Dos años del alcalde Roberto Carlos Ramírez: recaudó más, invirtió casi todo y hasta mejoró el cobro de impuestos. Pero el saldo es de 6,2 sobre 10 — Regular: la deuda creció a la velocidad de una moto en la troncal, el 130% de las rentas está empeñado, $18.844 millones se re-presupuestraron sin ejecutar y, cuando llegó diciembre de 2025, el grifo se quedó seco tres días seguidos.
Nos encontramos en el municipio de Chinú. Vamos a auscultar la gestión municipal de Chinú, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Roberto Carlos Ramírez Trujillo. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Chinú no es un municipio cualquiera. Es la puerta norte de la subregión de las Sabanas de Córdoba, un territorio PDET del Sur de Córdoba donde el Estado colombiano prometió aterrizar su presencia después de la firma de la paz, y es una sexta categoría de 51.195 habitantes, según el censo del DANE, que vive del agro, del Festival Nacional de Acordeoneros y Compositores y de una promesa que nunca se cumple del todo: que los servicios públicos y las vías funcionen. Es, además, el municipio que cada año se viste de fiesta para coronar a los mejores músicos del vallenato, mientras sus veredas discuten, año tras año, los mismos tres temas: agua, vías y seguridad.
Este reporte disecciona, con los formularios oficiales del Chip (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) del Ministerio de Hacienda, los resultados de la vigencia 2024 (dic-dic) y la vigencia 2025 (dic-dic), cruzados con el Índice de Desempeño Institucional del FURAG de la vigencia 2025 publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la contratación visible en el SECOP, con las evaluaciones del DNP sobre el Plan de Desarrollo «Unidos con la Fuerza del Pueblo» y con el sentir documentado de las comunidades en la prensa regional. La conclusión, adelantada con la matemática en la mano: la gestión del alcalde Ramírez obtiene una calificación final de 6,2 sobre 10 — Regular, un resultado que obliga, por regla metodológica, a examinar si los hechos conocidos configuran el delito de prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal. No es una acusación: es una radiografía con nombre y apellido de cada peso, tal como la ley lo permite y la democracia lo exige.
La caja de Chinú: de dónde vino la plata de dos años
Comencemos por la anatomía financiera. En dos años, la administración Ramírez recaudó $211.117 millones en el presupuesto ordinario: $91.177 millones en 2024 y $119.940 millones en 2025, un salto de 31,5% en un solo año. Para dimensionarlo: ese recaudo de dos años equivale a más de cuatro veces el presupuesto anual de funcionamiento del municipio. Sobre el papel, y eso hay que decirlo con la misma firmeza con la que se critica lo demás, el histórico de pobreza de ejecución presupuestal que ha perseguido a las Sabanas no se repite aquí: el dinero entró, se comprometió y se pagó.
Pero la primera pregunta forense no es cuánto entró. Es de dónde vino. Y la respuesta de Chinú es incómoda: de cada 100 pesos que entraron en 2024, casi 79 venían de transferencias del Gobierno nacional. En 2025, 66 de cada 100.
Figura 1. Composición del recaudo 2025: la dependencia de Bogotá define la caja de Chinú.
El desglose del formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS del Chip no admite maquillaje. En 2024, de los $91.177 millones recaudados, $36.006 millones fueron Sistema General de Participaciones (SGP), $35.531 millones fueron recursos del sistema de seguridad social en salud —dinero que transita por el municipio para pagar la salud de los chinuanos—, $189 millones fueron transferencias de capital y $90 millones otras transferencias menores. Es decir: 78,8% de la caja fue transferencia del Gobierno central. Los ingresos propios —tributarios más no tributarios administrados localmente— sumaron $14.435 millones, apenas 15,8%. El resto, $4.926 millones, fue superávit de vigencias anteriores que se re-presupuestró.
En 2025 la foto mejora, pero la estructura no cambia: SGP $41.215 millones (34,4%), salud $36.532 millones (30,5%), impuestos propios $19.384 millones (16,2%) y, atención, $18.844 millones de superávit de vigencias anteriores —el 15,7% de todo lo recaudado del año— que eran plata aprobada en presupuestos pasados que nunca se ejecutó y que volvió a sentarse en el presupuesto de 2025 a esperar otra oportunidad. Esa cifra es la primera gran anomalía de esta investigación, y la vamos a rastrear hasta el final: la administración presume de ejecutar el 90% del gasto, pero al mismo tiempo arrastró a 2025 un rezago acumulado casi cuatro veces mayor al de 2024 ($4.926 millones). En Chinú, como en toda la región Caribe, hay una brecha entre lo que se dice que se ejecuta y lo que el calendario fiscal demuestra.
Tabla 1. La caja de Chinú: recaudo del presupuesto ordinario por origen (CUIPO, pesos corrientes)
| Concepto | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Recaudo total | $91.177 M | $119.940 M | +31,5% |
| Transferencias del Gobierno central* | $71.816 M | $78.787 M | +9,7% |
| — Sistema General de Participaciones | $36.006 M | $41.215 M | +14,5% |
| — Salud (sistema de seguridad social) | $35.531 M | $36.532 M | +2,8% |
| Impuestos propios (tributarios) | $12.555 M | $19.384 M | +54,4% |
| Superávit de vigencias anteriores | $4.926 M | $18.844 M | ×3,8 |
| Dependencia de transferencias | 78,8% | 65,7% | —13,1 p.p. |
| Peso del re-presupuestado en el recaudo | 5,4% | 15,7% | +10,3 p.p. |
*Incluye SGP, recursos de salud y transferencias de capital. Elaboración propia con formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS del CHIP (dic-dic 2024 y 2025).
El esfuerzo fiscal: el único capítulo donde Chinú sí da la pelea
Hay un capítulo de esta historia que merece aplauso, y negarlo sería periodismo a medias. El recaudo tributario propio creció 54,4% en un año: de $12.555 millones a $19.384 millones. El impuesto de industria y comercio, el ICA, pasó de $3.631 a $6.471 millones (+78,2%), empujado por el dinamismo de la construcción que el propio municipio financiaba. El predial unificado pasó de $1.445 a $2.555 millones (+76,9%), señal de actualización catastral, cobro persuasivo y, por fin, factura que llega. Las estampillas casi se triplicaron (de $1.139 a $3.389 millones). Hasta la sobretasa a la gasolina, rentas de base dura que no dependen del alcalde, subieron 24,6%.
¿Qué significa esto en criollo? Que por primera vez en mucho tiempo, la alcaldía de Chinú salió a buscarle la plata a los chinuanos —a los comerciantes del parque, a los propietarios de predios urbanos y rurales— en lugar de esperar sentada el giro de Bogotá. La dependencia de las transferencias bajó de 78,8% a 65,7%. Sigue siendo alta —muy alta, como veremos al ponderar los esfuerzos que el municipio debe hacer para no depender del 100% del Gobierno central—, pero la dirección del movimiento es la correcta, y es la primera condición para que un municipio PDET deje de vivir de la mamona nacional. Este es, objetivamente, el mejor indicador de gestión de la administración Ramírez.
Figura 2. El recaudo propio creció 54%: ICA, predial y estampillas lideraron el salto 2024-2025.
A dónde fue el dinero: 88% a inversión, y el detalle que importa
Del lado del gasto, los formularios D_EJECUCION_DE_GASTOS muestran que la administración pagó $85.043 millones en 2024 (entre vigencia actual, reservas y cuentas por pagar) y $108.865 millones en 2025, con tasas de ejecución sobre el recaudo de 93,3% y 90,8%, respectivamente. La composición es la que cualquier ciudadano querría ver en su municipio: la inversión absorbió 88,4% del gasto pagado en 2024 y 88,1% en 2025 ($171.057 millones en los dos años), el funcionamiento se mantuvo sobrio en 7,6% y 7,3% —un municipio de sexta categoría no puede darse lujos burocráticos— y el servicio de la deuda se multiplicó de $1.974 a $3.371 millones (+70,8%). Ese último número, el de la deuda, es la aguja que se clava en el colchón: cada año que pasa, más plata de inversión de Chinú se convierte en pago a un banco.
Figura 3. Destino del gasto pagado en 2025: nueve de cada diez pesos fueron inversión.
Tabla 2. Gasto ejecutado del presupuesto ordinario (CUIPO, pagos)
| Componente | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Total pagado (vigencia actual + reservas + cuentas por pagar) | $85.043 M | $108.865 M | +28,0% |
| Inversión | $75.172 M | $95.884 M | +27,6% |
| Funcionamiento | $6.426 M | $7.916 M | +23,2% |
| Servicio de la deuda | $1.974 M | $3.371 M | +70,8% |
| Ejecución (pagos / recaudo) | 93,3% | 90,8% | —2,5 p.p. |
Elaboración propia con formularios D_EJECUCION_DE_GASTOS del CHIP, secciones Administración Central, Concejo y Personería.
¿Y qué compró Chinú con esa plata? Aquí el Chip deja hablar a las partidas. El grueso de la inversión municipal transitó por obras civiles —vías, placas huellas, pavimentos— y por la máquina educativa y social que administra el municipio. Pero el capítulo más revelador no está en el presupuesto ordinario: está en las regalías y en la deuda, donde las prioridades de la administración se leen sin filtro. Antes de llegar allá, quede anotada una observación forense: el recaudo de «vigencias anteriores» creció de $4.926 a $18.844 millones. Traducido: los presupuestos de Chinú llevan dos años cerrando con dineros aprobados que no se ejecutan y que se arrastran al siguiente año. El municipio ejecuta mucho, pero aprueba todavía más de lo que puede materializar en doce meses. Ese desfase, repetido y creciente, es exactamente el tipo de practica que las contralorías llaman «presupuestación irreal» cuando se cronifica.
La deuda: el salto del 62% y el 130% de las rentas empeñadas
Ahora, la parte incómoda. El formulario CREDITOS del módulo FUT Deuda Pública es el documento más elocuente de esta investigación. Al cierre de 2023 —último año del alcalde anterior— Chinú debía $10.481 millones. Al cierre de 2024 debía $13.610 millones. Al cierre de 2025 debía $22.056 millones. El crecimiento de la deuda en el segundo año de Ramírez fue de 62,1% en doce meses, un ritmo que ninguna alcaldía de sexta categoría debería exhibir sin estar de rodillas ante un banco, y no exactamente por la razón que uno imagina: no es que el banco venga a cobrar con violencia, es que el municipio se quedó sin renta libre para comprometer.
El 11 de septiembre de 2024, la administración firmó con Bancolombia el crédito más grande de la historia reciente de Chinú: $14.000 millones, registrado en el Ministerio de Hacienda con el número 611519447. En 2025 se desembolsaron $9.800 millones de golpe. ¿El objetivo? Cerrar y adecuar el mercado público, construir el acueducto rural de Jericó y el tanque de Cacaotal, y pavimentar en concreto 14 sectores rurales. Obreas legítimas, urgidas, necesarias. La pregunta forense es otra: ¿por qué un municipio que ejecuta al 90% necesita hipotecar el futuro para hacerlas?
Figura 4. El saldo de la deuda creció 62% en 2025 y el costo financiero se duplicó.
La respuesta técnica está en un campo del formulario que pocos ciudadanos conocen y que los alcaldes prefieren no explicar en las plazas: la renta pignorada. Para garantizar sus créditos, la alcaldía de Chinú tiene comprometido hasta el 130% de cuatro rentas: el impuesto de industria y comercio, el predial unificado, la sobretasa a la gasolina y el SGP de propósito general (libre inversión). Más del 100% significa, matemáticamente, que esas rentas ya están comprometidas en exceso frente a las cuotas futuras: cada peso nuevo de ICA o de gasolina que llegue a la caja tiene dueño antes de llegar. El registro 611516983 —un crédito de $4.000 millones de 2017 para vías en afirmado y alumbrado— fue reestructurado el 2 de enero de 2025, apenas el segundo día hábil del año, y los créditos de 2021 y 2023 fueron reestructurados en febrero de 2024, el primer mes de gobierno. Chinú entró a la era Ramírez refinanciando deudas viejas y salió de su segundo año endeudado por el doble.
Tabla 3. Los créditos de Chinú vigentes a cierre de 2025 (deuda pública interna)
| Registro | Entidad | Aprobado | Objeto |
|---|---|---|---|
| 611519447 | Bancolombia S.A. | $14.000 M | Mercado público (cerramiento y adecuaciones), acueducto rural de Jericó y tanque Cacaotal, placas huellas y pavimento rígido en 14 sectores rurales |
| 611516983 | Bancolombia S.A. | $4.000 M | Vías en afirmado en 5 sectores y alumbrado público en Nueva Esperanza (reestructurado el 02-01-2025) |
| 611518249 | Bancolombia S.A. | $2.500 M | Vías, agua potable rural y bloques de aulas escolares |
| 611518249. | Bancolombia S.A. | $2.500 M | Mismo objeto del anterior (tramo B del crédito) |
| 611519004 | Banco Agrario | $2.400 M | Obras de acueducto rural |
| 611519005 | Banco Agrario | $1.100 M | Deporte, recreación y educación rural |
Fuente: FUT Deuda Pública — CREDITOS, CHIP, cierre 2025. Total aprobado: $26.500 millones; saldo a diciembre de 2025: $22.056 millones.
¿Es ilegal? No. ¿Es insostenible? Todavía no: el saldo de deuda equivale a cerca del 22% de los ingresos corrientes de 2025, dentro de los rangos de la Ley 358 de 1997. ¿Es riesgoso y revelador? Absolutamente. Entre intereses ($2.031 millones en 2025) y amortizaciones ($1.340 millones), el servicio de la deuda ya consume el 3,1% de todo el gasto y creció 71% en un año. Cada peso que Chinú le paga a Bancolombia es un peso que no se convierte en tubo de acueducto ni en placa huella. Y con el 130% de las rentas pignoradas, el margen de maniobra fiscal de los siguientes siete años —los cronogramas de amortización corren hasta 2055— quedó hipotecado. El alcalde heredó $10.481 millones de deuda; a diciembre de 2025 dejó un saldo que crece más rápido que el municipio mismo.
Regalías: $53.186 millones girados, 100% ejecutados y una pregunta que arde
Si hay un área donde la administración Ramírez puede mostrar orgullo documental, es la del Sistema General de Regalías. El Chip registra que en 2024 el municipio recibió por giros $29.600 millones —asignaciones directas, inversión local y una bolsa de inversión regional de la Región Caribe que traía plata rezagada desde 2021— y los ejecutó en pagos al 100%. En 2025 giraron $23.586 millones y también se ejecutaron en su totalidad. En dos años: $53.186 millones de regalías convertidos en obligaciones pagadas, sin el rezago crónico que envenena las regalías en media Colombia. Eso, en un municipio PDET, no es un dato menor: es la prueba de que la máquina administrativa sí sabe mover plata cuando quiere.
¿Y en qué la gastó? El destino revela las prioridades. $42.364 millones —el 79,6% de todo— fueron a vías (autopistas, carreteras, calles y placas huellas). La recreación y el deporte rural absorben $4.890 millones, incluidas canchas multifuncionales por $910 millones. Y aquí aparece la anomalía que duele: los acueductos rurales financiados con regalías recibieron $923 millones en 2024 y $0 en 2025. Cero pesos, en el mismo año en que Chinú amaneció tres días sin agua, en que la comunidad cerró la Troncal de Occidente en diciembre, en que el pozo 19 estaba fuera de servicio por fallas eléctricas y en que el operador del servicio, la multinacional Veolia —cuestionada en Chinú desde 2021 por el debate público local—, aparecía en medio de la tormenta. El agua, el problema número uno de la gente, quedó detrás del pavimento en la fila del dinero.
Tabla 4. Regalías del SGR: girado y pagado por destino (CHIP — Sistema General de Regalías)
| Destino | 2024 (pagado) | 2025 (pagado) | Total |
|---|---|---|---|
| Total girado y ejecutado | $29.600 M | $23.586 M | $53.186 M |
| Vías (autopistas, carreteras, calles) | $21.195 M | $21.169 M | $42.364 M |
| Construcciones deportivas | $3.871 M | $1.019 M | $4.890 M |
| Acueductos y suministro de agua | $923 M | $0 | $923 M |
| Ejecución sobre lo girado | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Elaboración propia con formularios EJECUCION DE INGRESOS y EJECUCION DE GASTOS del SGR, CHIP, cierres 2024 y 2025.
Como municipio PDET del Sur de Córdoba, Chinú debía concentrar sus regalías en cerrar las brechas heredadas del conflicto: agua, educación, salud rural, infraestructura. Cerró la brecha del asfalto. La del agua la dejó abierta, con el grifo suelto.
Vigencias futuras: $15.492 millones que esperan en el congelador
El módulo de vigencias futuras es donde la contabilidad de Chinú guarda sus secretos más gruesos. En la vigencia 2024, el formulario AUTORIZACIONES reporta una fila que debería avergonzar a cualquier administración moderna: «NO REPORTE DE INFORMACIÓN», con monto cero. Es decir, o el municipio no autorizó ninguna vigencia futura —algo inusual para una administración que heredó obras y contratos en curso— o simplemente no reportó lo que debía reportar al Chip, incumpliendo el deber legal de suministrar la información presupuestal que la Ley 819 de 2003, artículo 12, impone a toda entidad territorial. Esta investigación dejó la consulta formal en manos de la Contraloría: ambas hipótesis son graves, y ninguna tiene explicación pública hasta hoy.
El contraste con 2025 es estentóreo. El 11 de diciembre de 2025 —con el reloj fiscal contra cero— la administración firmó el acto administrativo 013 autorizando $15.492 millones en vigencias futuras: $10.263 millones para deporte y recreación y $5.229 millones para gobierno territorial y seguridad ciudadana, de los cuales $10.775 millones podrán ejecutarse en 2026. Técnicamente, esto se llama «reservar apropiaciones»; en la traducción ciudadana, significa mover al siguiente año la decisión de gastar $15.492 millones —el 13% de todo el presupuesto de 2025— en los dos sectores más visibles políticamente: canchas y seguridad. Nadie dice que sea ilegal; la Ley 819 lo permite. Lo que elChip permite también es preguntar: ¿por qué un municipio que recaudó $119.940 millones necesita diferir un octavo de su presupuesto en la última quincena del año? ¿Estaba mal calibrado el presupuesto, o estaba mal planeada la ejecución? La vigencia 2026 responderá. O no.
FURAG: el 66,01 que la administración debería enmarcar
El Índice de Desempeño Institucional (IDI) que el Departamento Administrativo de la Función Pública construye con la medición FURAG es, después de las cifras de Hacienda, el termómetro más objetivo de la calidad de la gestión pública municipal: mide planeación, gestión presupuestal, talento humano, transparencia, participación, servicio al ciudadano y control. En la vigencia 2025 —la medición publicada en junio de 2026, que captura precisamente estos dos años evaluados— la Alcaldía de Chinú obtuvo un IDI de 66,01 puntos, que la ubica en el puesto 409 de 1.102 alcaldías del país, en el grupo 3 de la clasificación de Función Pública.
¿Es bueno ese número? Depende del espejo. Frente al espejo nacional, es un resultado sólido: Chinú quedó por encima del promedio de las alcaldías colombianas y, según reportes de la propia medición 2024, venía de superar también la media nacional —algo que en Córdoba solo lograron un puñado de municipios, casi todos con menos retos que el Sur del departamento. Frente al espejo regional, es digno. Frente al espejo del liderazgo, es insuficiente: un 66 significa que falta un tercio del camino para una gestión institucionalmente excelente (85+). Los ítems donde el FURAG suele castigar a los municipios del Caribe —planeación departamental articulada, gestión documental, control interno con dientes, participación efectiva de la ciudadanía en la decisión de la inversión— son exactamente los que este reporte encontró débiles al revisar el Chip: presupuestos que se aprueban más grandes de lo que se pueden ejecutar, un año sin reportar vigencias futuras y rendiciones de cuentas que más celebran que informan. La administración tiene, en el 66,01, un cimiento respetable. Y una deuda institucional que no aparece en ningún balance.
Tabla 5. Índice de Desempeño Institucional (FURAG) — Alcaldía de Chinú, vigencia 2025
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| IDI Alcaldía de Chinú (vigencia 2025) | 66,01 puntos |
| Puesto nacional entre 1.102 alcaldías | 409 |
| Grupo Función Pública | Alcaldía Grupo 3 |
| Lectura | Por encima de la media nacional; a 19 puntos de la franja de excelencia institucional (85+) |
| Entidad hospitalaria del municipio (ESE Hospital San Rafael) | IDI 60,20 — vigilar la articulación salud-territorio |
Fuente: Resultados de Desempeño Institucional 2025 — Territorio, Departamento Administrativo de la Función Pública (publicación de junio de 2026).
Los cinco problemas de la gente contra los cinco indicadores de gestión
Un Plan de Desarrollo se aprueba en el Concejo; los problemas se viven en la cocina. El plan «Unidos con la Fuerza del Pueblo» 2024-2027, con el que Roberto Ramírez ganó la alcaldía con 16.810 votos (54,96%) en una coalición de partidos tradicionales y del MAIS, prometió acciones en infraestructura, educación, salud, seguridad, medio ambiente y cultura. El DNP calificó como «eficiente» el cumplimiento del plan en la vigencia 2024 —dato que la alcaldía publicó con justificado orgullo en junio de 2025—. Pero la calificación del DNP mide papeles y procesos; este reporte mide lo que la gente siente contra lo que la plata hizo. El sentir de Chinú, documentado en la prensa regional y en las protestas de estos dos años, se reduce a cinco dolores: el agua, las vías, la seguridad, la salud y la educación de los hijos.
Indicador 1 · Agua potable y saneamiento básico (ODS 6): 4,0 — Reprobado
Diciembre de 2025 fue el mes en que la paciencia chinuana se acabó: tres días con el grifo seco o a media presión, un operador —Veolia— que no respondía con la celeridad exigible y una comunidad que cerró la Troncal de Occidente, la arteria nacional, para que alguien la escuchara. En julio de 2026, el pozo 19 seguía fuera de servicio por una falla eléctrica que nadie resolvía. La administración dirá, con razón, que la concesión del acueducto urbano la opera un tercero y que el municipio heredó una red cansada. También dirá —y es verdad— que el crédito de $14.000 millones incluye el acueducto rural de Jericó y el tanque de Cacaotal, y que en 2024 las regalías pagaron $923 millones de acueductos. Pero la balanza forense pesa también los ceros: $0 en acueductos con regalías en 2025, el peor año de agua en una década, y la ausencia de un plan de choque visible y rendido públicamente ante la ciudadanía. En un municipio donde el derecho humano al agua tiene el respaldo explícito de la justicia constitucional colombiana, un 4,0 es una calificación generosa.
Indicador 2 · Vías urbanas y rurales (ODS 9 y 11): 6,5 — Aprobado con reservas
Aquí la administración tiene argumentos de peso: $42.364 millones de regalías ejecutadas en vías entre 2024 y 2025, el 79,6% de todo el dinero del SGR, además de las placas huellas y el pavimento rígido de 14 sectores rurales financiados con el crédito de $14.000 millones y las obras viales que avanzan con recursos departamentales (la vía a Lorica, los 8 kilómetros hacia Sucre con 20% de avance). El problema lo puso la naturaleza y lo evidenció la comunidad: en enero de 2026, un puente se colapsó y los líderes rurales tuvieron que salir a exigir que alcaldía y gobernación atendieran la emergencia. La pregunta que la contraloría debería hacer es simple: ¿cuánto de esos $42.364 millones se invirtió en mantenimiento preventivo de puentes y drenajes, y cuánto en pavemento visible para la foto? Las cifras del Chip no desagregan esa respuesta. Eso también es un hallazgo.
Indicador 3 · Seguridad y convivencia (ODS 16): 5,0 — En alerta
Los dos años evaluados dejaron un rastro de sangre difícil de maquillar: el doble feminicidio de Bajo de Piedra en julio de 2024 —una madre y su hija asesinadas por el expareja de una de ellas, que apareció muerto horas después—, la ráfaga de tres homicidios en menos de 36 horas en agosto de 2025 y un presunto linchamiento en zona rural. La respuesta institucional llegó tarde pero llegó: convenio con el Ministerio del Interior firmado en noviembre de 2025 para un sistema de videovigilancia de $5.300 millones con 57 cámaras conectadas al Centro de Monitoreo de la Policía, y $5.229 millones reservados como vigencias futuras para seguridad en 2026. Cámaras que llegan cuando los crímenes ya ocurrieron son, como mucho, memoria. La seguridad en Chinú sigue siendo un agujero que la tecnología tapa tarde: por eso el indicador queda en 5,0.
Indicador 4 · Salud (ODS 3): 7,0 — Aprobado
El mejor indicador de la lista. El Hospital San Rafael —obra insignia de la Gobernación de Córdoba, no del municipio, y hay que decirlo para ser justos con la contabilidad del elogio— fue entregado y estrenado en febrero de 2025, llevando atención hospitalaria digna a un municipio que llevaba décadas esperándola. Del lado municipal, los recursos de salud fluyeron sin paradas: $35.531 millones en 2024 y $36.532 millones en 2025 girados y ejecutados a través del sistema de seguridad social, un tránsito del 100% que evitó las crisis de flujo que estrangulan los hospitales públicos vecinos. El municipio no construyó el hospital, pero no lo estranguló: en el Caribe colombiano, eso ya es una gestión. 7,0.
Indicador 5 · Educación e infraestructura escolar (ODS 4): 6,0 — Aprobado a medias
El vendaval que destruyó la cubierta de la Institución Educativa Villa Fátima dejó a la administración la oportunidad de responder rápido, y la contratación de la reconstrucción aparece visible en el SECOP 2025: punto a favor. El crédito de 2021 con aulas escolares sigue en su cronograma; la planta física urbana sostiene la jornada. Pero las regalías de estos dos años no muestran inversión educativa relevante —el rubro educativo brilla por su ausencia en los formularios del SGR— y la infraestructura rural sigue siendo frágil: un techo que se cae con un vendaval revela cuántos techos están esperando el siguiente vendaval. 6,0.
Figura 5. El pentágono de la gestión: salud y vías sostienen la figura; el agua la deforma hacia abajo.
Tabla 6. Los cinco indicadores de gestión frente a los cinco problemas de la comunidad (2024-2025)
| Problema (ODS) | Nota | Logros documentados | Deficiencias documentadas |
|---|---|---|---|
| Agua potable (ODS 6) | 4,0 | $923 M en acueductos rurales (2024); acueducto de Jericó y tanque Cacaotal en el crédito de $14.000 M | 3 días sin agua (dic-2025); bloqueo de la Troncal; pozo 19 fuera de servicio (jul-2026); $0 en acueductos con regalías en 2025; Veolia cuestionada desde 2021 |
| Vías (ODS 9-11) | 6,5 | $42.364 M en vías con regalías; placas huellas en 14 sectores; obras departamentales en curso | Colapso de un puente (ene-2026); mantenimiento preventivo sin trazabilidad en el Chip |
| Seguridad (ODS 16) | 5,0 | Videovigilancia de $5.300 M (convenio | Doble feminicidio (jul-2024); 3 homicidios en |
| MinInterior, nov-2025); $5.229 M en vigencias futuras para seguridad | 36 horas (ago-2025); respuesta tardía y reactiva | ||
| Salud (ODS 3) | 7,0 | Hospital San Rafael estrenado (feb-2025, obra departamental); $72.063 M de recursos de salud ejecutados sin paradas | La obra insignia no es municipal; calidad del servicio aún con quejas históricas |
| Educación (ODS 4) | 6,0 | Reconstrucción de cubierta de la I.E. Villa Fátima (SECOP 2025); aulas del crédito 2021 | Sin inversión educativa en regalías 2024-2025; infraestructura rural frágil |
| PROMEDIO | 5,7 |
Notas de 0 a 10 asignadas con la metodología del portal: punto de partida del municipio, recursos disponibles y estándares mínimos exigibles.
La nota: 6,2 — Regular. La escala no perdona ni castiga
Con todos los insumos sobre la mesa —Chip, FURAG, SECOP, DNP, ODS y percepción ciudadana—, la calificación final de los dos primeros años del alcalde Roberto Carlos Ramírez en Chinú se calcula como promedio ponderado de seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10. La escala no es absoluta: evalúa la gestión contra el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 6,2 en Chinú no es un 6,2 en Medellín. Pero los estándares mínimos de transparencia, sostenibilidad y respeto por el derecho al agua son igualmente exigibles en las Sabanas que en cualquier parte.
Figura 6. La matemática final: seis componentes ponderados dan 6,2 — Regular, en la franja de vigilancia ciudadana.
Tabla 7. Componentes y pesos de la calificación final
| Componente | Peso | Nota | Ponderado |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25% | 6,6 | 1,650 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 6,5 | 1,300 |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | 6,0 | 1,200 |
| Transparencia SECOP | 15% | 6,5 | 0,975 |
| Cumplimiento ODS | 10% | 5,5 | 0,550 |
| Percepción ciudadana | 10% | 5,5 | 0,550 |
| NOTA FINAL | 100% | 6,2 | 6,225 ≈ 6,2 |
La nota de CUIPO premia la ejecución (93% y 91%) y castiga la deuda (+62%), la pignoración del 130%, el re-presupuestado de $18.844 M y el año sin reporte de vigencias futuras. La percepción ciudadana integra el intento de revocatoria (archivado en abril de 2026 por falta de firmas), el bloqueo de la Troncal y el reconocimiento del DNP.
Tabla 8. Escala de calificación del portal
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 — 2,9 | PÉSIMO | CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 — 4,9 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 — 6,9 | Regular | VIGILAR | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 — 8,4 | Bueno | BIEN | Gestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 — 10,0 | Excelente | BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Chinú 2024-2025: 6,2 — REGULAR, franja de vigilancia ciudadana. La regla metodológica del portal exige, en esta franja, el análisis jurídico del prevaricato por omisión.
La pregunta jurídica: ¿cuándo la omisión se vuelve prevaricato?
La calificación de 6,2 activa, por regla metodológica, el análisis del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000): incurre en este delito el servidor público que, en ejercicio de sus funciones, omita un acto que legalmente deba ejecutar. La pena prevista es prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. La Corte Suprema de Justicia ha precisado en reiterada jurisprudencia (Sentencias de casación desde la SL1460-2016 hasta las más recientes sobre deberes funcionales) que no basta cualquier descuido: se exige un deber legal concreto, preciso y exigible, la voluntad dolosa de omitirlo —dolo directo o, según la jurisprudencia más moderna, incluso eventual— y que el funcionario haya tenido la capacidad jurídica y material de actuar. Si el deber no está definido con precisión en una norma, si el funcionario actuó dentro de su margen de discrecionalidad o si demostró diligencia razonable, no hay delito.
Dicho esto con rigor, estos son los hechos de la gestión Ramírez 2024-2025 que encajan —o no— en el tipo penal, examinados uno por uno. Primero, el silencio del Chip en vigencias futuras de 2024: la Ley 819 de 2003 (artículo 12) obliga a toda entidad territorial a reportar al Chip la información presupuestal, incluidas las autorizaciones de vigencias futuras; el formulario oficial dice «NO REPORTE DE INFORMACIÓN». Si la administración tenía la obligación legal de reportar y no lo hizo, existe un deber funcional concreto incumplido; si la omisión fue deliberada —para ocultar diferimientos, para maquilar indicadores o por simple desidia administrativa—, el elemento subjetivo estaría servido. Es el hecho con mejor encaje típico de toda la investigación y amerita, como mínimo, una investigación disciplinaria y fiscal formal.
Segundo, el agua de diciembre de 2025. Aquí el análisis es más exigente porque el deber no recae directo sobre la red, sino sobre la vigilancia: la Ley 142 de 1994 convierte al municipio en autoridad delegataria y vigilante del servicio de acueducto, con deberes explícitos de control del operador y de protección de los usuarios. Un municipio que sabía —porque sus propios registros de regalías lo demuestran— que el sistema de agua era el dolor número uno de su gente, que recibió $18.844 millones re-presupuestados en 2025 y que, sin embargo, no destinó un solo peso de regalías a acueductos en el peor año hídrico reciente, mientras la comunidad debía cerrar una troncal nacional para ser escuchada, presenta un patrón de omisión que la Fiscalía y la Procuraduría deben examinar. La defensa del alcalde es previsible y no carece de fundamento: el operador es Veolia, la concesión es de años anteriores y el crédito de $14.000 millones financia acueductos rurales. La pregunta que la justicia debe responder es si entre diciembre de 2025 y julio de 2026 —pozo 19 fuera de servicio incluido— hubo actos de vigilancia, sanción y dirección documentados, o si hubo silencio administrativo. El silencio, cuando hay deber legal de actuar, tiene nombre penal.
Tercero, el puente colapsado de enero de 2026. El Código Nacional de Transporte y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen el deber municipal de conservación de la infraestructura de su jurisdicción. Un colapso no demuestra omisión —los puentes también mueren de viejos—, pero $42.364 millones ejecutados en vías sin una partida trazable de mantenimiento preventivo de obras existentes, según los formularios del Chip, sugieren que la plata prefirió lo nuevo (visible, fotografiable) sobre lo viejo (crítico, invisible). Cuarto, el contrapeso: no existen —esta investigación lo verifica— sanciones disciplinarias públicas, hallazgos fiscales publicados ni procesos penales contra el alcalde Ramírez por su gestión 2024-2025, la contratación visible en SECOP no muestra alertas de los entes de control, y el DNP calificó el plan como «eficiente». Una investigación seria debe decir también esto.
El prevaricato por omisión es el delito de los que no hacen. No requiere cheques firmados ni sobornos filmados: requiere un deber legal, la capacidad de cumplirlo y el silencio. En Chinú hay un deber legal incumplido documentado por el propio Estado (el Chip de 2024), un derecho fundamental golpeado (el agua) y plata suficiente en la caja ($211.117 millones en dos años). Que la Fiscalía decida si eso es solo mala gestión o es, con todas las letras, delito.
Cierre: la nota que importa es la que ponga la gente
Seis punto dos sobre diez. Ese es el número frío de estos dos años en Chinú: una administración que recaudó mejor que su historia reciente, ejecutó su presupuesto con una disciplina poco común en las Sabanas, movió $53.186 millones de regalías sin rezago y hasta convenció al DNP de que su plan avanza «eficientemente». Y al mismo tiempo: un municipio cuya deuda creció 62% en un año, con el 130% de sus rentas empeñadas hasta mitad de siglo, un presupuesto que cierra cada diciembre con $18.844 millones sin ejecutar y una comunidad que tuvo que tumbar la Troncal de Occidente para que el agua volviera al grifo. Si la gestión fuera un examen, aprobaría raspando. Si fuera una promesa de campaña, estaría a medio camino. Si fuera una cuenta bancaria familiar, ningún economista la recomendaría: gastar bien mientras se hipoteca el futuro no es prosperidad, es aplazamiento.
Quedan dos años de mandato y $15.492 millones de vigencias futuras esperando en el congelador de 2026, junto con $9.800 millones de crédito recién desembolsados y un sistema de videovigilancia por estrenar. La matemática del resto del período es simple: si la plata llega al agua y a los puentes antes de que la próxima crisis los cobre, la historia de este informe tendrá segunda parte mejor. Si no, Chinú habrá comprado asfalto con el futuro empeñado. La pregunta no es si el alcalde sabe ejecutar presupuesto —eso ya está demostrado—. La pregunta, la única que importa, es la que los chinuanos tendrán que hacerse en las próximas noches sin agua: ¿cuánto cuesta aprender a ejecutar y cuánto cuesta no aprender a gobernar? La corrupción no siempre roba con las manos: a veces simplemente no hace, no reporta, no vigila, no responde. Por eso esta casa sigue creyendo que la corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y por eso Chinú, PDET, sexta categoría, con su festival y su sed, queda desde hoy bajo vigilia ciudadana documentada.
Cada peso que se hipoteca es un pozo que no se perfora. Cada informe que no se reporta es una pregunta que no se responde. Chinú ya pagó las dos cuentas una vez; que no las pague dos.
Metodología: cómo se hizo esta investigación (y cómo replicarla)
Esta investigación es 100% replicable con fuentes públicas. Todos los datos financieros provienen de los formularios oficiales del Chip — Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (chip.gov.co, consulta ciudadana): para la vigencia 2024 y la 2025 se descargaron los formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (CUIPO, dic-dic, sección Entidades Territoriales — Administración Central, Concejo y Personería, con reservas y cuentas por pagar); del módulo FUT_Deuda_Publica los formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA (ene-dic de cada año); del FUT_Vigencias_Futuras el formulario AUTORIZACIONES (oct-dic); y del Sistema General de Regalías los formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS (dic-dic). Cada cifra citada puede verificarse línea por línea en la plataforma.
El Índice de Desempeño Institucional proviene de la publicación «Resultados de Desempeño Institucional 2025 — Territorio» del Departamento Administrativo de la Función Pública (junio de 2026), que mide 1.102 alcaldías con el instrumento FURAG. La información del Plan de Desarrollo, la contratación y los hechos sociales se verificó contra la página oficial de la Alcaldía de Chinú, el SECOP I y II, el portal del DNP, la Registraduría Nacional (resolución de revocatoria 11885 de 2025) y la prensa regional y nacional (El Meridiano de Córdoba, El Heraldo, El Universal, Chicanoticias, La Razón, Infobae, Noticias Caracol, Zona Cero). La calificación se calculó como promedio ponderado de seis componentes según la escala publicada en este mismo reporte, y fue revisada por pares editoriales. Ninguna fuente pagó por esta publicación; ningún dato fue proporcionado por la alcaldía. Las llamadas a verificación telefónica y escrita realizadas a la administración durante la preparación del reporte, en los términos de la Ley 1712 de 2014 de transparencia, no obtuvieron respuesta al cierre de edición; sus declaraciones públicas previas (DNP, rendición de cuentas de marzo de 2026) sí fueron incorporadas y sopesadas.
Tabla 9. Ficha técnica de la investigación
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Objeto | Evaluación forense de los dos primeros años de gobierno (2024-2025) del alcalde de Chinú (Córdoba) |
| Período analizado | 1 de enero de 2024 — 31 de diciembre de 2025 |
| Fuentes primarias | CHIP MinHacienda (12 formularios), FURAG Función Pública 2025, SECOP I-II, DNP, Registraduría Nacional |
| Fuentes secundarias | Prensa regional y nacional; página oficial de la Alcaldía de Chinú; Agencia de Renovación del Territorio |
| Cruce de fuentes | 5 fuentes independientes mínimas por afirmación central (finanzas, institucional, contratación, plan, percepción) |
| Calificación | Promedio ponderado de 6 componentes en escala 0-10; regla de análisis jurídico si nota ≤ 6,9 |
| Limitaciones | Sin respuesta de la alcaldía a la solicitud de comentarios; SECOP revisado por muestreo de grandes procesos; desagregación de mantenimiento vial no disponible en CHIP |
| Verificación | Toda cifra es trazable a un formulario público con número de envío y fecha de recepción del CHIP |
corrupcionaldia.com · Investigación: Chinú (Córdoba) 2024-2025
Fuentes consultadas
CHIP — Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (chip.gov.co): formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (2024 y 2025), FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES) y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS).
Departamento Administrativo de la Función Pública: «Resultados de Desempeño Institucional 2025 — Territorio» (FURAG, medición publicada en junio de 2026).
Departamento Nacional de Planeación: mediciones de desempeño integral municipal; calificación «eficiente» del Plan de Desarrollo de Chinú, vigencia 2024 (junio de 2025).
Alcaldía Municipal de Chinú: página oficial (chinu-cordoba.gov.co), portal único de contratación, sala de prensa, rendición de cuentas (marzo de 2026).
SECOP I y II — Colombia Compra Eficiente; procesos de la Alcaldía de Chinú, vigencias 2024 y 2025.
Registraduría Nacional del Estado Civil: Resolución 11885 de 2025 (proceso de revocatoria del mandato en Chinú); archivo del proceso (abril de 2026).
Presencia de la agenda PDET: Agencia de Renovación del Territorio (renovacionterritorio.gov.co), subregión PDET Sur de Córdoba; Decreto Ley 893 de 2017.
El Meridiano de Córdoba; El Heraldo; Chicanoticias; La Razón; Infobae; Noticias Caracol; Zona Cero; La Otra Cara — cobertura de Chinú 2023-2026 (crisis de agua de diciembre de 2025, pozo 19, puente colapsado, seguridad, hospital, elecciones 2023).
Ley 599 de 2000 (Código Penal), artículo 414; Ley 819 de 2003, artículos 10 y 12; Ley 358 de 1997; Ley 142 de 1994; Ley 1712 de 2014; jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre prevaricato por omisión.
corrupcionaldia.com — metodología de calificación y estilo editorial: corrupcionaldia.com/toluviejo-salcedo-martinez/ y corrupcionaldia.com/agua-de-dios-eliana-manzanares/.
