La Justicia Pierde la Paciencia: El Ultimátum de 48 Horas
El juez Edgardo Manuel Atencio Royero del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla ha perdido la paciencia. En un documento fechado el primero de abril, ha lanzado un ultimátum de 48 horas a los representantes legales del Distrito de Barranquilla, al secretario de Control Urbano y Espacio Público, y a la empresa AIR-E S.A. E.S.P. para que cumplan con un fallo judicial emitido hace casi diez meses, el 30 de junio de 2023.
La orden judicial es clara: liberar los espacios peatonales invadidos por la maraña de cables, postes deteriorados, cabinas telefónicas obsoletas y parquímetros en desuso que obstaculizan el libre tránsito de los ciudadanos a lo largo de la Carrera 51B.
«Encuentro que el despacho que el fin de un eventual incidente de desacato no es otro que la persuasión al cumplimiento, puesto que gana más la sociedad cuando se acata una orden judicial, que cuando se impone una sanción al renuente«, señala el juez Atencio en su resolución, mostrando un último rasgo de clemencia antes de imponer las sanciones contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
La Telaraña Invisible que Todos Vemos
Orlando Manjarrez y otros ciudadanos barranquilleros llevaron esta situación a los tribunales mediante una acción de tutela (desacato) para defender su derecho fundamental al libre desplazamiento. Lo que resulta paradójico es que mientras la infraestructura urbana se moderniza en ciertas zonas de la «Puerta de Oro de Colombia», otras permanecen atrapadas en un limbo de cables enmarañados que cuelgan amenazantes sobre las cabezas de los transeúntes y postes que reducen el ya limitado espacio para caminar.
Lo que comenzó como un simple litigio se ha convertido en el símbolo de un sistema silencioso que perpetúa la desidia administrativa: un ejemplo perfecto de cómo las autoridades dilataron por casi un año un mandato judicial que buscaba proteger los derechos de los ciudadanos.
Las Órdenes Ignoradas
El fallo original del 30 de junio de 2023 ordenaba específicamente:
«CUARTO: ORDÉNASE al DEIP de Barranquilla que, a través de la Secretaría Distrital de Espacio y Control Urbano de Barranquilla, con el acompañamiento de los actores populares y coadyuvantes reconocidos en esta acción, dentro del término de dos (02) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, realice un análisis espacial de las vallas y avisos publicitarios que fueron instalados a lo largo de la Cra 51B, para determinar si se invade el sendero peatonal y por lo tanto el normal desplazamiento de los transeúntes.»
Este mandato judicial, que debía cumplirse en septiembre de 2023, ha sido ignorado de manera sistemática durante más de seis meses.
El Mecanismo Invisible de la Indiferencia
«Se le recuerda que la razón del descontento del incidente radica en que no ha cumplido lo siguiente«, recalca el juez Atencio en su providencia, evidenciando que el caso va más allá de un simple retraso administrativo. Estamos frente a un patrón de comportamiento institucional que refleja una profunda desconexión entre las autoridades y las necesidades ciudadanas.
La orden judicial tiene un propósito claro: identificar si existe una invasión del espacio peatonal que afecte el normal desplazamiento de los transeúntes. En caso afirmativo, se debe ordenar a la empresa Conseñales que retire o reubique los avisos en un lugar donde no vulneren los derechos colectivos.
El Impacto Oculto de la Negligencia
¿Cuántos ciudadanos han tenido que descender de las aceras para esquivar estos obstáculos, arriesgando sus vidas en el proceso? ¿Cuántas personas con movilidad reducida se han visto imposibilitadas de transitar por estas áreas?
Lo que parece un simple problema estético es en realidad un grave atentado contra la accesibilidad urbana y la seguridad peatonal. Los cables enmarañados, además de ser antiestéticos, representan un riesgo latente para la seguridad pública, especialmente durante la temporada de lluvias torrenciales que caracteriza a Barranquilla.
La Cronología del Desacato
- 30 de junio de 2023: El Juzgado Tercero Administrativo emite fallo ordenando el análisis espacial de vallas y avisos publicitarios en la Carrera 51B.
- Septiembre de 2023: Vence el plazo de dos meses para cumplir con la orden judicial.
- Finales de 2023 – Inicios de 2024: Pasa el tiempo sin que se realicen acciones concretas.
- 1 de abril de 2025: El juez Edgardo Manuel Atencio emite requerimiento previo de desacato, dando un ultimátum de 48 horas.
La Radiografía Profunda del Incumplimiento
El juez Atencio va más allá en su resolución. No solo ordena el cumplimiento inmediato del fallo original, sino que exige a las autoridades distritales que inicien procesos disciplinarios contra los servidores públicos que han dilatado deliberadamente el cumplimiento de la orden judicial. Además, solicita que se allegue copia del acto administrativo mediante el cual se hizo el nombramiento de estos funcionarios.
Esta medida busca establecer responsabilidades concretas y evitar que la burocracia diluya la culpabilidad entre múltiples departamentos y oficinas.
¿Quién responde por la ciudad secuestrada?
La resolución del juez Atencio expone claramente a los responsables de este desacato:
- Los representantes legales del DEIP de Barranquilla
- El secretario de Control Urbano y Espacio Público
- La empresa AIR-E S.A. E.S.P.
Estos actores tendrán que responder no solo por el incumplimiento del fallo original sino también por la dilación sistemática que ha mantenido en vilo a los ciudadanos durante casi diez meses.
La Conexión Perdida entre el Deber y la Acción
Este caso revela la profunda desconexión que existe entre las instituciones encargadas de velar por el bienestar ciudadano y las necesidades reales de la población. Mientras los funcionarios públicos dilatan el cumplimiento de órdenes judiciales, los barranquilleros continúan sorteando obstáculos en su día a día, normalizando una situación que debería ser inaceptable en una ciudad que aspira a ser modelo de desarrollo urbano.
La pregunta que queda flotando en el aire, tan enredada como los cables que penden sobre la Carrera 51B, es: ¿Cuántas otras órdenes judiciales quedan en el limbo de la desidia administrativa? ¿Cuántos otros derechos ciudadanos permanecen secuestrados por la inacción institucional?
La cuenta regresiva ya comenzó. Las 48 horas dictaminadas por el juez Atencio serán la prueba definitiva de si las instituciones barranquilleras están dispuestas a acatar la ley o si prefieren enfrentar las consecuencias de su desacato.
