A tal conclusión se podría llegar luego de conocer la investigación periodística publicada por la revista digital Cambio, donde se evidencia, que desde el despacho de la funcionaria se ha autorizado gastar más de $30 mil millones de pesos en remodelaciones y cambio de mobiliario en apenas 3 años, desde que Margarita Cabello llegó a ese cargo.
Pero, lo peor de todo es que algunas de esas remodelaciones ni siquiera eran necesarias.
Tal es el caso del piso 15 de la sede central de la Procuraduría, que está diez plantas por debajo del despacho de Margarita Cabello, oficina a la que llegó en enero de 2021, después de ser ministra de Justicia de Iván Duque.
Desde que es Procuradora, según cuentan los mismos funcionarios, el piso 15 no ha dejado de oler a pintura fresca y el tránsito de obreros trabajando en el techo, las paredes y rincones del espacio.
Relata Cambio que “las primeras obras de remodelación del piso 15 en la era Cabello, comenzaron en septiembre de 2022. La intervención más evidente en ese momento fue el levantamiento del piso laminado de madera para instalar uno nuevo. Lo curioso es que ese mismo piso ya había sido intervenido a finales de 2020, producto de un contrato firmado en julio de ese año para el mantenimiento de las sedes de la Procuraduría a nivel nacional, antes de la llegada de Cabello”.
En una de las actas de ejecución de ese contrato conocida por Cambio se especifica que fue “suministrado e instalado piso laminado de madera”. Esa instalación se realizó basada en el diagnóstico que hizo el contratista en 2020. Allí se especificó que en el piso 15 era necesario cambiar el piso de vinilo por uno de madera laminada, y así se hizo.
Sin embargo, en el 2022, es decir que probablemente con apenas año y medio de instalado, en el 2022, se decidió retirar el piso y poner uno nuevo. El material retirado quedó como escombro. Pero además se cambiaron guardaescobas, muebles, muros y lámparas LED que habían sido instaladas entre finales de 2020 y principios de de 2021.
Pero además según revela Cambio, hay vigente un nuevo contrato de mantenimiento de las sedes de la Procuraduría a nivel nacional, incluyendo las de Bogotá y, por supuesto, la sede central. El contrato, que inició en mayo de este año e irá hasta diciembre, es el más costoso que ha firmado la Procuraduría en toda su historia para el mantenimiento de sus instalaciones: 11.335 millones de pesos. De ese dinero, la mayor asignación fue de 3.400 millones de pesos, para las sedes de Bogotá.
Varios funcionarios del órgano disciplinario aseguran además que desde el 2021, tales remodelaciones, innecesarias y costosas, no se limitaron solo al piso 15, sino que otras oficinas han sido intervenidas varias veces sin que hubiese necesidad de hacerlo. «Cambiaron techos que no tenían problema, muebles que no tenían daños y lámparas funcionales. No sabe uno dónde queda la austeridad», dijo uno de los trabajadores. Otro de los funcionarios mencionó que entre 2020 y 2022 se cambió dos veces el equipamiento de los baños del piso en el que trabaja.
Y es que en lo que lleva Margarita Cabello en la Procuraduría, el gasto en mantenimiento de las sedes asciende a los 24.000 millones de pesos, rubro que nunca se había gastado la entidad en esos menesteres.
La cifra corresponde a tres contratos en tres años: uno por 6.111 millones de pesos en julio de 2021, otro por 6.499 millones en septiembre de 2022 y el actual de 11.000 millones.
En los seis años anteriores a la administración de Margarita Cabello (2014 a 2020) el gasto total en mantenimiento y remodelaciones de las sedes a nivel nacional de la Procuraduría llegó a 8.700 millones de pesos, apenas una tercera parte de lo que se ha gastado en los últimos 3 años.
Pero eso no le ha bastado a la nada austera Procuradora, pues también se dedicó a cambiar el mobiliario de la entidad. En agosto de 2022 firmó un contrato por 6.000 millones de pesos para adquirir mobiliario para las sedes de la Procuraduría a nivel nacional, y actualmente hay otro proceso en curso con el mismo objetivo por un valor de 1.500 millones de pesos.
La justificación que dio el Ministerio Público para una inversión de 7.500 millones de pesos en mobiliario es que aparentemente parte del mobiliario de la entidad se encuentra obsoleto por llevar más de 10 años en servicio, por lo que ya era indispensable una renovación de sillas, mesas, módulos y escritorios.
Justificación falsa -por lo visto- porque entre 2014 y 2020 Cambio pudo rastrear por lo menos cuatro contratos orientados justamente a la adquisición de mobiliario para las sedes a nivel nacional de la Procuraduría, por un valor total cercano a los 5.000 millones de pesos. Incluso, Margarita Cabello llegó a estrenar muebles de oficina en 2021, pues días antes de su posesión se habían comprado sillas, mesas y poltronas para su despacho por 21 millones de pesos.
Pero la Cabello no solo ha esquilmado dineros públicos en remodelación y muebles.
Ya en el 2021, apenas unos meses después de posesionada, fue objeto de cuestionamientos por haber firmado dos millonarios convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), un organismo de cooperación multilateral entre 23 países de habla española y portuguesa de la región.
El convenio 140 de 2021 con la OEI se firmó el 19 de mayo por $26.495.160.000, para “aunar esfuerzos entre la Procuraduría y la OEI” dentro de un proyecto de cooperación y asistencia técnica del organismo. De este monto, la Procuraduría se comprometió a desembolsar $12.588 millones para desarrollar una “estrategia de diálogo social”, un proyecto que ya se había trabajado en años anteriores con los procuradores Fernando Carrillo y Alejandro Ordóñez, como le confirmó la OEI al portal Cuestión Pública.
El segundo convenio fue firmado el 23 de diciembre de 2021. Esta vez fue para “apoyar la modernización tecnológica de la Procuraduría General de la Nación” por $38.734.919.016. En ese momento el primer convenio seguía vigente.
La Procuraduría aportó a este segundo convenio un poco más de $18.000 millones, mientras la OEI puso el resto del dinero. La OIE confirmó en aquel entonces que “con recursos de la Procuraduría” se habían contratado a 12 personas, a la Universidad Nacional por $4.813.000.000 y a la Universidad Externado de Colombia por $650.000.000. Entre los objetos de los convenios firmados por la Procuraduría y la OEI está la capacitación de funcionarios de la Procuraduría a través de diplomados.
Y lo que salta a la vista es que se trata de recursos públicos que fueron adjudicados a través de una intermediación con la OEI que estarían burlando principios y reglas de la contratación de las entidades estatales señalados en la Ley 80 de 1993, porque la OEI estaría adelantando gestiones que, en algunos casos, el Ministerio Público podría licitar por medio de procesos competitivos y con convocatoria pública a distintos oferentes
En otras palabras, Margarita Cabello lleva practicando en estos tres años al frente de la Procuraduría, las mismas conductas con vicios de corrupción de los funcionarios que supuestamente ella dice investigar y castigar disciplinariamente.
