La función de los medios de comunicación en el caso de corrupción de Inassa

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Por: Jan Slodvak

 

En contravía a su deber de información veraz e imparcial de rango constitucional quedaron los medios de comunicación que se limitaron a reproducir un escueto y mentiroso comunicado de prensa de la empresa Inassa, (Interamericana de Aguas y Servicios NIT. 802.003.400) propietaria de Triple A, señalando que apelaba una decisión de la Superintendencia de Sociedades en donde les colocaba una multa de $5.078.073 por las practicas de soborno transnacional en Ecuador, donde tienen una de sus filiales internacionales.

Lo curioso del hecho y que los medios de comunicación no contextualizaron para información de su audiencia, fue que la misma Inassa, en comunicado de la Superintendencia de Sociedades había previamente llegado un “acuerdo por colaboración” sobre la sanción evitando otras mayores tales como la prohibición de subsidios y contratos con el estado colombiano y sus instituciones tal como lo señala expresamente la Ley 1778.

No hubo explicaciones de los medios de comunicación, más allá de divulgar el comunicado de Inassa, ante la evidente anormalidad de reconocer esta entidad su culpabilidad en una instancia administrativa estatal y luego, orondamente, entrar en controversia con ellos mismos apelando la decisión. Tampoco, y es de suma gravedad, sobre la sacada de pecho del comunicado de Inassa sobre su conducta irreprochable ética y ajustada a la legalidad, hecho que tampoco es cierto y lo pasamos a demostrar con varios ejemplos.

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Ramón Navarro tiene mucho que contarle a la Fiscalía.

La ética reprochable de Inassa

Según el comunicado de Inassa, reproducido en los medios de comunicación, la empresa nunca ha patrocinado ni auspiciado las practicas de sobornos, producto, según ellos, del accionar de “empleados irresponsables” despedidos tras su alocada aventura personal pues obraron, sigue el comunicado “de manera ilícita y en contravía de las políticas éticas”.

Pura mentira avalada por la actitud complaciente de los medios de comunicación que sostienen, sin ningún recato ni pudor, el entramado falsario. En efecto, veamos el caso de Edmundo Rodríguez Sobrino, Presidente de Inassa, según informe del diario español El Confidencial en su edición del 24 de octubre de 2017: “Al mando de la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa —ocupó el cargo de presidente durante 10 años, entre 2006 y 2016—, lideró, según los indicios con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, una trama de sobornos a funcionarios. No solo era conocedor, sino también “partícipe” de prácticas corruptas en el extranjero y el reparto de mordidas a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para “manipular” los procesos de obtención de contratos”.

Qué tal las practicas éticas de Inassa y sus directivos? No solo esa situación se encuentra plenamente reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción de España en el caso que instruye el caso Lezo (en Colombia Operación Acordeón) sino que el citado presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez dio la orden de transferir ante la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional de España la suma de $2.2 millones de dólares (mucho más que la pírrica multa impuesta por la Superintendencia de Sociedades a Inassa) para afrontar las responsabilidades pecuniarias producto de su imputación en la causa que se le sigue que no es otra –ética rara la de Inassa- de haber participado en el desvío masivo de fondos de Canal Isabel II, la empresa madrileña propietaria de Inassa y esta, a su vez, de Triple A.

Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, se encuentra acusado en España de la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales. Nada menos, tanto que el juez instructor del caso Lezo señaló que los fondos obtenidos a través de la manipulación de las cuentas de Inassa, habían multiplicado el patrimonio escondido de Rodríguez para “blanquear” su origen ilícito en países como Reino Unido, Colombia y Republica Dominicana.

Ese es uno de los tantos ejemplos que muestra a Inassa como una empresa con un comportamiento histórico reprochable anti ético y que ningún medio de comunicación nacional o local de Barranquilla cuestionó al difundir su “detergente” y falaz comunicado de prensa. Y no es el único ni se trata de hechos aislados o fuera de contexto. No. Son parte del clima organizacional de esa empresa tal como se verá en este otro caso de corrupción en su interior.

Hay un informe tétrico de la auditora Price Waterhouse Coopers en mayo de 2005 sobre Inassa, encargado por los españoles de Canal Isabel II para aclarar si los procedimientos de sus directivos fueron irregulares o fraudulentos en los años 2000, 2001 y 2002; demostrando que los funcionarios españoles encargados de la compra de esta empresa no actuaron correctamente revisando los estados financieros ni las prácticas administrativas de esta empresa. La consultora auditora contratada centró su investigación en varias áreas tras las primeras sospechas sobre la corrupción al interior de Inassa y la Triple A. Una de ellas, la forma en que se financió la expansión de Inassa. Otra, el robo de recaudos por miembros de la antigua dirección. Siguen con unos contratos de asistencia técnica –los que desmontó la Procuraduría General de la Nación 18 años después-, la contabilidad creativa de algunas de las filiales del holding Inassa y las comisiones que cobraba la dirección a los proveedores. En suma, PriceWaterHouse llegó a tomar declaración a 11 directivos de Inassa y algunas de sus conclusiones fueron demoledoras.

El diario español El Confidencial en su edición de mayo 29 de 2018 señala que “la más sangrante de las conclusiones es que PriceWaterHouse aseguró que “sí se produjeron robos continuados de recaudos” por un valor de 67 millones de pesos colombianos (hoy, al cambio, son 20.000 euros). Aunque “el importe del robo podría ser mayor al descubierto, ya que solo se ha analizado un año, de mayo de 2003 a mayo de 2004”. La denuncia inicial hablaba de una sustracción de 2.000 millones de pesos (casi 600.000 euros) desde el año 2000. “Solo se han podido descubrir aquellos robos que han dejado algún rastro contable”. Lo cierto es que Inassa despidió a tres directivos de los que sospechaba. Lo hizo en agosto de 2004, por “negligencia, y aunque la Triple A preparó un documento para justificar un despido procedente, finalmente no se utilizó y se les indemnizó por despido improcedente”.

El panorama presentado por el informe de Price Waterhouse es terrible por los procedimientos seguidos por las directivas de Inassa y Triple A para defraudar a los usuarios barranquilleros. En ese momento fueron despedidos un gerente comercial, un sub gerente comercial y el gerente de sistemas que cobraban recaudos a través de los 5 puntos que tenía la Triple A en Barranquilla. El diario El Confidencial de España presenta el anti ético y ladrón modus operandi: “En uno de ellos, bautizado como la ‘estación de recreo’, (Tanque Recreo, una sede administrativa y técnica de la Triple A) se ubicaba físicamente la dirección comercial y de sistemas. Según el informe de PriceWaterHouse, “los procedimientos de cobro no eran muy fiables”. El problema era que el mismo cajero realizaba el cobro e introducía la información en un programa informático. Y todo el proceso era gestionado por el departamento comercial “sin la supervisión de otro departamento”. Cada vez que un cliente pagaba en efectivo a la Triple A en el punto de cobro, recibía un justificante de pago, un documento extracontable “sin ninguna vinculación al sistema informático”. Es decir, que el cliente realmente pagaba, recibía un justificante, pero el pago no se contabilizaba, por lo que “oficialmente nunca había pagado”. El cliente aparecía entonces como moroso, cuyo seguimiento dependía del mismo departamento comercial, el que robaba. No fue el único sistema. También mediante datáfonos trucados, cheques devueltos y cajeros no autorizados que realizaban cobros pero que no tenían autorización para registrarlos en el sistema”.

En fin un compendio de procedimientos nada éticos y si delincuenciales los presentados por la auditora Price Waterhouse que deja sin ninguna justificación la actitud de los medios de comunicación de Colombia, y en especial de Barranquilla, de reproducir mansamente los comunicados oficiales de Inassa sin desglosarlos en su verdadero contexto desenmascarando las practicas de esta empresa, obviando, sacándole esguince a sus obligaciones legales, éticas y constitucionales en su deber de presentar información objetiva y veraz.

Nada de eso pasó y solo se limitaron a ser caja de resonancia de una evidente mentira por todos sus costados partiendo de la base, tantos los directivos de Inassa, así como de los medios de comunicación, que tienen una audiencia y usuarios tontos, manipulable, los cuales se puede alimentar con retorica ética que nadie cumple. Los lectores de este reportaje pueden, desde ya, sacar sus propias conclusiones sobre la ética y honestidad empresarial de Inassa y la forma en que la prensa “libre” cumple con sus sagradas obligaciones. Pura agua sucia.

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