En un informe que comenzó a circular a mediados de abril, la Contraloría de Distrital de Bogotá, tras un debate de control político realizado en el recinto del Concejo distrital confirmó las denuncias sobre hechos de corrupción que se han perpetrado al interior del Cuerpo de Bomberos de la capital de la República.
El caso tiene que ver con la aparente pérdida de $6.643 millones de pesos correspondientes a un anticipo pagado por la compra de siete máquinas de bomberos.
El dinero corresponde a un avance del 49% del contrato 588 de 2022, cuyo objeto era la compra de 7 máquinas de bomberos, por un valor total de $13.577.584.000.
Las nuevas máquinas extintoras deberían llegar a Bogotá el viernes 22 de marzo de 2024, sin embargo, a estas alturas aún las esperan.
El contrato fue firmado por el exdirector de los Bomberos Oficiales de Bogotá, Diego Moreno Bedoya (ficha del ex candidato presidencial Sergio Fajardo), y quien fue separado de su cargo el 6 de junio de 2023, por la ex alcaldesa Claudia López, tras ser denunciado por lesiones personales por parte de su pareja, Gegny Alexandra Neira Duarte (ex contratista de Bomberos). En su reemplazo asumió la dirección del organismo de socorro la entonces subdirectora de Operaciones, Paula Ximena Henao, (amiga sentimental del concejal Rolando González).
En diciembre de 2022 se firmó el contrato con la Unión Temporal Extintor 4 X 4 para la adquisición de 7 máquinas extintoras de incendios. El valor total del contrato era de $13.557 millones; sin embargo, la Unidad Administrativa Especial (UAE) autorizó un adelanto de $6.643 millones al contratista, dinero que según la Contraloría está en riesgo inminente.
La Unión Temporal 4 X 4 está integrada por las empresas: 7M Group (50%) y Lafe Security (50%), debía ejecutarse en 15 meses, pero, a la fecha lleva cuatro suspensiones (actualmente está suspendido).
Lo más llamativo es que 7M Group y su representante legal Martín Ricardo Manjarres Cabezas, son los mismos implicados en el escándalo de corrupción de la compra de carros blindados para varias instituciones del Estado entre las que figuran la Policía nacional y la propia Fiscalía.
De hecho, ya previamente Bomberos había sacado la licitación para la compra de estos vehículos, pero fue declarada desierta. Y según una investigación periodística del portal Nación Paisa, posteriormente en junio del 2022 el entonces director de Bomberos Bogotá, Diego Andrés Moreno Bedoya viajó con Gegny Alexandra Neira Duarte (ex contratista de Bomberos, la misma que luego lo denunció penalmente), y con los representantes legales de las empresas proveedoras de máquinas de bomberos; Rodrigo Antonio Escobar Mejía, de Impleseg y con José Fernando Casas Palacios, de Alpecorp.
Además según dicha información, varios concejales de Bogotá habrían recibido coimas a cambio de apoyar la compra de estas maquinarias.
A mayo de este año, se sabe que la Unión Temporal 4×4 recibió el anticipo del contrato, pero, ésta a su vez, no le ha cumplido a la empresa fabricante de los chasises para las máquinas extintoras, hecho que ha causado que los productos adquiridos no sean entregados a tiempo.
“El porcentaje de avance en la construcción de los siete chasis es de 0%” alegando que “no se ha cumplido con el depósito requerido del 50%” para comenzar a fabricar los chasis, expresó Navistar Defense.
También manifestó que “no hay fecha estimada de elaboración y entrega de los siete chasis hasta tanto no se cumpla con lo pactado en relación con el depósito del 50%”, informó la empresa fabricante.
Vale recordar que desde el 2014 la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación que involucra a concesionarios, blindadoras, intermediarios, funcionarios de nueve instituciones públicas y varios generales de la Policía Nacional, por un multimillonario carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados.
Entre esas empresas figura una inicialmente llamada M&M Group y que ahora opera bajo en nombre 7M Group, la misma que fue contratada por Bomberos Bogotá, muy a pesar de que ya para la época sus representantes, Martín Ricardo Manjarrez Cabezas y Yonn Jairo García Rivera, estaban siendo investigados por presuntamente cuadrar licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales para hacer acuerdos restrictivos de la competencia y sobornar con pagos en efectivo y en especie a los funcionarios.
Por ahora Bogotá se mantiene con las mismas 21 máquinas extintoras para atender más de 8 mil incidentes al año.
