En un país donde la normalización del abandono estatal se ha convertido en paisaje cotidiano, Palmar de Varela no es solo un caso aislado: es la radiografía perfecta de cómo opera el Sistema Silencioso de la contratación pública colombiana, un entramado donde lo único que fluye sin obstáculos es el dinero hacia bolsillos particulares mientras las aguas residuales siguen estancadas en las calles de los más vulnerables.
La interconexión estructural: el arte de la prórroga perpetua
Mientras 26 mil habitantes del barrio Alfonso López caminan entre aguas pestilentes y 19 mil más en Las Delicias viven literalmente en un lodazal, dos contratos de alcantarillado se han convertido en monumentos a la dilación y al «mamagallismo» institucionalizado de la Gobernación del Atlántico.
Lo que debía ser una obra de 12 meses se ha convertido en un calvario de seis años. El contrato Cuenca 2, firmado por el entonces gobernador Eduardo Verano en 2019, se entregó al Consorcio THM (conformado por Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinarias, Ticom 30%, HM Ingeniería 30% y Marjal 40%, con representación legal de José María Vecino Villarreal) por un valor de $16.861.795.000, con la promesa de transformar la vida de una población que hoy solo recibe vapores nauseabundos como única recompensa por su paciencia.
La interventoría fue entregada al Consorcio Interalcantarillado, integrado por Proyectos y Gestión del Desarrollo (67%) y GNG Ingeniería (33%). Su representante es Enrique Carlos Posada Gutiérrez, con un valor inicial $879.046.336 y le han hecho dos adiciones, que representan un 76.24%, para un total de $1.547.002.308.
Lo que presenciamos en Palmar de Varela no es un accidente ni una excepción: es el resultado de lo que los expertos llaman «interconexión estructural», donde la corrupción política alimenta la institucional, y ambas se refuerzan mutuamente. Los gobernadores cambian —de Verano a Noguera y de nuevo a Verano— pero el sistema permanece intacto. Es la misma red, con los mismos contratistas favorecidos, bajo diferentes administraciones.
«Las obras las reiniciaron dos meses después«, «sorpresivamente la Gobernación y el Consorcio THM firman una suspensión«, «a pocos días de vencerse el nuevo plazo final… la obra fue suspendida«… Frases que se repiten en la historia oficial como un mantra burocrático mientras el tiempo pasa.
El núcleo sistémico: contratación pública como arteria de la corrupción
La danza de las suspensiones y prórrogas merece un análisis detallado, no por su complejidad sino por su descaro:
- Primera suspensión: Marzo 2020. Justificación: Covid-19 (la excusa universal).
- Segunda suspensión: Marzo 2021. Justificación: Necesidad de «buscar recursos» para atender «mayor cantidad de obra».
- Ocho meses más de suspensiones: Hasta que milagrosamente aparecen $9.114.001.773 en vigencias futuras.
- Prórroga 6: Cuatro meses adicionales hasta diciembre 2023.
- Diciembre 2023: Nueva prórroga para «revisar el cronograma».
- Febrero 2024: 2 meses y 17 días más de labores.
- Mayo 2024: Una semana antes de la entrega, sexta suspensión por 4 meses más.
La maestría del sistema está en cómo cada plazo vencido no genera sanciones sino nuevas oportunidades para extender la agonía. El Consorcio THM no tiene las máquinas para la Estación de Bombeo, nos dicen. Después de seis años, todavía no están listos para cumplir con lo más básico de su contrato.
Esta secuencia no es casual. Estamos frente al núcleo sistémico de la corrupción colombiana: la contratación pública. Según expertos, el 70% de la corrupción en el país se da precisamente por estos mecanismos. La «mayor cantidad de obra» que justifica adiciones presupuestales millonarias y las interminables prórrogas no son errores técnicos sino herramientas diseñadas para extraer recursos públicos mediante lo que parece legal pero es profundamente corrupto. Es lo que los analistas llaman «corrupción legalizada»: utilizan las normas para blindar esquemas criminales.
La retroalimentación entre control débil y redes de poder
Detrás de este espectáculo hay un elenco de actores recurrentes que demuestran cómo funciona el círculo vicioso entre control débil y redes de poder:
HM Ingeniería SAS: Involucrada en el escándalo de los Juegos Nacionales del Tolima, con obras abandonadas, pero curiosamente «consentida» en las licitaciones atlánticas. Es una empresa familiar comandada por Hugo Vargas Acuña y sus hijos, con más de 20 años de «experiencia» y una inexplicable amistad con la familia Char que parece valer más que su historial de cumplimiento.
Ticom S.A.: Investigada por la Procuraduría por irregularidades en contratos de Santa Marta financiados con regalías. Un detalle revelador: la Procuraduría señaló que la empresa «no contó con el músculo financiero necesario» para ejecutar un proyecto en el plazo acordado… ¿les suena familiar?
La historia se repite en Cuenca 3 por un valor de $8.343.000.000, donde Global Engineering and Design protagoniza el mismo teatro del absurdo: plazo de 6 meses, múltiples suspensiones, y un año después, Las Delicias sigue siendo un lodazal.
Lo que vemos aquí es un perfecto ejemplo de cómo las redes de favores políticos neutralizan cualquier intento de control efectivo. Cuando la Procuraduría identifica problemas con Ticom en Santa Marta, la empresa no solo sobrevive sino que prospera en el Atlántico. Cuando HM Ingeniería abandona obras en el Tolima, encuentra refugio en contratos millonarios en Barranquilla. Este no es un sistema corrupto rígido —es adaptativo. Cuando una ficha cae, otra la reemplaza; cuando una administración cambia, la red se reconfigura para mantener el flujo de recursos hacia los mismos beneficiarios.
El ciclo de resignación: cultura e impunidad
Los habitantes se sientan en sus portales —los pocos que pueden hacerlo sin el asalto de olores nauseabundos— y contemplan un paisaje desolador: calles destruidas, movilidad limitada, mosquitos por doquier y el constante recordatorio de que, para el Estado, son ciudadanos de segunda categoría.
Algunos, resignados, ya no esperan ver el alcantarillado funcionando. Han entendido que en el Ciclo Secreto de la contratación pública, el verdadero propósito nunca fue mejorar sus condiciones de vida sino mantener en movimiento la maquinaria que transfiere recursos públicos a manos privadas.
Esta resignación no es accidental sino parte integral del sistema corrupto. Como señalan los expertos en pensamiento sistémico, existe una relación causal oculta: la impunidad genera una cultura de resignación («todos roban», «así son las cosas»), y esta cultura a su vez justifica más impunidad. Los habitantes de Palmar ya no protestan con la misma fuerza; muchos han normalizado vivir entre aguas negras porque el sistema les ha enseñado que reclamar es inútil. Mientras tanto, este silencio colectivo es interpretado por los corruptos como una licencia para continuar.
Transformando el enfoque: del hecho aislado al sistema corrupto
Lo más perverso de este caso no es lo que permanece oculto, sino lo que está a plena vista: documentos públicos que narran una historia de incompetencia calculada, funcionarios que firman prórrogas como quien firma un saludo, y un pueblo que aprendió a vivir en la desesperanza.
Mientras la Gobernación del Atlántico sigue «mamando gallo» —como dice crudamente el informe— con un alcantarillado que nunca llega, la realidad es que no hay consecuencias para los responsables. Las empresas siguen contratando, los funcionarios siguen firmando, y los ciudadanos siguen esperando.
¿Cuántas veces más podrá el Consorcio THM pedir una prórroga? ¿Cuántos millones más se adicionarán antes de que alguien asuma responsabilidades? ¿Cuántos años más vivirán los palmareños en este infierno de barro y hedor?
La respuesta, tristemente, parece ser: los que sean necesarios mientras el dinero siga fluyendo hacia donde debe fluir.
Romper el ciclo: intervenciones sistémicas
Un análisis sistémico de la corrupción en Palmar de Varela nos muestra que no basta con denunciar al contratista o al funcionario que firmó la última prórroga. El verdadero cambio requiere intervenciones múltiples:
- Mapear la red completa: Documentar las conexiones entre THM, HM Ingeniería, las administraciones de Verano y Noguera, y los interventores que han permitido este desastre.
- Atacar los nodos de retroalimentación: Identificar cómo los organismos de control han fallado sistemáticamente y exigir vigilancia externa independiente.
- Cambiar la cultura de resignación: Los palmareños merecen saber que esto no es normal ni inevitable. Una ciudadanía resignada es el mejor combustible para la corrupción.
- Herramientas digitales de vigilancia: Aplicaciones que permitan a los ciudadanos monitorear en tiempo real el estado de las obras y los flujos de dinero, rompiendo así el monopolio de la información que alimenta la impunidad.
Porque, como revela el pensamiento sistémico, la corrupción en Colombia no es solo un problema de individuos aislados que roban, sino de sistemas complejos diseñados para perpetuar el saqueo mientras mantienen la apariencia de legalidad.
Nota al pie: Este es un análisis basado en información pública. La Gobernación del Atlántico fue contactada para este reportaje pero no respondió a nuestras solicitudes de información.
