Ocho senadores conservadores con historiales de corrupción buscan reelegirse mientras las investigaciones penales los acechan. La pregunta no es si roban, sino cuánto más se van a llevar.
Por corrupcionaldia.com
Más Allá de los Titulares: El Sistema que Protege a los Corruptos
Cada cuatro años, el ciclo se repite con precisión quirúrgica: políticos con expedientes disciplinarios abiertos, investigaciones penales en curso y apellidos manchados por el paramilitarismo vuelven a presentarse ante el electorado. No como criminales arrepentidos, sino como ‘líderes‘ del Partido Conservador. Y lo más grotesco: ganan. En 2022, de las 15 curules que obtuvo el conservatismo, ocho están ocupadas por congresistas que ahora buscan perpetuarse en el poder. Sus nombres son Nadia Blel, Marcos Daniel Pineda, Diela Benavides, Óscar Mauricio Giraldo, Germán Álvarez, Juan Carlos García, Miguel Barreto y Soledad Tamayo. No son los peores políticos de Colombia. Son apenas los más descarados.
Pero esto no es solo un catálogo de delincuentes con carnet parlamentario. Es el resultado de un sistema estructural diseñado para que la corrupción no solo sobreviva, sino que prospere. Un sistema donde el aforamiento blinda a los poderosos, donde la justicia se mueve al ritmo de la burocracia infinita, y donde el ciudadano —harto, desencantado, pero finalmente resignado— termina votando por ‘el que al menos hace algo‘. Mientras la dignidad se vende barata, el poder se lo lleva todo.
Nadia Blel: La Heredera del Carrusel de Bolívar
Cuando el Apellido es el Negocio
Nadia Blel Scaff no llegó al Congreso por mérito propio. Llegó porque su apellido es una marca de poder en Bolívar. Su padre, Vicente Blel Saad, fue condenado a siete años de prisión por sus vínculos con paramilitares del Bloque Central Bolívar. En 2003, mientras el país sangraba por la violencia paramilitar, Vicente Blel se reunía tranquilamente con Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino‘. La Corte Suprema lo condenó por concierto para delinquir agravado. Pero para la familia Blel, eso no fue el final. Fue solo el comienzo de la segunda generación.
En 2014, Nadia debutó como senadora. Hoy, cumple su tercer periodo consecutivo. En 2024, se convirtió en la primera mujer en presidir el Partido Conservador en 175 años de historia. Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2025. Mientras tanto, su padre —inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos— continúa siendo el verdadero poder detrás del trono. Controla cuotas burocráticas en Cartagena, maneja contratos millonarios y financia campañas políticas a través de una red familiar que incluye a su hijo Vicente Antonio Blel Scaff, ex gobernador de Bolívar.
El Carrusel de los Mil Millones
En 2019, estalló el escándalo. Audios filtrados a la W Radio revelaron cómo operaba el carrusel de la contratación en Bolívar. En las grabaciones, Miguel Torres Scaff, sobrino de Vicente Blel y entonces gerente de Aguas de Bolívar, describe con naturalidad pasmosa el ‘manual del corrupto‘: «Generalmente se da el 15 por ciento... Tú vas a comprar un contrato, más nada... ese es el negocio, la comisión. Ese es el negocio de mi tío Vicente o de todos los políticos aquí en Cartagena». En un solo contrato —el alcantarillado del Carmen de Bolívar, valorado en $70 mil millones de pesos— Vicente Blel se embolsó 7 mil millones. Y mientras el parapolítico se enriquecía, su hija Nadia brillaba en el Congreso como ‘líder social‘.
Aunque formalmente Nadia Blel no ha sido vinculada a investigaciones judiciales por estos hechos, en los corrillos políticos nadie duda de que su meteórico ascenso fue financiado con dinero producto de la corrupción de su padre. Su campaña de 2022, en la que obtuvo 165 mil votos y se convirtió en la senadora más votada de su partido, contó con el respaldo de alcaldes locales controlados por su hermano Vicente Antonio, entonces gobernador. La maquinaria familiar funcionó a la perfección: contratos públicos a cambio de votos, y votos que se traducen en poder legislativo.
La Farsa del Servicio Público
Nadia Blel se presenta como defensora de las mujeres y los niños. Ha impulsado leyes contra el asbesto, contra la violencia vicaria, y ha creado iniciativas sociales como ‘Mi Cunita', un programa para recién nacidos en situación de vulnerabilidad. Todo muy loable. Todo muy marketeable. Pero mientras se fotografía con bebés y habla de ‘dignidad‘, su familia continúa saqueando las arcas de Bolívar. En 2020, la Procuraduría investigó a su hermano Vicente Antonio por presuntos contratos irregulares durante la pandemia del Covid-19. Varios financiadores de su campaña recibieron contratos millonarios para atender la emergencia sanitaria. La coincidencia, como siempre, fue ‘pura casualidad‘.
En 2025, Nadia lideró el archivo de la reforma laboral del gobierno Petro desde la Comisión Séptima del Senado, argumentando ‘responsabilidad técnica‘. Días después, ciudadanos protestaron frente a su casa en Cartagena. Nadia los acusó de ‘acoso’ y declaró: ‘No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas’. Qué irónico. ¿La decencia? Esa palabra no existe en el diccionario familiar Blel.
Miguel Ángel Barreto: El Títere de ‘Las Marionetas’
Del Carrusel a la Corte Suprema
Si Nadia Blel representa la corrupción heredada, Miguel Ángel Barreto encarna la corrupción como profesión. Este senador del Tolima, contador de formación, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el entramado criminal conocido como ‘Las Marionetas 2'. El esquema, heredado del fallecido senador Mario Castaño, consistía en direccionar contratos de obras públicas hacia contratistas previamente seleccionados a cambio de jugosas coimas. Barreto habría operado este sistema en Tolima y Quindío, manipulando contratos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
En julio de 2025, la Corte abrió investigación formal contra Barreto y lo citó a indagatoria para enero de 2026 por cohecho propio y tráfico de influencias. Según el expediente, en noviembre de 2021, el DPS y la empresa Proyecta (con sede en Armenia) suscribieron un convenio por $48.660 millones de pesos. El beneficiario real de esos contratos no era Proyecta, sino el propio senador Barreto, quien habría acordado las coimas con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, y el gerente de la empresa. Las autoridades estiman que las coimas alcanzaron cerca de $1.000 millones de pesos.
Un Historial de Pillaje
Esta no es la primera vez que Barreto enfrenta la justicia. En 2022, fue llamado a juicio por falsedad en documento público y fraude procesal al no reportar ante el Consejo Nacional Electoral una donación de $20 millones de pesos que recibió en su campaña de 2018. El cheque fue endosado a nombre de José Alberto Luna, proveedor de servicios de publicidad, en un clásico esquema de lavado de aportes de campaña. En 2019, Carlos Arturo Reyes lo denunció penalmente por compra de votos en el municipio de Rovira, Tolima. Según la denuncia, al menos 14 beneficiarios recibieron contraprestaciones —incluyendo 2 mil bultos de cemento— a cambio de entregar votos a favor de Barreto.
Pero lo más revelador de Miguel Barreto no es solo su capacidad para esquilmar recursos públicos, sino su impunidad sistemática. A pesar de las denuncias, de las investigaciones y de la evidencia acumulada, Barreto sigue ocupando su curul en el Senado. En mayo de 2025, la Mesa Directiva del Senado levantó su suspensión temporal, permitiéndole retomar sus funciones legislativas. Es decir: mientras la Corte Suprema lo investiga por corrupción, Barreto vota leyes, archiva reformas y cobra su salario del erario público. El sistema en su máxima expresión.
Soledad Tamayo: Dos Años de Usurpación Legal
El caso de Soledad Tamayo Tamayo es quizás el más grotesco de todos, porque evidencia el despropósito absoluto de un sistema político donde la ilegalidad se normaliza. Soledad ocupó una curul en el Senado de la República de manera completamente ilegal durante dos años. Fue posesionada en mayo de 2019 ante el entonces secretario del Senado, Gregorio Eljach, y el presidente del Congreso, Arturo Char, en reemplazo de Aída Merlano, quien había sido condenada por corrupción al sufragante. El problema: según la Constitución Política de Colombia, esa curul NO podía ser reemplazada.
El artículo 134 de la Constitución establece la figura de la ‘silla vacía’ cuando un congresista es condenado por delitos contra los mecanismos de participación democrática. La curul queda en blanco como sanción al partido político que avaló al corrupto. Tanto Eljach como Char sabían que posesionar a Tamayo era ilegal. Y aún así lo hicieron. En abril de 2021, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de llamamiento de Soledad Tamayo. Durante dos años, ella cobró salarios, votó leyes y ocupó un escaño que nunca debió tener. ¿Consecuencias? Ninguna. Un mes después de ser retirada, Tamayo regresó al Senado para reemplazar al fallecido senador Eduardo Enríquez Maya. La impunidad, otra vez, triunfante.
El Sistema Silencioso que Perpetúa la Corrupción
La Maquinaria de la Impunidad
¿Por qué estos políticos siguen ganando? Porque han perfeccionado el arte de disfrazar la corrupción como gestión pública. Reparan una calle justo antes de las elecciones, reparten subsidios, entregan contratos, regalan mercados y venden la narrativa de que ‘al menos hacen algo‘. El mensaje es simple y efectivo: ‘Sí, robo. Pero también construyo‘. Y en una sociedad resignada a perder, el corrupto que ‘hace‘ se vuelve más popular que el honesto que propone.
Pero el problema trasciende a los políticos individuales. Es estructural. El aforamiento protege a los congresistas de ser juzgados como ciudadanos comunes. Los procesos judiciales avanzan con lentitud deliberada. La burocracia judicial es cómplice de la impunidad. Y mientras tanto, el votante justifica al corrupto: ‘Todos roban, pero este me ayuda‘. Así, la corrupción deja de escandalizarnos. Se normaliza. Se institucionaliza. Se vuelve costumbre.
El filósofo y jurista Alejandro Nieto, en su obra ‘El Desgobierno de lo Público‘, describe este fenómeno como una ‘corrupción estructural‘ donde el Estado ha sido secuestrado por una clase política extractiva que parasita los recursos del país. No es un problema de casos aislados. Es una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado. La politización de la administración pública, la falta de control y rendición de cuentas, y la impunidad como norma configuran un sistema diseñado para proteger a la élite política.
El Votante Cómplice
Pero el problema no es solo el corrupto. Es el votante que lo justifica. Es el empresario que financia su campaña a cambio de contratos futuros. Es el ciudadano que dice ‘todos roban, pero este me ayuda‘. La corrupción gana porque muchos ya se rindieron. Porque prefieren migajas antes que exigir transparencia. Mientras la dignidad se venda barata, el poder siempre se la llevará toda.
En Bolívar, la maquinaria política de los Blel funciona porque los alcaldes locales dependen de las cuotas burocráticas que el clan reparte. En Tolima, Barreto prospera porque los contratistas saben que sin él no hay obra pública. En todo Colombia, los conservadores corruptos siguen ganando porque el electorado ha aceptado que ‘así son las cosas‘. Y mientras aceptemos que así son las cosas, así seguirán siendo.
La Pregunta Incómoda
La corrupción no es un bug del sistema político colombiano. Es su feature principal. Cada cuatro años, votamos por los mismos apellidos, las mismas dinastías, los mismos ladrones disfrazados de servidores públicos. Y cada cuatro años, fingimos sorpresa cuando descubrimos que nos robaron. Otra vez.
Nadia Blel, Miguel Barreto, Soledad Tamayo y sus colegas conservadores no son excepciones. Son la regla. No son los peores políticos de Colombia. Son simplemente los más visibles. Detrás de ellos hay cientos de funcionarios, alcaldes, gobernadores y empresarios que replican el mismo modelo: robar con descaro, blindarse con el aforamiento, dilatar los procesos judiciales y volver a ganar las elecciones.
Entonces, la pregunta no es si estos políticos son corruptos. Eso ya lo sabemos. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir eligiéndolos? ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de exigir un sistema político donde la honestidad no sea la excepción, sino la norma? ¿O acaso ya nos resignamos definitivamente a que quien controla el miedo de la gente se adueñe de su alma?
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