Mientras la comunidad sigue cargando baldes, los responsables de una obra «terminada a satisfacción» que nunca funcionó esperan que el escándalo se diluya en la impunidad de siempre
Por Redacción Corrupción al Día
Hay una pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier ciudadano colombiano: ¿cuántas veces tiene que repetirse la misma estafa para que dejemos de llamarla «irregularidad» y empecemos a llamarla por su nombre? Porque lo que ocurrió en el corregimiento de Doña María, municipio de Fundación, Magdalena, no es un caso aislado de «mala gestión«. Es la radiografía perfecta de un sistema diseñado para robar con impunidad mientras las instituciones miran hacia otro lado.
La Contraloría General de la República acaba de confirmar lo que la comunidad ya sabía desde hace dos años: el proyecto de acueducto y alcantarillado por $4.722 millones, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, es una obra terminada en el papel pero absolutamente inservible en la realidad. Cuatro mil setecientos millones de pesos convertidos en escombros bajo el sol del Caribe. Y lo más indignante: todo se declaró ejecutado al 99.94%, todo se pagó al 99.85%, y todo se recibió «a entera satisfacción«.
Bienvenidos al Sistema Silencioso, esa maquinaria invisible que permite que el dinero público se evapore sin que nadie mueva un dedo.
EL MECANISMO PERFECTO: CÓMO ROBAR $4.719 MILLONES SIN QUE NADIE PARPADEE
Analicemos la ingeniería del saqueo, porque aquí no hubo improvisación. Esto fue planificado con la precisión de un relojero suizo.
Primera etapa: La ilusión del progreso. El exalcalde Carlos Sierra Sánchez inauguró con bombos y platillos el pequeño acueducto, abrió una válvula, salió un chorro de agua ante las cámaras. La foto quedó perfecta para las redes sociales. El titular escribió solo: «Alcalde cumple su promesa de agua potable para Doña María«. Misión cumplida para el político. Ahora viene la parte importante: cobrar.
Segunda etapa: El papeleo impecable. El 7 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de terminación y recibo final «a entera satisfacción«, certificando que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el contrato. Los informes técnicos reportaron avances físicos del 99.94%. Los pagos fluyeron sin contratiempos. Todo en orden. Todo legal. Todo perfecto.
Tercera etapa: La realidad invisible. El acueducto nunca funcionó porque no se tramitó concesión de aguas ni existe una fuente hídrica suficiente para abastecerlo. El sistema eléctrico presenta fallas técnicas que impiden la puesta en marcha. El alcantarillado está colmatado, con pozos llenos de sedimentos y estructuras erosionadas. Ah, y un «pequeño detalle»: no se tramitaron licencias de construcción, permisos ambientales ni permisos de vertimientos.
Lean eso de nuevo. Despacio. Construyeron un acueducto SIN FUENTE DE AGUA. Es como comprar un carro sin motor y declararlo funcional. Pero claro, el papel decía que todo estaba perfecto.
LOS ACTORES DEL FRAUDE: NOMBRES Y RESPONSABILIDADES
La Contraloría no se anduvo con eufemismos. Identificó a los responsables con nombre propio:
El ordenador del gasto: Exalcalde Carlos Sierra Sánchez (2020-2023), quien suscribió el contrato y recibió la obra «a satisfacción«. El mismo que posó para las fotos con el chorro de agua que la comunidad nunca volvió a ver.
El contratista: ARCA (Asociación Regional de Municipios del Caribe), representada por Luis Alfonso Negrete Ramos, ejecutor directo por $4.420 millones. Cobró el 99.85% del contrato por una obra que no sirve para nada.
El interventor: Consorcio Inter-Doña María, representado por Jorge Luis Machado Cantillo, contratado por $299 millones para vigilar que todo se hiciera bien. Certificó que todo estaba perfecto mientras construían un acueducto sin agua.
Y aquí viene lo filosóficamente perturbador: ¿qué significa «interventoría» en un sistema donde el interventor certifica como bueno lo que es manifiestamente inútil? Es como contratar a un arbitro que cobra por validar los goles del equipo que le paga. La figura misma se pervierte hasta convertirse en cómplice.
EL COSTO REAL: MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS
Los habitantes de Doña María siguen cargando baldes desde jagüeyes y pozos improvisados. Mientras tanto, la infraestructura se deteriora día a día bajo el sol. Las torres de almacenamiento muestran oxidación. Los tableros eléctricos, expuestos a la intemperie, se corroen. Los pozos de inspección del alcantarillado están colmatados con arena y residuos. La estructura de descole presenta erosión y socavación en su base.
Cuatro mil setecientos millones de pesos convertidos en un monumento a la corrupción. Un recordatorio diario para la comunidad de que sus gobernantes les robaron no solo el dinero, sino la esperanza.
Porque eso es lo que realmente se robaron aquí. No solo recursos del Sistema General de Regalías. Se robaron la posibilidad de que 325 habitantes tuvieran agua potable. Se robaron años de desarrollo comunitario. Se robaron la confianza en las instituciones.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: LA ARQUITECTURA DE LA IMPUNIDAD
La pregunta no es si hubo corrupción. La Contraloría ya lo confirmó. La pregunta es: ¿cómo es posible que un proyecto avance hasta el final sin que nadie detecte que NO TIENE FUENTE DE AGUA?
La respuesta está en cómo funciona el Sistema Silencioso:
1. La planeación deficiente como estrategia. La inoperatividad se debe a la ausencia de una fuente hídrica de captación del recurso que sirva de abastecimiento al sistema, aunado a problemas en los equipos y sistemas energéticos. Esto no se descubre al final. Esto se sabe ANTES de firmar el primer papel. Pero si lo mencionas, no hay contrato. Y si no hay contrato, no hay comisión.
2. Los permisos como formalidad vacía. No existen licencias de construcción, permisos ambientales, permisos de vertimientos, concesión de aguas, ni registro en el Sistema Único de Información. Todo esto es OBLIGATORIO según la Resolución 0330 de 2017. Pero en el Sistema Silencioso, las normas son decorativas.
3. La titularidad del predio como «detalle menor». Existen conflictos de titularidad del predio donde se levantó la infraestructura. Construyeron en terreno ajeno. Y nadie lo revisó. O lo revisaron y no les importó. O les importó y por eso lo hicieron: para generar otro problema legal que justifique más contratos de abogados.
4. La interventoría como teatro. El interventor cobró casi $300 millones por certificar que todo estaba bien. La observación de la Contraloría señala que el interventor que no informa oportunamente es solidariamente responsable con el contratista de los perjuicios ocasionados. Pero eso es teoría. En la práctica, todos saben que nadie va a responder.
LA RESPUESTA INSTITUCIONAL: MUCHO RUIDO, POCA ACCIÓN
La Contraloría determinó configurar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal por el valor de $4.719.514.179. Traducción: encontraron el delito, identificaron a los responsables, cuantificaron el daño.
Ahora viene la parte difícil: que alguien realmente responda.
Las pólizas de estabilidad y calidad de la obra siguen vigentes, pero nadie ha movido un dedo para hacerlas efectivas. Las aseguradoras tienen el dinero. Los responsables tienen abogados. La comunidad tiene baldes.
La Contraloría trasladará el caso a un Proceso de Responsabilidad Fiscal. La Procuraduría debería investigar disciplinariamente. La Fiscalía debería investigar penalmente por peculado y detrimento patrimonial. El uso de los verbos en condicional no es casual.
LA PREGUNTA QUE NADIE QUIERE RESPONDER
¿Cuántos «Doña María» existen en Colombia? ¿Cuántos proyectos «terminados a satisfacción» que nunca funcionaron? ¿Cuántos millones evaporados mientras las comunidades siguen esperando?
Lo que pasó en Doña María no es la excepción. Es la regla disfrazada de excepción. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: para extraer recursos públicos sin generar beneficio social, mientras mantiene la apariencia de legalidad.
El corrupto no es más inteligente. El sistema no lo protege por casualidad. El corrupto sigue ganando porque la sociedad se acostumbró a perder, porque han aprendido a disfrazar la corrupción de gestión.
EL VEREDICTO FINAL
La Contraloría hizo su trabajo. Investigó, documentó, cuantificó y señaló responsables. Ahora la pelota está en la cancha de la Procuraduría, la Fiscalía y los ciudadanos.
Porque al final, una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas. La corrupción necesita silencios cómplices, miradas indiferentes y multitudes que aplaudan aunque sepan la verdad.
Los habitantes de Doña María siguen sedientos. Sedientos de agua. Sedientos de justicia. Sedientos de ver que, aunque sea una vez, los responsables realmente paguen.
Mientras tanto, el Sistema Silencioso sigue funcionando. En otro municipio. Con otros nombres. Con los mismos métodos.
La verdad no solo se lee. Se siente. ¿Listo para verla de frente?
Este artículo se basa en el informe oficial de la Contraloría General de la República (Respuesta de Fondo, denuncias No. 2024-300746-80474-D y 2024-306507-80474-D) sobre el proyecto BPIN 20201301010830. Los documentos completos están disponibles para consulta ciudadana.
