Luego de la audiencia pública realizada a finales del 2022, y de las denuncias que venían haciendo distintos abogados en la ciudad de Cali, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, cuando aún estaba en su cargo, finalmente anunció los primeros resultados y medidas sobre los hallazgos encontrados en la Imprenta Departamental de Valle del Cauca (Impretic’s). 

En principio se abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca (Impretic’s) y la Unión Temporal Windetec

De acuerdo con las denuncias, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali, en la ejecución del mismo contrato y en la entrega de las cámaras. En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749.  

Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia Jimmy Dranguet, el supervisor del contrato, el Gerente General de Impretic’s y los miembros de la unión temporal ya mencionada. Se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y, adicionalmente, se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. 

Al alcalde Jorge Iván Ospina, la Contralorìa General le embargó cinco cuentas y siete propiedades. Otras 45 cuentas bancarias de contratistas y exgerentes de EMCALI también fueron embargadas. 

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«Y si bien es cierto que a la fecha se han evidenciado presuntos detrimentos patrimoniales en EMCALI que ameritan abrir procesos de responsabilidad fiscal, también es importante precisar que se han archivado tres indagaciones preliminares sobre asuntos puestos en conocimiento de la Contraloría General, ya que dentro de las investigaciones adelantadas no se encontraron hechos que generaran daño al patrimonio público; con esto quiero resaltar la rigurosidad técnica con la que se trabaja en la entidad», resalta el contralor general. 

Entre las actuaciones corruptas de funcionarios y contratistas figuran: 

  • Contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Puerto Mallarino – Fase I. Se evidenció el pago de lo no debido con ocasión del Contrato de Obra No. 300-AO-1215-2021 por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial equivalente a $176.621.004. Los implicados en este caso son el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”.  El Auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias. 
  • Proceso de Responsabilidad Fiscal – Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Rio Cali (Barrio San Antonio).  Se acordó, junto al Ministerio de Vivienda, aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Construcción nueva línea de aducción PTAR San Antonio” y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al municipio de Santiago de Cali.   El valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y la cuantía del presunto daño patrimonial es de $14.107.087.377. En este proceso los implicados incluyen al Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de EMCALI y a las empresas contratistas. Se decretaron medidas cautelares para los contratistas y gerentes de EMCALI. Así mismo se embargaron 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles a estas personas. La Contraloría General de la Republica compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. 
  • Proceso de Responsabilidad Fiscal – Atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes.  Subcontratación sin previo aval de EMCALI pese a que el contrato señalaba en una de sus cláusulas que esto no estaba permitido.  En este caso la cuantía aproximada del presunto daño patrimonial es por $2.418.754.017. En cuanto a los implicados, sobresalen el Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de EMCALI, y las empresas contratistas. Igualmente se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. 

Otros entuertos 

En una publicación reciente la revista Semana indica que tras el cambio de los estatutos de la imprenta, en el 2016, la Gobernación del Valle presentó una proposición a la Asamblea Departamental para ampliar la parrilla de servicios a 374. Es decir, la imprenta pasó de imprimir libros a ofrecer hasta la construcción de edificios inteligentes. 

Y en tan solo siete años acaparó gran parte de la contratación pública. Ha firmado contratos interadministrativos para la digitalización de archivos de diferentes gobernaciones y otras entidades del Estado, la dotación de mobiliarios de colegios en el Chocó, la implementación y operación de cámaras de seguridad en Cali y hasta en el máximo pabellón de la cárcel La Picota. 

Reveló Semana que la sede física de la imprenta opera en un sótano y tan solo tiene 15 empleados de planta. Y se pregunta ¿cómo han logrado convertirse en un pulpo de la contratación con ese reducido personal?  

El abogado penalista Elmer Montaña, quien ha seguido de cerca a Impretics, señala que en la mencionada entidad que pasó de tener un carácter público, a público-privado, se ganan los contratos a dedo y luego subcontratan por un valor menor de lo firmado inicialmente. 

La imprenta ofrece servicios como el diseño de edificios inteligentes, obras de construcción civil, todo lo relacionado con ebanistería, carpintería y cerrajería, así como suministros de artículos deportivos, atención de salas de primeros auxilios, entre muchos otros. Con la modificación de los estatutos, y siendo una empresa de economía mixta pública-privada, salió a ofrecer esos servicios a las mismas entidades de la Gobernación del Valle, a la Alcaldía de Cali y a otras entidades nacionales”, dice Montaña. 

Agrega que “una de las modalidades de contratación son los contratos interadministrativos, es decir, que pueden contratar de manera directa. Ofrecen los servicios y luego subcontratan absolutamente todo. Esto es una manera de burlarse de la contratación pública. Lo grave es que contratan por un valor y luego salen a subcontratar por un valor mucho menor”. 

Entre los casos estudiados por Montaña, figuran un contrato con la Gobernación de San Andrés por 2.000 millones de pesos para la digitalización del archivo; un convenio con la Gobernación del Chocó por 9.000 millones de pesos para dotar de mobiliario a los planteles educativos, no obstante, dicho contrato no se ejecutó en su totalidad, porque el particular subcontratado incumplió, denuncia el abogado Montaña. 

Impretics también hizo un contrato en 2020 por 3.000 millones de pesos para dotar de cámaras de seguridad al pabellón de máxima seguridad de La Picota, pero, como en otros casos, subcontrató a la empresa Viotec S. A. S. Meses después, el entonces director del Inpec, Mariano Botero, advirtió de fallas en los circuitos cerrados de videovigilancia. “Las unidades de grabación presentan apagados abruptos por ausencia de fluido eléctrico y agotamiento de la carga UPS”, dijo el funcionario. 

Pese a todos estos informes de presunta mala ejecución, Impretics siguió pescando contratos grandes. Uno de ellos, que ahora la tiene en el ojo del huracán de la Contraloría, es el firmado con la Alcaldía de Cali para dotar a la ciudad con cámaras de seguridad. 

Frente a este último caso, la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de 5.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones de pesos nunca se ejecutaron. En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre Impretics y la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad. 

El contrato, que no se cumplió en su totalidad, planteaba la importancia de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación. 

El documento que justifica el cuestionado y millonario convenio asegura que la imprenta cuenta con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones. La propuesta que Impretics le pasó a la Alcaldía de Cali planteaba ofrecer como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por 426 millones de pesos. A este monto se le sumó el generoso respaldo económico del alcalde Ospina, que desde el Distrito puso sobre la mesa un presupuesto superior a los 5.300 millones de pesos. Pero ni siquiera fue Impretics la encargada de ejecutarlo y “la experiencia y la idoneidad” a la que hacían referencia se convirtió en una simple justificación. Terminaron contratando con una unión temporal llamada Windetec. 

El presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones de pesos, a lo que se le suma un costo de 300 millones de pesos por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida. ¿Dónde está ese dinero y por qué Impretics, en lugar de ejecutar el contrato, llama a una unión temporal como Windetec? 

La respuesta es simple: no contaba con la capacidad para realizar la adecuación de las cámaras, así, al momento de diseñar el contrato, la justificación dijera lo contrario. 

También se ha cuestionado la compra de 400 ventiladores por parte de la Gobrnación del Valle, que no fueron entregados en su totalidad, el Contralor General declaró el impacto de las investigaciones por el contrato para la compra de ventiladores mecánicos por parte de la Gobernación del Valle, durante la epidemia del Covid-19, pues no se entregaron los cuatrocientos ventiladores que fueron comprados sino únicamente cuarenta y nueve (49). Por incumplimiento del contrato la aseguradora pagó el siniestro del anticipo del mismo, sin embargo, no cubrió todos los pagos realizados, lo cual generó un presunto detrimento patrimonial de $1.200.000.000. 

Tercerización injustificada y costosa  

Se trata de un convenio en donde Juan Diego Flórez, entonces gerente de Emcali, emitió un decreto el 20 de octubre del 2020 delegando la responsabilidad en terceras personas para que firmara el convenio interadministrativo con la Empresa de Recursos Tecnológico, ERT

Aunque fuentes en Emcali aseguran que Juan Diego Flórez, el alcalde Ospina y algunos visitantes frecuentes en el edificio de Emcali estuvieron al frente de todo, a quien pusieron a firmar el convenio para la adecuación de un call center fue a Luis Fernando Cárdenas, para entonces el gerente Comercial de Emcali, y ahora el máximo responsable de un acuerdo en el que la Contraloría considera que hay un detrimento superior a los $3.000 millones

El contrato interadministrativo Número 600-CIA-1758, celebrado el 22 de octubre de 2020 entre Cárdenas, en su calidad de gerente comercial de Emcali, y Edwin López Bouzas, representante legal de la empresa ERT, tuvo un costo de $18.496 millones y su objeto era brindar «atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes». 

Aunque en la cláusula ‘Décimo Octava’ concuerdan las partes que el contratista (ERT) no podía subcontratar la ejecución total de las obligaciones o las actividades principales a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de Emcali, fueron subcontratadas cinco empresas para cumplir con el objeto del contrato.

Con ese fin la ERT firmó contratos de prestación de servicios con Andromaka SAS, representada según registros de Cámara de Comercio por Claudia Lorena García Hurtado, y que tiene entre sus actividades servicios de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos, así como actividades combinadas de servicios administrativos de oficina. 

También se subcontrató con Proservis Generales SAS, representada por Álvaro Franco Duque, y que es una sociedad por acciones simplificadas que tiene entre sus objetos sociales la provisión de talento humano.

Igualmente, se realizaron contratos de fiducia mercantil de administración y pagos con la Fiduciaria Popular, como vocera del patrimonio autónomo de ERT y Emcali, como Andromaka y con Proservis Generales SAS

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