Como si fueran de poca monta las ya conocidas actuaciones corruptas que se han presentado con en los contratos para el Programa de Alimentación Escolar PAE, en diferentes alcaldías y gobernaciones del país, que según las cuentas de la Contraloría general de la República ya para el 2018 había 154 procesos de responsabilidad fiscal, que sumaban pérdidas de 84.000 millones de pesos que se dilapidaron por la corrupción, las malas administraciones de los contratos y los sobrecostos, ahora resulta que de los recursos que se supone son para mejorar las condiciones alimentarias y de salud de los niños y niñas más pobres del país, están sacando también su tajada comisionistas de bolsa.
Toca sin embargo aclarar primero que no se trata de una actuación ilícita o ilegal por parte de entidades territoriales, pues la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad creada en 1979 de carácter mixto, está habilitada para ser contratada por instituciones estatales en las actividades de asesoría o compra de productos. Ahí no radica el problema.
El cuestionamiento se centra en que, como lo expuso el propio auditor General de la República, Carlos Rodríguez Becerra, se le causa un detrimento a los recursos que se destinan al PAE pues se reducen para poder pagar a los comisionistas.
En su momento el Auditor llamó la atención y la necesidad de revisar la conveniencia de la utilización de la precitada figura, cuando el aparato estatal cuenta con suficiente personal idóneo y calificado que debe asumir dicha responsabilidad, evitando incurrir en costos de comisiones adicionales pagadas a un particular, que debilitan financieramente el programa, perjudicando finalmente el número deniños y jóvenes beneficiados con el mismo.
Las comisiones que deben pagar las entidades territoriales sobre estos contratos para que sea la Bolsa Mercantil la que ejecute todo el proceso de contratación se divide de la siguiente manera:
- Comisión pagada a las firmas comisionistas de Bolsa (promedio) 0,43%
- Comisión pagada a la Bolsa Mercantil por derechos de registro 0,30%
- Pago a la Bolsa Mercantil – Sistema de Compensación y Liquidación 0,21%
Es decir que la comisión es de alrededor 0.94% sobre el total del contrato.
Desde el 2016 luego de los escándalos que salpicaron varios procesos, y con el propósito de aparentemente mejorar y corregir las anomalías presentadas, entes territoriales acudieron a la Bolsa mercantil de Colombia para adelantar estos procesos.
Durante las vigencias fiscales de 2016 a 2018, se realizaron unos 34 procesos de contratación mediante este mecanismo de selección de contratistas, que involucran recursos públicos por más de $520 mil millones de pesos de 14 entidades que acudieron a la Bolsa.
$4.600 millones en comisiones
Los contratantes giraron por concepto de comisiones y costos bursátiles asociados una cifra cercana a los $4.600 millones de pesos, valor que según la Auditoría hubiera servido para suministrar unos 2.100.000 complementos alimenticios adicionales para la población infantil que tanto se necesita.
Y si bien los defensores de esta figura, alegan que en algunas oportunidades hay mayor agilidad en la solución de conflictos contractuales y menores tiempos de interrupción del servicio, en los eventos de incumplimiento por parte de los proveedores del mismo, lo cierto es que sí le genera a gobernaciones y alcaldías montos representativos de los recursos que se involucran en el programa.
De otro lado, se cuestiona la transparencia de los procesos. Por su naturaleza, la Bolsa Mercantil no está obligada a publicar sus actividades en el Secop, y lo que se publica por parte de gobernaciones y alcaldías es simplemente el contrato de comisión.
Así las cosas, por un lado se ve limitada la participación de interesados en contratar, pues se reduce a los comisionistas que hacen parte de la Bolsa. Por otro, se bloquea la capacidad de hacer seguimiento y control por parte de las veedurías y prácticamente del mismo contratante.
Y la ciudadanía y medios de comunicación tampoco tienen la misma posibilidad de hacer seguimiento al tema, lo que evidentemente en nada ayuda a evitar que haya más corrupción con recursos públicos.
El mismo auditor Rodríguez Becerra refirió que “el utilizar esta clase de mecanismos de contratación, dificulta el ejercicio del control fiscal por cuanto los contratos que se realizan con el operador del PAE, no son contratos estatales, sino contratos de derecho privado que suscribe el corredor de bolsa, los cuales no son rendidos en las cuentas que las entidades territoriales les rinden a las contralorías, así como tampoco son subidos en el Secop. Los contratos rendidos corresponden a los de corretaje”.
Sin contar que se genera una especie de monopolio dominado por los integrantes de la Bolsa Mercantil; y adicionalmente se cuestiona la experiencia que pueda tener un organismo dedicado a los temas bursátiles y de venta de distinta clase de productos, en la operación de un programa de alimentos.
Muestra de ellos es que solo cuatro firmas o consorcios son los que aparecen como beneficiarios de estos negocios, a saber: Geocapital, Correagro, Agrobolsa y Comiagro.
Y si bien no se trata de ningún hecho ilícito ni cuestionable económicamente hablando, no deja de ser cuestionable que dineros que deben ser utilizados única y exclusivamente para beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país, lo cual no se logra a cabalidad, pues son recurrentes las deficientes raciones que dan a los menores beneficiados, terminen en cambio generando utilidades a firmas privadas, por muy loable que parezca la misión.
En el año 2018, la Asamblea General de Accionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia aprobó una distribución de dividendos por 9.988 millones de pesos, correspondientes a las utilidades del año 2018; este fortalecimiento y de estas utilidades hicieron parte los contratos de comisiones que se firmaron para contratar y operar el PAE en diferentes regiones del país.
Y peor aún es que este tipo de contratación no ha garantizado la óptima operación del Programa.
Por ejemplo en el Quindío, el consorcio ‘Bendita Tierra Quindiana’, contratado a través de la Bolsa en el 2018 fue denunciado por constantes incumplimientos relacionados con pagos atrasados a las manipuladoras de alimentos, y el departamento tuvo que acudir a un comité arbitral para solicitar que el operador diera cumplimiento a la ficha técnica de negociación, además de declarar el incumplimiento en la operación del PAE. Y encima queda al descubierto la poca capacidad de ingerencia que tienen las entidades territoriales para incidir sobre el proceso antes y durante su ejecución.
En Sucre, para el año 2019, con apenas 10 días de adjudicado, la misma Bolsa Mercantil de Colombia decidió cancelar el contrato al admitir que no constituyeron las garantías por parte de la punta vendedora (representada ante este escenario de negociación por su respectiva Sociedad Comisionista de Bolsa) de acuerdo con el reglamento de operación y funcionamiento de la Entidad, por lo que decidieron convocar una nueva rueda de negociación.
Curiosamente desde esa época y hasta hoy persisten denuncias sobre sobrecostos en el programa de alimentación que se entregaba a los niños del municipio de Tolú, que estaba incluido en la contratación de la Gobernación.
Las denuncias tienen que ver con sobrecostos en la compra de alimentos.
Pese a los cuestionamientos del Auditor General de la República, para este año nuevamente varias entidades territoriales han acudido a la Bolsa Mercantil para contratar el PAE.
