La impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más dura, en la comisión de crímenes sin castigo. En una frase, la impunidad es la idea de que «la ley es para tontos», una noción que los líderes de derechos humanos temen que está en aumento en las instituciones políticas de todo el mundo. Desde el comportamiento en conflicto hasta la explotación económica, desde la degradación ambiental hasta el retroceso democrático, la batalla entre la impunidad y la rendición de cuentas es una lente crítica para comprender lo que está sucediendo en el mundo.

Así comienza El Atlas Mundial de la Impunidad que se elabora anualmente bajo la dirección de Eurasia Group y The Chicago Council on Global Affairs. Es el documento más serio en cual podemos mirarnos para sopesar qué tan eficiente y efectiva es nuestra Justicia, y a quién le sirve.


Atlas de la impunidad

El Atlas anota y clasifica el nivel de impunidad en 163 países y proporciona una puntuación parcial e indicativa para otros 34.


A nuestro parecer, la foto de nuestro país que captó ese Atlas es más preocupante, y se torna más preocupante cuando escuchamos las denuncias de Angélica Monsalve Gaviria una de las fiscales más firmes contra la corrupción en un podcast con la periodista María Jimena Duzán.

La fiscal Monsalve es clara y contundente cuando explica la política y modus operandi del Fiscal General Francisco en favor de la impunidad. Por ello decidió denunciarlo, porque no respeta la autonomía de los fiscales, pues quiere intervenir con prepotencia y autoritarismo en procesos en donde están implicados personajes de la vida nacional, sobre todo amigos del gobierno que lo eligió.

La denuncia

La fiscal Monsalve decidió denunciar al Fiscal Francisco Barbosa a raíz de las arbitrariedades que se viven al interior de este ente de investigación judicial y la manipulación de procesos que la dirección general ordena.

«El Código de Procedimiento Penal me lo exige que cuando esté frente a un hecho que reviste todas la cualidades de un delito, debo denunciarlo», expresó Angélica Monsalve. Y lo que estaba haciendo el fiscal Barbosa realmente es un delito. Veamos.

Al despacho de la fiscal Monsalve llegó un proceso que llevaba a seis años engavetado, en donde estaba implicado un alto funcionario de la DIAN del gobierno del presidente Iván Duque, por una contratación ilícita. Celebración indebida de contratos para la plataforma Muisca de la DIAN.

Monsalve se tomó un año estudiando el proceso, y finalmente, con elemento de juicios apegados a la Ley y pruebas recopiladas con policía judicial, decidió imputar cargos al personaje señalado, al alto funcionario de la DIAN.

Esto despertó un interés inusitado en las altas instancias de la Fiscalía, y sorpresivamente las fiscal Monsalve fue convocada a un Comité Técnico Jurídico.

«Este comité era irrito, pues lo convocó Luisa Obando, delegada para la Seguridad Territorial (quien no conocía para nada el caso), alegando que el indiciado mío era el que había solicitado el Comité Técnico Jurídico. Pero la resolución que reglamenta los Comité Técnico Jurídico, Artículo 4, dice que la única persona que puede solicitar un comité de esta naturaleza es el fiscal titular del caso», explicó la fiscal Monsalve.

No obstante, aclaró que también lo pueden hacer de oficio algunos funcionarios calificados de la Fiscalía. Pero quien lo convoque de oficio debe establecer los problemas jurídicos a tratar, y esto no sucedió en el caso que involucra a la fiscal Monsalve.

Frente a cinco los cinco altos funcionarios de la Fiscalía invitados al comité, Angélica Monsalve advirtió que esa convocatoria era ilegal y violaba la Ley, por lo que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, Eduard Alirio Calderón, de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, y quien había dirigido el comité para que se archivara este proceso, manifestó que él era el funcionario de mayor rango y por lo tanto así se debía proceder.

«No obstante no decidieron nada, como que les dio miedo porque yo les advertí que la responsabilidad era personal y que iba a llevar esta injusticia hasta las últimas consecuencias y por lo tanto podían verse involucrados en este caso de impunidad», enfatizó la Angélica Monsalve.

Cuatro meses más tarde, la fiscal Monsalve volvió a radicar la resolución de imputación de cargos al funcionario de la DIAN, pero enseguida llegó llegó la reasignación del caso. «Me quitaron el caso a mí y se lo dieron a Eduard Alirio Calderón, quien a su vez se lo dio a un fiscal local, que no tenía competencia, y que ocho días después terminó archivándolo», continuó.

Algo absurdo, y que sucede muy a menudo en la Fiscalía para aumentar la tasa de impunidad, pues nos se estableció el propósito del archivo, no se estudió a profundidad el caso, ni se ventilaron los problemas jurídicos pertinentes al caso.

«Este es un caso flagrante de abuso del Fiscal General, de quitarme el proceso. Yo no puedo creer que eso sea de buena fe, yo creo que cuando le quitan un caso a un fiscal siempre es de mala fe. Buena fe es que dejaran que el indiciado se defienda con sus abogados en los estrados judiciales, como debe ser, ante un juez», subrayó la fiscal indignada.

De manera directa y sin miedo, la fiscal Angélica Monsalve dice que lo que más le impacta es la «desvergüenza del Fiscal General de la Nación, de cambiarme por hacer mi trabajo, la desvergüenza en favor de la impunidad…»

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