Corrupción, politización, falta de rigor y hasta mediocridad son algunos de los problemas que atraviesa la justicia en Colombia, decía ya en el 2019, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo.
Y no exagera. Pero el asunto es que tal crisis no comenzó, ni en el 2019, ni el anterior año, sino al menos hace 35 años, y al 2024, dichos males persisten.
No de otra manera se entiende la andanada de cuestionamientos e investigaciones de los que han sido objetos desde magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, jueces y abogados, involucrados en escandalosos hechos recientes de aparente corrupción.
Empezando el año, ya se vislumbra un año complicado para el sector, ante la pronta salida del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a quien se le ha cuestionado el papel que ha desempeñado en este organismo de justicia.
La crítica más reciente la hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que desde su cargo, el Fiscal solo se ha dedicado a hacer política, descuidando por completo sus funciones.
“Nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad que hemos celebrado. Y no hubo uno solo al que haya asistido en ninguna parte del país, ni en Bogotá. En dos o tres ocasiones participó la vicefiscal, del resto, casi siempre iban los directores seccionales de Fiscalía”, advirtió Velásquez.
El ministro agregó: “Ahora, al final de su gestión y a casi un mes de terminar como fiscal, participa en un consejo de seguridad que, supongo, no lideró, para hacer críticas al Gobierno en lo que se ha demostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política”.
En esa medida, añadió el ministro, el fiscal Barbosa “está interviniendo siempre en las críticas al Gobierno desde una perspectiva puramente política”. Y añadió que “Desde hace tiempo, el fiscal abandonó su deber de cooperación y colaboración, que es un mandato constitucional. Voy a conversar con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Lo que espero es que ese consejo de seguridad haya sido convocado por él y la participación del fiscal supongo que fue por invitación”.
Velásquez se pronunció así durante un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín.
También le han llovido críticas esta semana a la Fiscalía por que Barbosa le asignó a un nuevo fiscal el caso contra el expresidente Uribe delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de Víctor Salcedo el fiscal que recibió el caso. Pero, según afirmó el periodista Daniel Coronell, Salcedo estaría legalmente impedido para asumir esta designación porque expresó opiniones públicas sobre el mismo proceso cuando lo llevaba la Corte Suprema de Justicia en un portal de Bucaramanga llamado Corrillos, dirigido por el periodista Juvenal Bolívar.
El fiscal escribió para ese medio una columna en la que opina sobre el caso del expresidente, titulada «Ni Cristo se salvó de la Corte» publicada en el año 2020.
Allí el ahora fiscal Víctor Salcedo se explaya en opiniones contra la Corte Suprema y a favor de Álvaro Uribe. Allí acusa a la Corte de estar generando un «retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados como lo es la excepcionalidad de la restricción de la libertad sobre todo mientras se adelanta la acción penal y se goza de la presunción de inocencia deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales no menos importantes y propios de un estado democrático».
Al respecto, Miguel Ángel del Río, representante legal de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el caso Uribe Vélez, señaló que lo grave de esta designación es que el código de procedimiento penal establece entre las causales de impedimento «al funcionario judicial que haya sido apoderado o defensor de alguno de las partes o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto en materia del proceso».
Por tal motivo anunció que recusará a Salcedo y lo denunciará por prevaricato.
Coronell además recordó que el coordinador de Fiscales ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, quien fue quien llevó a Salcedo a su actual cargo, trabajaron juntos en la Procuraduría bajo las órdenes de Alejandro Ordóñez.
Sin contar con que Salcedo también tiene a su cargo las graves denuncias de dos agentes del CTI, contra la vicefiscal Marta Mancera a quien acusan de haber ignorado y engavetado denuncias sobre la presunta participación del jefe del CTI en Buenaventura en actividades de narcotráfico y tráfico de armas; según las personas que conocen el caso, el fiscal Salcedo ha hecho malabares para voltear el proceso para que lo denunciantes terminen siendo los investigados y así sacar indemne a la vicefiscal.
Del Río finalmente dijo que el caso de Uribe es simplemente una vergüenza de la administración de justicia, porque a través de cada cambio de fiscal o solicitud de aplazamiento, se llegará al límite de preclusión del caso, que es el 19 de octubre del 2025.
Añadió por último que mientras no se separe la política de la justicia seguirá la impunidad porque en la medida en que sigan combinadas, todos los ejercicios de Justicia van a ser retaliaciones políticas y no habrá justicia real en Colombia, sino selectiva, que es utilizada para venganzas o constreñimiento político.
El caso Arturo Char
Tampoco han faltado los cuestionamientos que se le han hecho a un juez de Santa Marta por haber admitido el recurso del Habeas Corpus al ex senador Arturo Char.
Y ni hablar del escarnio público del que está siendo objeto, quien desde la Corte Suprema de Justicia, prácticamente ordenó al juez, tomar una decisión al respecto: la magistrada Cristina Lombana.
Según la revista digital Cambio, la situación de Char evidenció la disputa en torno de su caso en la Corte, pues mientras que algunos magistrados esperaban que Lombana presentara en diciembre la ponencia sobre si acusaba o no a Arturo Char, para que fuera discutida después de la vacancia laboral, teniendo en cuenta que Francisco Farfán, quien era el encargado inicial de revisar el caso Char, había pedido licencia laboral para defenderse en otro proceso, lo que hizo fue solicitar –no se sabe por qué la prisa– una sala extraordinaria, anticipando que el vencimiento de términos se iba a presentar en enero.
Allí, tres magistrados titulares manifestaron que no había lugar a vencimiento de términos, argumentando que la estrategia de la defensa era recurrir a maniobras dilatorias. Los magistrados César Reyes, Marco Antonio Rueda y Misael Rodríguez votaron en contra. A favor votaron de precluir el caso por vencimiento de términos estuvieron la propia Lombana y Héctor Alarcón. Eso obligó a sortear un conjuez, que iba a resolver el tema al regreso de la vacancia judicial. Pero, como la defensa se adelantó con un recurso de habeas corpus, Char quedó libre, esa discusión ya no se dará.
El abogado de Char, Iván Cancino, aseguró a la revista Cambio que la decisión de la libertad no tiene apelación, por lo que la Corte Suprema sólo podría ordenar una recaptura si encuentra nuevos hechos que la ameriten, o si la decisión sobre el futuro del exsenador es una acusación y considera necesario que el caso siga con Char detenido.
En otras palabras, resultó demasiado evidente la posición de una magistrada de la República, que se supone debe velar por los intereses de todos los colombianos, y por conseguir una justicia eficaz y rápida frente a cualquier tipo de presumible delincuente, en este caso, de un aforado.
Y es que tampoco la Corte Suprema escapa a los tentáculos de la corrupción y la mediocridad en la que está sumida la justicia en Colombia.
Cartel de la Toga
Valga solo recordar al famoso Cartel de la Toga.
En una entrevista concedida hace cinco meses al Canal Uno, el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, que fue quien destapó la olla podrida –otra más- al interior de la Corte Suprema en el 2017, tras ser condenado a casi 5 años de prisión por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, volvió a ratificar que en efecto todo el sistema de justicia en Colombia está totalmente permeado por la corrupción.
Para el tiempo en que ocurrieron los hechos que los llevaron a la cárcel, Moreno era muy cercano al Magistrado de la Corte, Leonidas Bustos, al punto que, en 2019, dijo que lo consideraba como su “papá” y que sentía “agradecimiento porque, al margen de las culpas que yo deba asumir y el grado de responsabilidad penal, fue un mentor”. Y aseguró que Bustos recibía dinero y costosas joyas como forma de pago de sobornos o información privilegiada para precluir o desviar procesos a favor de aforados.
Incluso el ex senador Musa Besaile –uno de los que entregó coimas para evitar ser juzgado en la Corte- dijo que Moreno fue nombrado fiscal anticorrupción por “unos acuerdos” entre Bustos y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
“Bustos me abrió la puerta y yo tomé la decisión, nadie me obligó. Me ofreció la oportunidad de abrir una oficina, donde defendiéramos aforados, personas muy importantes, congresistas, políticos, que tienen un fuero especial. Me abrieron las puertas para que hiciera parte de un esquema de corrupción, donde a través de representaciones judiciales se le diera apariencia de legalidad a actos de corrupción”, dijo Moreno.
Pero, mientras Moreno pagó cárcel y regresó al país en el 2022, Bustos se encuentra prófugo y vive tranquilamente en Canadá.
Urge una colegiatura
En el año 2011, el abogado Mauricio García Villegas, escribía en el portal de De Justicia, sobre la captura del abogado santandereano Ramón Ballesteros Prieto, quien fue capturado y condenado a 3 años de prisión por haber presionado y entregado dinero al ex paramilitar David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, para que cambiara una versión ante la Corte Suprema de Justicia a favor del ex congresista Luis Alberto Gil, procesado por parapolítica.
«El arresto esta semana del abogado Ramón Ballesteros puso de presente (una vez más) que los abogados son una pieza clave en el accionar de la mafia y de los paramilitares. La guerra del narcotráfico contra el Estado no se libra tanto con armas (como lo hace la guerrilla) sino con recursos legales amañados, con interpretaciones sesgadas, con jueces y testigos comprados, con micos legislativos, etc. Mejor dicho, la guerra de la mafia no se hace contra el derecho y contra el Estado, sino con el derecho y con el Estado. Es jugando su propio juego (de manera sucia, claro) que los delincuentes logran capturar al sistema jurídico y ponerlos a funcionar a su favor», escribió el jurista aquel 2011.
Y a renglón seguido cuestionó los casi inexistentes controles que hay en el país de la profesión jurídica. (Mauricio es Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan (Francia). Se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, como investigador de Dejusticia y como columnista del periódico El Espectador).
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«En Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, la vigilancia de los abogados se ejerce a través de la inscripción obligatoria de los profesionales del derecho en colegios de abogados. Allí se vigila su actuación – por ejemplo a través de la presentación de exámenes periódicos – de manera similar a como las cámaras de comercio vigilan a los comerciantes. En Colombia hay colegios de abogados, claro, pero funcionan como clubes sociales privados (de inscripción voluntaria y divididos por clases sociales) no como organismos de control», advertía.
En efecto, el único organismo que de alguna manera controla el ejercicio del derecho, es el Consejo Superior de la Judicatura, el cual vigila disciplinariamente a los abogados. Pero en la práctica eso es casi que una utopía, porque la «Sala Disciplinaria del Consejo Superior es un organismo politizado, mediocre e ineficaz», señalaba.
Y para la muestra, toca acudir nuevamente al ex fiscal Moreno.
Tras regresar a Colombia y haber pagado su condena con la justicia ordinaria, se supone que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá lo había sancionado con tres años de inhabilidad, pero en segunda instancia, la Comisión de Disciplina Judicial dejó prescribir el proceso, con lo que Moreno reapareció en los estrados judiciales como abogado litigante en el 2022.
Por ejemplo es defensor del dragoneante Cristián Oviedo Mogollón quien está respondiendo penalmente por hechos de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En un consolidado de las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con corte al año 2019, daba cuenta de que la sanción más impuesta a los abogados en 27 años de ese organismo es la suspensión (11.708 abogados), seguida de la censura (7.907 abogados), la exclusión (580 abogados), la amonestación (320 abogados) y la multa (158 abogados), para un total de 20.673 profesionales sancionados en 27 años.
Respecto a los funcionarios judiciales: 280 fueron destituidos; 1.274, suspendidos; 312, amonestados y 857, multados. Esto quiere decir que un total de 2.783 servidores judiciales de ese entonces, habían sido castigados disciplinariamente.
No parece gran cosa en un país donde cada semana hay un escándalo en el que puede estar involucrado al menos un funcionario o particular relacionado con la justicia, bien por omisión por acción. En síntesis en Colombia la justicia tarda, a veces llega, a veces no; o cojea, o se mantiene en silla de ruedas, y en muchas ocasiones simplemente muere por falta de oxígeno.
