Radiografía forense de los dos primeros años del alcalde Yhon Alber Mora Lizcano · 2024-2025
Municipio de Hobo (Huila) · Categoría 3ª · ~10.081 habitantes
Periodo evaluado: 1 de enero de 2024 – 31 de diciembre de 2025
Fuentes: CHIP · FURAG (Función Pública) · SECOP · CNE · prensa regional
Calificación final: 6,3 / 10 — REGULAR (VIGILAR)
Nos encontramos en el municipio de Hobo. Vamos a auscultar la gestión municipal de Hobo (Huila), donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Yhon Alber Mora Lizcano. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Lo que encontramos debajo de la superficie merece leerse con paciencia: un municipio que se convirtió en el segundo mejor del Huila en reportes institucionales, con un Índice de Desempeño Institucional de 97,09 sobre 100, mientras sus veredas enterraban a cinco vecinos en una sola noche, su agua seguía llegando cuando el río quería, y un juez electoral citaba a audiencia pública para estudiar si sus habitantes querían quitarse al alcalde de encima. La pregunta de esta investigación no es si Hobo administra bien sus papeles. Es por qué sus papeles brillan tanto donde el territorio sangra.
| LO ESENCIAL — SI SOLO TIENE UN MINUTO ▪ Hobo recaudó $22.366,1 millones en 2024 y $28.133,3 millones en 2025 (+25,8%), pero casi la mitad de esa plata la remite la Nación vía Sistema General de Participaciones: $10.953,4 millones y $12.835,1 millones respectivamente. ▪ El esfuerzo tributario propio apenas representa el 18,1% (2024) y el 16,6% (2025) del recaudo: $4.058,5 y $4.664,7 millones. ▪ De los $15.832,2 millones pagados en inversión por la administración central en dos años, el 89,6% ($14.190,0 millones) se ejecutó como «adquisición de bienes y servicios»; no aparece una sola línea de obra civil propia en los registros de pagos. ▪ Las regalías SGR entraron $2.134,8 millones en 2024 y se desplomaron 51,5% en 2025, hasta $1.035,5 millones. ▪ La deuda pública es una sola: $2.300 millones con el Banco Agrario, firmados en agosto de 2021 por la administración anterior, con una renta pignorada de $2.900 millones y una pignoración reportada del 103%. ▪ Las vigencias futuras autorizadas en 2024 y 2025 figuran en el CHIP como «no reporte de información» con cifras en cero. ▪ Calificación final ponderada: 6,3/10 — REGULAR (VIGILAR). Con esa nota, según la metodología, se activa el análisis jurídico del prevaricato por omisión. |
La escena: un municipio pequeño con problemas de tamaño histórico
Hobo es una mancha de tierra café en el centro-sur del Huila, a unos veinte minutos de Neiva por la troncal 45: 217 km², aproximadamente 10.081 habitantes según las proyecciones del DANE, categoría tercera de la Ley 617 de 2000 y una economía de cacao, café, plátano y ganadería que late fuerte en las veredas pero casi no deja rastro fiscal. Su código DANE, 41349, apenas lo distingue de cualquier otro pueblo del interior; su nombre, en cambio, se ha vuelto familiar en las redacciones nacionales por una razón que nadie querría: la violencia. La noche del 21 de julio de 2024, en la vereda Agua Fría, hombres armados atribuidos por las autoridades a las disidencias de las FARC asesinaron a cinco personas en lo que fue la masacre número 41 de Colombia en ese año. Entre las víctimas estaba «Caquito», objetivo de alto valor para la Fuerza Pública. El caso sigue abierto, la comunidad sigue exigiendo verdad y el municipio sigue esperando una respuesta estructural de seguridad rural.
La inseguridad no se quedó en esa noche. En junio de 2025 el propio alcalde, Yhon Alber Mora Lizcano, fue víctima de una retención extorsiva en una finca del municipio: presuntos disidentes lo retuvieron y le exigieron dinero; la Policía y el Ejército capturaron a dos presuntos integrantes de esa estructura. En febrero de 2026, autoridades frustraron un intento de secuestro contra el mandatario en el corregimiento de La Chamba. Un alcalde extorsionado, vigilado por la fuerza pública y obligado a moverse con resguardos es, en sí mismo, el indicador más brutal del control territorial que grupos armados ejercen sobre partes del municipio. A esa foto se suman los crecientes de la quebrada El Hobo, que en enero y febrero de 2026 rompieron acueductos, aislaron el sur del municipio y provocaron el cierre de la vía 45 por habitantes exasperados, y las protestas de la vereda Peñas Blancas por agua que, según sus habitantes, no es apta para consumo humano.
Sobre ese telón de fondo asumió el 1 de enero de 2024 Yhon Alber Mora Lizcano, exconcejal del municipio y aval del Partido Verde Oxígeno, que en las elecciones de octubre de 2023 ganó con 2.048 votos, el 46,84% de la votación, frente a los 1.691 votos de Ismael Martínez Polanía, del Partido Liberal. Su Plan de Desarrollo, aprobado por el Concejo Municipal en 2024, se llama «El Equipo Somos Todos» y prometía, en sus propias palabras institucionales, una «administración confiable, respetuosa de los derechos humanos, con políticas de buen gobierno». El eslogan se volvió profético de un modo inesperado: si algo ha demostrado esta administración es que sabe llenar formularios como pocos. La pregunta que este informe responde con datos es qué hay detrás de esos formularios.
La caja municipal: cuánta plata entró, de dónde vino y quién manda en ella
Todo análisis forense empieza por la caja. Según el Formulario B de Ejecución de Ingresos del CUIPO que el propio municipio reportó al CHIP, Hobo recaudó en la vigencia 2024 un total de $22.366,1 millones y en la 2025, $28.133,3 millones: un salto del 25,8% en un solo año que, a primera vista, parecería la crónica de un milagro fiscal. La descomposición por fuentes cuenta otra historia, más parecida a la de un municipio que administra plata ajena con creciente destreza. En 2024, el Sistema General de Participaciones aportó $10.953,4 millones —el 49,0% de todo el recaudo—, las regalías del SGR sumaron $2.134,8 millones (9,5%) y otras transferencias y recursos no tributarios completaron $4.192,3 millones (18,7%). Los recursos de capital, incluido un superávit de vigencias anteriores de $981,2 millones, agregaron $1.027,2 millones (4,6%). El propio municipio, con sus impuestos —predial, industria y comercio, sobretasas—, generó $4.058,5 millones: 18,1% de la caja.
Gráfica 1. Composición del recaudo municipal de Hobo en 2024. Fuente: CHIP, Formulario CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS.
En 2025 la estructura apenas cambió de vestido. El SGP subió a $12.835,1 millones (45,6%), empujado por la transferencia nacional y no por gestión local; los tributarios propios crecieron un meritorio 14,9%, hasta $4.664,7 millones, aunque su peso relativo bajó al 16,6%; y las regalías se hundieron a $1.035,5 millones (3,7%). La novedad incómoda está en los recursos de capital: $4.326,7 millones, el 15,4% del recaudo del año, provistos casi en su totalidad por $4.186,3 millones de recursos del balance —es decir, plata ahorrada de vigencias pasadas que se volcó a la caja—. Sin ese empujón contable, el crecimiento real de los ingresos recurrentes habría sido mucho más modesto. Dicho sin eufemismos: de cada $100 que entraron a Hobo en sus dos primeros años, en promedio $47 los envió la Nación, $6,6 llegaron como regalías y apenas $17 los sudó el municipio con sus propios impuestos.
Gráfica 2. Composición del recaudo municipal de Hobo en 2025. El bloque azul («capital y balance») es plata heredada, no ingreso nuevo. Fuente: CHIP.
Tabla 1. Composición del recaudo municipal de Hobo, 2024 frente a 2025
| Fuente de ingreso | 2024 (millones $) | % 2024 | 2025 (millones $) | % 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Tributarios (esfuerzo propio) | 4.058,5 | 18,1% | 4.664,7 | 16,6% | +14,9% |
| SGP – Nación | 10.953,4 | 49,0% | 12.835,1 | 45,6% | +17,2% |
| Regalías SGR | 2.134,8 | 9,5% | 1.035,5 | 3,7% | −51,5% |
| Otros ingresos corrientes | 4.192,3 | 18,7% | 5.271,3 | 18,7% | +25,7% |
| Capital y recursos del balance | 1.027,2 | 4,6% | 4.326,7 | 15,4% | +321,2% |
| TOTAL RECAUDO | 22.366,1 | 100% | 28.133,3 | 100% | +25,8% |
Fuente: CHIP, Formulario CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS (DIC-DIC 2024 y 2025). Cifras en millones de pesos.
Gráfica 3. Variación del recaudo por fuente, 2024 frente a 2025. Fuente: elaboración propia con datos CHIP.
¿Qué significa esto para el lector de Hobo? Que la solvencia del municipio sigue siendo, en esencia, una transferencia mensual de Bogotá. Si el SGP llega, la alcaldía paga nómina, opera y compra. Si el SGR asigna, hay proyectos de inversión local. La autonomía fiscal de Hobo —su capacidad de decidir con plata propia— es una fracción que ni siquiera alcanza para cubrir su propio funcionamiento anual con holgura. Y ahí aparece la primera tensión de esta evaluación: el municipio ejecuta con disciplina lo que recibe, pero la estructura de esa caja lo vuelve estructuralmente dependiente y estructuralmente vulnerable. Un municipio que apenas recauda $462.716 anuales de impuestos por habitante —unos $38.500 mensuales— no puede sostener solo ni la mitad de sus compromisos básicos.
Gráfica 4. La cadena de dependencia fiscal de Hobo: esfuerzo propio frente a recursos remitidos por la Nación.
En qué se gastó: funcionar, pagar deuda y una inversión que no deja obra visible
La administración central de Hobo —que no incluye el Centro de Salud ni la empresa de servicios públicos, que presupuestan por separado— pagó $8.453,7 millones en 2024 y $12.087,3 millones en 2025, un crecimiento del 43,0% que confirma que la máquina administrativa sí aceleró. Dentro de ese total, el funcionamiento consumió $1.748,6 millones en 2024 (20,7% de los pagos) y $2.021,3 millones en 2025 (16,7%): proporciones sanas, muy por debajo de los techos que los manuales de desempeño fiscal consideran preocupantes para un municipio de categoría tercera. El servicio de la deuda, por su parte, absorbió $503,6 millones en 2024 y $435,4 millones en 2025. Hasta aquí, un tablero de control que cualquier interventor firmaría sin rechistar.
Gráfica 5. Pagos de la administración central por destino: funcionamiento, inversión y deuda. Fuente: CHIP, Formulario D.
La sorpresa está dentro de la inversión, el renglón que supuestamente transforma territorios. En 2024, la administración central pagó $6.201,6 millones de inversión; en 2025, $9.630,6 millones: un crecimiento del 55,3% que suena a obra pública, a acueductos, a plazas, a vías. Pero cuando uno abre el detalle por tipo de gasto, el 87,9% de la inversión de 2024 y el 90,8% de la de 2025 salió por un solo código: «adquisición de bienes y servicios» ($5.448,1 millones y $8.741,9 millones, respectivamente). Las transferencias de inversión explicaron el resto. En cambio, los códigos clásicos de la obra pública municipal —adquisición de edificaciones y construcciones, construcción de redes de agua y alcantarillado, desarrollo vial— no registran pagos en los formularios de la administración central en ninguno de los dos años. En dos vigencias, $14.190,0 millones —el 89,6% de toda la inversión pagada— se convirtieron en compras directas, sin que exista una línea presupuestal visible de construcción propia.
Gráfica 6. Composición de la inversión pagada en 2025: nueve de cada diez pesos fueron compras directas de bienes y servicios.
¿Significa esto que la plata se esfumó? No necesariamente, y en rigor periodístico hay que decirlo con la misma fuerza: una parte de esos «bienes y servicios» puede corresponder a interventorías, estudios, mejoras deportivas, alimentación escolar o contratos que el SECOP registra como contratación menor. Pero el patrón tiene tres consecuencias objetivas que ningún interventor puede negar. Primera: la inversión queda fragmentada en decenas o cientos de compras pequeñas que, por cuantía, escapan de la licitación pública y de su escrutinio comparado, en un municipio donde el SECOP consultable muestra sobre todo procesos de contratación directa de cuantías bajas. Segunda: la trazabilidad física se diluye —no hay un proyecto consolidado con obra, plano e interventoría visible en los reportes—. Y tercera: el esquema es perfectamente replicable año tras año sin dejar activos identificables, que es exactamente el hábitat donde la Contraloría suele encontrar después las inconsistencias que la prensa no vio a tiempo. En Hobo, hoy, esa caja negra tiene nombre contable («adquisición de bienes y servicios») y un acumulado de $14.190 millones que amerita, como mínimo, una auditoría temática específica de la Contraloría Departamental del Huila, entidad que instaló su Auditoría de Cumplimiento al municipio precisamente en mayo de 2026.
Tabla 2. Ejecución de gastos de la administración central de Hobo
| Concepto | Obligaciones 2024 | Pagos 2024 | Obligaciones 2025 | Pagos 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento | 1.813,9 | 1.748,6 | 2.036,3 | 2.021,3 |
| — Gastos de personal | 877,3 | 877,3 | 1.013,3 | 1.013,3 |
| Servicio de la deuda | 503,6 | 503,6 | 435,4 | 435,4 |
| Inversión | 6.571,9 | 6.201,6 | 10.684,3 | 9.630,6 |
| — Bienes y servicios (compras) | 5.818,4 | 5.448,1 | 9.795,6 | 8.741,9 |
| — Transferencias | 753,5 | 753,5 | 888,7 | 888,7 |
| TOTAL PAGADO | 8.889,4 | 8.453,7 | 13.156,0 | 12.087,3 |
Fuente: CHIP, Formulario CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS (administración central). No registra pagos en códigos de obra civil (edificaciones, redes, vías) en ninguna de las dos vigencias. Millones de pesos.
Regalías: el ingreso que se evaporó a mitad de camino
Hobo no es un municipio petrolero, pero vive del SGR como quien vive de una renta fija. En 2024 recibió $2.134,8 millones por concepto de asignaciones del Sistema General de Regalías: $1.688,1 millones de asignación para la inversión local según necesidades básicas insatisfechas (79,1% del total), $276,9 millones de la bolsa de ambiente y desarrollo sostenible y $169,8 millones de las asignaciones directas del 20%. Con ese dinero se financiaban proyectos con BPIN propio, cada uno con su ficha y su ejecución. El Formulario de Ejecución de Gastos SGR de ese año muestra que el municipio comprometió $3.637,1 millones —más de lo que ingresó, absorbiendo saldos de proyectos previos—, obligaciones por $2.739,0 millones y pagos por $2.134,8 millones: un patrón de arrastre razonable pero revelador de una cartera de proyectos que camina lenta.
2025 trajo el golpe: los ingresos por regalías cayeron 51,5%, hasta $1.035,5 millones. La asignación de inversión local bajó de $1.688,1 a $814,6 millones, la de ambiente de $276,9 a $194,3 millones, y las directas del 20% se desplomaron de $169,8 a apenas $26,6 millones. Para un municipio donde la inversión local depende de esa fuente, la caída equivale a perder de un año para otro casi $1.100 millones de capacidad de obra —plata que, casualmente, coincide con el año en que la administración compensó con recursos de balance—. La ejecución 2025 cerró con compromisos por $1.793,7 millones, obligaciones y pagos por $1.082,0 millones. Y el primer semestre de 2026, con $1.308,9 millones recaudados y $2.819,0 millones comprometidos, sugiere que la máquina regalera volvió a acelerar; pero la lección de 2025 queda escrita: el municipio construyó su programa de inversión local sobre la fuente más volátil del sistema y no dejó vigencias futuras ni reservas documentadas para absorber el golpe.
Gráfica 7. Ingresos del SGR para Hobo y su composición. La caída de 2025 (-51,5%) desfinanció el programa de inversión local. Fuente: CHIP, SGR.
Tabla 3. Sistema General de Regalías de Hobo: ingresos y ejecución
| Concepto | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Inversión local según NBI | 1.688,1 | 814,6 | −51,7% |
| Ambiente y desarrollo sostenible | 276,9 | 194,3 | −29,8% |
| Asignaciones directas (20%) | 169,8 | 26,6 | −84,3% |
| TOTAL INGRESOS SGR | 2.134,8 | 1.035,5 | −51,5% |
| Gastos: compromisos | 3.637,1 | 1.793,7 | −50,7% |
| Gastos: obligaciones | 2.739,0 | 1.082,0 | −60,5% |
| Gastos: pagos | 2.134,8 | 1.082,0 | −49,3% |
Fuente: CHIP, SGR EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS (DIC-DIC de cada vigencia). Millones de pesos.
La deuda heredada y las vigencias futuras que nunca llegaron
Hobo es un municipio con una sola deuda y esa deuda es más vieja que este gobierno. El Formulario FUT_Deuda_Pública del CHIP registra un único crédito: $2.300 millones aprobados y desembolsados por el Banco Agrario de Colombia, firmados el 27 de agosto de 2021 —en la administración de Carlos Alberto Tobar Bautista—, para la compra de maquinaria amarilla nueva (una retroexcavadora, una motoniveladora y una volqueta), con una tasa referida al IBR a tres meses más 0,20 puntos y un plazo de 108 meses. La garantía de la operación es nada menos que el Sistema General de Participaciones de propósito general de libre inversión, sobre el cual el municipio reporta una renta pignorada de $2.900 millones y un porcentaje de pignoración del 103%: el formulario dice, textualmente, que la renta comprometida supera el valor que la respalda. Un signo de estructura onerosa que la Secretaría de Hacienda local arrastrará hasta 2031.
Los números del préstamo, dichos en crudo: al cierre de 2024 el saldo vivo era de $1.812,8 millones; al cierre de 2025, de $1.535,2 millones. La cuota anual ronda los $277,6 millones, con intereses pagados de $225,9 millones en 2024 y $157,7 millones en 2025. En términos absolutos la deuda es manejable —equivale al 5,5% del recaudo anual—, y la administración la ha pagado puntual: no hay observaciones de mora en los reportes. El problema es de diseño, no de tamaño: cada $277,6 millones anuales que salen de la bolsa de libre inversión del SGP son $277,6 millones que no van a veredas, a deporte, a cultura o a mantenimiento vial. El servicio total de la deuda municipal consumió $503,6 millones en 2024 y $435,4 millones en 2025. La maquinaria amarilla que compró el gobierno anterior sigue, en 2026, siendo la inversión estructural más tangible que Hobo ha visto en años: una foto del nivel de arranque con el que este alcalde recibió el municipio.
Gráfica 8. Trayectoria del único crédito del municipio: saldo vivo real (2024-2025) y proyección contractual hasta 2031. Fuente: CHIP, FUT_Deuda_Pública.
Y junto a la deuda heredada, otra anomalía de este gobierno que el CHIP documenta sin adornos: las vigencias futuras. El Formulario FUT_Vigencias_Futuras de 2024 y el de 2025 —que recogen las autorizaciones aprobadas entre octubre y diciembre de cada año para comprometer presupuestos de las vigencias siguientes— figuran ambos como «NO REPORTE DE INFORMACIÓN», con todas las cifras en cero. Hay dos lecturas posibles y ninguna es buena. La primera: el municipio efectivamente no autorizó vigencias futuras en dos años consecutivos, lo cual revela una planificación plurianual inexistente —no hay contratos de obra a dos o tres años, no hay reservas programadas para la caída de regalías que efectivamente llegó en 2025—. La segunda: el municipio sí las autorizó pero no las reportó al sistema de información nacional, lo cual choca frontalmente con el índice FURAG de 97,09 que tanto presume la entidad. En cualquiera de los dos escenarios, la ausencia de vigencias futuras es la firma contable de un gobierno que administra año por año, sin horizonte.
Tabla 4. Ficha técnica del único crédito del municipio
| Campo | Dato reportado en CHIP |
|---|---|
| Entidad financiera | Banco Agrario de Colombia S.A. |
| Fecha de firma | 27 de agosto de 2021 (administración anterior) |
| Objeto | Compra de maquinaria amarilla: retroexcavadora, motoniveladora y volqueta |
| Monto aprobado y desembolsado | $2.300,0 millones |
| Tipo de deuda / tasa | Interna · IBR tres meses + 0,20 puntos |
| Plazo | 108 meses (última cuota registrada en 2031) |
| Renta de garantía | SGP – Propósito general, libre inversión |
| Valor pignorado / % pignoración | $2.900,0 millones / 103% (reportado) |
| Saldo al cierre 2024 | $1.812,8 millones |
| Saldo al cierre 2025 | $1.535,2 millones |
| Intereses pagados | $225,9 millones (2024) · $157,7 millones (2025) |
| Amortización anual | $277,6 millones (última: $146,9 millones) |
Fuente: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA CREDITOS y RENTA_PIGNORADA, vigencias 2024 y 2025. Millones de pesos.
FURAG 97,09: el mejor expediente del Huila y lo que ese número no mide
Aquí llega la paradoja central de esta investigación. En la medición 2025 del Formulario Único de Reporte de Avance en Gestión (FURAG), el Índice de Desempeño Institucional de la Alcaldía de Hobo fue de 97,09 sobre 100: el segundo mejor de los 37 municipios del Huila, solo detrás de Íquira (97,85), por delante de capitales regionales tan pesadas como Neiva (90,69) y Pitalito (91,71), y dentro del pelotón de cabeza a nivel nacional entre más de 1.100 alcaldías evaluadas. En 2024 el puntaje había sido de 90,7 según la divulgación regional de la medición. Su Centro de Salud, además, obtuvo un IDI de 99,18 —casi perfecto—, mientras su Empresa Pública de Hobo S.A. registró 72,72, el eslabón débil del grupo institucional y, casualmente, el encargado del agua que los hobeños denuncian.
Gráfica 9. Índice de Desempeño Institucional 2025 de las 37 alcaldías del Huila. Hobo ocupa el segundo lugar. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.
Hay que decirlo sin ambigüedad: un 97,09 en FURAG es un logro real, no un truco. El IDI mide planeación, gestión de información, transparencia proactiva, talento humano y servicio al ciudadano mediante reportes verificables, y nadie llena ese formulario por accidente. Significa que la Secretaría de Planeación entrega cifras a tiempo, que los reportes MGA y el sistema de calidad institutional funcionan, que hay documentación donde debe haberla. Esa capacidad administrativa le sirve al municipio para acceder a cofinanciaciones, defender recursos y sostener conversaciones técnicas con el departamento y la Nación —y la entrega del nuevo Puente Amarillo de la vía Hobo-Yaguará por parte de la Gobernación del Huila, o el avance de obras de acueducto departamentales, se apoyan en esa máquina institucional—.
Pero el IDI tiene un límite que ningún funcionario discute en privado: mide cómo se reporta, no qué se transforma. Ninguna casilla del FURAG pregunta si en Agua Fría volvieron a disparar; ninguna mide cuántos hogares de Peñas Blancas beben agua no potable; ninguna penaliza que la inversión municipal salga 90% por compras directas sin obra visible. Un municipio puede, en teoría, ser un campeón de reportes y un desierto de resultados sociales. Hobo no es un desierto —hay gestión cotidiana, cultura, deporte, salud operando—, pero la distancia entre su expediente institucional y su realidad territorial es la mayor que hayamos documentado en los informes de esta serie. Esa distancia, ni más ni menos, es la que la ciudadanía expresó cuando en 2025 recogió firmas suficientes para que el Consejo Nacional Electoral, mediante el Auto CNE-E-DG-2025-027098 del 19 de noviembre de 2025, autorizara el trámite de revocatoria del mandato contra el alcalde Mora Lizcano.
Los cinco deberes con la gente: metas frente a logros, 2024-2025
Cruzamos tres fuentes para reconstruir lo que la gente de Hobo siente y lo que su gobierno respondió: la agenda pública que la propia administración difunde y rinde en audiencias (obras, programas, contratos SECOP), la cobertura de los medios regionales (La Nación, Diario del Huila, Blu Radio, medios comunitarios) y los registros oficiales del CHIP, el CNE y las entidades de control. De ese cruce emergen cinco problemas que la comunidad nombra una y otra vez —agua potable, seguridad, vías, empleo y economía rural, salud y servicios públicos—, y sobre ellos construimos cinco indicadores de gestión periodística, cada uno calificado de 0 a 10 según la distancia entre lo que el Plan de Desarrollo «El Equipo Somos Todos» prometió en esas materias y lo que los datos verificables muestran al cierre de 2025.
Tabla 5. Los cinco indicadores de gestión: compromiso, realidad y puntaje (2024-2025)
| Problema prioritario | Compromiso del Plan de Desarrollo | Resultado verificable al cierre de 2025 | Puntaje |
| Agua potable | Servicio continuo y seguro; fortalecimiento del operador | Sin obra municipal propia de redes en dos años; protestas recurrentes (Peñas Blancas); crecientes de 2026 destruyeron redes; solución depende de obras departamentales | 4,0 |
| Seguridad | Territorio seguro y presencia estatal en veredas | Masacre de Agua Fría (5 muertos, jul-2024) sin respuesta estructural municipal; extorsión al alcalde (jun-2025); intento de secuestro (feb-2026); sin esquema municipal de seguridad rural visible | 3,0 |
| Vías y conectividad | Movilidad segura urbana y rural | Puente Amarillo entregado (obra de la Gobernación); vías terciarias dependen de compras directas de bienes y servicios sin activos auditables; bloqueos por infraestructura precaria en 2026 | 5,0 |
| Empleo y economía rural | Cadenas de cacao y café fortalecidas; empleo local | Crecimiento del recaudo de ICA (+actividad formal) y programas difundidos; sin evidencia pública de transformación productiva ni de retención de jóvenes | 4,5 |
| Salud y servicios públicos | Atención de calidad; servicios sostenibles | Centro de Salud con IDI 99,18 y operación estable; EPHS con IDI 72,72; quejas por continuidad del agua; gasto de funcionamiento pagado sin retrasos | 6,5 |
Elaboración propia: cruce de agenda pública institucional, SECOP, CHIP, CNE y prensa regional. Promedio simple de los cinco indicadores: 4,6/10 (zona crítica).
El resultado de los cinco indicadores, en conjunto, promedia 4,6 sobre 10: zona crítica. El peor es seguridad (3,0), donde ni el gobierno nacional ni el departamental han respondido estructuralmente y donde el liderazgo local —competencia compartida, cierto, pero titular de la política municipal de convivencia— no ha logrado instalar presencia estatal permanente en las veredas golpeadas: dos años después de Agua Fría no hay plan visible de seguridad rural con presupuesto municipal asignado ni esquema de protección comunitaria consolidado, mientras los hechos de extorsión continuaron en 2025 y 2026. Le sigue agua potable (4,0): las obras mayores dependen de la Gobernación y de Aguas del Huila, y el municipio —propietario de la empresa operadora— no ha publicado ni ejecutado, en la administración central, una línea propia de construcción de redes; las protestas por servicio intermitente y no apto para consumo persistieron durante todo el bienio.
Vías y conectividad recibe un 5,0: el Puente Amarillo es un logro real para la movilidad Hobo-Yaguará, pero es obra de la Gobernación, y las vías urbanas y terciarias del municipio siguen dependiendo de esas mismas compras directas de «bienes y servicios» cuyo alcance físico no es auditable desde los registros públicos. Empleo y economía rural (4,5): el recaudo de industria y comercio creció y hubo programas de apoyo productivo y cultural difundidos por la administración, pero no existe evidencia pública de transformación de las cadenas de cacao y café que el plan prometió potenciar, ni de un mercado laboral que retenga a los jóvenes. Salud y servicios públicos (6,5) es el renglón menos malo: el Centro de Salud con IDI 99,18 sostiene la operación asistencial y el gasto de funcionamiento se pagó puntualmente; las quejas se concentran en la continuidad del agua y en la empresa de servicios públicos, cuyo IDI de 72,72 es el peor del grupo institucional municipal.
¿Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El cruce es despiadado. El ODS 6 (agua y saneamiento) y el ODS 16 (instituciones sólidas y paz) —justamente los dos que Hobo más necesita— son los que muestran mayor brecha: agua no segura en varias veredas y una violencia armada que al ojo de cualquier observador mantiene el control de parte del territorio. El ODS 3 (salud y bienestar) avanza apoyado en el Centro de Salud; el ODS 11 (ciudades sostenibles) y el ODS 9 (infraestructura) quedaron a medio camino entre obras ajenas bien recibidas y obras propias invisibles; el ODS 1 y el ODS 8 (pobreza y trabajo) no muestran movimientos verificables. En síntesis: la alineación con los ODS del gobierno de Hobo es hoy más declarativa que demostrable, y por eso recibe 4,0 en la calificación final.
Gráfica 10. Los cinco indicadores de gestión social de Hobo al cierre de 2025. Tres de cinco están en zona crítica.
La calificación final: 6,3 — REGULAR, un municipio en vista
Con todos los insumos sobre la mesa, aplicamos la escala de calificación de esta serie: seis componentes ponderados, cada uno de 0 a 10, evaluados en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles, pero con estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley que son igualmente exigibles en Hobo que en Neiva. El resultado es una nota final de 6,3 sobre 10: REGULAR, franja amarilla, «gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano». No es pésima: el municipio funciona, paga, reporta y accede a recursos. Tampoco es buena: sus déficits sociales son graves, su transparencia en la inversión es insuficiente y la ciudadanía está tramitando quitárselo del cargo.
Tabla 6. Calificación final ponderada de la gestión 2024-2025 de Hobo
| Componente | Peso | Puntaje | Contribución | Sustento esencial |
|---|---|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25% | 9,5 | 2,38 | IDI 97,09 (2º del Huila, 2025); 90,7 (2024); capacidad institucional sobresaliente, con EPHS débil (72,72) |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 7,0 | 1,40 | Pagos de inversión +55,3%; disciplina de obligaciones >90%; pero dependencia SGP+SGR de 58,5% promedio y esfuerzo propio ≤18,1% |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | 4,5 | 0,90 | Plan aprobado y rendiciones realizadas; los cinco frentes sociales permanecen en déficit; sin obras estructurales propias verificables |
| Transparencia SECOP | 15% | 5,0 | 0,75 | Predominio de contratación directa de baja cuantía; 89,6% de la inversión en compras «bienes y servicios» sin trazabilidad física |
| Cumplimiento ODS | 10% | 4,0 | 0,40 | ODS 6 y ODS 16 con brechas graves; ODS 3 aceptable; avance declarativo sin indicadores públicos de resultado |
| Percepción ciudadana | 10% | 4,5 | 0,45 | Revocatoria autorizada por el CNE (nov-2025); protestas por agua; apoyo visible en gestión cultural y educativa |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100% | 6,3 | 6,28 | REGULAR (VIGILAR) — activa el análisis del prevaricato por omisión según la regla metodológica |
Escala: 0,0-2,9 pésimo · 3,0-4,9 mediocre · 5,0-6,9 regular · 7,0-8,4 bueno · 8,5-10,0 excelente.
Gráfica 11. Radar de la calificación final de la gestión 2024-2025 de Hobo frente al umbral de buena gestión (7,0).
La lectura del radar resume todo el informe: una púa gigantesca hacia arriba en FURAG (9,5), un desempeño presupuestal decente (7,0), y un valle profundo y peligroso en Plan de Desarrollo (4,5), transparencia SECOP (5,0), ODS (4,0) y percepción ciudadana (4,5). Esa geometría tiene nombre: es la firma de un gobierno que perfeccionó la capa administrativa-reportal mientras la capa territorial-resultado seguía rezagada. Y como la nota final es inferior a 6,9, la metodología obliga —por lógica, no por revancha— a desarrollar el análisis jurídico que viene a continuación.
Prevaricato por omisión: la línea jurídica que separa el error del delito
El artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) tipifica el prevaricato por omisión: el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, en claro impedimento de la ejecución de la ley, incurre en prisión de tres a ocho años —penas incrementadas por la Ley 890 de 2004—, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Para que exista el delito no basta la ineficacia administrativa ni la mala gestión, que son materia disciplinaria y fiscal: exige una omisión dolosa, consciente y deliberada, de un deber funcional concreto que el servidor podía cumplir y que su cargo lo obligaba a cumplir, equiparada a la acción punible por la posición de garante que la Constitución y el artículo 12 del Código Penal atribuyen al jefe de la administración municipal (artículos 2, 209 y 315 de la Constitución Política; Ley 136 de 1994; Ley 152 de 1994; Ley 819 de 2003).
Aplicado ese estándar a los hechos documentados en este informe, el panorama es el siguiente. Existen, primero, deberes funcionales concretos y no cumplidos en su dimensión de resultado: garantizar el servicio adecuado de agua potable y el saneamiento (Ley 142 de 1994, sentencias de tutela en todo el país que obligan a los alcaldes a hacerlo cuando el operador falla), asegurar condiciones mínimas de seguridad y convivencia en el territorio de su jurisdicción, y ejecutar el Plan de Desarrollo cuyas metas él mismo formuló. Existe, segundo, capacidad de actuación demostrada: la caja municipal operó, hubo $15.832,2 millones de inversión pagada y un aparato institucional con FURAG de 97,09, de modo que no es sostenible una imposibilidad absoluta de actuar. Y existe, tercero, un patrón temporal que inquieta: el plan fue adoptado en 2024, la masacre de Agua Fría ocurrió en julio de ese mismo año, las protestas por agua se repitieron durante 2025, la revocatoria se activó en noviembre de 2025, y al cierre del bienio no constan en los registros públicos ni un proyecto municipal estructural de acueducto ni un esquema municipal de seguridad rural con presupuesto asignado, mientras 9 de cada 10 pesos de inversión salían por compras directas sin activos identificables.
¿Convierte eso la gestión en un hecho criminal? La respuesta rigurosa, la que se sostiene en un estrado, es todavía no —y esta redacción no formula acusación alguna—. El dolo prevaricador exige probar que el alcalde, con plena conciencia del deber y de su capacidad, eligió deliberadamente no actuar; y contra esa hipótesis militan hechos graves que la defensa invocará: la competencia compartida —la seguridad es esencialmente nacional, el agua dependía de un operador departamental—, las obras regionales gestionadas con éxito (Puente Amarillo, acueductos departamentales), la ejecución presupuestal formalmente alta y la ausencia, hasta ahora, de imputaciones personales contra el mandatario, quien además fue él mismo víctima de la estructura armada que extorsiona al municipio. Pero sería igualmente deshonesto ignorar lo que ya existe: un umbral de indicios de omisión de deberes funcionales suficiente para que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría —esta última ya instaló auditoría de cumplimiento en mayo de 2026— pesquisen si hubo, en agua y seguridad, una omisión consciente y reiterada, y no solo una gestión que no pudo. La frontera entre el alcalde mediocre y el alcalde prevaricador se cruza cuando la omisión se convierte en método; el expediente de Hobo, hoy, está exactamente parado sobre esa línea, mirándola.
La puerta transparente: cómo deja Hobo de mirar a Bogotá cada mes
La pregunta que cualquier hobeño sensato se hace— es qué esfuerzos debe hacer el municipio para no depender en un cien por ciento del gobierno central. La respuesta corta es: desaprender la cultura de la transferencia. Hoy Hobo necesita $12.835,1 millones de SGP al año para funcionar; para prescindir de la Nación debería multiplicar por tres y medio su recaudo tributario, un salto que ningún municipio logra en cuatro años, pero que sí puede iniciarse con decisiones concretas que ningún ministerio tiene que aprobar. Primera: catastro multipropósito y actualización predial. Hobo no puede recaudar lo que no ve; formalizar predios rurales y urbanos, con apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, haría crecer el impuesto predial con equidad —pagan más los que más tierra tienen— y es la palanca número uno de autonomía municipal en Colombia. Segunda: explotar el principio de progresividad del impuesto predial (Ley 44 de 1990 y Ley 1450 de 2011) y depurar el registro de industria y comercio, donde el crecimiento del recaudo 2025 sugiere que ya hay técnica, pero le falta escala.
Tercera: convertir el cacao en marca y en renta. Hobo es territorio histórico del cacao fino de aroma; un municipio que formalice asociaciones de productores, gestione denominación de origen departamental y affiliate su producción a los fondos de fomento del SGR y de la cooperación —como hicieron Tumaco o Arauca— genera empleo y, de paso, base imponible. Cuarta: dejar de regalar la capacidad regulatoria —espectáculos públicos, publicidad exterior, tasas por valorización en obras que sí ejecute— y activar el aprovechamiento económico del corredor vial 45, donde miles de vehículos pasan cada día frente a un municipio que casi no les vende nada formal. Quinta: blindar el ahorro. Un fondo de estabilización alimentado en los años buenos (2024) habría amortiguado el golpe de las regalías de 2025; la Ley 819 de 2003 lo permite y las vigencias futuras en cero demuestran que no se usó. Y sexta, la más incómoda: limpiar la inversión. Mientras el 90% de la plata pública salga por compras directas sin obra visible, ninguna calificación crediticia, ningún inversionista y ningún ciudadano razonable creerá que el municipio puede administrar más plata propia. La transparencia no es un lujo moral: es el requisito previo de la autonomía financiera.
Íquira, el municipio que le ganó el primer puesto del Huila en FURAG con 97,85, demuestra que en este mismo departamento hay modelos de gestión pequena con disciplina fiscal y proyectos bien formulados a los que Hobo puede mirarse en el espejo sin salir de la provincia. La puerta es transparente; lo que falta es atravesarla.
Cierre: la pregunta que queda flotando sobre la troncal 45
Cuando la audiencia pública de revocatoria del mandato se realice en el polideportivo de Hobo —el CNE ya la citó y el trámite sigue vivo en 2026—, quienes voten no estarán calificando formularios: estarán calificando veredas con agua incierta, una masacre sin respuestas, jóvenes que se van, un alcalde extorsionado por los mismos actores que aterran a sus vecinos, y dos años de inversiones que nadie puede tocar porque dejaron huella contable pero no huella física. La administración de Yhon Alber Mora Lizcano merece el reconocimiento de haber levantado el expediente institucional del municipio a cotas que ninguna gestión anterior alcanzó. Y merece igualmente la pregunta que esta investigación deja abierta: si con 97 puntos de desempeño institucional, $50.499 millones de caja total en dos años y $15.832 millones de inversión pagada el municipio sigue en zona crítica en sus cinco problemas más sensibles, ¿qué tendría que cambiar para que el expediente y el territorio, por fin, contaran la misma historia? La pregunta no es si hubo corrupción. Es si Hobo va a seguir permitiendo que la eficiencia en el papel sirva de coartada de la ineficacia en la vida.
Metodología y fuentes: cómo se puede verificar cada cifra de este informe
Este informe cruza cinco fuentes independientes, todas públicas y replicables por cualquier lector, en línea con el estándar forense de esta serie. Primera: los 27 formularios oficiales del sistema CHIP del Ministerio de Hacienda (chip.gov.co, consulta ciudadana) descargados por el propio equipo para el municipio 214941349 «Hobo», correspondientes a CUIPO (B de ingresos y D de gastos de administración central, completo, reservas y cuentas por pagar), Sistema General de Regalías (ingresos y gastos 2024, 2025 y primer semestre de 2026), deuda pública (créditos, créditos por sector y renta pignorada 2024-2025) y vigencias futuras (autorizaciones 2024-2025). Segunda: la medición FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el índice de Desempeño Institucional de las 1.102 alcaldías del país y su desagregación por entidad (alcaldía 97,09; Centro de Salud 99,18; EPHS 72,72). Tercera: el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II) y los agregadores públicos de contratación, para el perfil de modalidades y cuantías. Cuarta: el Consejo Nacional Electoral (Auto CNE-E-DG-2025-027098 del 19 de noviembre de 2025) y la Registraduría, para la revocatoria, y La República, para los resultados electorales de 2023. Quinta: la prensa regional y nacional verificada —La Nación, Diario del Huila, Blu Radio, El Tiempo, Semana, Infobae, El Colombiano, Indepaz— para la masacre de Agua Fría, la retención extorsiva del alcalde, los crecientes de 2026 y las protestas por agua.
Las cifras en pesos provienen íntegramente de los formularios CHIP y se citan sin redondeo cuando son totales de control; los porcentajes de composición son cálculo propio sobre esos totales y se expresan con un decimal. El promedio poblacional usado para los indicadores per cápita es la proyección DANE de 10.081 habitantes. Cuando una afirmación no pudo verificarse con fuente primaria —por ejemplo, la atribución interna de cada compra de «bienes y servicios» a un contrato específico del SECOP, labor que requiere acceso a los anexos documentales de cada proceso—, el texto lo declara como pregunta abierta o lo deriva al organismo de control competente, nunca lo presenta como hecho probado. La calificación final sigue la escala publicada de la serie: FURAG 25%, ejecución CUIPO 20%, avance del Plan de Desarrollo 20%, transparencia SECOP 15%, cumplimiento de ODS 10% y percepción ciudadana 10%, con la regla de análisis penal por debajo de 6,9. Los cinco indicadores sociales se construyeron contrastando las promesas públicas del Plan «El Equipo Somos Todos» y de la agenda institucional con los resultados verificables al 31 de diciembre de 2025.
Tabla 7. Matriz de verificación por fuente
| Fuente | Qué aporta a esta investigación | Verificabilidad |
|---|---|---|
| CHIP – MinHacienda (27 formularios) | Cifras íntegras de ingresos, gastos, SGR, deuda y vigencias futuras 2024-2026 | Descarga pública por entidad 214941349 |
| Función Pública – FURAG 2025 | IDI 97,09 alcaldía; 99,18 Centro de Salud; 72,72 EPHS; ranking nacional y departamental | Base pública de resultados 2025 |
| SECOP I/II y agregadores | Modalidades y cuantías de contratación 2024-2026; perfil de compra directa | Consulta pública por NIT |
| CNE / Registraduría | Auto 027098 de 2025: trámite de revocatoria del mandato; resultados electorales 2023 | Actos administrativos publicados |
| Prensa verificada (6 medios+) | Masacre de Agua Fría; extorsión al alcalde; crecientes y protestas por agua; obras departamentales | Coberturas cruzadas entre medios |
Regla aplicada: ninguna cifra se publica sin formulario o medio que la respalde; las hipótesis no verificables se declaran como preguntas abiertas.
