El oligopolio farmacéutico en Colombia: la crisis de medicamentos que el poder de la corrupción creó y nadie quiere resolver
Las filas interminables frente a dispensarios de medicamentos se han convertido en el paisaje cotidiano de Colombia. Adultos mayores con diabetes, pacientes con cáncer y personas trasplantadas —todos vulnerables, todos desesperados— aguardan durante horas por medicamentos que nunca llegan. Mientras tanto, en las bodegas de gestores farmacéuticos, miles de unidades de insulina, antihipertensivos e inmunosupresores permanecen almacenados sin explicación aparente.
¿Casualidad? No lo creemos.
Esta crisis no surgió de la nada. Fue meticulosamente arquitectada en 2019, cuando el gobierno de Iván Duque, mediante el Artículo 243 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, insertó un nuevo actor en el sistema de salud: el gestor farmacéutico. Una figura que, como veremos, no vino a solucionar problemas sino a crearlos.
Un sistema diseñado para fallar
Antes de 2019, las EPS compraban medicamentos directamente a los laboratorios y los distribuían en sus propios dispensarios. Un sistema imperfecto, sin duda, pero sin tantos intermediarios. ¿La justificación oficial para cambiarlo? «Optimizar las cadenas de distribución» y «mejorar la cobertura«. Palabras bonitas para una realidad mucho más oscura.
Lo que realmente ocurrió fue una concentración de poder sin precedentes. De 71 gestores farmacéuticos creados, solo cinco controlan el 80% del mercado: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam. No es un oligopolio; es un oligocopolio, como acertadamente lo describe un especialista en la materia.
«Esto evidencia un mercado oligopólico en el que los gestores más grandes tienen una mayor capacidad de negociación«, señala la Superintendencia Nacional de Salud. Traducción: estas empresas pueden dictar las condiciones del mercado, incluidas quién recibe medicamentos y quién no.
Los gestores que nunca gestionan
El caso más emblemático es Audifarma. Esta empresa, que tiene contratos con Nueva EPS, Salud Total, Compensar, Sanitas, Asmet Salud y Aliansalud, recientemente solicitó acogerse al régimen de insolvencia. ¿La razón? Supuestamente, las deudas que el Estado mantiene con ellos.
Pero aquí viene lo más absurdo de esta historia: cuando la Superintendencia Nacional de Salud realizó una auditoría el 21 de marzo, encontró más de 6.100 unidades de medicamentos críticos retenidos en las bodegas de Audifarma «sin justificación aparente«. Medicamentos que podrían estar salvando vidas en este preciso momento.
El Ministerio de Salud presentó una denuncia penal contra los directivos de Audifarma por presunto acaparamiento. La empresa, por supuesto, lo niega y afirma que son cantidades «normales» de inventario. ¿Normal para quién? Definitivamente no para los pacientes que suplican por esos mismos medicamentos.
El mito de la deuda eterna
La justificación que esgrimen tanto EPS como gestores farmacéuticos es simple: el Estado no paga, por lo tanto, no pueden comprar medicamentos. El argumento sería convincente si no fuera por un detalle revelador: esta misma historia de deuda ya existía desde el momento mismo en que se creó la figura del gestor farmacéutico.
En septiembre de 2019, apenas meses después de la creación de esta figura, ya hablaban de una deuda de $4.1 billones de pesos. La misma cantidad que hoy, cinco años después, siguen reclamando. Como señaló el Ministerio de Salud, «el Gobierno ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de medicamentos«, girando más de $1.6 billones de pesos en los últimos cinco meses.
¿Cómo es posible que la deuda no se haya modificado en cinco años, a pesar de los pagos? Simple: porque el argumento de la deuda es la cortina de humo perfecta para justificar un sistema que prioriza el lucro sobre las vidas humanas.
Sobrecostos: el verdadero negocio
Mientras los pacientes sufren, los sobrecostos florecen. El factor de crecimiento, un medicamento usado en pacientes con enfermedades graves, tiene un precio real de $1.5 millones de pesos, pero ha sido facturado a $4.3 millones, un incremento del 183%. Y este no es un caso aislado.
El exministro Alejandro Gaviria, quien implementó una política de control de precios durante el gobierno Santos, reconoce que se siguen dando estos sobrecostos. Pero también señala algo crucial: desde el gobierno Duque se abandonó esa política de control, dejando la puerta abierta a estos abusos.
El círculo vicioso perfecto
Lo que tenemos aquí es un sistema perversamente eficiente: el gobierno crea una figura que concentra el poder en pocas manos, abandona los controles de precios, y luego estas empresas privilegiadas utilizan su posición dominante para presionar por más recursos, utilizando a los pacientes como rehenes.
Mientras tanto, los laboratorios prefieren vender a través del canal comercial (farmacias) en lugar del institucional (EPS), porque allí obtienen mayores ganancias. El resultado: pacientes que, después de pagar sus aportes al sistema de salud, terminan comprando de su bolsillo los mismos medicamentos que el Estado ya pagó.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha sido una de las pocas voces que ha puesto el foco donde debe estar: «Es inaceptable que las disputas sobre deudas y sobre los problemas de financiación se trasladen a los pacientes«.
La verdad incómoda
Lo que estamos presenciando no es una crisis accidental ni una falla temporal del sistema. Es el resultado de decisiones deliberadas que privatizaron las ganancias y socializaron las pérdidas. Un sistema donde los pacientes son moneda de cambio y la salud se ha convertido en un juego de póker donde algunos tienen todas las cartas marcadas.
Como dijo un experto consultado por medios: «La cadena de medicamentos se había acostumbrado a operar con deudas«. La diferencia es que ahora, en medio de las tensiones por la Reforma a la Salud, estos actores utilizan su poder para presionar, sabiendo que tienen la sartén por el mango.
Mientras escribimos estas líneas, miles de colombianos siguen haciendo fila, esperando por medicamentos que podrían estar a metros de distancia, encerrados en una bodega, víctimas de un Sistema Silencioso que opera con la precisión de un reloj suizo cuando se trata de generar ganancias, pero que se paraliza cuando se trata de salvar vidas.
Este artículo es parte de nuestra serie «Sistema Silencioso», donde exponemos los engranajes invisibles que mantienen la corrupción en funcionamiento, combinando el rigor del periodismo de investigación con principios de ciencia política, filosofía crítica y psicología de masas.
