Por: Jan Svodak
Se le puede dar credibilidad a la empresa de servicios públicos Triple A, de Barranquilla en sus manejos? La respuesta perentoria es un no rotundo, una actitud de suprema desconfianza en sus actuaciones por su trayectoria sucia en todos los sentidos: en la nula transparencia de las negociaciones de sus acciones, en los enrevesados negocios de sus directivos en los Panama Papers, en los procedimientos torticeros usados en forma habitual en sus contratos y convenios legales y administrativos.
No son exageraciones.
Si creen que exageramos y maltratamos a la imagen prístina de una empresa dedicada a la noble labor de suminístranos el agua –cara, por cierto- a los barranquilleros, nada más hay que devolver a su estado original el sumun de noticias desde España con los manejos de Canal Isabel, Extensia y la figura jurídica comodín de Inassa con directivos encartados en procesos judiciales y detenidos.
Caso 1
En el año 2005 se elaboró el documento Conpes 3351 denominado Importancia estratégica del plan de saneamiento de los caños de la cuenca oriental de Barranquilla, preparado el 25 de abril del 2005 conjuntamente por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Una iniciativa plausible que buscaba la mejora en la calidad de vida, según cifras internas del documento, de 964.890 habitantes distribuidos en 4877 hectáreas equivalentes al 71% de habitantes de la ciudad en el 2004 en informaciones suministradas al respecto por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
El documento Conpes pinta mentiras piadosas en su introducción: “Las aguas residuales de la cuenca occidental reciben en pretratamiento y drenan a un sistema lagunar costero configurándose un sistema de disposición final apropiado”. No es cierto. Son las aguas provenientes de una laguna de oxidación en el barrio El Pueblito, que son evacuadas al cauce del arroyo León, que ya trae su carga de desechos sin ningún tratamiento, las mismas que provocaron una inundación en la zona de Lagos de Caujaral y que tras su intervención de urgencia, provocaron por la mala calidad técnica, el desecamiento del lago del Cisne.
Al final, todas esas aguas llegan hasta la moribunda ciénaga de Mallorquín, contaminada al igual que las aguas del recuperado Lago del Cisne pese a los intentos de tratamiento. Aguas negras estancadas con sentido paisajístico. Sigue el alegato del documento Conpes 3351 en su justificación: “En contraste, las aguas residuales de la cuenca oriental se vierten a los caños que recorren la ciudad y drenan al rio Magdalena”.
El proyecto Cuenca Oriental 2006 empezó ese año. La empresa Triple A, eludiendo hábilmente sus objetivos misionales y de denominación (Agua, alcantarillado y aseo), decidió apartarse de cualquier inversión en alcantarillado. Según el mencionado documento Conpes “Barranquilla recibió recursos del Presupuesto General de la Nación para la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona sur occidental por $14.550 millones en 1993, etapa 1 y $13.000 entre 199 y 2002 para la etapa 2. En total, entre 1993 y 2004 se asignaron a Barranquilla en este rubro $279.712.335”.
Una suma gigantesca.
En mayo del 2013, tras ocho años de obras en la cuenca oriental con su plan de saneamiento de nueve actuaciones, se encontraba con un retraso de 18 meses. El retraso, según un informe de la Contraloría General de la República le costó a los barranquilleros $6.000 millones pesos. El reajuste planteado, según la Contraloría pasó de $71.554’000.000 a $77.364’697.068.
Para la Triple A el retraso se debía a malas condiciones del terreno y del invierno, excusa habitual en estos casos. Allí es donde la Contraloría General de la Nación, en auditoría de diciembre del 2010, encontró una verdadera perla jurídica en materia de contratación estatal: “Además de actuar como contratante a nombre del Distrito de Barranquilla, según el convenio 112 de 2005, esa firma ostenta la calidad de interventor, papel que debe estar en cabeza de una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, como lo exige el artículo 32, numeral 1º, de la Ley 80 de 1993”.
El ingeniero interventor por parte de la Triple A, José Pianeta, sacó su propia versión de los hechos a la prensa. Dijo: “Eso no fue una figura que nos inventamos. El documento Conpes 3351 de 2005, que es la madre del proyecto, consigna esa figura. Estamos acogidos a la Ley 142”.
No es cierto. Veamos que dice el documento Conpes sobre ese particular punto: “De acuerdo con el estudio “Plan de Saneamiento de los Caños de la cuenca oriental de Barranquilla” presentado por el Distrito de Barraquilla, el costo total de las inversiones es de $ 59.699 millones (pesos 2004), excluyendo los componentes de la interventoría técnica, que serán cubiertos por la Empresa Triple A S.A. E.S.P. y de la interventoría administrativa y financiera realizada por quien disponga el Fondo Nacional de Regalías en lo concerniente a sus aportes. La desagregación de los costos se presenta en la Tabla 4.1.”.
Señala claramente que la inteventoría estaba en cabeza de la Triple A, pagada por esa misma empresa, conjuntamente con una administrativa y financiera aportada por el Fondo Nacional de Regalías. En ninguna parte del citado documento indica, señala, obliga, presenta a la Triple A como contratante ejecutora de las obras.
Por supuesto que la doble calidad de interventor y ejecutante impide conocer si las características y calidades de la obra cumplían las especificaciones propuestas. La misma Triple A vigilaba lo que estaba realizando. La Contraloría General de la Republica, a partir de una investigación, encontró que en la vigencia 2009-2011 de la ejecución de ese proyecto: “no se realizaron informes de evaluación, control y seguimiento al desarrollo del proceso de interventoría ni tampoco se efectuó supervisión sobre el cronograma y avance de las obras”.
La intervención total de la Triple A en todos los aspectos de la obra fue tal que el gerente de Edubar, Ramón Vides, manifestó públicamente, ante acusaciones sobre compra de predios por donde estaba planteado el proyecto en sus distintas etapas y actuaciones (obras) eran realizados directamente por la Triple A: “Es la Triple A, como contratante, la que fija las prioridades sobre requisición de determinados predios con base en las necesidades y cronograma del proyecto, y en eso hemos venido cumpliéndole”.
No se conocen, por todas estas irregularidades contractuales, si tras la puesta en marcha, el proyecto cumplió con las condiciones pactadas en el documento Conpes. Parece que no, por el olor de los caños y a todo lo largo de la ribera del Magdalena colindante con Barranquilla.
En junio de 2015 Víctor Marenco, en la revista digital La Otra Orilla escribió: “Los testimonios fotográficos aportados son elocuentes. Se siguen presentando botaduras de aguas servidas del interceptor La Chinita – La Luz por medio de los accesos de mantenimiento o aliviaderos. En la cercanías hay viviendas de tablas y cartón de familias en estado de miseria absoluta y con suma tristeza volvimos a observar a los infantes jugando al lado de la inmundicia y en condiciones de salud indignos, a expensas de padecer de nuevo las enfermedades de años atrás. En la cercanía del sector de la carrera 20 B con la calle quinta también observamos cruces de tuberías de alcantarilla que la población local se ve en la penosa labor de abrir para facilitar el desagüe en vista de que el sistema no posee la capacidad suficiente para manejar altos volúmenes. Los mismos desagües transitan en forma de canal abierto directo a el caño de La Ahuyama. El tránsito antihumano de aguas negras por encima de las vías pavimentadas es evidente y degradante a la vez; se suponía que eran épocas ya superadas… Familias enteras en completo estado de indefección, inmersas en condiciones de una miseria paupérrima, se ven obligadas a convivir con las aguas de alcantarilla insolentemente”.
Caso 2:
En la última semana de octubre del 2017, el Procurador Fernando Carrillo solicitó públicamente la suspensión de un contrato de asesoría entre Inassa y la Triple A, pidiendo el funcionario público la aplicación inmediata, perentoria, de su petitum al gerente general de Triple A.
Otra joya de los negociados, como veremos.
El Procurador General de la Nación dijo, en forma clara y enfática, que existen indicios que permiten inferir que la empresa Triple A, no ha recibido ninguna asesoría por parte de Inassa en un negocio en que se han pagado más de $221.000 millones. Esa remuneración a Inassa sale del bolsillo de todos los barranquilleros pues corresponde al 4.5% del valor total del recaudo de Triple A, en un contrato suscrito entre Inassa y Triple A, en su más clásico estilo, entre el 31 de marzo del 2000 hasta octubre del 2033!
Fiesta con el bolsillo de los usuarios de la Triple A.
Esas erogaciones salen a engrosar los activos de Inassa en el exterior. Sigamos con la Procuraduría cuando le preguntó a diversos funcionarios del “staff” administrativo de esa empresa sobre la prestación del citado servicio de asesoría: “El Gerente Administrativo de la Triple A certificó que desde que ejerce su cargo en el 2012 no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de asistencia técnica con Inassa”.
Sigue el Procurador Carrillo: “No se han recibido soportes ni asistencia técnica en la Gerencia de operaciones del acueducto y alcantarillado”. Ante la misma pregunta sobre asistencia técnica respondió la Gerencia de Planeación: “No hay registros de información sobre ese contrato de asistencia técnica”.
Los que si deben estar enterados, en todos sus pormenores, son los de la Gerencia Financiera. Cuando llegan los recursos y para dónde salen. Un entramado de aguas no propiamente limpias y si dentro de la más conspicuas de las actuaciones de Inassa y Triple A: sucias y repletas de lodo.
