La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $21.282 millones de pesos, contra los exgobernadores de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaler, y otras 14 personas naturales y jurídicas, por el daño patrimonial que ocasionaron las irregularidades presentadas en la construcción del Megacolegio CEMED “Antonia Santos”.
Se trata de una obra sin concluir, abandonada y deteriorada, donde se pagaron mayores valores y se dieron fallas en la etapa de planeación.
Para adelantar este proyecto se suscribió el contrato de obra pública No. 1341 del 28 de octubre de 2014, entre la Gobernación del Archipiélago, entonces en cabeza de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, y la Unión Temporal Mega 2014.
Según estableció la Contraloría, en el contrato de interventoría se cometieron errores en la aplicación del factor multiplicador, lo que ocasionó el pago de mayores valores por este concepto.
La lista de imputados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, es la siguiente:
1. Aury Socorro Guerrero Bowie, Gobernadora y Representante Legal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2011-2014.
2. Ronald Housni Jaler, Gobernador y Representante Legal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2015-2019.
3. Néstor Rojano Barraza, exsecretario de Educación.
4. Ridley Huffigton Britton, exsecretario de Educación.
5. Edelmira Archbolt Hawkings, exsecretaria de Educación.
6. Deysi Lin Manuel Cantero, exsecretaria de Infraestructura.
7. Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura.
8. Elizabeth Onell Newball, Supervisora del Contrato de Interventoría No. 1405 del 21-11-2014.
9. Luis Albeiro Urrego Gaviria, Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1405 del 21-11-2014
10. Sheena Pérez Livington, Supervisora del Contrato de Interventoría No. 1405 del 21-11-2014.
Miembros de la Unión Temporal Mega 2014: Contratistas:
11. Furel S.A., Representante Legal Michael Gil Gómez o quien haga sus veces.
12. Fernando León Diez Cardona
13. Mauricio José Rodríguez
Miembros del Consorcio Interventoriía Megacolegio intrventores:
14. Opción Diseño y Construcción S.A.S., Representante legal Ángel José Angarita Pareja o quien haga sus veces.
15. Grupo Electrocivil S.A., Representante legal Luis Alfonso Arias Gómez o quien haga sus veces.
16. Sergio Fabián Whittaker
En la Fiscalía
En el 2018, la Fiscalía General de la Nación, ya había emprendido acciones judiciales contra los responsables de esta obra.
Según la Fiscalía, fue en el año 2011 cuando el empresario Hernán Moreno Pérez, dueño de la firma Furel, le entrega a la entonces candidata a la Gobernación Aury Guerrero Bowie y al ya representante a la Cámara de las islas Jack Housni Jaller, la suma de $400 millones de pesos para la campaña y luego en el año 2014, otros $700 millones de pesos para ser repartidos entre los representantes a la Cámara Jack Housni Jaller y John Jairo Roldan (liberal de Antioquia) para sus respectivas campañas electorales y así ser reelegidos.
Para los investigadores es claro que el señor Hernán Moreno Pérez, interesado en la contratación de San Andrés le entregó los valores antes mencionados a los dirigentes políticos de las islas y al de Antioquia, pero además para continuar beneficiándose de la contratación administrativa del Departamento de San Andrés, entregaron $1.200 millones de pesos a Ronald Housni Jaller, como aportes que hacían además del dueño de Furel, el contratista Fernando León Diez Cardona y el empresario Mauricio Botero Restrepo en 2015.
El primer aporte de campaña por $400 millones de pesos fue “gestión realizada por el entonces congresista Jack Housni Jaller con el compromiso que una vez elegida la señora Guerrero le adjudicaría la mayor cantidad de contratos de obra e interventoría del Archipiélago a Hernán Moreno Pérez”, declaró el exsecretario General César James Bryan.
Ese primer aporte lo acordaron Moreno Pérez y Jack Housni Jaller en el año 2011 en una reunión en el hotel Casablanca.
Como los colegios Bolivariano y Flowers Hill fueron adjudicados en 2013, generaron los recursos necesarios para financiarles las campañas del 2014. Pero en ese mismo 2013 el Gobierno de Aury Guerrero le adjudicó al grupo de Moreno Pérez otras obras públicas, las casitas turísticas, remodelaciones de edificios públicos, etc., donde incluso se le adicionaba hasta en un 50 % del valor del contrato inicial, así como los respectivos contratos de interventoría.
Al igual que contratos de seguridad a través de una Empresa de Seguridad Urbana de Medellín.
La financiación de la campaña de Ronald Housni Jaller en el 2015 la amarraron con adiciones futuras a los contratos que había celebrado el Gobierno de Aury Guerrero Bowie para las obras de los colegios Bolivariano y Megacolegio Cemed, lo cual cumplió a cabalidad el nuevo mandatario que les autorizó varias adiciones presupuestales a dichos contratos
El valor inicial del Mega Colegio era de $32.030.183.569, se inició diciembre 11 de 2014 y debía entregarse el 15 de diciembre de 2015.
Pero lo peor del caso, es que teniendo pruebas y habiendo adelantado las investigaciones del caso, es que pasados ya 10 años desde que se hizo esta corrupta contratación, aún no hay resultados contundentes castigando a los culpables, y los niños de la Isla, siguen sin contar con instalaciones adecuadas para estudiar. Eso es lo que deja el laste de la corrupción.
