzas y el apoyo electoral de Barranquilla y el caribe colombiano a la presidencia en el periodo 2020-2024 en donde salió estruendosamente derrotado, pese a las coacciones de todo tipo ejercidas sobre el electorado.

Parte de esos acuerdos se encontraban precisamente en los otorgamientos de contratos en el Distrito de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico con Eduardo Verano. Ese desbarajuste de fuerzas implicó la toma a cualquier precio de instituciones como la Universidad del Atlántico para afirmar estos controles electorales dando como consecuencia que de esta universidad surgieran, por milagro académico, una cámara, diputado y un concejal.

Dentro del esquema de plataforma presidencial de Vargas Lleras también se impulsó la toma de control de diversas instituciones tales como la Fiscalía General de la Nación.

  1. La “captura” de la Fiscalía General de la Nación

Las respuestas a las preguntas sobre por qué el caso Odebrecht en Colombia había pasado de agache para las instituciones de investigación judicial las da Merlano en su testimonio. Corrobora lo que señalamos sobre las líneas de tiempo en donde comienzan las investigaciones a nivel internacional a finales de 2016 cuando Marcelo Odebrecht hace acuerdos judiciales con la justicia de Brasil y Suiza y era un inminente secreto a voces que el coletazo de sus declaraciones golpearía a políticos colombianos sin ambages.

El 17 de marzo de 2014 se destapa el escandalo Lava Jato en donde se encuentra implicada la constructora Odebrecht y parte importante del gobierno brasileño. En Colombia hay alarma y es así como se mezclan en un curioso cóctel las campañas presidenciales, contratistas y políticos en torno a estos dineros ante la inminencia que de alguna forma sus implicaciones serían descubiertas con las consecuentes responsabilidades.

Allí es donde Aída Merlano hace hincapié en que se planificó la llegada de Néstor Humberto Martínez Neira a la Fiscalía General de la Nación por parte de acuerdos del gobierno Santos con Germán Vargas Lleras, políticos, financistas como Sarmiento Angulo con participación en los negocios de mordidas, coimas y corrupción de los brasileros en Colombia en una operación perfectamente diseñada del gobierno Santos con la aquiescencia de senadores que aceptaron cupos indicativos para la terna previamente arreglada, hecho conocido con meses de anterioridad, según testimonio de la señora Merlano.

Todo esto culminó con la irrupción de Martínez en este importante cargo relacionado con los procesos de investigación criminal en Colombia cuyo fin, destino y objeto fue blindar a sus amigos de cualquier posibilidad de enfrentar procesos tal como se demostró en los debates en que fue citado al Congreso de la República y que culminaron con su aparatosa salida invocando la dignidad de las leyes. Martínez Neira llegó a la Fiscalía en agosto de 2016 y sólo en diciembre de ese mismo año empieza a cantar y provocar acuerdos Marcelo Odebrecht tras la investigación Lava Jato en anda desde el año 2014.

Indica Merlano que por esta toma de la Fiscalía ninguna de las investigaciones en donde se encuentran personas vinculadas a políticos, contratistas allegados a Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, Partido Conservador y Partido de la U ha llegado a feliz término. Por el contrario, algunos cabos sueltos de estas investigaciones fallecieron en circunstancias no muy claras.

  1. Un estado cooptado y en entredicho?

El testimonio de la ex senadora Aída Merlano ofrecido en entrevista periodística desde Caracas tienen enorme valor probatorio por ser ficha clave, protagonista en algunos episodios y testigo en otros, de los sucesos que narra.

Es según los tratadistas de Derecho Penal una Notitia Criminis y que según el Diccionario Jurídico de José Garrone, Tomo III, ed. Lexis Nexis Buenos Aires, p. 462: “Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como “información institucional”, sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información”.

Sigamos con la descripción que es una Notitia criminis a partir de la entrevista de la ex Congresista Aída Merlano en su entrevista del día 17 de febrero de 2020. Según el portal Derecho Penal Online “La fase de indagación tiene su fuente o génesis a partir de la noticia criminal o a partir del momento en que la Fiscalía General de la Nación tenga conocimiento de la realización de un hecho presuntamente delictivo, el cual debe ser materia de pesquisa y escrutinio judicial. Y conocida la “notitia criminis”, esta fase de averiguación se extiende generalmente hasta que se adopte una cualquiera de estas dos decisiones, a saber, el archivo de las diligencias por orden de la Fiscalía según lo previsto en el art. 79 de la ley 906, o en su defecto, la formulación de la imputación en audiencia que se realiza ante el Juez de control de garantías y en donde la Fiscalía comunica a una persona su condición de imputado, acorde con las previsiones de los artículos 286 y siguientes de la obra procedimental”. (https://derechopenalonline.com/finalidades-de-la-indagacion-penal-en-colombia/).

Desde esta perspectiva en la entrevista concedida por Aída Merlano en Caracas hay varios indicios relevantes de encontrarnos ante varias notitia criminis tales como conspiración y corrupción electoral, celebración indebida de contratos públicos, cohecho, peculado, secuestro, complicidad en fuga de presos, violación e incluso una tentativa de homicidio que no llegó a concretarse no se sabe por cuales causas o circunstancias.

Siguiendo con las mismas declaraciones de la señora Merlano, que además señala con justeza que ella estaba entusiasmada de tal manera con el poder que nunca se preguntó sobre la ética o moralidad de sus actuaciones, y solo ahora, tras la inminencia de su desgracia, accede a notificarse de sus ilegales conductas en torno a la corrupción del concepto de democracia a través de la compra y coacción a electores.

Pero sus auspiciadores y cómplices, tampoco se formularon estas cuestionadoras interrogaciones dando por hecho que ese torticero método basado en la plutocracia es un camino expedito para la toma del poder político con sus correspondientes prebendas, entre ellas el acceso a los presupuestos de contratación del estado.

Todo se encuentra desviado, evadido hacia fines protervos. Es así como los objetivos del estado social de derecho y la Constitución Política son simple retórica formal, de adorno, mera escenografía, del verdadero control institucional del país lo que explicaría, además, el desaliento general de la estupefacta población que ve estos episodios criminales, al peor estilo de la mafia siciliana, con la frase de “aquí no va a pasar nada”. Peligroso y un “hara kiri” para sus mismos inventores pues ya hay muestras fehacientes que la ciudadanía, los electores, no les comen de cuentos y buscan alternativas que verdaderamente se encuentren a su servicio y no de sus particulares intereses del orden privado.

Es la confirmación del perfecto fracaso en donde la prensa, dicho también por la señora Merlano con nombres propios, se encuentra negociada, comprada para efectos de presentar posiciones objetivas, sin parcialidades, cumpliendo su importante papel dentro de los ciudadanos con su derecho a ser informados tal como lo indica perentoriamente, sin ambages, interpretaciones oblicuas o circunflejas, la Constitución Política de Colombia en su artículo 20:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

En Corrupción al Día cumplimos fielmente este mandato constitucional ateniéndonos a nuestro deber de suministrar a la sociedad información investigada y procesada que como señala el título de este reportaje, lo corroboran gran parte de las declaraciones de la señora Aída Merlano que incluso señala tener acervo probatorio con documentos, vídeos y otras fuentes. A ver si funcionan las instituciones del estado que en el caso de la Merlano han evadido sus funciones de tal manera que insisten en solicitar su extradición pidiéndola a un gobernante como Guaidó, sin ninguna gobernanza.

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