Detrimento patrimonial en Policía y Ejército alcanzaría los $328 mil millones
La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 pesos, relacionados con contratos del Ejército Nacional.
El organismo llevó a cabo actuación especial de fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia. Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590 pesos.
El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones de pesos a la tasa de cambio actual).
Posible beneficio irregular a contratistas
La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.
En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12.
Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266.
Viáticos y seguros sin sustento
La Contraloría determinó también que durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización.
De hecho, no existen informes sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.
Además, se encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932 pesos.
También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000 millones.
En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.
Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129 pesos.
Una situación similar se ha presentado en la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social.
No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000 de pesos.
No aparecen excedentes de Kit para soldados
Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 pesos (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016.
En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200 pesos, monto del presunto detrimento patrimonial.
Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4.
Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120 pesos.
¿Mantenimiento a vehículos particulares?
El ejercicio de fiscalización sirvió, adicionalmente, para verificar que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada aparecen relacionados varios vehículos que al parecer no pertenecen a esa unidad militar.
Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230 pesos.
En otros casos los informes de los supervisores de los contratos indicaron que los contratistas cumplieron con el objeto, pese a que en los expedientes fueron anexadas fotografías de la entrega de repuestos y mantenimiento para vehículos que no estaban contemplados en los contratos.
“Los vehículos relacionados –advierten los investigadores en su informe- presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo.
Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por la sumatoria de las facturas sobre las que no hay registro fotográfico por valor de $940.754.488 pesos”.
Chatarrización rezagada
Las comisiones de la Contraloría hallaron también una relación de vehículos que a la fecha no han sido sometidos al proceso de chatarrización, pese a que se encuentran fuera de servicio. En estas condiciones, la institución se ha visto obligada a adquirir el SOAT respectivo y a incluirlos en la póliza de seguros para su flota vehicular.
Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por 47.980.214,64 pesos.
En la Policía
Por otra parte la cadena radial La W reveló un informe de la Contraloría investiga por qué la Policía Nacional no está registrando ni argumentando qué hace con las donaciones de combustible, mantenimiento, bonos, útiles y papelería que recibe por parte de los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, administrados por el Ministerio del Interior y por las Gobernaciones y las Alcaldías.
LA W confirmó que son cerca de $300.000 millones de pesos lo que la Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 pesos, relacionados con contratos del Ejército Nacional.
El organismo llevó a cabo actuación especial de fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia. Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590 pesos.
El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de 100 millones de pesos a la tasa de cambio actual).
Posible beneficio irregular a contratistas
La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.
En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12.
Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266.
Viáticos y seguros sin sustento
La Contraloría determinó también que durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización.
De hecho, no existen informes sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.
Además se encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932 pesos.
También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000 millones.
En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.
Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129 pesos.
Una situación similar se ha presentado en la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social.
No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000 de pesos.
No aparecen excedentes de Kit para soldados
Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por 471.481.040 pesos (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016.
En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200 pesos, monto del presunto detrimento patrimonial.
Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4. Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120 pesos.
¿Mantenimiento a vehículos particulares?
El ejercicio de fiscalización sirvió, adicionalmente, para verificar que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada aparecen relacionados varios vehículos que al parecer no pertenecen a esa unidad militar.
Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230 pesos.
En otros casos los informes de los supervisores de los contratos indicaron que los contratistas cumplieron con el objeto, pese a que en los expedientes fueron anexadas fotografías de la entrega de repuestos y mantenimiento para vehículos que no estaban contemplados en los contratos.
“Los vehículos relacionados –advierten los investigadores en su informe- presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo. Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por la sumatoria de las facturas sobre las que no hay registro fotográfico por valor de $940.754.488 pesos”.
Chatarrización rezagada
Las comisiones de la Contraloría hallaron también una relación de vehículos que a la fecha no han sido sometidos al proceso de chatarrización, pese a que se encuentran fuera de servicio. En estas condiciones, la institución se ha visto obligada a adquirir el SOAT respectivo y a incluirlos en la póliza de seguros para su flota vehicular.
Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por $47.980.214,64 pesos.
En la Policía
Por otra parte la cadena radial La W reveló un informe de la Contraloría investiga por qué la Policía Nacional no está registrando ni argumentando qué hace con las donaciones de combustible, mantenimiento, bonos, útiles y papelería que recibe por parte de los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, administrados por el Ministerio del Interior y por las Gobernaciones y las Alcaldías.
LA W confirmó que son cerca de $300.000 millones de pesos lo que representan estas donaciones no registradas, por lo que, y según alerta la Contraloría General de la República, no hay claridad de qué bienes se entregaron, si fueron o no utilizados, o qué se hizo realmente con ellos dentro de la institución.
Y señala el informe que no hay claridad frente a lo que se hizo con más $25.000 millones de pesos en incentivos para los funcionarios de la institución, debido a que no cuenta con un manual o establecimiento de criterios de distribución o de mérito de dichos recursos, por lo que no se sabe si efectivamente fueron entregados a los funcionarios, o si hay irregularidades en su repartición.
La Contraloría General no encontró registro alguno de ese dinero ni en el inventario que maneja la Policía Nacional ni tampoco en sus estados financieros. Lo que causa preocupación para el ente de control al ser montos tan representativos que requieren mayor vigilancia.
representan estas donaciones no registradas, por lo que, y según alerta la Contraloría General de la República, no hay claridad de qué bienes se entregaron, si fueron o no utilizados, o qué se hizo realmente con ellos dentro de la institución.
Y señala el informe que no hay claridad frente a lo que se hizo con más $25.000 millones de pesos en incentivos para los funcionarios de la institución, debido a que no cuenta con un manual o establecimiento de criterios de distribución o de mérito de dichos recursos, por lo que no se sabe si efectivamente fueron entregados a los funcionarios, o si hay irregularidades en su repartición.
La Contraloría General no encontró registro alguno de ese dinero ni en el inventario que maneja la Policía Nacional ni tampoco en sus estados financieros. Lo que causa preocupación para el ente de control al ser montos tan representativos que requieren mayor vigilancia.
