En una curiosa rueda de prensa que convocó el viernes en la mañana el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, casi a punto de salirle unas lágrimas de sus ojos dijo que “antes que Fiscal soy padre de familia”.

Así pretendió resumir su explicación al cuestionado viaje que realizó a la Isla de San Andrés, según afirmó en una “misión oficial”, a la que llevó a su esposa, quien no perdió oportunidad de viajar como funcionaria de la Contraloría General de la Nación, pero también a su hija adolescente y a una amiga de su misma edad.

Los gastos

Sobre quién financió el viaje familiar el Fiscal afirmó que él había sufragado los gastos, pero tal vez solo lo que consumieron su hija y la amiga, porque tanto él como su esposa utilizaron los viáticos a que tienen derecho, incluido el hospedaje, pero además se ahorraron los pasajes de las dos menores porque dicho viaje lo realizaron en el avión de la Fiscalía, un Bombardier Learjet-60 con número de cola FAC1216 que se utiliza para “asuntos oficiales, como desplazamiento de servidores (en casos especiales)”, donde por supuesto no tuvo que pagar pasajes aéreos de las dos menores, pues no hay manera legal de justificar ese pago.

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No fue un paseo

“No fue un paseo, se trató de una comisión oficial y mi hija simplemente quiso acompañarme y yo antes que Fiscal son padre”, así respondió el Fiscal en tono despectivo al afirmar que su hija y su amiga ni siquiera habían salido de la habitación del hotel porque no había “no había restaurantes, ni playas abiertas, ni comercio, ni nada, pero su hija adolescente quería viajar con él”.

Y punto seguido agregó: “Siempre que tenga oportunidad de viajar con mi familia, lo haré porque no existe restricción legal ni disciplinaria alguna, que me lo impida”.

Valdría la pena saber qué trabajo realizarían en esa “comisión oficial” la hija del Fiscal y su amiga.

Vale decir que contra el funcionario ya cursa una denuncia en la Comisión de Acusaciones porque habría violado las normas de la cuarentena que prohíben el desplazamiento de menores de edad, mucho más cuando se trata de viajes fuera de la ciudad.

Ninguna explicación entregó el Fiscal sobre por qué, si se trataba de una misión oficial ocupó los tres días del puente festivo, tiempo en el cual mantuvo parqueado en el aeropuerto de San Andrés el avión ese sí oficial, siendo que en los otros lugares que ha mencionado adelantó actividades similares, no duró ni siquiera las 10 horas en el lugar.

Al final tratando de victimizarse el alto funcionario, afirmó que “Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por quererla, recibiré las piedras porque estoy hablando de menores de edad, de una niña que ha sido expuesta de una forma que tiene que ver con los derechos de los niños”.

Y siguiendo con su justificación señaló que “Esto lo han hecho todos los funcionarios que han tenido cargos de ministros, de presidentes y sus familias los acompañan a esas actuaciones oficiales y yo jamás utilizaría un bien público para cosa distinta a una misión oficial”.

El gobernador: ¿el chivo expiatorio?

Previo a estas declaraciones habló a los medios de comunicación el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes (el mismo que acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gavirira días atrás), informando que en atención a varias denuncias ciudadanas, el pasado 24 de abril se abrió una indagación contra el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, por presuntas irregularidades en contratos hechos en el marco de la emergencia por la pandemia del Covid-19.

“Durante 45 días delegados ante la Corte Suprema evaluaron un proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19. Como parte de las acciones judiciales el gobernador fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo. El 27 de junio se conocieron los pormenores de los hechos investigados y su impacto en la comunidad se priorizaron tres casos más”, dijo Jaimes.

Según el ente investigador, el Gobernador acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso oferente y contratar directamente a la empresa Noel Foto SAS por 500 millones de pesos y luego el 18 de marzo “pasó cuenta por 86 millones 800 mil pesos más, suma que fue pagada por el Departamento y que violó los principios de concurrencia, transparencia y generó un detrimento patrimonial”.

Por este hecho, la Fiscalía imputó a Hawkins los delitos de celebración indebida de contrato y peculado por apropiación y solicitará la medida de aseguramiento en lugar de domicilio.

De inmediato el gobernador acusado salió a refutarle.

En varios medios afirmó que “el fiscal general, Francisco Barbosa, me cogió de chivo expiatorio por el caso de presunta corrupción en un contrato del Covid-19”.

Y afirmó que Barbosa lo usó como pretexto para justificar su viaje con su familia y el contralor general, el fin de semana pasado a la isla.

“El fiscal general de la Nación está cogiendo esa investigación para juzgar su paseo a San Andrés. El fiscal vino aquí a pasear y usó el contrato, en el que no hubo ni siquiera anticipos, para decir que hubo peculado”, manifestó.

Hawkins explicó que en el contrato no se dieron anticipos y que el mismo se justifica en los decretos de emergencia del Gobierno Nacional para atender el Covid-19.

“El contrato se celebró para comunicarle a una comunidad étnica en español, creole y en inglés sobre la COVID-19”, manifestó.

La cantinflezca, caricaturezca y casi que ridícula explicación del Fiscal, esperará para ser escuchada cuando lo llamen a declarar en la Comisión de Acusaciones, donde intentará “explicar”, que hacían, dos menores de edad, en pleno confinamiento por la pandemia, en una “misión oficial” de la Fiscalía.

Corolario

Dos temas para concluir la polémica y controversia que se ha generado en torno a la actuación del Fiscal Barbosa.

Hoy se conoció que el comandante de la Policía de San Andrés, coronel Jorge Urquijo Sandoval, de quien se especulaba que tuvo contacto con el jefe del ente acusador y el contralor Felipe Córdoba, tiene coronavirus.

Sin embargo, el supuesto contacto fue negado por la Fiscalía. “El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en su viaje a San Andrés el pasado sábado, se reunió con el comandante Operativo de la Policía Nacional del Departamento de San Andrés, coronel Julio César Salgar Olivera, porque el coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante del Departamento se encontraba en aislamiento por coronavirus. Al coronel le habían practicado la prueba el 25 de junio pasado y los resultados fueron entregados el 29 de junio. En ningún momento hubo contacto entre el Fiscal y el coronel Urquijo”, comunicó la entidad.

Otro punto por aclarar es la información que dio a conocer el portal de periodismo investigativo Cuestión Pública, tras un seguimiento que hicieron a los vuelos de la aeronave FAC1216 de la Fiscalía.

El portal reveló que “el mismo avión que llevó al fiscal de regreso a Bogotá el lunes, se devolvió a San Andrés el martes 30 y ese mismo día retornó a la capital, sin que se conozcan las razones del vuelo.

Y que el mismo avión FAC1216 fue a Barranquilla el 23 de mayo y de allí salió a las 2:03 p.m. para La Florida, EE. UU., en donde se quedó casi dos semanas hasta el 12 de junio.

Según Cuestión Pública, también se ignoran los motivos de este itinerario. “En el departamento de prensa de la Fiscalía, nos dicen que no tienen información al respecto por tratarse de temas de seguridad de los funcionarios. Aunque la información oficial es que ese avión también sirve para “(el transporte de) expedientes, algunas remisiones de detenidos, movimiento de testigos y traslado de armamento”, dice en su cuenta de Twitter, Cuestión Pública.

 

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