A propósito de la reciente judicialización del gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por presuntos irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el Covid-19, lo que pudo establecer Corrupción Al Día es que ni fueron las únicas ambulancias compradas con posibles sobrecostos aprovechando la emergencia sanitaria, ni fue el único mandatario que incurrió en esta práctica. 

Según la Fiscalía el sobrecosto en el contrato del Putumayo fue superior a los $1.000 millones de pesos, pero la Contraloría lo tasó en más de $300 millones de pesos. Cada ambulancia de acuerdo al contrato inicial tenía un costo de $346 millones de pesos. Al final el contrato se tasó en  $2.876.362.700, es decir a $287,6 millones cada carro.  

Pero, lo curioso es que tras hacer un paneo sobre los contratos cuyo objeto fue la adquisición de ambulancias medicalizadas (TAM), en medio de la pandemia, encontramos varias perlas. 

Una de las más llamativas, la adquisición que hizo la gobernación de Nariño de un total de 54 ambulancias, 9 de ellas fluviales, por valor total de 15.700 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías destinadas a igual número de municipios. 

En total fueron compradas 45 ambulancias terrestres. 2 medicalizadas TAM a $316’666.667 cada una. Otras 23 de Transporte Asistencial Básico (TAB) para terrenos de difícil acceso a $314’695.000 cada una y otras 20 TAB a $258’548.333 cada una. 

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Los vehículos fueron entregados por el gobernador de Nariño el pasado mes de junio a los respectivos municipios. 

Es decir, en Nariño, si aplicamos los criterios de la Fiscalía y la Contraloría, también habría sobrecosto tanto en los vehículos TAM, como en los TAB. 

El hospital San Rafael de El Espinal Tolima, también en medio de la pandemia, en junio, adquirió una ambulancia TAM por $309 millones de pesos a la empresa Medi Health de Colombia SAS. 

Por su parte, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, adquirió en abril de este año, bajo la figura de la emergencia por el Covid-19, un total de 5 ambulancias medicalizadas TAM, por valor de $1.600 millones de pesos, es decir que cada ambulancia tuvo un costo de $269 millones de pesos sin IVA. 

Sin embargo, el caso más llamativo es el del municipio Castilla La Nueva del departamento del Meta, donde compraron una ambulancia tipo TAM por $414’226.000 a la empresa Bioingemet SAS el pasado mes de abril, también bajo el argumento de atender la emergencia. 

Esta es la ambulancia de $414 millones, parecida a las que compró el gobernador de Putumayo en $346 millones y que, según la Fiscalía y la Contraloría, tienen una considerable sobreprecio.

Y aun cuando el costo de las ambulancias puede variar de acuerdo a los instrumentos y equipos que incluyen, lo cierto es que la emergencia para atender la pandemia del coronavirus se convirtió en la mejor excusa para que mandatarios seccionales y directivos de entidades estatales adelantaran compras y contrataciones irregulares o corruptas, y en el mejor de los casos dudosas. 

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