Días pasados la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el Covid-19.
En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).
#ATENCIÓN | #Fiscalía logró la judicialización del gobernador de #Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por supuestas irregularidades y sobrecostos en contrato para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para atender la pandemia por Covid-19. pic.twitter.com/QJfC0vkJTg
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 20, 2020
Por tal razón, una fiscal de la Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra del mandatario departamental, y solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva consistente en detención domiciliaria.
La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310 el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.
Adicionalmente, se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
Respecto al cargo por presunta falsedad en documento público, al parecer, los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.
Otros investigados
Por los mismos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputaría los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra de cuatro funcionarios de la Gobernación y un particular.
Los afectados serían el secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, quien suscribió el contrato y que renunció después a su cargo; el jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación, Julián Mauricio Moreno Gómez; las supervisoras del contrato, adscritas a la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental, Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González; y el representante legal de Carrocerías Innova SAS, Rubén Darío Suárez Saavedra.
Con el material probatorio presentado por la Fiscalía, el despacho judicial acogió la solicitud y avaló la imputación. El jueves 22 de octubre durante la audiencia se determinará si se le dará aseguramiento consistente en casa por cárcel al mandatario.
Las ambulancias fueron entregadas y el contrato pagado
Si bien la Fiscalía tomó esta determinación, el susodicho contrato se hizo efectivo aunque por un monto menor.
Mientras la Fiscalía consideró que el sobrecosto fue de más de mil millones de pesos, la Contraloría General de la República, en el Auto 0542 en el marco del Proceso de responsabilidad fiscal que adelantó en el Putumayo, por el mismo caso, habló de un “justo precio” y consideró que el sobrecosto fue de más de 300 millones, la cifra que finalmente se le rebajó al contrato inicial.
Así, de acuerdo al acta de liquidación del 14 de agosto del 2020 suscrita entre Rubén Darío Suárez Saavedra, como representante legal de Carrocerías Innova SAS y Jorge Molina Giraldo secretario de Salud de Putumayo, las diez ambulancias fueron recibidas a satisfacción por el Departamento, el pasado 15 de agosto por un valor final de $2.876.362.700, es decir $385’559.150 menos del contrato inicial.
Y en efecto, el anticipo que se le otorgó a la empresa contratista fue de $1.730 millones.
Como corolario toca mencionar que el Putumayo con un total de 4.311 casos de personas afectadas por el coronavirus, está entre los departamentos con menor número de contagiados, lo que pone en entredicho la necesidad que había de la adquisición de las ambulancias, amparada en la pandemia.
Por ahora aún está en entredicho la suerte judicial del mandatario del sur del país.
