El gobernador del Magdalena bajo escrutinio por designación irregular de gerente hospitalario
El reciente nombramiento de Sergio Aragón como gerente en propiedad del Hospital San Rafael, ubicado en Fundación, Magdalena, ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos. A pesar de que los documentos del proceso de selección señalan que Aragón no cumple con los requisitos mínimos de experiencia profesional en el sector salud, fue designado para liderar una de las instituciones más importantes del departamento.
De acuerdo con el acta No. 002 del 7 de marzo de 2024, elaborada por el Comité de Verificación de Requisitos y Competencias Laborales de la Gobernación del Magdalena, se evidenció que Aragón no acredita la experiencia necesaria. En dicho proceso, donde se evaluaron 478 hojas de vida de aspirantes, su perfil no figuraba entre los seleccionados que cumplían con los estándares exigidos. Sin embargo, su nombramiento sigue adelante, desafiando las normativas establecidas.
Este hecho ha provocado que veedurías municipales y organizaciones ciudadanas eleven una solicitud formal al gobernador Rafael Martínez. Las preguntas centrales apuntan a esclarecer los criterios legales bajo los cuales se tomó esta decisión y cómo se justifica jurídicamente la designación de una persona sin experiencia en salud para dirigir una entidad de alta complejidad.
Exigen respuestas inmediatas
Las veedurías también han solicitado acceso a documentos clave, como la carta de renuncia de Sergio Aragón a su anterior cargo en la Gobernación y la aceptación oficial de esta por parte de las autoridades competentes. Este procedimiento, aunque puede parecer un mero formalismo, es esencial para despejar dudas sobre posibles irregularidades administrativas.
Además, este caso levanta sospechas sobre si otros procesos de designación en el Magdalena están siendo manejados con los mismos niveles de opacidad. Las implicaciones de esta acción no solo afectan la confianza pública en las instituciones del departamento, sino también la calidad del servicio de salud que reciben miles de ciudadanos.
Un llamado a la transparencia
La controversia resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en los procesos de contratación pública, especialmente en el sector salud, donde las decisiones tienen un impacto directo en el bienestar de la población. Este caso pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿están las autoridades priorizando los méritos y la experiencia profesional o los intereses políticos y personales?
El gobernador Rafael Martínez está ahora en el centro del debate, y su respuesta podría marcar un precedente sobre la importancia de la ética y la transparencia en la administración pública.
