Medio Atrato (Chocó): la BUENA gestión de Yair Diomedes Cuesta Córdoba con un 7,89/10 🟢

Apertura: radiografía en el corazón del Atrato

Nos encontramos en el municipio de Medio Atrato. Vamos a auscultar la gestión municipal de Medio Atrato, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Yair Diomedes Cuesta Córdoba. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el consolidador de hacienda CHIP con su Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), el SECOP I y II, el Sistema General de Regalías, el Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG) que califica al Departamento Administrativo de la Función Pública, y el Plan de Desarrollo que este mandatario firmó con su gente.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una radiografía profunda —de las que duelen y de las que sorprenden— construida con las cinco fuentes oficiales que la metodología de este portal exige cruzar. Y aquí cabe la primera advertencia honesta al lector: Medio Atrato rompe el molde. A diferencia de otros municipios que hemos diseccionado, donde los datos evidencian ineficiencia o indicios de prevaricato, aquí los documentos cuentan una historia inusual en el Chocó: una administración pequeña, PDET, de categoría sexta, que ejecuta, paga, superavitiza y reporta mejor que la mayoría del país. La pregunta periodística correcta no es si el alcalde robó —los registros consultados no arrojan indicios de sobregiro ni de malversación en los saldos de caja—, sino otra, más incómoda: ¿cómo se sostiene un «buen administrador» sobre una economía municipal que depende en un 88,6% de una transferencia nacional que no controla?

La respuesta está en este dossier, y comienza con un dato que ningún titulillo resume: de cada 100 pesos que entraron a las arcas de Medio Atrato en 2025, apenas 6,9 salieron del esfuerzo fiscal propio. El resto es Bogotá: Sistema General de Participaciones, aportes de la Nación, compensaciones de resguardos y consejos comunitarios, y un río de regalías de la Paz que entró por una ventanilla y salió por otra. Si el Gobierno Central recorta, Medio Atrato se paraliza. Ese es el talón de Aquiles que esta radiografía deja a la vista, con sus ocho gráficas, sus diez tablas y su calificación final: 7,89/10 — BUENO (BIEN).

El municipio y el hombre que prometió «territorio de oportunidades»

Medio Atrato: geografía de agua y de abandono

Medio Atrato es un municipio colombiano del departamento del Chocó cuya cabecera municipal es Beté, un poblado ribereño que articula un territorio casi enteramente fluvial: comunidades como Beté-Ame, Chimirridó, Puné-Bebaramá, Baudogrande, Bebará y Guayabal-Neguá se comunican por el agua, no por carretera. Esa geografía condiciona todo: el costo de una obra se multiplica, el dragado del caño es una política de movilidad tan esencial como el pavimento en el interior del país, y el Estado municipal —con estructura de categoría sexta según la Ley 617 de 2000— administra recursos de millones con una planta de personal mínima. La población, mayoritariamente afrodescendiente organizada en consejos comunitarios, con presencia de comunidades indígenas, habita uno de los corredores más biodiversos y más golpeados del país.

El municipio integra la subregión PDET del Chocó, una de las zonas priorizadas por el Acuerdo Final de Paz de 2016, lo que le da acceso preferente a recursos del Sistema General de Regalías y del OCAD Paz. Pero la condición PDET también es un retrato de deuda histórica: la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó en noviembre de 2023 la situación humanitaria de 124 comunidades afrodescendientes de la subregión del Atrato —entre ellas las de Medio Atrato— afectadas por confinamientos y restricciones de movilidad derivadas del conflicto armado. A eso se suma la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que declaró al río Atrato sujeto de derechos y ordenó descontaminarlo de la minería ilegal, y un terremoto reciente que, según registró la prensa nacional, dejó a comunidades del municipio «completamente perjudicadas» pidiendo ayuda urgente. Este es el tablero sobre el que jugó sus dos primeros años el alcalde Cuesta Córdoba: un territorio donde gobernar es, antes que administrar, sobrevivir al aislamiento.

Yair Diomedes Cuesta Córdoba: hoja de vida y mandato

El alcalde Yair Diomedes Cuesta Córdoba es un hijo del territorio: nació en Medio Atrato y su hoja de vida, registrada en el SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública (código S4868194-0763-4), es la de un perfil local atípico en lo técnico y limitado en lo gerencial: tecnólogo en Entrenamiento Deportivo, graduado de bachillerato, sin experiencia administrativa previa reportada al más alto nivel. Llegó a la Alcaldía sin escalafón político departamental y gobierna bajo un lema que es también un contrato con sus electores: «Gestión y Desarrollo, Medio Atrato Territorio de Oportunidades». Su administración participa en el Consejo Directivo del Pacto Territorial por el Chocó, el espacio de articulación liderado por el Departamento Nacional de Planeación, y su eslogan de gobierno aparece estampado en cada comunicación oficial de la alcaldía.

El contrato se formalizó en papel: el Plan de Desarrollo Municipal «Gestión y Desarrollo — Medio Atrato Territorio de Oportunidades 2024-2027», aprobado mediante Acuerdo número 004 del 31 de mayo de 2024, un documento de 371 páginas construido con diagnóstico participativo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con mecanismos institucionales de seguimiento que el propio plan declara: Consejo Territorial de Planeación, sistema de seguimiento del gasto a cargo de la Secretaría de Planeación y 15 veedurías ciudadanas priorizadas que representan a las comunidades. La promesa, dicha en plata: transparencia verificable. Este artículo toma la palabra y la somete a prueba con los datos de 2024 y 2025.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Este informe aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, adaptada de los casos canónicos de Toluviejo y Agua de Dios: una escala de 0 a 10 construida como promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. La escala no es absoluta: un 7,0 en San Fernando no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La metodología es pública, replicable y transparente: cualquier lector con acceso a las fuentes oficiales citadas —CHIP-CUIPO, FURAG, SECOP, SGR y el Plan de Desarrollo— puede verificar cada cifra.

Tabla 2. Escala de calificación corrupcionaldia.com.

Tabla 3. Componentes y pesos de la calificación.

La regla del Prevaricato por Omisión

La metodología contempla una regla crítica: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se desarrolla un análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal colombiano), examinando si hubo omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito. Si la calificación es igual o superior a 7,0 (Bueno o mejor), el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica: no se mezclan diagnósticos objetivos con hipótesis penales que no tienen sustento. Spoiler necesario: la calificación final de Medio Atrato en este informe es 7,89/10 — BUENO. El análisis del prevaricato, por tanto, no se desarrolla; en la sección décima dejaremos constancia de las razones y de lo que el ciudadano debe vigilar igualmente.

Componente 1 (25%): FURAG — el termómetro de la Función Pública

El Índice de Desempeño Institucional (IDI), calculado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a partir del FURAG, es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal: mide capacidad administrativa, gestión estratégica y gestión misional sobre 104 variables reportadas por la propia entidad, con operación estadística certificada por el DANE. En la vigencia 2025 —reporte publicado en junio de 2026—, la Alcaldía de Medio Atrato (código SIGEP 00763, grupo de comparación 5) obtuvo un puntaje de 93,54 puntos sobre 100. Lea de nuevo la cifra, porque en el Chocó es un evento.

Para dimensionar el dato: de 1.102 alcaldías municipales evaluadas en el país, Medio Atrato se ubica aproximadamente en el puesto 30, es decir, en el mejor 3% nacional. Dentro del departamento, es el segundo mejor municipio, solo por detrás de Bahía Solano (96,59) y por delante de Río Quito (93,17), de la capital Quibdó (86,41) y de todos los demás. Incluso supera por casi 15 puntos a la Gobernación del Chocó (78,62). Y si lo comparamos con los referentes de esta serie periodística —Toluviejo, 64,74; la mayoría de los municipios PDET del Caribe interior entre 40 y 70 puntos—, la brecha es abismal. Un municipio pequeño, fluvial y PDET reporta mejor que su departamento entero. Eso significa, en términos literales, que la maquinaria administrativa del municipio llena sus formularios, documenta sus procesos, planea y evalúa. La disciplina de reporte existe.

Lo que el FURAG dice — y lo que no

Honestidad forense ante todo. El FURAG es autorreporte: mide qué tan bien la entidad documenta y responde sobre su gestión, no mide directamente el estado de las obras ni la calidad de vida. Un IDI de 93,54 no significa que no haya problemas; significa que la entidad sabe responder el examen. Pero la triangulación es la esencia de esta metodología, y aquí la triangulación favorece al municipio: el mismo periodo en el que Medio Atrato obtuvo un IDI sobresaliente registra ejecuciones presupuestales superiores al 98%, superávit de caja y obras entregadas verificables en fuentes independientes. Cuando el autorreporte y los datos financieros duros dicen lo mismo, la probabilidad de que se trate de un espejismo disminuye sensiblemente. Por eso el componente se califica alto, con la única descounta que admite la prudencia: ninguna entidad merece un 10 mientras sus territorios sigan en crisis humanitaria documentada por la ONU.

Calificación componente FURAG: 9,35/10 (93,54 sobre 100, convertida a la escala de 0 a 10; aporta 2,34 puntos al promedio ponderado).

Componente 2 (20%): CUIPO — ejecución presupuestal línea por línea

La Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) del CHIP —el consolidador de la Contraloría General de la República— permite reconstruir, formulario por formulario, cómo Medio Atrato planeó, recaudó, comprometió, obligó y pagó su presupuesto en 2024 y 2025. El panorama general se resume en una frase: el municipio creció casi un 30% en ingresos, ejecutó por encima del 98% y pagó mejor en el segundo año. El detalle, como siempre, tiene más matices.

Tabla 4. Ejecución presupuestal ordinaria comparada 2024 vs 2025 (pesos corrientes). Fuente: CHIP-CUIPO, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS.

Tres índices que hablan de eficiencia gerencial

El índice de ejecución (obligaciones reconocidas sobre compromisos) fue del 98,73% en 2024 y del 98,34% en 2025: lo que la alcaldía contrata, lo formaliza. El índice de rezago de pagos mejoró: en 2024 quedaron cuentas por pagar por $1.262 millones (pagó el 95,1% de lo obligado), mientras que en 2025 el pago efectivo subió al 97,1% —en plena expansión del gasto—. Y el índice de destinación social: el 78,33% del gasto de 2024 y el 77,70% del de 2025 se destinó a inversión, manteniendo el funcionamiento controlado alrededor del 21-22%. Para un municipio cuya única vía de acceso a muchas comunidades es el río, estos tres índices juntos no son burocracia: son la diferencia entre un puente construido y un puente prometido.

La anatomía de la dependencia: de dónde viene cada peso

Ahora la otra cara. En 2024, el 92,47% de los ingresos totales provinieron de fuentes del Gobierno Central (SGP, aportes de la Nación, cofinanciación ADRES, compensaciones prediales de resguardos y consejos comunitarios, y otras transferencias), mientras el esfuerzo fiscal propio apenas representó el 3,19%. En 2025 la dependencia bajó al 88,57% y el esfuerzo propio subió al 6,92% —más del doble, impulsado por las estampillas y el impuesto de industria y comercio—. La mejoría es real y merece crédito, pero el diagnóstico estructural no cambia: Medio Atrato es, financieramente, un apéndice de la Nación. El recaudo propio de 2025 ($2.410 millones) equivale a menos de dos semanas del gasto municipal anual.

Tabla 5. Estructura de ingresos por origen (pesos). Fuente: CHIP-CUIPO, consolidado de recaudo 2024-2025.

La tabla anterior contiene las anomalías más interesantes del expediente y merece lectura lenta. Primera: la línea de SGP casi se triplicó (+189,8%) en un año, justo cuando desaparecen del reporte las compensaciones prediales (-$3.017 millones) y las transferencias de cajas y entidades departamentales (-$7.530 millones). La suma total de fuentes centrales crece un 22,9% coherente con la realidad, pero la clasificación interna de las líneas cambió drásticamente: todo apunta a una recomposición de cómo el municipio reporta el giro de recursos (probablemente compensaciones y aportes que antes se reportaban aparte entraron a consolidarse en el SGP). No es irregularidad probada; es una marca de verificación que cualquier contralor ciudadano debe exigir conciliar. Segunda: la cofinanciación ADRES del régimen subsidiado cayó 63%, dato que debe vigilarse porque ataca directamente el acceso a salud de una población dispersa. Tercera: el incremento del ICA (+425%) y de las estampillas (+291%) es la mejor noticia fiscal del periodo, y la cuarta: un crédito interno de $500 millones reportado en 2025 convive con un FUT de deuda pública en cero —otra conciliación pendiente.

Radar de eficiencia: cinco ejes, dos años

El radar siguiente condensa los cinco ejes de eficiencia del mandatario en escala de 0 a 100. Lo visible: en ejecución de compromisos y eficiencia de pago la gestión opera cerca del techo; la capacidad de inversión se mantiene alta y estable; y el movimiento ocurre en los dos ejes que importan para el futuro —la autonomía fiscal mejora (3,2 a 6,9) mientras la sostenibilidad financiera se enfría (28,1 a 12,4), porque el superávit se gastó en obras y porque empezó el servicio de la deuda.

Tabla 6. Los cinco ejes del radar, en cifras.

Cierre fiscal: superávit que se reduce a la mitad, pero no desaparece

El balance de tesorería confirma un manejo financiero ordenado. En 2024 el municipio cerró con disponibilidades de $9.552 millones frente a exigibilidades y reservas por $2.153 millones, dejando un superávit fiscal de $7.399 millones. En 2025, con mayor ejecución de obras y el primer servicio de deuda ($530 millones), las disponibilidades cayeron a $5.793 millones, las exigibilidades se mantuvieron ($2.110 millones) y el superávit se redujo a la mitad: $3.683 millones. La lectura correcta es doble: no hay déficit ni sobregiro —eso es sobresaliente en un municipio de esta categoría—, pero el ritmo de consumo del colchón (50% en un año) obliga a preguntarse qué pasará cuando el balance se agote y las obras de 2026 y 2027 deban financiarse solo con el flujo corriente.

Tabla 7. Balance de cierre fiscal (pesos). Fuente: CHIP-CUIPO, reservas y cuentas por pagar.

Deuda, renta pignorada y vigencias futuras: el silencio que es buena noticia

Los reportes del Formato Único Territorial de deuda pública (FUT_DEUDA_PUBLICA) para 2024 y 2025 registran «formulario vacío»: $0 en saldos, desembolsos, intereses y amortizaciones. Lo mismo las rentas pignoradas ($0) y las autorizaciones de vigencias futuras ($0, «no aplica»). En la gramática forense de este portal, ese silencio tiene dos lecturas: la benigna —la administración no hipotecó los ingresos de las próximas generaciones, no pignoró el SGP y no amarró a las vigencias futuras con compromisos plurianuales—, y la exigente: en un municipio con brechas estructurales de agua y vías, renunciar por completo al crédito prudente para inversión también es una decisión de planeación que debe discutirse públicamente, máxime cuando la única excepción al cero es un crédito interno de $500 millones en 2025 que el FUT no registra. La regla del portal es la misma de siempre: cada cifra, conciliada; cada vacío, señalado.

Regalías y PDET: el río de la Paz

Medio Atrato es municipio PDET de la subregión Chocó, y sus giros de regalías lo confirman. En 2024 el Sistema General de Regalías aportó $8.670 millones (Asignación para la Inversión Regional departamental: $3.647 millones; Asignación para la Inversión Local: $1.950 millones; otras fuentes: $3.074 millones). En 2025 el total subió a $12.229 millones (+41%), con una fuente dominante y reveladora: la Asignación para la Paz, con $10.736 millones de giros bajo la política de posconflicto y reforma rural integral. En ejecución, 2024 dejó pagos en proyectos de recreación y deporte (construcción de canchas: $1.523 millones; parques: $1.615 millones) y $1.087 millones en servicio de dragado para transporte fluvial; en 2025 la inversión se concentró en la Asignación para la Paz con obligaciones y pagos por $5.108 millones —el 47,6% de lo girado—, tasa de ejecución respetable para recursos que empezaron a fluir tarde en la vigencia, pero que deja $5.628 millones pendientes cuya continuidad en 2026 debe garantizarse con vigencias futuras o proyectos radicados.

Calificación componente CUIPO: 8,50/10 — BUENO. La ejecución superior al 98%, el superávit sostenido, la cero deuda estructural y la duplicación del esfuerzo propio elevan el puntaje; la dependencia del 88,6%, el consumo del colchón fiscal, la recomposición de líneas de reporte sin conciliar y el crédito interno no registrado en el FUT lo corrigen a la baja. (Aporta 1,70 puntos al promedio ponderado.)

Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo, promesas contra obra

El Plan «Gestión y Desarrollo — Medio Atrato Territorio de Oportunidades 2024-2027» (Acuerdo 004 del 31 de mayo de 2024) hereda una tradición de capacidad técnica: el plan anterior (2020-2023) logró, según el balance institucional, una ejecución del 99,36% en los indicadores ODS priorizados. El plan vigente organiza el cuatrienio con diagnóstico participativo, alineación constitucional y étnico-territorial, articulación con el Plan de Desarrollo Departamental «El Chocó en Serio» y con el Pacto Territorial por el Chocó del DNP, y un tablero institucional declarado: Consejo Territorial de Planeación, seguimiento del gasto por Planeación, Contraloría Municipal y 15 veedurías priorizadas. En papel, todo lo que una comunidad debe exigir. La pregunta forense es la de siempre: ¿qué se hizo efectivamente en 2024 y 2025?

Lo verificable: obras con nombre propio y fecha

La contraste con fuentes abiertas arroja obras entregadas, fechadas y fotografiadas. En octubre de 2025 la administración entregó la pavimentación de la comunidad de Medio Beté, y en la misma semana entregó en Puné un paquete triple: pavimento, puesto de salud y puente —con acompañamiento de la Secretaría de Planeación, la Gestora Social y la coordinación de Salud—. A ello se suman, del lado del SGR, las canchas y parques de 2024 ($3.138 millones combinados) y el dragado del transporte fluvial ($1.087 millones), que en un municipio donde no llegan carreteras es literalmente una obra de movilidad. Y hay una tercera obra, menos fotogénica pero estructural: la actualización catastral con el IGAC, socializada con la comunidad en septiembre de 2025, que es exactamente el paso que este análisis financiero recomendaba para empezar a facturar predial local.

El balance honesto tiene, sin embargo, dos déficits que la administración debe corregir y el ciudadano exigir. Primero: no existe un tablero público de seguimiento del Plan —con metas, avances y fechas— consultable en línea; el avance se documenta en boletines y redes oficiales, que muestran entregas pero no porcentajes de cumplimiento por eje. Segundo: las metas intermedias del cuatrienio (por ejemplo, cobertura de acueducto, matrícula, y kilómetros de vías fluviales intervenidas) no están desagregadas públicamente por comunidad, lo que dificulta el control social justamente donde el plan declara sus 15 veedurías. Sin tablero público, el bueno de las obras se pierde en el ruido del día a día; con él, Medio Atrato sería un caso de estudio regional. Para un plan cuya mayor fortaleza declarada es el sistema de seguimiento, el seguimiento visible sigue siendo la tarea pendiente.

Calificación componente Plan de Desarrollo: 7,00/10 — BUENO. Obras verificables y articulación institucional elevan la nota; la ausencia de tablero público de metas y la dispersión de la información de avance la mantienen en el centro de la banda. (Aporta 1,40 puntos.)

Componente 4 (15%): transparencia SECOP — la vitrina de la contratación

La Alcaldía de Medio Atrato (entidad registrada ante Colombia Compra Eficiente, con presencia activa en el SECOP) publica sus procesos de contratación, y el perfil de modalidades que emergen de las fuentes abiertas es el de un municipio pequeño con vocación de obra: régimen especial (modalidad propia de las comunidades organizadas jurídicamente y de proyectos con recursos condicionados), subastas para adquisiciones puntuales —se registró, por ejemplo, la dotación de cascos de protección balística nivel IIIA para la fuerza pública— y convenios interadministrativos de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con entidades del orden nacional y departamental. En dos años de revisión en fuentes abiertas no identificamos procesos con observaciones públicas de los organismos de control, adjudicaciones impugnadas ni contratación de urgencia manifiesta de gran cuantía —la contratación mayor del periodo (pavimentos, puente, puesto de salud) se amarró con recursos de transferencias y regalías de trazabilidad conocida.

La advertencia metodológica también es la de siempre: la ausencia de escándalo no equivale a transparencia plena. En municipios de baja capacidad, el riesgo recurrente no es el megacontrato sino la acumulación de contratación directa y mínima cuantía con proveedores recurrentes, y la publicación tardía o incompleta de soportes en el SECOP. Con la información disponible —que no incluye el detalle línea por línea de todos los contratos de 2024 y 2025—, el componente se califica en la zona buena con reserva de vigilancia: el portal de procesos está vivo, la modalidad dominante es trazable y no hay señales rojas públicas, pero la prueba definitiva la dará la lectura de los soportes de los mayores contratos de pavimento y del paquete de obras de la Asignación para la Paz de 2025.

Calificación componente Transparencia SECOP: 7,00/10 — BUENO. (Aporta 1,05 puntos.)

Componente 5 (10%): los ODS en un territorio fluvial

La alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Medio Atrato no es un ejercicio de escritorio: cada ODS se traduce en logística fluvial. El ODS 3 (salud y bienestar) se mide en puestos de salud que llegan a comunidades como Puné y en la sostenibilidad del régimen subsidiado que financia la atención de la población dispersa. El ODS 4 (educación) y el ODS 6 (agua y saneamiento) dependen del giro oportuno del SGP, que en 2025 alcanzó $29.159 millones agregados. El ODS 9 (infraestructura) se materializa en pavimentos, puentes y dragado; el ODS 16 (instituciones sólidas) se verificó este mismo año con el IDI de 93,54; y el ODS 13/15 (clima y ecosistemas) interpela a la administración en el marco de la sentencia T-622 de 2016, que ordenó proteger el río Atrato de la minería ilegal.

El punto fuerte es la consistencia: la administración prioriza inversión social (77-78% del gasto), entrega infraestructura comunitaria y mantiene la disciplina de reporte. El punto débil es estructural y de larga data: las brechas de agua potable y saneamiento básico en comunidades dispersas —el indicador que más quejas concentra en los comités de cuenca y en la mesa humanitaria— no muestran en el periodo analizado un megaproyecto de acueducto verificado, y la pobreza multidimensional del Chocó sigue entre las más altas del país. Dos años no cierran décadas de abandono; pero sí pueden —y deben— dejar radicado el proyecto estructural de agua con el PDA y el OCAD Paz. No encontramos evidencia pública de que eso haya ocurrido, y esa ausencia es parte del puntaje.

Calificación componente ODS: 7,00/10 — BUENO. (Aporta 0,70 puntos.)

Componente 6 (10%): percepción ciudadana — aplausos en un vacío informativo

La percepción ciudadana inferible de fuentes abiertas es mayoritariamente positiva: en las publicaciones oficiales de las entregas de obras (Medio Beté, Puné), los comentarios de vecinos y líderes felicitan expresamente a la administración («excelente», «felicitaciones a esta administración», «presto para las comunidades»), un patrón que en municipios pequeños —donde todos conocen al todos— es un termómetro más fiable que en las ciudades. La administración, por su parte, comunica con regularidad: boletines, fotografías, y presencia del alcalde en espacios regionales como el Pacto Chocó y los encuentros de autoridades del Atrato.

Pero la inferencia tiene un límite que este portal no puede ignorar: Medio Atrato vive en un vacío informativo. No hay prensa local permanente, los escándalos del conflicto armado se reportan desde Quibdó o Bogotá, y la ausencia de crítica publicada no prueba ausencia de crítica existente: la OCHA documentó en 2023 restricciones de movilidad y crisis humanitaria en 124 comunidades de la subregión, y en 2025 comunidades del municipio pedían ayuda pública tras el terremoto. Que el balance de gestión se apoye casi por completo en la vitrina oficial es, en sí mismo, un riesgo de percepción. Por eso el componente se califica bueno pero no excelente: la percepción disponible es favorable y verificable en su parte positiva, y su parte negativa simplemente no se ha publicado —todavía.

Calificación componente Percepción ciudadana: 7,00/10 — BUENO. (Aporta 0,70 puntos.)

Los cinco problemas de la gente y sus cinco indicadores de gestión

La metodología exige más que un promedio: exige contrastar el «sentir de la gente» con lo que el Plan prometió y lo que la gestión ejecutó, mediante cinco indicadores de gestión analizados periodísticamente, uno por cada uno de los cinco problemas principales que preocupan a las comunidades de Medio Atrato y que el alcalde se comprometió a resolver. Los cinco que siguen emergen del diagnóstico participativo del Plan, de la agenda humanitaria documentada por la OCHA y de la propia estructura del gasto municipal.

Tabla 8. Indicadores de gestión 2024-2025 asociados a los cinco problemas priorizados. Fuente: elaboración propia con CHIP-CUIPO, SGR y verificación en fuentes abiertas.

1. Movilidad: 7,5

En un municipio sin carreteras, moverse es un derecho y el río es la vía. La gestión atacó el problema por los tres flancos que podía: pavimento en las cabeceras de comunidad (Medio Beté, Puné), un puente que devuelve conectividad diaria a Puné, y el dragado del canal para que las lanchas sigan operando. Las obras son verificables, fechadas y comunicadas. No alcanza un 8,5 porque el territorio es inmenso, la red de comunidades extensa y el mantenimiento del dragado exige continuidad presupuestal que apenas empieza a garantizarse.

2. Salud: 7,5

La entrega del puesto de salud de Puné es la noticia social más concreta del periodo: lleva la atención primaria a la gente en vez de esperar que la gente remonte el río hasta Beté. Pero el indicador financiero enciende la alerta: la cofinanciación ADRES del régimen subsidiado cayó de $4.367 a $1.612 millones entre 2024 y 2025, una reducción del 63% que puede responder a cambios de giro o de reporte —como los que vimos en el SGP—, pero que en un territorio con brechas de acceso significa menos plata para atender al afiliado. La administración debe conciliar públicamente esta línea antes de que la caída se sienta en la canasta de servicios.

3. Agua potable: 6,5

Es el problema más viejo y el menos resuelto. Los recursos del SGP de agua potable fluyen —están dentro del giro consolidado de 2025—, pero no identificamos en fuentes abiertas un proyecto estructural de acueducto y alcantarillado con placa, presupuesto y cronograma para Beté y las comunidades. La mejora de reporte institucional no reemplaza un tanque de captación. Este es, con la dependencia fiscal, el segundo frente donde el cuatrienio debe dejar una obra mayor, y el ciudadano debe preguntar por él en cada audiencia.

4. Educación: 7,0

La inversión recreativa escolar financiada con regalías (canchas y parques) es real y visible, y el giro educativo del SGP se sostuvo y creció con la recomposición de 2025. La nota se queda en el centro porque el desafío del Atrato no es solo infraestructura escolar: es planta docente, rutas fluviales escolares y deserción en comunidades dispersas, dimensiones en las que el municipio compite con la geografía y cuyo avance no está desagregado públicamente.

5. Paz y seguridad humanitaria: 6,5

El dato del periodo es doble. Positivo: Medio Atrato recibió $10.736 millones de la Asignación para la Paz en 2025 —el mayor flujo de regalías de su historia reciente— y ejecutó $5.108 millones en posconflicto y reforma rural, un arranque serio. Preocupante: casi la mitad del giro quedó por ejecutar, y el contexto no da tregua —crisis humanitaria documentada, presiones del conflicto y un terremoto que golpeó a las comunidades—. La paz, en Medio Atrato, se mide en plata ejecutada y en familias que pueden moverse sin miedo: ambas variables están a medias.

Promedio de los cinco problemas: 7,0/10. Las obras existen y son verificables; las brechas estructurales (agua, paz efectiva, salud financiada) también.

La calificación final: 7,89 — BUENO (BIEN)

Con los seis componentes calificados, la metodología arroja el promedio ponderado que sigue. El resultado coloca a Medio Atrato como la mejor calificación de la serie de análisis forenses de este portal, en la franja BUENO (7,0 — 8,4): una gestión que cumple el estándar, con margen de mejora en componentes específicos —y con un talón de Aquiles estructural que ninguna calificación disimula.

Tabla 9. Calificación final ponderada de la gestión 2024-2025 de Yair Diomedes Cuesta Córdoba.

La escala no es absoluta: un 7,0 en Medio Atrato no es equivalente a un 7,0 en Medellín. Pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. Aquí se cumplieron —y el dato, en el Chocó, es noticia.

Por qué no se desarrolla el análisis del Prevaricato por Omisión

La regla metodológica es pública y no admite excepciones: la calificación final de 7,89 es igual o superior a 7,0, por lo que el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal) se omite como cuestión de lógica metodológica: no se mezclan diagnósticos objetivos con hipótesis penales que no tienen sustento. Y aquí el sustento, simplemente, no está: la ejecución supera el 98%, la tesorería cierra con superávit, no hay sobregiros, no hay deuda estructural, no hay procesos públicos con observaciones de los organismos de control, y el FURAG —el índice objetivo de la Función Pública— sitúa a la entidad en el mejor 3% del país. Acusar sin sustento sería, precisamente, lo contrario del periodismo que este portal practica.

La omisión del análisis penal no es, sin embargo, un certificado de ausencia de riesgos. Quedan sobre la mesa cinco marcas de verificación que un buen administrador debe despejar con documentos y que el control social debe perseguir con insistencia, porque ninguna calificación dispensa del deber de conciliar cada peso:

• La recomposición de líneas de ingreso 2024→2025: conciliar públicamente el salto del SGP (+190%) con la desaparición de compensaciones prediales (-$3.017 M) y de transferencias de cajas (-$7.530 M) en el reporte.
• La caída de la cofinanciación ADRES (-63%): verificar que la reducción no degrade la cobertura efectiva del régimen subsidiado en las comunidades dispersas.
• El crédito interno de $500 millones (2025) frente a un FUT de deuda en $0: exigir la conciliación entre el CUIPO y el Formato Único Territorial, con destino y calendario de pago.
• El salto de las estampillas (+291%): confirmar que todo contrato de obra ejecutado en el territorio liquidó las estampillas correspondientes y que el recaudo está correctamente destinado a adulto mayor y procultura.
• El 47,6% ejecutado de la Asignación para la Paz: garantizar la continuidad de los $5.628 millones pendientes y publicar el portafolio de proyectos ante el OCAD Paz y las veedurías del plan.

La ruta para dejar de ser un municipio dependiente

La buena gerencia está demostrada; la soberanía fiscal, no. La ruta que este portal propone —y que la propia administración empezó a recorrer— tiene tres carriles. Primero, la modernización catastral con el IGAC, cuyo proceso de actualización se socializó con la comunidad en septiembre de 2025: ese censo inmobiliario es la condición de posibilidad del predial local, hoy inexistente como recaudo propio, y debe concluir con facturación efectiva, no quedar en diagnóstico. Segundo, la fiscalización activa del ICA: el salto de $59 a $309 millones demuestra que hay plata en la formalización; un programa permanente de emplazamiento a contratistas de obras y comerciantes del corredor fluvial debe institucionalizarse. Tercero, las estampillas: con $1.823 millones recaudados en 2025 fueron la herramienta más eficaz de esfuerzo propio; la regla debe ser que cada peso contratado en el territorio tribute, sin excepción negociada.

Con esos tres carriles, el esfuerzo propio podría proyectarse hacia el 12-15% de los ingresos en el mediano plazo —el umbral que separa a los municipios que «aprovechan» de los que «sobreviven»—. Es la diferencia entre que un recorte nacional sea un bajón o sea un apagón.

Cierre: el estándar ahora es no retroceder

Medio Atrato rompió el estereotipo del municipio chocoano que no reporta, no ejecuta y no rinde cuentas. En dos años, una administración de perfil local, sin experiencia gerencial previa, colocó a su territorio en el mejor 3% institucional del país, ejecutó casi todo lo que contrató, pagó mejor cada año, no hipotecó el futuro con deuda y dejó obras con nombre de comunidad: Medio Beté, Puné. Eso lo demostramos con documentos oficiales, línea por línea, y merece decirse con la misma fuerza con que este portal denuncia lo contrario. La calificación es 7,89 — BUENO, y en el Chocó, ser bueno es sobresaliente.

Pero el veredicto tiene condiciones que el lector debe memorizar mejor que el número: 88,6% de dependencia del Gobierno Central; un colchón fiscal que se redujo a la mitad en un año; cinco conciliaciones pendientes que nada grave pero ninguna menor; y dos brechas estructurales —agua potable y paz efectiva— que no se cierran con pavimento. La pregunta ética que este cierre deja a la ciudadanía no es si su alcalde administró bien: los datos dicen que sí. La pregunta es si la comunidad va a exigirle convertir una buena administración en un territorio soberano, o si se conformará con aplaudir las obras del río mientras la llave de los recursos sigue en Bogotá. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona; la buena gestión, igual: se disecciona, se verifica y se vigila. Medio Atrato, ya lo sabe, tiene las herramientas: 93,54 puntos de disciplina, 15 veedurías declaradas y este artículo como punto de partida.

Fuentes y verificación

Cada cifra de este informe proviene de una fuente oficial verificable. Reproducimos el listado completo para que cualquier ciudadano pueda replicar el análisis —la metodología de este portal es pública y replicable:

• CHIP — Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), Contraloría General de la República (chip.gov.co): formularios de ejecución de ingresos y gastos, reservas y cuentas por pagar, vigencias DIC A DIC 2024 y 2025.
• CHIP — FUT Deuda Pública y FUT Vigencias Futuras, ENE A DIC 2024 y 2025 (créditos, créditos por sector, renta pignorada y autorizaciones).
• CHIP — Sistema General de Regalías, ejecución de ingresos y gastos, DIC A DIC 2024 y 2025.
• Departamento Administrativo de la Función Pública — Resultados de Desempeño Institucional (FURAG) vigencia 2025, reporte de junio de 2026; y hoja de vida SIGEP del alcalde (código S4868194-0763-4).
• SECOP I y II — procesos de la Alcaldía Municipio de Medio Atrato (régimen especial, subastas y convenios interadministrativos), consultados vía plataformas abiertas de agregación.
• Alcaldía Municipal de Medio Atrato (medioatrato-choco.gov.co) — Plan de Desarrollo «Gestión y Desarrollo — Medio Atrato Territorio de Oportunidades 2024-2027» (Acuerdo 004 del 31 de mayo de 2024) y boletines oficiales de entregas de obras (octubre de 2025).
• Departamento Nacional de Planeación — Pacto Territorial por el Chocó y Agencia de Renovación del Territorio (PDET subregión Chocó).
• OCHA — Factsheet de situación humanitaria de 124 comunidades afrodescendientes de la subregión del Atrato (17 de noviembre de 2023).
• Corte Constitucional — Sentencia T-622 de 2016 (río Atrato sujeto de derechos).
• IGAC — actualización catastral en Medio Atrato (socialización, septiembre de 2025); prensa nacional sobre el terremoto de 2025 (Noticias Caracol).

Nota metodológica de transparencia: el FURAG es un ejercicio de autorreporte certificado por el DANE; el desglose por dimensiones del IDI no se publica desagregado y este informe no lo fabrica; los datos de contratación SECOP se revisaron en fuentes abiertas y su lectura es cualitativa; los datos financieros provienen directamente de los archivos CHIP-CUIPO suministrados por la propia Contraloría y no han sido objeto de conciliación contable adicional por este portal. Toda la serie de gráficas y tablas acompaña su fuente.