La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dado un paso trascendental al abrir una investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, exlíderes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos están implicados en un supuesto entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que destapa las profundas grietas de moralidad en el sistema político. El reto de la Corte es enorme: enfrentarse al poder de altos funcionarios acusados de desviar recursos destinados a la ayuda social y entregarlos a la maquinaria política. ¿Será la Corte capaz de enjuiciar a estos senadores, o la impunidad volverá a ganar?
Una red de corrupción que dejó a La Guajira sin agua
La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra Iván Name y Andrés Calle, congresistas y expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La gravedad de las acusaciones los involucra en un esquema de corrupción que, según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, utilizó fondos destinados a abastecimiento de agua en La Guajira para enriquecerse personalmente.
El contrato para la compra de 40 carrotanques que debían llevar agua a esta región fue uno de los principales proyectos afectados. Estos vehículos, sin embargo, jamás llegaron a su destino, permaneciendo aparcados y dejando a miles de guajiros sin la ayuda prometida. Según las declaraciones de Pinilla, Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle 1.000 millones para “agilizar” la aprobación de contratos en la Ungrd, a cambio de su influencia legislativa.
¿A quién beneficia la impunidad en el Congreso?
Este caso no es un simple escándalo de corrupción; revela la incapacidad del sistema para proteger el interés público cuando la política entra en juego. La corrupción no solo se manifiesta en el desvío de fondos, sino en la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno y el Congreso. La Corte Suprema tiene la oportunidad de demostrar que los responsables pueden ser juzgados, pero este proceso enfrenta una carrera cuesta arriba: muchos de los acusados tienen fuertes conexiones dentro del poder.
Name y Calle: Los acusados rechazan las acusaciones
Iván Name y Andrés Calle niegan su participación en este entramado. Name, en un comunicado, asegura que no conoce a Pinilla y que las acusaciones son “infundadas”. Por su parte, Calle calificó el caso de “infamia” y prometió defenderse en la Corte. Sin embargo, las pruebas iniciales recaudadas por la Fiscalía y los testimonios de Pinilla y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, pintan un panorama distinto.
¿Hacia dónde se dirige la investigación?
La Corte Suprema ha ordenado realizar indagatorias y otros procedimientos judiciales para establecer la veracidad de las acusaciones. También se indagará si los fondos desviados fueron utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones de octubre pasado, un aspecto que agrega otra capa de gravedad al caso. Si se confirman las acusaciones, la Corte Suprema deberá decidir si los legisladores enfrentarán juicio, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Compromisos electoreros
La emisora W Radio reveló además que a partir del testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el cual estaría soportado con chats y otros elementos, se deducen los compromisos en materia electoral que también habrían movido la alianza calificada por la Corte como criminal.
En el expediente se indica que varias campañas se habrían beneficiado del saqueo a la Unidad que atiende las emergencias y desastres del país.
El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente.
En el caso de Name, habría un interés directo en la consecución de recursos para la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá. Ella fue reelegida en octubre del año pasado en esa corporación con aval de la Alianza Verde.
En otro de los apartes, se habla de un desayuno ocurrido en el hotel Tequendama Suites, el 25 de septiembre de 2023, en el que estuvieron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y conocida en el caso como la mensajera; pero también Iván Name y Olmedo López.
Este último dijo a la Corte que su presencia en el desayuno “ratificaba el compromiso que ellos habían adquirido con él y que era el garante de ese apoyo económico para la política en la campaña de su hija y que si algo fallaba en la consecución de los recursos era porque este director había fallado en el direccionamiento de recursos públicos”.
La Corte precisa que a Name y Ortiz los «une un vínculo cercano de amistad», un detalle que no es menor.
Por el lado de Calle, la ayuda iría principalmente para su hermano, Gabriel Calle, excandidato a la Gobernación de Córdoba, a quien desde el gobierno se habría buscado impulsar, pese a que fue derrotado por Erasmo Zuleta en la contienda regional del 2023. El testimonio de Olmedo López es contundente:
“Ambos, tanto el senador como el representante de la Cámara, sus familiares, estaban en campaña, el senador Iván Name con la doctora María Clara y candidata al Concejo de Bogotá y el doctor Andrés Calle con su señor padre, candidato a la alcaldía, hoy alcalde de Montelíbano y su hermano Gabriel candidato a la Gobernación por el Pacto Histórico y otros movimientos del departamento de Córdoba”, dijo.
López también afirmó que, “a pesar de que (Calle) se había elegido al representante a la Cámara, para nadie es un secreto que nos ayudaron inmensamente en el Departamento de Córdoba en las elecciones presidenciales, un aliado del Gobierno, pero no quedaba bien que siendo el presidente de la Cámara, un aliado del Gobierno, perdiera las elecciones su familia en el territorio”.
Reflexión final: Un sistema en crisis
Este caso no solo compromete a dos congresistas, sino que expone las profundas fallas de un sistema que parece incapaz de frenar la corrupción. La pregunta ahora es si la Corte Suprema tendrá la valentía y los recursos para hacer justicia, o si, una vez más, veremos cómo las figuras de poder evaden la rendición de cuentas.
