Corría el año 2017, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el gobernador de Bolívar Dumek Turbay, anunciaron con alborozo a los habitantes de San Jacinto y de San Juan Nepomuceno, que por fin iban a contar con un servicio de agua potable las 24 horas del día.
Transcurridos casi cuatro años de aquella esperanzadora promesa, los habitantes de esta zona de los Montes de María, golpeada por décadas no solo por la violencia sino por el abandono estatal, siguen padeciendo la falta del preciado líquido.
En septiembre de 2017, la Gobernación de Bolívar a través de Aguas de Bolívar, entidad pública, oficial y descentralizada del orden departamental adjudicó al Consorcio Acueducto Regional San Juan-San Jacinto 2017, la licitación para la ‘Construcción de obras para optimización del sistema de Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto-Bolívar’ por valor de $13,465,377,008.
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El proyecto estaba contemplado dentro del Programa Agua Para la Prosperidad PAPP del orden nacional, e incluía los trabajos para la captación de agua cruda para San Juan y San Jacinto; construcción de una nueva barcaza con capacidad para cuatro equipos de bombeo; suministro e instalación de cuatro bombas a gas de 200 HP; construcción de un nuevo desarenador; rehabilitación de la estación de bombeo; nueva planta de tratamiento de 120 lps; tanques de almacenamiento; construcción de dos cuartos de operación; instalación de válvulas disipadoras de golpe de ariete y sistema eléctrico.
El plazo inicial para la ejecución del contrato fue de 10 meses.
Esos diez meses se convirtieron en 3 años y cinco meses gracias a las 12 prórrogas que le autorizaron, y el presupuesto final que se la ha invertido a la obra pasó de $13.465’377.008, a $20.077’522.904, luego de que le hicieran dos adiciones el 21 de septiembre del 2018 y el 29 de julio del 2019.
La veeduría del Carmen de Bolívar, Organización para la Defensa de los Derechos y Bienestar de los Ciudadanos (ODCC), comenzó a alertar sobre las irregularidades que se estarían presentando en la obra, al evidenciar atrasos en su entrega y la falta de información sobre los avances, al punto que tuvieron que acudir a derechos de petición para exigir la publicación en el portal de contratación del Secop de los documentos que son de obligatoria divulgación.
Frente a los reclamos ciudadanos y las falsas informaciones del concesionario, que cada cuanto anunciaba el supuesto inicio del bombeo, la Contraloría General de la República decidió hacer seguimiento al proyecto, pero se ha quedado solo en eso, pues hasta ahora no se ha pronunciado de fondo sobre el tema y los habitantes de los Montes de María, han quedado a merced de su suerte, prácticamente con acueducto y sin agua.
En respuesta a una solicitud elevada por la líder de la Organización para la Defensa de los Derechos y Bienestar de los Ciudadanos (ODCC), Blanca Victoria Saabag, sobre la situación real del mencionado contrato, la Contraloría General de la República, reveló el pasado 8 de febrero, que “el proyecto presenta un avance físico del 94,58% y financieramente se le ha cancelado al contratista el 74,58% correspondiente a $14.973.816.581,80, con saldo de $5.103.706.322,19”.
Y agrega la entidad fiscal que “Se desconocen las razones por las cuales este 5% restante no se ha podido realizar, máxime, haber transcurrido mes y medio de la firma de los compromisos adquiridos entre las partes y la Contraloría General de la República, incumpliéndose la fecha de entrega”.
Deja claro la Contraloría que tampoco ha avanzado en cuanto al seguimiento al proceso para buscar un operador del acueducto, debido a que “el mismo tampoco ha sido recibido por parte de Aguas de Bolívar”.
Y advierte que la entrega de la infraestructura del proyecto por parte del contratista a la interventoría estaba prevista para el pasado 28 de diciembre del 2020 y que Aguas de Bolívar había dicho el 15 de enero estaría finalizado el proyecto y a la espera de conseguir un operador para el Acueducto Regional; sin embargo, ninguna de las dos anuncios se han materializado.
Adicionalmente se está a la espera desde el 2019, que la oficina de Instrumentos Públicos Regional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, creen la matrícula inmobiliaria para formalizar la legalización del predio San José de Peñón, donde se encuentran localizadas las estructuras del desarenador y estación de bombeo. Para su legalización se tuvo que surtir un largo proceso, pese a que la estación de bombeo llevaba unos 30 años funcionando en el sitio.
Los contratistas
En cuanto al consorcio ejecutor, está integrado por la firma Dukol SAS 50% de participación y Bernardo Enrique Bravo Pérez con el restante porcentaje, siendo su representante legal, Jairo Duque Paredes.
No obstante esta contratación el Consorcio, identificado supuestamente con el NIT: 9011141970, no figura ni en la base de registro mercantil, ni en la de Registro Único de Proponentes.
Dukol SAS
Es una firma que aunque ha participado en otras contrataciones estatales, no figura en el Registro Único de Proponentes desde el año 2019, pues en el 2020 no renovó su registro. En su historial en el RUES, no le reportan ningún contrato, es decir, no permite calificar su experiencia, al menos a las veedurías y ciudadanos en general.
No se explica está situación pues se trata de la misma SAS (Nit: 900155992 -1), que integró el Consorcio CDR 2019, que ejecutó el contrato de “Adecuación y mejoramiento Estadio Julia Turbay (El Carmen de Bolívar)”, en el marco de las obras que contrató el Gobierno nacional para el desarrollo de los Juegos Nacionales.
En su labor de fiscalización a las irregularidades que rodearon este proceso, la Contraloría encontró algunos casos de oferentes repetidos, ganadores de contratos que perdieron otros procesos de contratación, denuncias de presuntas colusión y ganadores con varias denuncias por este mismo hecho, entre otras situaciones.
“En 2 procesos todos los oferentes se repetían, menos a los que se les adjudicó el contrato: Contrato de Obra 3160 Consorcio Adecuaciones Deportivas 2019 y Contrato de Obra 2568 Consorcio CDR 2019”, advirtió en su momento la Contraloría.
Es decir, asaltan las dudas sobre la transparencia de la información que aportó este contratista para ganar la licitación y la labor de verificación que en su momento ejerció Aguas de Bolívar sobre los oferentes.
Bernardo Enrique Bravo Pérez
Se trata de uno de los contratistas con participación significativa en procesos contractuales a lo largo y ancho del país, de acuerdo con un informe de la Auditoría General de la República, dado a conocer en el 2015.
Al igual que el Consorcio, Bravo Pérez no aparece registrado en el RUP.
Uno de los procesos en que participó Bravo Pérez, convocado por la Gobernación de Putumayo para la “Construcción del colector sanitario, eliminación puntos de vertimiento Quebrada el Sábalo y planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Orito”, con recursos del OCAD departamental, por valor de $16.075.255.456 y al cual se presentó como único proponente, en asocio con otro ingeniero, fue finalmente reversado por la misma Gobernación por una orden cautelar judicial, tras verificar que el proyecto no contaba con un permiso de vertimientos por parte de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía Corpoamazonía, elemento indispensable y fundamental para la ejecución de un proyecto de colector sanitario.
Adicionalmente los integrantes del Consorcio Saneamiento Ambiental Orito, no aportaron la documentación requerida en la parte financiera, ni de personal.
Así las cosas, en medio de toda esta vagabundería, falta de transparencia y corrupción sin límites, con repetidas burlas a la Ley, los habitantes de este par de municipios de los Montes de María, siguen esperando que el agua llegue a sus viviendas, muy a pesar de que a los contratistas que les encargaron las obras, ya recibieron casi la totalidad de los recursos autorizados para este propósito.
