El último día de su gobierno, el mandatario cerró un contrato que desvió recursos del agro hacia ópticas, clínicas neurológicas y agencias de publicidad. La Contraloría destapó un sistema donde las regalías se convirtieron en botín político.
El 31 de diciembre de 2019, mientras los colombianos se preparaban para despedir el año con pólvora y aguardiente, Eduardo Verano de la Rosa firmó su testamento político. No con palabras de despedida, sino con una resolución administrativa que convertiría $14 mil millones de pesos de las regalías del Atlántico en el botín perfecto para un entramado de corrupción que apenas ahora comienza a desenredarse ante los ojos de la Contraloría General de la República.
La Resolución 000168 del 31 de diciembre de 2019 no fue un acto administrativo ordinario. Fue la llave maestra que abrió las arcas del Sistema General de Regalías para que una fundación llamada Funcesi —Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación— distribuyera recursos supuestamente destinados al fortalecimiento agroindustrial del departamento. El resultado: 79 de las 82 empresas beneficiadas no tenían nada que ver con el campo. Ópticas, centros neurológicos, comercializadoras de cosméticos, empresas de vigilancia y hasta agencias de diseño de redes sociales se repartieron el dinero que debía transformar la agricultura del Atlántico.
Bienvenidos al laboratorio de la corrupción estructural, donde las regalías se convirtieron en un sistema de lavandería legal y los contratos públicos en fichas de dominó que caen de administración en administración, sin que nadie responda jamás por el saqueo.
El Mecanismo Silencioso: Cuando firmar es robar
El esquema era de una elegancia criminal notable. Eduardo Verano, en su última jornada como gobernador, no solo firmó la resolución que justificaba la contratación directa —evadiendo toda licitación pública—, sino que también dejó sellado un convenio especial de cooperación por $5.523 millones de pesos adicionales, fechado el 5 de noviembre de 2019. El objeto: «fortalecer el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación del departamento del Atlántico«. Una frase bonita para una operación sucia.
¿Cómo opera este mecanismo invisible? Simple: se aprueba un proyecto con propósito noble —en este caso, impulsar la agroindustria mediante «vouchers de innovación» de $40 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas—, pero luego se distorsionan los criterios de selección hasta hacerlos irreconocibles. Los requisitos eran claros: domicilio en el Atlántico, actividad económica agroindustrial y solvencia jurídica. La realidad fue otra: empresas dedicadas a la salud visual, neurología, comercialización de cosméticos y hasta vigilancia privada recibieron los millonarios bonos.
La Contraloría lo dice sin rodeos en su informe: 79 empresas beneficiadas no cumplían con el criterio agroindustrial según su Registro Único Tributario. No fue error. Fue diseño.
Entre los casos más emblemáticos figura Carhaz Óptical S.A.S., una IPS de Barranquilla dedicada a la salud visual. Su representante legal, Amalín Hazbún Escaf, y su suplente, Mayra Avendaño Hazbún, son diseñadoras de modas. ¿Qué saben de agroindustria? Nada. Pero sí sabían dónde estaba el dinero.
El Centro Neurológico del Norte, especializado en enfermedades neurológicas, también estuvo en la lista. Medical & Nutrition S.A.S., dedicada a productos medicinales y cosméticos, igual. Empresas de diseño gráfico, publicidad y servicios logísticos cerraron el círculo de lo absurdo. El denominador común: todas recibieron $40 millones de pesos del erario público bajo el pretexto de «innovación agroindustrial».
Los actores del despojo: Un clan, tres gobiernos, un solo guion
La ejecución del contrato recayó en la Gobernación del Atlántico durante la administración de Elsa Noguera de la Espriella, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2020. Noguera no es una política cualquiera. Es sobrina política de Fuad Char, el patriarca del clan político más poderoso del Caribe colombiano. Fue secretaria de Hacienda de Alejandro Char cuando este fue alcalde de Barranquilla, y alcaldesa del mismo distrito entre 2012 y 2015. Su vínculo con la Casa Char no es político: es sanguíneo, matrimonial, empresarial.
Bajo su gobierno, Funcesi operó el programa entre diciembre de 2020 y febrero de 2023. La supervisión del proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, liderada por Miguel Vergara Cabello, sobrino de la expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Vergara no es un desconocido en las estructuras de poder del Atlántico. Fue secretario de Planeación tanto en la alcaldía de Alejandro Char como en la de Elsa Noguera. Su rol en el entramado era clave: facilitar los macroproyectos que alimentaban el aparato empresarial del clan Char mediante planes de desarrollo y contratos públicos.
La firma Funcesi, creada en 2016, no es una simple fundación. Es un operador especializado en capturar recursos del Sistema General de Regalías. Su representante legal, Mildreth Tatiana Rodríguez Farelo, ha mantenido un perfil bajo, pero su fundación ha demostrado una capacidad notable para navegar las aguas turbias de la contratación pública. Hoy, Funcesi está a punto de recibir otros $41.667 millones de pesos del Minciencias, gracias a la Convocatoria 37 del Sistema General de Regalías, destinada a proyectos de gestión del riesgo climático y restauración de ecosistemas. ¿Quién supervisa? ¿Quién garantiza que esta vez el dinero no termine en ópticas y clínicas estéticas?
El Vínculo Perpetuo: De Verano a Noguera, de Noguera a Verano
Eduardo Verano no es un novato en esto de amarrar contratos al final de su mandato. Ya lo había hecho antes. El convenio especial de cooperación 000113, firmado el 5 de noviembre de 2019 por $5.523 millones de pesos, tenía un plazo de ejecución de 18 meses: debía terminar en mayo de 2021. Sin embargo, solo se culminó en noviembre de 2023, es decir, los cuatro años completos de la administración de Elsa Noguera.
¿Casualidad? No. Estrategia. Verano sabía que Noguera llegaría al poder. Sabía que el clan Char blindaría el contrato. Sabía que nadie haría preguntas incómodas. Y tenía razón.
El proyecto original fue aprobado el 12 de noviembre de 2019 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia y Tecnología del Atlántico, mediante el Acuerdo 083. El propósito oficial era aumentar las ventas de las empresas beneficiadas en un 0,93%. La meta real era otra: repartir el botín entre aliados políticos, financiadores de campañas y operadores del sistema.
La Contraloría detectó que dos de las empresas que sí cumplían con el criterio agroindustrial experimentaron una caída del 48% en su facturación entre 2023 y 2024. Es decir, el proyecto no solo fue un fraude en su diseño, sino un fracaso en su ejecución. Los recursos no generaron innovación. Generaron enriquecimiento ilícito.
El Sistema que permite el saqueo: Impunidad institucionalizada
Lo más grave de este caso no es el monto desviado ni la audacia de los involucrados. Es el sistema que lo hizo posible. La resolución de contratación directa evitó todo proceso de selección pública. Los términos de referencia fueron diseñados con ambigüedad suficiente para permitir interpretaciones laxas. El comité evaluador aprobó empresas sin verificar su actividad económica real. La supervisión fue inexistente. Y cuando la Contraloría finalmente hizo las preguntas, nadie respondió.
La Gobernación del Atlántico alegó no haber sido notificada formalmente. Funcesi dejó de responder sus teléfonos. Los canales de contacto quedaron inactivos. Nadie asumió responsabilidad. Nadie pidió disculpas. Nadie devolvió el dinero.
El hallazgo administrativo configurado por la Contraloría tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $14.180 millones de pesos. Pero en Colombia, los hallazgos fiscales son como las promesas de Año Nuevo: suenan bien en el momento, pero rara vez se cumplen. Las investigaciones avanzan con la velocidad de un caracol en terapia intensiva. Los procesos prescriben. Los responsables se jubilan. Los corruptos vuelven a ser elegidos.
Eduardo Verano, consultado por medios locales sobre este contrato, respondió que va a «recopilar toda la información» para dar un pronunciamiento «preciso«. Es la misma estrategia de siempre: ganar tiempo, diluir responsabilidades, esperar que el escándalo pase. Y generalmente pasa. Porque en el Atlántico, la memoria colectiva tiene la consistencia de un algodón de azúcar: dulce, efímera, frágil.
La Red Subterránea: Cómo el Clan Char cControla el Estado
Para entender este caso hay que entender el poder. En el Atlántico, el poder no se ejerce desde la gobernación o la alcaldía. Se ejerce desde las oficinas del clan Char, una dinastía política que ha controlado Barranquilla y el departamento durante más de dos décadas mediante una red clientelar que combina compra de votos, control de medios de comunicación, alianzas con grupos empresariales y captura institucional.
Fuad Char, el patriarca, es dueño de Olímpica, la cadena de supermercados más grande del Caribe. Su hijo Alejandro Char ha sido alcalde de Barranquilla en tres ocasiones. Su otro hijo, Arturo Char, fue senador hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por concierto para delinquir y corrupción de sufragante. Hoy vive en Estados Unidos, donde tiene nacionalidad, mientras espera que en Colombia todo se olvide.
Elsa Noguera es parte de esa red. No por imposición, sino por convicción. Fue secretaria de Hacienda de Alejandro Char, alcaldesa con el respaldo del clan, ministra de Vivienda durante el gobierno Santos gracias a su relación con Germán Vargas Lleras (otro miembro del establishment político), y gobernadora con el apoyo total de la maquinaria Char. En su gobierno, contrató al hermano de Vargas Lleras, Enrique Vargas Lleras, para asesorías jurídicas por más de 735 millones de pesos entre 2021 y 2023. ¿Eran necesarias esas asesorías? No. Pero eran necesarios los favores.
Eduardo Verano, por su parte, ha sido gobernador del Atlántico en tres ocasiones: 2008-2011, 2016-2019 y actualmente 2024-2027. Su relación con el clan Char ha sido simbiótica. En sus gobiernos anteriores, Verano entregó secretarías clave al clan: Salud, Educación, Gobierno. Las áreas con mayor presupuesto, mayor contratación, mayor capacidad de generar caudales electorales y financieros.
Dagoberto Barraza, nombrado por Verano como secretario de Educación en su actual gobierno, fue imputado por la Fiscalía por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su anterior gestión en el mismo cargo entre 2016 y 2019. Recibió casa por cárcel. Pero Verano lo volvió a nombrar. Porque en el Atlántico, los cuestionados no se ocultan: se reciclan.
El Impacto Oculto: Lo que el saqueo le quitó al campo
Mientras las ópticas y las clínicas neurológicas recibían millones, los campesinos del Atlántico seguían sin tecnología, sin crédito, sin apoyo. Los 14.385 millones de pesos que Funcesi recibió para «fortalecer las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria» habrían podido transformar la realidad de miles de productores.
Con ese dinero se habrían podido construir distritos de riego, centros de acopio, plantas de procesamiento, laboratorios de control de calidad, sistemas de trazabilidad para productos agrícolas. Se habrían podido financiar proyectos de agricultura de precisión, biotecnología aplicada, energías renovables en fincas, acceso a mercados internacionales.
Pero nada de eso ocurrió. Porque el proyecto nunca tuvo como objetivo el desarrollo agroindustrial. El objetivo era el reparto político del botín. Y en eso, el sistema funcionó a la perfección.
La Pregunta que Nadie Quiere Responder
Eduardo Verano dijo en 2018, durante la campaña de la Consulta Anticorrupción, que votaría «7 veces sí» porque había que atacar «de manera frontal la corrupción». Dijo que los colombianos debían enviar un mensaje a los corruptos: «si te robas el erario te caerán encima normas ejemplarizantes». Dijo que Colombia debía ser «cero tolerante a los actos de corrupción».
¿Cómo conciliar ese discurso con la firma de una resolución que permitió el desvío de 14 mil millones de pesos? ¿Cómo explicar que el gobernador anticorrupción de palabra sea el mismo que diseñó el mecanismo de corrupción estructural en los hechos?
La respuesta es simple: porque puede. Porque el sistema lo permite. Porque la ciudadanía lo tolera. Porque los medios locales miran hacia otro lado. Porque las autoridades de control llegan tarde o nunca llegan. Porque en el Atlántico, como en buena parte de Colombia, la corrupción no es una falla del sistema: es el sistema.
Ciclo Secreto: El Dinero que vuelve en votos
El esquema no termina con el contrato. Esa es la ilusión del ciudadano común que cree que la corrupción es simplemente robarse el dinero. No. La corrupción es un sistema circular, un ciclo secreto donde el dinero público se convierte en capital político.
Funcesi distribuye $14 mil millones entre 82 empresas. Esas empresas tienen dueños. Esos dueños tienen vínculos políticos. Esos vínculos se activan en épocas electorales. Los «vouchers de innovación» se convierten en aportes de campaña, en votaciones controladas, en maquinarias al servicio del poder. El dinero robado vuelve transformado en votos. Los votos se convierten en poder. El poder se convierte en contratos. Los contratos se convierten en dinero robado. Y el ciclo continúa.
Eduardo Verano fue reelegido gobernador en 2023 con 535.000 votos, superando en 186.000 votos su resultado anterior. ¿Cómo se financia una campaña que mueve medio millón de votos en un departamento del Caribe? No con discursos. Con dinero. Y ese dinero tiene que venir de algún lado. En el Atlántico, viene del presupuesto público.
La Conexión Perdida: Cuando el Estado dejó de ser del pueblo
El caso Funcesi no es un escándalo aislado. Es un síntoma de una enfermedad terminal: la captura del Estado por parte de élites regionales que han convertido lo público en su patrimonio privado. Elsa Noguera, Eduardo Verano, el clan Char, Funcesi, Miguel Vergara, Dagoberto Barraza, Enrique Vargas Lleras. Todos son piezas de un entramado donde los recursos del pueblo dejaron de servirle al pueblo para servir a una casta.
La Contraloría identificó hallazgos fiscales por más de $28 mil millones de pesos en proyectos del Sistema General de Regalías en el Atlántico. Veintiocho mil millones. No son pesos perdidos por ineficiencia. Son pesos desviados con intención. El proyecto de mejoramiento de la vía Tubará-Guaymaral-Paluato: $23 mil millones en hallazgos por obras mal hechas, diseños deficientes, pagos por actividades no realizadas. El proyecto de pavimentación en Piojó: $1.160 millones por la misma receta. Y así, proyecto tras proyecto, contrato tras contrato, gobierno tras gobierno.
¿Dónde están esos recursos? En cuentas bancarias en paraísos fiscales. En propiedades a nombre de testaferros. En empresas de fachada. En campañas políticas. En sobornos. En coimas. En todo menos donde deberían estar: sirviendo al bienestar de la gente.
Radiografía Profunda: El Manual de la Corrupción Departamental
El modelo operativo que reveló el caso Funcesi es replicable y se ha replicado en todo el país. Aquí está el manual:
Paso 1: Identificar una fuente de recursos con baja supervisión. Las regalías del Sistema General de Regalías son ideales: montos enormes, procedimientos complejos, múltiples actores involucrados, débil capacidad de control.
Paso 2: Aprobar un proyecto con propósito noble. Nadie puede oponerse a «fortalecer la agroindustria» o «impulsar la innovación». El lenguaje técnico y las siglas (OCAD, SGR, CTeI) sirven para confundir.
Paso 3: Diseñar términos de referencia ambiguos que permitan interpretaciones flexibles. Los requisitos deben sonar estrictos pero ser laxos en la práctica.
Paso 4: Contratar de manera directa evitando licitaciones públicas. Justificar la contratación directa con argumentos técnicos o urgencia.
Paso 5: Nombrar supervisores y evaluadores afines al esquema. La supervisión no es para vigilar: es para legitimar.
Paso 6: Distribuir los recursos entre aliados, financiadores y operadores políticos disfrazados de «empresas beneficiarias».
Paso 7: Simular cumplimiento mediante informes, actas, certificaciones. El papeleo es la coartada legal.
Paso 8: Cuando lleguen las auditorías, alegar desconocimiento, errores administrativos, falta de notificación. Ganar tiempo.
Paso 9: Si el escándalo crece, señalar a funcionarios de segundo nivel como responsables. Proteger a los arquitectos del esquema.
Paso 10: Esperar. La memoria es corta. Los procesos son lentos. La impunidad es paciente.
La Verdad Oculta que este caso revela
El caso Funcesi no es sobre una fundación que se robó 14 mil millones. Es sobre un sistema político regional que ha perfeccionado el arte del saqueo institucionalizado. Es sobre cómo los gobernantes firman su propio testamento de corrupción el último día de gobierno, sabiendo que sus sucesores —que son sus aliados— ejecutarán el plan sin desviarse del guion.
Es sobre cómo las regalías, ese dinero que debería compensar a las regiones por la explotación de sus recursos naturales, se ha convertido en el botín más apetecido por las mafias políticas regionales. Es sobre cómo el clan Char ha construido un poder cuasi feudal en el Atlántico mediante el control simultáneo de la política, la economía, los medios y las instituciones de control.
Es sobre cómo Eduardo Verano, que se presenta como un estadista serio, un académico con maestría en la Universidad de Columbia, un servidor público con décadas de experiencia, ha sido en realidad uno de los arquitectos más hábiles de la corrupción estructural en el Caribe colombiano.
Y es, sobre todo, sobre cómo la ciudadanía del Atlántico ha permitido que esto ocurra. Porque Verano fue reelegido. Porque Elsa Noguera tuvo un gobierno tranquilo a pesar de las denuncias. Porque el clan Char sigue controlando todo. Porque la gente sabe, pero no actúa. Porque la indignación es efímera. Porque el miedo paraliza. Porque la resignación se convirtió en cultura.
Epílogo: La Firma que nadie recuerda
El 31 de diciembre de 2019, a las 5:47 de la tarde según el registro oficial, Eduardo Verano de la Rosa firmó la Resolución 000168. Probablemente lo hizo en su oficina de la Gobernación, rodeado de asesores, mientras afuera la gente se preparaba para las festividades de fin de año. Fue un acto burocrático, rutinario, casi invisible.
Cinco años después, esa firma es la evidencia de un saqueo. Es la prueba de que los últimos días de gobierno no son para despedidas emotivas, sino para amarrar contratos que perpetúen el sistema de corrupción. Es la demostración de que en el Atlántico, los gobernantes no entregan el poder: lo reorganizan.
Eduardo Verano volverá a dejar el cargo en 2027. La pregunta no es si habrá otro contrato firmado el último día. La pregunta es cuántos contratos firmará, con cuántas fundaciones, por cuántos miles de millones. Y si alguien, alguna vez, responderá por esto.
Mientras tanto, las ópticas siguen vendiendo lentes. Las clínicas neurológicas siguen atendiendo pacientes. Las agencias de publicidad siguen diseñando campañas. Y los campesinos del Atlántico siguen esperando el apoyo que nunca llega.
Porque en este país, el que roba pero firma, gobierna. Y el que espera justicia, espera sentado.
Nota del editor: Este artículo forma parte de la serie «Radiografía de la Corrupción Regional» de Corrupción al Día. Si tiene información relacionada con contratos irregulares en el Atlántico o con la operación de Funcesi, puede contactarnos de forma confidencial a través de nuestros canales seguros.
