En un país donde la palabra «liquidación» se ha normalizado tanto como el café de la mañana, el desangre del sistema de salud colombiano opera como un cáncer terminal que nadie quiso diagnosticar a tiempo. Durante los últimos 15 años, la liquidación de 11 EPS no solo ha significado la pérdida de al menos $6 billones de pesos —dinero que se esfumó sin dejar rastro—, sino también el abandono de 18.5 millones de colombianos que vieron cómo su derecho a la salud se convertía en una cifra más en el expediente de la corrupción.
El Mecanismo Invisible que destruye vidas
Detrás de cada EPS liquidada existe un patrón tan predecible como devastador: creación bajo la Ley 100, crecimiento acelerado, deterioro financiero «inexplicable», intervención gubernamental, y finalmente, una liquidación que deja un reguero de deudas impagables a hospitales, proveedores y un sistema cada vez más frágil.
El caso de Medimás encabeza el infame ranking: en solo cinco años de operación logró lo que a otras empresas les tomaría décadas en condiciones normales: pérdidas por $2 billones de pesos, un promedio de un billón anual despilfarrado. Su capitalización inicial incluyó $1.5 billones en «activos intangibles» —el valor asignado a los afiliados—, una maniobra especulativa que el experto Vicente Calvo describe como un «saqueo sistemático» ante la mirada complaciente de los organismos de supervisión.
Esta EPS, surgida de las cenizas de Cafesalud en 2017, colapsó en 2022 dejando 1.5 millones de afiliados a la deriva y deudas por $1.5 billones a prestadores en 232 municipios de 14 departamentos. Un desastre perfectamente evitable si alguien hubiera querido evitarlo.
La caída de los gigantes: Un efecto dominó calculado
El segundo lugar lo ocupa Saludcoop, una de las primeras EPS creadas bajo la Ley 100 en 1994. Su colapso financiero se gestó durante una década, culminando en su intervención en 2011 y una liquidación formal que se extendió hasta 2023. Con más de 5 millones de afiliados en su momento de mayor expansión, su caída desencadenó una reacción en cadena que arrastró consigo a Cafesalud y posteriormente a Medimás.
La lista sigue con nombres que alguna vez representaron la promesa de un sistema de salud funcional: Coomeva (1.2 millones de afiliados y pérdidas superiores a un billón), Cafesalud (puente hacia el desastre de Medimás), Caprecom (entidad pública con pérdidas de $1.5 billones), Comparta (deudas por $480 mil millones), Saludvida (pérdidas de $867 mil millones) y otras EPS cuya desaparición ha ido reconfigurando el mapa de la salud colombiana.
La Radiografía Profunda del colapso actual
La situación actual no es más alentadora. Según los expertos, liquidar las 8 EPS actualmente intervenidas costaría aproximadamente $45 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), mientras que rescatarlas financieramente requeriría $40 billones. Se necesitarían $19.2 billones solo para pagar las deudas exigibles a los prestadores, $21.1 billones para reponer las reservas técnicas que garantizan los tratamientos en curso, y $4.3 billones adicionales para financiar el traslado de usuarios en caso de liquidación.
Como señala Vicente Calvo, «Esta es la muestra más evidente del desastre en el que convirtieron el sistema de salud durante años, principalmente por el incumplimiento de normas y leyes, con gobiernos completamente abyectos que incluso se dedicaron a legalizar esos delitos financieros que se ejecutaron.»
El Ciclo Secreto de la Impunidad
Lo más perturbador no es solo la magnitud del saqueo, sino la repetición del patrón. Las crisis financieras y administrativas de estas entidades no surgieron de la noche a la mañana, ni fueron producto de la mala fortuna. Lo que comenzó como entidades autosuficientes terminó devorado por una «burocracia voraz«, «chanchullos» y peculados orquestados sistemáticamente por políticos y empresarios que encontraron en la salud pública una mina de oro sin supervisión efectiva.
El ciclo se repite con precisión matemática: una EPS entra en crisis, el gobierno la interviene, los recursos siguen desapareciendo durante la intervención, finalmente se liquida, y los pacientes son trasladados a otras EPS que, sobrecargadas, comienzan a mostrar los mismos síntomas de enfermedad terminal.
¿Por qué nadie detiene la hemorragia?
La pregunta que millones de colombianos se hacen no es si el sistema está enfermo —eso es evidente—, sino por qué nadie parece tener la voluntad política de aplicar el tratamiento correcto. ¿Cómo es posible que, después de 11 EPS liquidadas y miles de millones perdidos, los gobiernos continúen aplicando las mismas recetas fallidas?
Quizás porque, como sugiere el análisis de Calvo, no estamos ante fallas del sistema sino ante el sistema mismo funcionando exactamente como fue diseñado: para extraer recursos públicos y convertirlos en fortunas privadas, mientras millones de colombianos enfrentan la precariedad de un servicio de salud que se desmorona ante sus ojos.
La verdadera enfermedad del sistema de salud colombiano no es financiera ni administrativa; es moral. Y su metástasis ha alcanzado cada rincón de un país que, entre liquidaciones y rescates financieros, parece haber olvidado que detrás de cada cifra hay seres humanos esperando atención médica que nunca llega.
