Por: Jan Slodvak
Todos los procesos en donde se encuentra involucrada la sociedad Triple A de Barranquilla entran en un marasmo de alta intensidad. No se mueven, ni los tocan, ni los fallan. Hermético y sospechoso mutismo, igual al de la publicitada Operación Acordeón por parte de la Fiscalía General de la Nación que es la hora, casi a un año de los sucesos de la Operación Lezo por parte de la Fiscalía española, y no ha sonado. Parece, dadas las actuales coyunturas de la política nacional, que es muy probable que entren en mudez eterna.
En un caso tan abiertamente anti jurídico, pues por donde quiera que se meta la vista y la percepción, aparecen los hechos ilegales –civiles, administrativos y penales- en donde la víctima, hágame el reverendo favor, es nada menos que la inerme y tumbada ciudadanía de Barranquilla. Una especie de conspiración de silencios, sobre todo por la prensa local, untada de auspicios, cuñas y canonjías de todo tipo para que miren convenientemente a todos lados y no se mojen del agua sucia de la Triple A. Como si nada pasará o el monto del tumbe fuera el de una tiendecita de barrio. Nada menos que una empresa de servicios públicos capturada fraudulentamente por inescrupulosos empresarios privados soportados por omisivos y permisivos funcionarios públicos de los cuales se dice abiertamente que recibieron sobornos y coimas para que en su calidad de legítimos accionantes de los derechos conculcados de los barranquilleros, se quedaran en estado cataléptico o petrificados.
El Procurador Carrillo trata de mover las mansas aguas
La primera semana de marzo la pagina web de la Procuraduría General de la Nación presentó la noticia, replicada por medios de comunicación capitalinos, del viaje a España del procurador con el propósito de indagar sobre las operaciones administrativas en donde se encuentra involucrada la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla. Se trataba de resolver, in situ, en la sede matriz de la empresa barranquillera, Canal Isabel II de Madrid, 5 líneas investigativas. La segunda de estas líneas tiene relación con una Acción Popular que se presentó en 2010 en donde se dilucidaba el ilegal proceso de capitalización de Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios, una compañía off shore que servía de fachada para los negocios) dentro del accionariado de la Triple A. En esa misma acción también se presenta un completo análisis de los cobros tarifarios ilegales ejercidos por la Triple A en contravía de la legislación y resoluciones administrativas.
El motivo de la indagación del Procurador General Carrillo surge a raíz de una queja presentada por el grupo de ciudadanos coadyuvantes de la acción frente a la inercia judicial. Después de 8 años de radicado este recurso no se ha resuelto en primera instancia, cambiándose de jueces y de juzgados, dilatándose de manera “absurda” -el termino es de la Procuraduría, el respectivo fallo.
Los tramites iniciales de la Acción Popular
La acción fue presentada bajo el número de radicación 08001333100620100019700 con fecha de reparto del 18 de mayo del 2010 llegando al juzgado administrativo 6, donde se recibieron 7 cuadernos con 2057 folios. Fue presentada por Víctor Díaz, un asesor de empresas y actuaron como coadyuvantes Indulfo Guerra, Hugo Rosanía, Helena Restrepo y el finado Armando Uscateguí.
Como hecho curioso de los coadyuvantes, un respetable grupo de ciudadanos que desde hace dos décadas viene interponiendo recursos legales y administrativos contra los desafueros de las empresas de servicios, estuvieron atentos desde los mismos comienzos de la empresa Triple A, a los procedimientos no propiamente claros y santos de su fundación.
En efecto, fueron citados al Concejo de Barranquilla cuando se debatía su creación para ser escuchados durante los trámites de los debates. Pues bien, según narra Helena Restrepo, uno de los coadyuvantes de la Acción Popular, el día de la aprobación, los dejaron solos en el recinto del Concejo y lo que es peor, encerrados. El encargado de las llaves no aparecía y por arte de magia los honorables concejales desaparecieron del recinto. Pues bien, se transmutaron a otra parte, en la sede de la Asamblea Departamental en donde a las volandas y de forma ilegal –la ley señala que no se pueden aprobar ni debatir acuerdos fuera de la sede del Concejo- decidieron crear, con bombos y platillos, la nueva empresa de servicios públicos de Barranquilla bautizada como Triple A.
Ese es una de las partes del inicio de la historia de esta Acción Popular. Ante las continuas dilaciones del proceso en 10 años, brincando de los juzgados 6 y 13 administrativos, cansados de solicitar la actuación de los jueces, decidieron interponer una queja formal ante la Procuraduría, en Bogotá y una contra la Juez Sexta Administrativa Mabel Torres en el Consejo Superior de la Judicatura en el Atlántico, actualmente en trámite. Este es el caso que motivó a la formulación de la línea investigativa del Procurador Carrillo con respecto a los jueces involucrados bajo una pregunta: ¿Cuál es la causa de la excesiva dilatación de esta Acción Popular que vendría a resolver de fondo los procesos administrativos y tarifarios de la empresa de servicios publicos Triple A de Barranquilla?
Las partes de la Acción Popular y sus representantes
Por un lado Víctor Manuel Díaz Restrepo y los coadyuvantes. Dirigida contra el Distrito de Barranquilla en cabeza de Alejandro Char Chaljub, la sociedad de Acuaducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), representada en ese momento por Ramón Navarro Pereira, destituido por el escándalo de la Operación Lezo en España y con dinero en paraísos fiscales según demostró la investigación de los Panamá Papers del bufete Mossack-Fonseca; y contra los socios de la Triple A, Interamericana de Aguas y Servicios INASSA y su socio – en ese momento, 2010- Sociedad General de Aguas de Barcelona, “birlada” en el negocio cuando algunos de sus ejecutivos, entre ellos Francisco Olmos Corrugedo, optaron por defender otros intereses sacándola del negocio, tal como lo mostró ampliamente la prensa española.
Las pretensiones principales y subsidiarias
Dice la Acción Popular: “Sírvase ordenar la declaración de vulneración de los derechos colectivos de la moralidad administrativa, el patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la libre competencia, por efectos del contrato de suscripción de acciones entre el distrito de Barranquilla, la sociedad de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Barranquilla S.A y como consecuencia de ello se produjo la vinculación de Inassa como socio calificado, mediante el cual se obliga a través de su socio interno operador Sociedad General de Aguas de Barcelona, los servicios de gerenciamiento de todas las actividades que deben realizar la sociedad Triple A de Barranquilla, para cumplir su objeto social”.
| A continuación piden, como pretensiones subsidiarias, las siguientes: |
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A manera de conclusiones parciales
Lo que se pide en esta Acción Popular dilatada por la morosidad judicial de los tribunales administrativos de Barranquilla es que se devuelva la empresa Triple A a su legitimo propietario, el Distrito de Barranquilla, ya que los métodos de apropiación usados por Inassa y otras empresas asociadas a su gestión, tuvo carácter ilegal.
También se pide que se devuelvan unos dineros recaudados vía tarifaria a la ciudadanía desde el año 2010, por conceptos de reposición, expansión, activos muebles e inmuebles las cuales fueron cobrados de manera ilegal. Según algunos cálculos hechos al respecto, la suma iría en el año 2018 por la suma de 17 billones de pesos!
En próximas entregas veremos las modalidades de Inassa y Triple A para apoderarse, con sumo método, en una acción coordinada entre las empresas y los políticos, de los activos de estas empresas usando mecanismos abiertamente contra la ley y los marcos regulatorios, con la consecuente “captura” de dinero de la ciudadanía cobrando en las tarifas rublos sin fundamentación jurídica. En otras palabras, un ROBO COLECTIVO.
Ya pueden, con este abrebocas, imaginarse cuál es la razón para que los juzgados administrativos de Barranquilla hayan dilatado un fallo en primera instancia de esta Acción Popular por todo lo que representa para los detentadores fácticos y accionarios de la empresa Triple A. Así mismo el interés reciente del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo en dilucidar esta extraña tardanza judicial que se une a otros procedimientos de corrupción internacional en torno a Inassa, Triple A, Canal Extensia y Canal Isabel II.
[…] de maniobras de delitos trasnacionales se apoderaron de las acciones de la Triple A (ver artículo http://corrupcionaldia.com/2018/03/14/la-ceguera-de-nuestros-jueces-con-la-accion-popular-contra-la-…). Aquí se nota la poca investigación y contextualización realizada por la […]