Por: Eliecer Sepulveda

El artículo 85 del Código de Comercio (modificado por el art. 33 de la Ley 1727 de 2014) da una pequeña clave sobre el perfil del director de una Cámara de Comercio:

Para ser director de una cámara de comercio se requerirá ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el artículo 16 de este Código, estar domiciliado en la respectiva circunscripción, ser persona de reconocida honorabilidad. Nadie podrá ejercer el cargo de director en más de una cámara de comercio”.

Enfoquémonos en el concepto de la condición de persona de “reconocida honorabilidad”. El reconocimiento implica una personalidad pública, de merito social y la honorabilidad es una construcción dentro del imaginario de una sociedad, -incluso en la superestructura jurídica, según Wikipedia- de una cualidad moral con vinculaciones aceptadas en la virtud, en una hoja de vida intachable, inmaculada, de propuestas visibles y concretas en torno al desarrollo integral de la comunidad que a su vez, otorga el reconocimiento a la honorabilidad y que constituye en suma lo que señala el Código de Comercio como requisito para director –y en consecuencia para los miembros de la junta directiva- de las Cámaras de Comercio. Un verdadero honor.

Los nuevos directivos de la Cámara de Comercio

Los recientes nombramientos de Augusto García, como suplente de Hernán Maestre Castro –actual presidente de la junta directiva- y de Enrique Berrío en calidad de suplente de Efraín Cepeda confirman, ante las suspicacias públicas por su designación, que el famoso artículo 85 del Código de Comercio sobre la “reconocida honorabilidad” de directivos de Cámaras de Comercio, no existe para Barranquilla. García, por ejemplo, es cuestionado por diversos sucesos de su vida, entre ellos usar recursos de la empresa de carnaval cuando su esposa era directora, para pagar cuentas personales y más recientemente en cuestionada gestión en la dirección de Cormagdalena en donde otorgó el contrato a la rescindida Navelena sin el lleno de requisitos legales tal como lo señaló un reciente artículo de Corrupción al día: “Dada esta situación, el director ejecutivo de Cormagdalena en el momento de la firma de este contrato, o sea Augusto Noel García Rodríguez, cometió un delito de marca mayor al violar todo el ordenamiento jurídico de Colombia, en especial los principios de la transparencia y la selección objetiva, reglamentados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1510 de 2015, no obstante a este contrato lo rige el Decreto 734 de 2012”. (https://corrupcionaldia.com/2018/01/28/alfredo-varela-sigue-ocultando-la-verdad-en-el-caso-cormagdalena-navelena-primera-parte/)

Nada honorable esta trayectoria de Augusto Noel. Ni la de “Quique”, famoso por su gestión en la dirección y sus pleitos, que incluyó su ominosa y nada honorable salida en vía directa en la primera administración Char a un tema que desconocía –tampoco es que fuese eminencia en comercio ni en abogacía- tal como fue la Secretaría de Movilidad, en donde su más célebre aporte conceptual fue la celebrada frase telefónica en donde consideraba las finanzas –pues ese es el verdadero contexto de la frase- de la Cámara de Comercio como un pajazo, mientras que calificaba de “polvazo” el botín vislumbrado en la administración pública distrital. Otra muestra de la recia honorabilidad en los miembros de la actual Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Nada extraño entonces que una Cámara de Comercio expuesta a elecciones viciadas, a inscripción fraudulenta de comerciantes con el fin de apoderarse de sus designios y a una junta directiva en donde precisamente no campea la honorabilidad –ya volveremos sobre ella- se muestre con tanta inefectividad social. Para muestra, algunos pequeños datos: no tiene ninguna sede propia. La Aduana, ocupada de facto con un alquiler, es del estado colombiano. De la administración distrital con dineros del Ministerio de Industria y Comercio es también la sede en el fastuoso elefante blanco del edificio del Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro. Y tampoco es de su propiedad la sede en el centro empresarial Buenavista. Así, mientras las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín desarrollan sedes con todos los servicios tecnológicos y empresariales en sus ciudades, la de Barranquilla funciona en sedes adaptadas arquitectónicamente, precarias por su condición. Tampoco es orgulloso motivo de “sacar pecho” –palabra de moda- sobre las iniciativas de la Cámara en sus proyectos. Fue una de las impulsoras del actual esquema de la Triple A. El zoológico anda en crisis. En otras entidades culturales en donde controla la junta directiva tampoco le va muy bien, como es el caso del Parque Cultural del Caribe, financiado con recursos territoriales estatales. El Fondo de Promoción Turística del Atlántico se desvaneció y Fundesarrollo, una incubadora de empresas y tanque de pensamiento económico terminó creando empresas importadoras comerciales sin un papel definido. Es más, ni siquiera tiene un sitio web actualizado. Grave y de una honorabilidad cuestionable todos estos casos.

El presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en la actualidad es el empresario Hernán Maestre Castro, nieto del legendario político cesarense Pedro Castro Monsalvo. Aparece con una hoja de vida que incluye, según la página económica de datos Bloomberg (https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=253586934&privcapId=36015948&previousCapId=8142536&previousTitle=ECOPETROL%2520SA) como director de Gecelca S.A. ESP, empresa vinculada al sector eléctrico en donde Electricaribe –y Unión Fenosa- tienen protagonismo y donde los gremios de Barranquilla (incluida la Cámara de Comercio) presionaron para nombrar a una de sus figuras, Edgardo Sojo, presidente de Intergremial Atlántico, en calidad de presidente de la intervenida Electricaribe. Situación éticamente compleja por sus implicaciones y de dudas sobre la honorabilidad.

Maestre Castro tiene varias empresas con nombres en inglés. Por ejemplo Mikron Equities S.A. registrada en las Islas Vírgenes desde agosto 3 del 2013 y mencionada en el caso internacional del bufete panameño Mossack-Fonseca, como los Panamá Papers. Socios en esa empresa, que según Maestre nunca funcionó pero que se constituyó para que funcionara, su hermano David, conocido por las conversaciones con Jaramillo, el del escándalo Interbolsa, proponiéndole la compra de la Triple A y mencionando que bajo la presión de una Acción Popular (https://corrupcionaldia.com/2018/03/14/la-ceguera-de-nuestros-jueces-con-la-accion-popular-contra-la-triple-a-cuyo-fallo-se-dilata-y-dilata/) los españoles estaban desesperados y querían vender como fuera, para salir rápidamente del embrollo. Maestre se enteró del pastel pues era representante del Alcalde Char en la junta directiva de la Triple A. Este es un segmento de la conversación entre el confeso delincuente Tomás Jaramillo, de Interbolsa (Jaramillo aceptó su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir. Fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión. Actualmente, continúa el proceso penal por captación masiva y habitual de dineros). Jaramillo está casado con la prima de Maestre, Mariluz Ruano Castro:

David: ¡Aló!…
Tomás: Davi, Quihubo.
David:  Quihubo, Tomás.
Tomás: Bueno ahora si cuente…
David: Oye es que te iba a decir, ¿ustedes tendrían interés en la Triple A?, la van a vender…
Tomás: Vea yo me imaginé que me iba a decir eso. La estoy mirando, porque la deuda se puede conseguir regalada.
David: La ¿qué?…
Tomás: La deuda…
David: No, pero ¿de cuál deuda estás hablando?
Tomás: La deuda de la Triple A en Barranquilla…
David: Pero ¿cuál?, el Distrito le debe plata a ellos, dices tú…
Tomás: No, no, la deuda, los bonos se tienen emitidos…
David: Los bonos que ellos tienen, sí ellos tienen unos bonos que los avala un 25% el IPC…
Tomás: Exactamente, esos.
David: Esos, okey…
Tomás: Se pueden conseguir a muy buen precio.
David: ¿Sí? Bueno, pero la empresa la quieren vender…
Tomás: Mirémosla…
David: Yo sé porque yo ya oí que esos manes están desesperados, están como ‘pegaos’, esos es allá y esos los dueños mayoritarios son los españoles esos del Canal Isabel Segunda y parece que hay unos intereses porque yo tengo una gente que está muy interesada…
Tomás: No mira, están muy preocupados porque hay parte del servicio que subsidia el municipio, o el Distrito pues, y que el Distrito está ‘llevao’ del hijueputa y que no tiene con qué subsidiar eso.
David: No sólo eso. El Distrito está que le quita ese subsidio y tiene una demanda, demandaron, le pusieron una acción popular, no, una persona puso una acción popular para que él le devolviera un dinero que están recibiendo del Distrito, y además la Procuraduría le investigó y también parece que es cierto. Esos españoles con una… (no se entiende) están ‘preocupaos’, ‘angustiaos’ y como que quieren vender la compañía.
Tomás: Nos interesa berracamente, pero con ustedes huevón…alinee todas las estrellas allá marica y estamos listos.
David: Entonces, ahí hay una posibilidad buena…
Tomás: Listo, hablamos. Vea, este tema es caliente… Yo mañana… usted no tiene donde. Más tarde lo llamo yo donde Beatriz.
David: Bueno, chao.

El cuñado de Hernán Maestre Castro es el actual presidente de Promigas, Antonio Celia Martínez-Aparicio, casado con su hermana Patricia, presidenta de la Cruz Roja. Por su parte Celia es hermano de Carla, directora de la cuestionada empresa Carnaval SA. Un círculo del poder local con múltiples ramificaciones empresariales y sociales.

Hernán Maestre fue nombrado en el 2004 como gerente de Energía Social, una empresa creada por Unión Fenosa para la utilización de los cuantiosos recursos de subsidios estatales para los estratos 1 y 2 de la población. Según la revista Dinero: “En 2004, Unión Fenosa decidió conformar una empresa independiente, Energía Social, para manejar el suministro a los barrios subnormales. Su estrategia fue trabajar con la comunidad como nunca lo había hecho una empresa de servicios públicos privada o pública.
La empresa definió una forma clara de operar. Unas microempresas integradas por gente de la comunidad determinaron las cargas requeridas por los electrodomésticos del barrio y las posibilidades de pago de los consumidores individuales. Con eso, Energía Social les suministraba la cantidad de energía que podían pagar -a una tarifa subsidiada por el gobierno-, con un compromiso de estabilidad en el servicio. Además, la empresa normalizó las redes de distribución. Instaló contadores comunitarios y reemplazó los postes improvisados por postería de concreto y transformadores para mejorar el suministro. “En muchos barrios era la primera vez que entraba una grúa”, dice el gerente de la firma, Hernán Maestre. Cada uno de los cientos de barrios que atiende es un cliente. La asignación de la energía a cada casa, la facturación individualizada, el cobro y el corte o la reinstalación del servicio lo realizan 1.500 trabajadores de las microempresas comunitarias, contratadas por la empresa. Las microempresas le ayudan al municipio a cumplir su responsabilidad de mejorar los sistemas de distribución. Energía Social, por su parte, aporta el 10% del valor de los proyectos en diseños y la interventoría técnica y busca recursos internacionales para cofinanciarlos. Este año se aprobarían 47 proyectos por $28.000 millones. Con ese esquema, Energía Social facturará $8.000 millones en 2004, recaudará el 18% de sus cuentas y las pérdidas técnicas de Unión Fenosa bajarán de 46% en 2000 a 18% este año. Pero más importante, en siete meses de operación solo ha habido un conflicto”.

La explicación de la ausencia de conflictos sociales en las operaciones de la empresa Energía Social es reveladora. Cuáles fueron los verdaderos contextos de esta extraña paz en el convulsionado y crítico sector eléctrico en el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez? Las posibles respuestas a estos interrogantes se encuentran en una carta enviada desde Valledupar, Cesar, el 7 de marzo de 2007 al entonces Fiscal General de la Nación Mario Iguaran Arana.

(http://omal.info/IMG/pdf/denuncia_a_fiscalia_por_sintraelecol.pdf)

Dice la comunicación que los españoles de Unión Fenosa y sus empresas Energía Social, ElectroCosta y ElectriCaribe había pagado millonarias sumas a las AUC y que a partir del año 2001 se iniciaron las relaciones entre los directivos de estas empresas con las autodefensas con el fin de “ejecutar una campaña de exterminio de los líderes sindicales y sociales que se opusieran a las políticas de esta multinacional en su zona de influencia y además tener vigilancia y protección de sus instalaciones eléctrica a lo largo y ancho de los departamentos de la costa Atlántica y garantizar los desplazamientos de los más altos funcionario de esta compañía por toda la región Caribe”.

Primera explicación de la aparente paz social en la zona de influencia en donde actuó Energía Social tal como lo presenta la revista Dinero. Con ese poder financiero y militar, los jefes de la AUC generaron una gran influencia en estas empresas de energía eléctrica que lograron a través del español Víctor Cruz Vega, en su calidad de jefe de Unión Fenosa en Colombia, que se les mejorara el servicio de energía en sus áreas de influencia y se les entregaran contratos para su manejo. Decía esa carta que a marzo de 2007, la mayoría de estos contratos en la región Caribe estén en las “manos de los paramilitares que comanda Jorge 40, teniendo en cuenta que en Cesar, Magdalena, Guajira, Atlántico y Sucre son controladas políticamente por esta organización, de tal forma que los pagos mensuales se siguen produciendo, muy a pesar que los jefes paramilitares se encuentren recluidos en la cárcel de Itagüí”.

Eso fue en lo concerniente a la primera fase del plan. La segunda fase fue pedirles a los funcionarios de Unión Fenosa por parte de los comandantes de la AUC, que se les permitiera el ingreso en puestos claves de empresas de energía, a personas de confianza de la organización paramilitar. Así llegaron, según la carta de Sintraelecol, los primeros recomendados: Juan Carlos Naranjo y José Hoyos Franco en el área de recursos humanos de estas empresas. En la carta se expresa que “otro de los recomendados de Jorge 40, fue el señor Hernán Maestre Castro, quien fue impuesto como gerente de la empresa Energía Social que también pertenece al grupo Unión Fenosa. Este señor, con José Hoyos Franco, facilitaron tres reuniones con participación del español Víctor Cruz Vega, Vicepresidente de Unión Fenosa, en Colombia, con los jefes de la AUC, las cuales se realizaron en Valledupar, Santa Marta y Montería”.

La Corporación Arco Iris hizo un pormenorizado estudio del impacto de la andanada sangrienta contra las organizaciones sindicales en la región Caribe. Al respecto el diario El Heraldo (23 dic. 2012) indica que: “Además, de los crímenes ya citados en Cesar y Magdalena, en Córdoba se registraron 91, en Bolívar 66, en Atlántico 53, en Sucre 28 y en La Guajira 15. La mayoría de ellos, hoy en la impunidad, fueron cometidos por el Bloque Norte del paramilitarismo. La publicación muestra lo que fue el accionar criminal de los hombres bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, contra dirigentes obreros de sectores específicos: carbonero (caso de la Drummond), bananero, eléctrico (Unión Fenosa – Electricaribe y Electrocosta), universitario (en Atlántico, Magdalena y Córdoba), salud (Anthoc, Sindess, la captura de la José Prudencio Padilla que reemplazó al ISS), y el lechero con la toma sangrienta de Coolechera, así como el caso del sociólogo Alfredo Correa De Andréis”. (https://www.elheraldo.co/noticias/nacional/sindicalismo-asesinado-94153)

Sobre la autoría de la carta denuncia enviada a la Fiscalía General de la Nación el 7 de marzo de 2007, el Observatorio de Multinacionales en América Latina dice que fue enviada por un miembro desmovilizado de la AUC en su artículo La presunta relación entre Unión Fenosa y los paramilitares en Colombia: una denuncia de Sintralecol. (http://omal.info/spip.php?article3814)

Dice lo siguiente: “La directiva del Sindicato Eléctrico Colombiano (Sintraelecol) le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las presuntas relaciones de la multinacional española Unión Fenosa, propietaria de las electrificadoras Electricaribe, Electrocosta, Energía Social y Epsa con grupos paramilitares que operan en la Costa Norte colombiana. La solicitud fue hecha por Rubén Castro Quintana, trabajador de Electrocosta y directivo nacional de Sintraelecol, después de conocer una carta enviada el 7 de marzo de 2007 al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, por un hombre que se identificó como desmovilizado del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la abundante información sobre los supuestos nexos de Unión Fenosa con los paramilitares al mando de Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”. Entre los datos entregados por el presunto reinsertado, “hoy en mi condición de desmovilizado” y quien se describió a sí mismo como una persona que estuvo “en la dirección política de las AUC, como profesional universitario”, resaltan los pagos mensuales a las Auc “por sumas millonarias”.

La pregunta final es si estas dudas sobre la “reconocida honorabilidad”, tal como señala el Código de Comercio en cuanto a la aptitud ética de los dirigentes de la Cámara de Comercio, se cumplen en Barranquilla o todo se reduce como un saludo a la bandera en una ciudad que pareciera flotar en una legislación especial en donde lo que debiera pasar no pasa y lo que pasa, no debiera pasar. O es todo lo contrario: en realidad no hay reconocida honorabilidad y esa importante aptitud moral y ética pareciera no importarle a nadie.

Quizás, desembrozando todos estos procesos y movimientos, se encuentre la explicación a la actual condición, ya explicada, de la Cámara de Comercio de Barranquilla, coto de poder sin aparentes responsabilidades urbanas y sociales, palanca de empuje y posicionamiento –prohibidos para los directivos por los respectivos códigos de ética de las cámaras de Medellín y Bogotá- de sus particulares intereses.

De “reconocida honorabilidad”? Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones.

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